El 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá sobre una controversia constitucional presentada en 2023 por un grupo de legisladores contra la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Este no será un ejercicio común, pues coloca al máximo tribunal frente a una disyuntiva: dar su apoyo a una legislación elaborada por la exdirectora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla Roces –cobijada en su momento por el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador– o bien, respaldar la estrategia para el desarrollo científico del país diseñada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la nueva Secretaría de Ciencia.
La mencionada Ley es consecuencia de la reforma realizada en 2019 al Artículo Tercero Constitucional, la cual establece, en su Transitorio Sexto, que el Congreso deberá expedir una “Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (no una de Humanidades, Ciencias, etcétera) a más tardar en el año 2020”. Hay aquí dos faltas graves que serían suficientes para poner en duda el cumplimiento estricto de lo establecido en la Carta Magna: una, sobre el nombre de la Ley General, el cual se cambió a capricho de su redactora; y dos, sobre la fecha de su expedición, que ocurrió no en 2020, sino hasta 2023, tres años más tarde de lo ordenado por la Constitución.
La postura de los científicos
Por si fuera poco, el procedimiento mediante el cual fue elaborada no se distinguió por la transparencia. Por el contrario, se hizo a espaldas de la comunidad científica y la sociedad. Álvarez-Buylla entregó la última versión al presidente, y nadie pudo conocerla, ni siquiera los legisladores que, como veremos adelante, la aprobaron sin tener la oportunidad de leerla. Hubo una versión previa que se pudo conocer gracias a que en 2022 se presentó un anteproyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer). Grupos de científicos y especialistas expresaron nuevamente su preocupación sobre algunos temas que luego quedaron presentes literalmente o disfrazados en la ley aprobada posteriormente en el Congreso.
Entre otros, un atentado contra la libertad de investigación, pues se apoyaría la indagación científica siempre y cuando se ajustara a un principio “precautorio”, un dogma del que se sirvió la exdirectora del Conacyt para establecer barreras al desarrollo de áreas del conocimiento como la biotecnología. Otro punto, el trato discriminatorio al sector privado, al establecer que se apoyará sólo la investigación que se realiza en el sector público y no en universidades e instituciones particulares. Por tanto, los investigadores de estas instituciones, cuyo trabajo también contribuye al avance del conocimiento y a buscar soluciones a los problemas del país no pueden formar parte, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y sus estudiantes de posgrado no pueden acceder a las becas. Este trato discriminatorio fue esencia de la administración de Álvarez-Buylla y del sexenio de López Obrador, al grado que, durante la pandemia, alcanzó tintes criminales al negar las vacunas (monopolizadas por el gobierno) al personal médico de hospitales y clínicas privadas.
Hay otros temas como el del financiamiento, con la eliminación de la meta del gasto en ciencia del 1% del Producto Interno Bruto; la integración de una Junta de Gobierno que elimina la participación de universidades y otras instituciones científicas (aunque sean públicas) e incorpora a las fuerzas armadas; la concentración de todo el poder de decisión en la dirección del Conacyt y el control férreo sobre los Centros Públicos de Investigación, entre muchas otras. Durante sus distintas versiones parciales, la ley fue impugnada y rechazada, una y otra vez, por amplios sectores de la comunidad científica, cuyas observaciones y propuestas nunca fueron tomadas en cuenta. Aunque no fue el único, esta ley fue uno de los motivos de una abierta confrontación entre la entonces directora del Conacyt y amplios sectores de investigadores en todo el país.
Noche negra para la ciencia
En abril de 2023, el entonces presidente López Obrador envió la iniciativa a la Cámara de Diputados como parte de un paquete de reformas que debían ser aprobadas, sí o sí, antes que concluyera el periodo ordinario de sesiones. Al conocerse la versión final los científicos a través de sus organizaciones expresaron nuevamente su preocupación e inconformidad con diversas partes de la iniciativa. La respuesta de la directora quedó bien descrita en el encabezado de una nota de Isaac Torres en el periódico La Crónica: “Con descalificaciones rabiosas, Conacyt responde críticas a su ley de ciencia…”
La aprobación de la ley mencionada en la Cámara de Diputados estuvo colmada de irregularidades, pero fue avalada de forma acelerada y dispensando trámites a pesar que no se cubrieron los mínimos legales del procedimiento parlamentario. La iniciativa debía pasar rápidamente al Senado. Debido al incumplimiento de un acuerdo entre Morena con los partidos de oposición, la tribuna fue tomada, lo que llevó a establecer una sede alterna. Sin la presencia de la oposición, la ley fue finalmente aprobada en una jornada llena de irregularidades conocida como el “Viernes Negro”, o la “Noche Negra de Xicoténcatl”.
Es importante aclarar que existen diferencias en las irregularidades en la aprobación de las diferentes iniciativas esa madrugada, pues la ley que comentamos fue la que se votó al final, en medio del desorden, tacos y bebidas cuando ya a nadie le importaba. Al no contarse con el tablero electrónico, la votación fue verbal, nombre por nombre, sin poder identificar de dónde provenía la voz. Algunos medios de comunicación documentaron las continuas fallas en las votaciones. En el caso de la ley que nos ocupa, hubo siempre dudas sobre si se cumplía con el quórum, pues la propia senadora, Verónica Camino Farjat, que presidió la sesión, registró 48 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones con lo que no se alcanzaba el quórum requerido (se necesitaban 65 votos), luego hubo “mano negra” pues el área de Comunicación Social del Senado corrigió: 48 a favor 12 en contra y 6 abstenciones. Pero la realidad es que no se alcanzó el quórum pues fueron 47 a favor 11 en contra y 6 abstenciones, de acuerdo con la crónica de Mayolo López y Claudia Salazar publicada en Reforma. El desorden fue tal que el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, (en ese momento senador por el PRI y ahora legislador por Morena), advirtió que la reforma fue aprobada bajo un procedimiento “absolutamente irregular”. En una entrevista, agregó que se tenía el acuerdo de convocar a un parlamento abierto antes de aprobar el dictamen, algo que no ocurrió, y acusó que en esa sesión se pasó por encima de todas las disposiciones legales.
Lo anterior bastaría para declarar inconstitucional esa Ley, pero hay además otros aspectos que la Suprema Corte tendrá que valorar con cuidado.
Los temas de fondo
Uno de los temas presentes en la controversia constitucional se refiere a la discriminación al sector privado. El núcleo central de la política de ciencia de Sheinbaum se encuentra hoy en el terreno económico. El reto principal de su gobierno consiste en impulsar el crecimiento, para lo cual es indispensable la inversión privada.
Los programas incluidos en el Plan México –la mayoría coordinados por la Secretaría de Ciencia– buscan el acercamiento con los inversionistas. Se pretende que estas iniciativas den lugar a la creación de empresas público-privadas, explícitamente, dentro del modelo de “triple hélice” (academia-gobierno-empresas) por lo cual la discriminación a investigadores y estudiantes de este sector que prevalece en la ley cuya constitucionalidad se discutirá en la Corte, es un despropósito, a menos que lo que se quiera sea minar aún más el camino hacia el crecimiento económico.
La ley de ciencia será un lastre para el actual gobierno. La Suprema Corte tiene una gran responsabilidad pues además todos los contenidos de la legislación que comentamos afectan la política de ciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Digo todos, pues la estrategia para el desarrollo científico en este sexenio está ya definida, de manera general, en el Plan Nacional de Desarrollo, y de forma detallada en el “Programa Sectorial de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación 2025-2030”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de septiembre de 2025. Y nada tienen que ver con la ley de Álvarez-Buylla, que está basada en criterios ideológicos, la exclusión de los científicos mexicanos –a quienes se considera prácticamente enemigos–, una concentración absoluta de las decisiones y la confrontación entre una supuesta “ciencia neoliberal” y otra “del pueblo”. Declarar constitucional esa ley es una bofetada a la política de ciencia de Sheinbaum.
Comentario final
Es de todos conocido que después de la reforma al poder judicial la mayor parte de las resoluciones de la Corte -si no es que todas- favorecen a Morena y a los partidarios de la “Cuarta Transformación”. Pero ahora se trata de un caso especial, que involucra a dos sectores dentro del partido gobernante. Es muy interesante, pues la decisión de los ministros podría favorecer la ley de Álvarez-Buylla. O bien, el fallo de la Corte apoyará la estrategia para el desarrollo de la ciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Hacia qué lado se inclinará la balanza?
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico