La migración en México es una realidad compleja y dolorosa para quienes intentan encontrar una mejor vida y escapar de la violencia y persecución de sus lugares de origen. El cierre de fronteras impuesto por Donald Trump no implica el fin de la violencia que viven las personas migrantes en territorio mexicano, sino una reconfiguración de fenómenos en los cuales se ven atrapadas y en los que muchas veces encuentran sólo dolor y muerte.
Entre los casos más recientes y representativos de esa violencia, se encuentran tres eventos de desaparición masiva de al menos 83 personas migrantes en Chiapas. Se trata de hombres, mujeres, niños y niñas originarios de Cuba, Honduras, El Salvador, Ecuador, República Dominicana y hasta Jordania, de quienes se conoce la nacionalidad. Las desapariciones ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2024, en San José El Hueyate y Puerto Madero, en las costas cercanas a la ciudad fronteriza de Tapachula.
Gracias a la información que han proporcionado las familias, se sabe que iban transportadas por coyotes y se alistaban para cruzar a través del mar hacia Oaxaca, pero de pronto sus familiares perdieron el rastro y desde entonces no han vuelto a saber de ellas. Las familias intentan buscarlos desde sus países, y se enfrentan a la falta de interés y capacidad de las autoridades para atenderlas y darles respuestas, por lo cual han buscado el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. Hasta la fecha ninguna de las víctimas ha sido localizada.
Las violencias y graves violaciones a derechos humanos contra personas migrantes en México son un fenómeno generalizado desde hace cerca de 20 años. Desde 2011, la Fundación para la Justicia acompaña y documenta esas violencias: desapariciones, ejecuciones y masacres, seguidas de impunidad y revictimización.
Radiografía de las violencias contra personas migrantes en México
A la fecha no hay diagnósticos ni cifras oficiales certeras de las violencias que sufren las personas migrantes en México. La Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó que, en 2025, 35 personas migrantes habían sufrido algún delito en el país con base en reportes de migrantes detenidos e ingresados a estaciones migratorias. Se trata de la única fuente oficial que reporta cifras de violencias contra personas en situación de movilidad en México, la cual evidentemente dista mucho de la realidad si consideramos la amplitud de condiciones de estancia y tránsito de migrantes en el país.
Ante la ausencia de datos confiables, desde la Fundación para la Justicia hicimos un ejercicio puntual de monitoreo de prensa, para tratar de identificar la cobertura periodística de eventos violentos contra la población migrante. Este ejercicio se basó en una revisión de medios de alcance nacional y se realizó a partir de palabras clave relacionadas con distintas formas de violencia.
Este monitoreo nos permitió realizar una radiografía básica de la cobertura de violencias durante 2025, identificando entre el 1° de enero y el 31 de diciembre, 1236 hechos de violencia contra personas migrantes. De ese total, 457 fueron secuestros, 352 casos de tráfico de personas, 144 casos de hacinamiento, 75 accidentes, 65 extorsiones, 59 robos o asaltos, 43 casos de trata de personas, dieciséis desapariciones y once asesinatos.
Según este monitoreo, el secuestro es una de las violencias que se comete con mayor regularidad contra las personas migrantes. En la mayoría de los casos identificados, las notas de prensa mencionaban que las personas migrantes privadas de su libertad eran obligadas por sus captores a grabar videos o llamadas de rescate para enviarlos a sus familiares. Estos hechos se concentraron en la región del norte del país, con mayor frecuencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, representando 77 % de los casos.
Otro de los fenómenos que se repitió fue el tráfico de personas. En los 352 casos identificados se puede apreciar un modus operandi: las víctimas son transportadas ilegalmente con la finalidad de cruzar la frontera hacia Estados Unidos a través de camiones o tráileres. Ante el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y México, los migrantes han sido transportados por medios y rutas cada vez más peligrosos, dando origen a varios casos de accidentes y abandonos de tráileres llenos de migrantes en condiciones infrahumanas y de hacinamiento, y poniendo en riesgo la vida de personas vulnerables, como mujeres, niñas y niños. Como ejemplo, identificamos una nota que reportó el abandono de 126 personas migrantes de origen centroamericano dentro de un tráiler, en el municipio de Santa Clara, en Durango, mientras intentaban llegar a la frontera.
La mayoría de hechos violentos identificados a través del monitoreo se concentró en los estados de Chihuahua (433), Coahuila (217), Chiapas (167), Durango (128), San Luis Potosí (87), Oaxaca (38), Ciudad de México (32), Guanajuato (28), Quintana Roo (23) y Jalisco (19). En cuanto al número de las víctimas migrantes, se identificó un total de 1191, de las cuales se especificaba que 139 eran mujeres, 158 eran hombres y 47 eran menores de edad.
Sólo se pudo identificar la nacionalidad de 701 víctimas, de las cuales 30.4 % provenían de Guatemala, 29.4 % eran de origen mexicano, 14.1 % eran de origen cubano, 5.3 % eran de nacionalidad ecuatoriana y 4.6 % de la India. En menor porcentaje también destacan víctimas de origen venezolano, colombiano, haitiano, chino y hondureño.
En algunos casos el monitoreo permitió identificar a los perpetradores de las violencias. En 60 de las 101 notas identificadas fue posible caracterizar a los presuntos perpetradores: en 54 se hizo referencia a secuestradores, traficantes y tratantes de personas, extorsionadores y asaltantes; en cinco a servidores públicos y elementos de seguridad pública (autoridades del INM, policía estatal, policía municipal y Guardia Nacional), y en un caso se menciona a un grupo del crimen organizado.
Otra información que sobresale del monitoreo es la manera en que los medios de comunicación presentan estos hechos. La mayoría de ellos, no suele reportar datos importantes de las víctimas como la edad, la nacionalidad y el sexo. Además, cuando reportan violencias contra migrantes, muchas veces se retoma la versión oficial sin considerar la versión de las víctimas. Aunque estos hallazgos no capturan por completo el fenómeno de las violencias que se cometen en contra de personas migrantes, sí permiten dar una idea de su magnitud.
Migración militarizada
La criminalidad no es el único factor que explica las violencias contra las personas migrantes. También la intervención militar para el control migratorio ha tenido repercusiones para la población migrante.
El monitoreo identificó tres casos en los que presuntamente participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) como perpetradores de violencias. Uno de ellos ocurrió en octubre de 2025, cuando fue desaparecido el líder de una caravana de migrantes que se dirigía hacia Ciudad de México: Orezo Rodríguez William, de nacionalidad cubana, fue detenido presuntamente por policías estatales en conjunto con elementos de la GN en el municipio de Tonalá, Chiapas, y ya no se supo más de él.
Otro de los casos ocurrió en enero de 2025, cuando se reportó la desaparición de un hombre de nombre Ramiro, originario de Michoacán, en el aeropuerto de Tijuana. La esposa de Ramiro aseguró que un elemento de la GN estuvo involucrado, ya que ese elemento había sido identificado por varias personas como un extorsionador de migrantes en ese aeropuerto.
El último caso se registró en abril de 2025, cuando un grupo de diez migrantes michoacanos, que regresaban de Estados Unidos, fueron obligados por presuntos elementos de la GN a bajar del camión en el que viajaban en Guanajuato, para posteriormente privarlos de la libertad.
En la Fundación para la Justicia hemos acompañado y documentado el caso de Cristobal Cobreiro, un migrante cubano que fue ejecutado por elementos de la GN mientras era transportado junto con otros migrantes, incluyendo niñas y niños, en Pijijiapan, Chiapas, el 31 de octubre de 2021. La camioneta en la que viajaban era conducida por una persona de nacionalidad mexicana y sin causa justificada fueron atacados por elementos de la GN, dando como resultado la lamentable ejecución de Cristobal Cobreiro.
En 2024 también documentamos dos ejecuciones de migrantes a manos de elementos militares. El 1° de octubre de ese año, una patrulla del Ejército atacó dos camionetas que transportaban a 33 migrantes de diversas nacionalidades, incluyendo Egipto, Nepal, Cuba, India, Pakistán y El Salvador. El incidente ocurrió en la carretera entre Villa Comaltitlán y Huixtla, en Chiapas, una ruta frecuentemente utilizada por traficantes de personas para evitar controles migratorios. Según la versión oficial, los soldados escucharon detonaciones y, al percibir una amenaza, dispararon contra los vehículos. El saldo fue de seis migrantes muertos y doce heridos, entre los cuales había menores de edad.
Un mes después, el 2 de noviembre de 2024, un incidente similar ocurrió en Tecate, Baja California, en el que elementos de la GN dispararon contra un vehículo que transportaba a siete migrantes colombianos, resultando en la muerte de dos de ellos y heridas a otros cuatro. La versión oficial sostiene que los migrantes dispararon primero, pero no se encontraron armas ni casquillos en la escena, desvirtuando esa afirmación.
Aunque se han abierto carpetas de investigación en los tres casos, hasta ahora lo que sabemos es que la mayoría de los elementos que actuaron en contra de las personas migrantes no han recibido una sentencia condenatoria por homicidio. En el caso de Cristobal la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 116VG/2023 por violaciones graves a derechos humanos, acreditando la responsabilidad de la GN por el homicidio de Cristóbal Cobreiro; en el caso de Huixtla, emitió la recomendación 175VG/2025 en la que acreditó la comisión de hechos violatorios a los derechos humanos, desestimando la versión oficial del Ejército sobre los hechos.
Lo que muestran estos casos es la existencia de un patrón en el que elementos de las fuerzas armadas presuntamente “confunden” a las personas migrantes con supuestos criminales, razón por la cual deciden atacar los vehículos en los que viajan. Además, en todos los casos, las versiones oficiales justifican el ataque al inventar que eran las personas migrantes quienes portaban armas y atacaron a los elementos en un primer momento.
Estos casos son tan sólo un ejemplo de la manera en que la militarización ha propiciado la comisión de violencias y graves violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes. La Fundación ha documentado esa problemática en los informes de Bajo la Bota I y Bajo la Bota II, en los que se ha observado que, desde 2019, se han empleado a las Fuerzas Armadas en labores de control migratorio en las fronteras, dándoles atribuciones para detener a personas en contexto de movilidad.
Esto ha producido situaciones violatorias de derechos humanos en las que se detienen a personas migrantes sin el respeto de sus derechos migratorios y procesales, sin que quede constancia de su detención y con el riesgo de sufrir actos discriminatorios, violencia de género, desapariciones, y hasta ser expulsadas de manera exprés fuera del territorio con el apoyo de autoridades migratorias, sin ningún procedimiento legal para su deportación, lo que las deja vulnerables ante cualquier grupo criminal.
Cabe recordar que desde 2024, la GN pasó a formar parte de manera oficial de las Fuerzas Armadas al quedar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque materialmente ya operaba como parte del Ejército. Esta corporación, desde su creación en 2019, fue comisionada al control migratorio y en la actualidad ha continuado ejerciendo no sólo esta tarea, sino también labores de investigación e inteligencia, entre muchas otras.
La militarización no sólo la hemos observado en el despliegue militar y el número de detenciones que se han hecho de personas migrantes, sino también a través del número de titulares militares en las oficinas de representación en los estados del Instituto Nacional de Migración (INM). Hasta 2025, de las 32 oficinas de representación que existen en el país, 11 de ellas estaban encabezadas por personal de las Fuerzas Armadas o con formación militar.
La evidencia señala que el uso de militares para el control migratorio ha propiciado graves violaciones a los derechos de personas migrantes. Esto se debe a que la política migratoria no debería sustentarse en un enfoque de seguridad nacional. El uso de militares representa riesgos si se les utiliza en labores diferentes a las de la defensa nacional, debido a que la lógica militar se basa en la obediencia estricta y en un accionar inmediato ante cualquier amenaza, en lugar de utilizar estrategias de prevención y estar apegados a un enfoque de derechos humanos. Considerar a la migración como una amenaza a la seguridad del país, seguirá propiciando que este tipo de hechos continúen.
Desapariciones forzadas de personas migrantes
Entre las violencias y violaciones graves a derechos humanos cometidas en contra de la población migrante, las desapariciones y desapariciones forzadas resultan ser de las más preocupantes, tanto para las víctimas como para las familias. La Fundación para la Justicia también ha acompañado y documentado múltiples casos, como las desapariciones sistemáticas y masacres ocurridas en Tamaulipas. Actualmente no se tienen datos confiables y certeros sobre el número de personas migrantes desaparecidas en el país, pero lo que se sabe es que este fenómeno prevalece y se profundiza, como lo demuestran las desapariciones masivas documentadas en Chiapas.
A este tipo de eventos en los que hay una participación de la criminalidad organizada, se suman las desapariciones de corta duración ejercidas por actores estatales, como autoridades migratorias y las Fuerzas Armadas, en estaciones migratorias y puntos de internamiento internacional en el país, como aeropuertos. Estas desapariciones se caracterizan principalmente por mantener incomunicadas a las personas, sin posibilidad de tener acceso a algún tipo de defensa. Además, muchas de estas desapariciones son posibles, debido a que no quedan registros sobre las detenciones de personas migrantes.
Del monitoreo de la Fundación destaca un caso de este año, que fue la desaparición del académico Leonardo Escobar, profesor de la Universidad Iberoamericana Puebla, luego de haber regresado de un viaje a Colombia. Leonardo tuvo que hacer escala en el aeropuerto de Monterrey para luego dirigirse a la Ciudad de México, pero fue detenido por elementos de la GN por una supuesta pelea en control migratorio. Lo que se sabe de este caso es que estuvo detenido por tres días y luego fue liberado sin sus pertenencias en un estado de salud grave, pues aparentemente fue drogado. Leonardo no recordaba quién era, orillándolo a una situación de calle, hasta que días después fue rescatado por una persona de una clínica de rehabilitación. Este caso ejemplifica el patrón en las desapariciones de corta duración, en las que se violan los derechos de las personas migrantes por autoridades estatales, mientras se les priva de la libertad.
También destacan aquellas desapariciones vinculadas a masacres de migrantes. En la Fundación hemos acompañado a las familias de víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010; del caso de las fosas clandestinas halladas en ese mismo municipio en 2011; de la masacre de Cadereyta en 2012; de la masacre de Güemez en 2014; y de la masacre de Camargo en 2021. A la fecha no se ha logrado esclarecer la verdad de lo ocurrido en ninguno de estos casos y sólo para la masacre de San Fernando y el caso de fosas clandestinas se han podido identificar algunos indicios de la participación de agentes estatales en las desapariciones en colusión con el crimen organizado.
Otras modalidades de desaparición identificadas son las que se relacionan a la trata de personas y el reclutamiento forzado, así como a la inhumación anticipada y sin trazabilidad de cuerpos de migrantes fallecidos sin identificar en fosas comunes. Cada una de estas modalidades de desaparición forman parte de un fenómeno que prevalece hoy en día.
Los casos de desaparición de personas migrantes evidencian la vigencia de este problema, el cual muchas veces ocurre en la clandestinidad sin que pueda ser reportado por algún medio o denunciado a alguna autoridad. En 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) abrió una ventana de oportunidad para colocar este problema en la agenda internacional a través del procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional contra las desapariciones forzadas. Este procedimiento permitiría llevar a la Asamblea General este asunto, ante la existencia de indicios de que en México el fenómeno de las desapariciones ocurre de manera generalizada y sistemática.
Impunidad y olvido de las víctimas migrantes
Más allá de contar con una cifra sobre el número de violencias y víctimas migrantes, es necesario documentar y tener un registro de las distintas modalidades de violencia que sufre esta población en México. Las historias y los casos aquí mencionados muestran ejemplos en que distintos perpetradores ejercen una multiplicidad de violencias en contra de esta población. Entre ellos se encuentran las redes de criminalidad que se aprovechan económicamente de la vulnerabilidad de estas personas, y que operan con ayuda de organizaciones criminales que también buscan utilizarlas como mano de obra para sus actividades delictivas. Asimismo, sobresalen los agentes estatales, que en muchos casos son militares ejerciendo violencia y “confundiendo” a las personas migrantes con posibles delincuentes o funcionarios coludidos con criminales.
Las violencias y violaciones graves a derechos humanos contra personas migrantes se insertan en un contexto de impunidad y falta de interés del Estado hacia las víctimas. Se ha estimado que la impunidad en los delitos cometidos contra esta población es de alrededor de 99 %. En varios casos, el Estado no sólo ha sido perpetrador de las violencias de manera directa o indirecta, sino también ha sido omiso ante ellas al no generar las condiciones necesarias para la protección de los derechos de las personas en movilidad.
La implementación de políticas migratorias restrictivas que incluyen la participación de personal militar ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes que hoy en día prevalecen. Aunque la política antiinmigrante de la administración Trump ha provocado una disminución en los flujos migratorios, esto no significa que las violencias contra migrantes hayan dejado de existir. Muchas de las personas migrantes han tenido que permanecer en México, esperando que la situación en Estados Unidos cambie, mientras que otros han decidido ver al país como su lugar de destino. En cualquier modalidad de migración, las personas en movilidad siguen sufriendo de violencias dentro de México.
Es responsabilidad del Estado garantizar la protección e integridad de las personas extranjeras sin importar su condición migratoria; sin embargo, hemos observado el desinterés hacia las víctimas de violencias. En semanas pasadas, el gobierno decidió premiar al ex titular del INM, Francisco Garduño, con un nuevo nombramiento. Para las familias de las 40 víctimas del incendio en la estación migratoria en Juárez, Chihuahua, ocurrida en 2023, fue una noticia indignante, lo que demuestra una vez más que ejercer violencia y violar los derechos humanos de las personas migrantes no tendrá consecuencias.
Raúl Rosales Ochoa/Fundación para la Justicia
Somos una organización de la sociedad civil, fundada en 2011. Creemos que el mundo puede ser un lugar para todas y todos. Desde hace 15 años, luchamos para que en América Latina haya justicia y se fortalezca el estado democrático de derecho, para que cada violación a los derechos humanos se investigue hasta que se acceda a la verdad y se repare.
Buscamos promover el acceso a la verdad, justicia, reparación y no repetición a favor de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, así como la consolidación del Estado democrático de derecho, a través de un trabajo transnacional en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
1 Según el boletín, los delitos reportados por personas migrantes fueron: retención ilegal (3), robo a personas (4), secuestro (11), otros actos contrarios a las leyes u otras disposiciones sobre menores (3), trata de personas con otros fines (13) y violación (1).
2 Los accidentes ocurrieron durante el tránsito clandestino y fueron hechos en los que las personas migrantes se encontraban en movimiento en algún vehículo, como trenes o camiones.
3 En total se identificaron 101 notas de prensa digital que hicieron referencia a, al menos, un hecho de violencia en contra de personas migrantes. Cada nota pudo reportar varios hechos violentos en contra de una víctima, por lo que es correcto observar un mayor número de violencias que de víctimas.
4 El tráfico de personas puede considerarse como una violencia estructural, ya que las políticas migratorias y el uso de elementos de seguridad y militares para el control migratorio obliga a las personas migrantes a utilizar las redes de tráfico para llegar a la frontera norte y cruzar hacia Estados Unidos.
5 En el resto de las víctimas no fue posible identificar su sexo o edad, debido a que la nota no lo mencionaba.
6 En el caso de las personas identificadas como mexicanas, casi todas ellas fueron víctimas de algún tipo de violencia junto con otras víctimas migrantes de otras nacionalidades en tránsito hacia Estados Unidos, a excepción de dos casos registrados en el que las personas de nacionalidad mexicana retornaban de Estados Unidos al momento de sufrir alguna violencia.
7 Las notas identificadas no suelen proporcionar información detallada de los perpetradores, lo que dificulta su caracterización. Además, la mayoría de las notas dan a entender que las personas que secuestran, asaltan, trafican y extorsionan a personas migrantes lo hacen de manera individual y aislada, pero muchas de los perpetradores se insertan en redes criminales más grandes, operadas por grupos del crimen organizado. Estas redes suelen operar en colusión con agentes estatales, ya sea a través de la participación directa de funcionarios y criminales en las violencias, o mediante la omisión de las autoridades por proteger a las personas migrantes.
8 En los casos identificados por el monitoreo no se tiene la certeza de que los perpetradores hayan sido elementos de la Guardia Nacional, por lo que pudieran tratarse también de personas del crimen organizado disfrazadas de elementos de seguridad.
9 Para el caso de Huixtla, la Fiscalía General de la República reportó a la Fundación que dos elementos ya habían sido sentenciados.