El pasado mes de noviembre, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) publicó el informe Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación (aquí hay un resumen ejecutivo disponible en español). El informe es importante porque discute la educación y su papel en el futuro de la humanidad. Por esta razón su promoción en México y en el resto de los países hispanoparlantes no puede esperar. Además de proveer una introducción general al informe y destacar los principios fundacionales que el documento propone, en este texto se destaca cómo la UNESCO busca promover el carácter de la educación como bien público.
Ilustración: Guillermo Préstegui
El informe es el resultado de dos años de trabajo de la iniciativa Los futuros de la educación, un proyecto que se propuso reexaminar y replantear la forma en que la educación y el conocimiento pueden contribuir al bien común mundial con la mirada puesta en el año 2050 y más allá de esta fecha. Para cumplir con estos propósitos, la UNESCO creó una Comisión Internacional Independiente, formada por pensadores que lideran los ámbitos de la política, la academia, las artes, la ciencia, las empresas y la educación. La comisión se enfocó en movilizar las diversas formas de ser y saber en todo el mundo, con el objetivo de aprovechar la inteligencia colectiva de la humanidad. Durante estos dos años, la comisión estudió detenidamente las aportaciones recibidas a través de amplios procesos de consulta pública y plasmó sus hallazgos en el informe recientemente publicado.
Ante el incierto y polarizado contexto que enfrentamos, el informe invita a “reimaginar” la educación; a pensar en el futuro de manera plural y a llegar a nuevos consensos sociales, posicionando a la educación en el centro de la discusión pública sobre el futuro de la humanidad. La invitación a reimaginar la educación alude al argumento de Benedict Anderson de que las naciones son comunidades imaginadas, pero posibles a pesar de las diferencias entre sus miembros. Similarmente, el trabajo de la iniciativa invita a pensar en la existencia de futuros múltiples y diversos porvenires que existen a la vez, en contraste con la idea de que sólo hay un futuro absoluto al cual todos nos dirigimos. Finalmente, siguiendo la tradición teórico-política de occidente, el informe de la UNESCO propone colocar a la educación en el centro del debate público y llegar a nuevos consensos sociales. En otras palabras, el informe promueve una reorganización política y económica de las sociedades con base en acuerdos sobre cómo el conocimiento y la educación pueden contribuir al bien común.
El informe está organizado en tres partes que contienen propuestas para la construcción de un nuevo contrato social educativo y una serie de principios rectores para encaminar el diálogo y la acción. La primera parte del documento, titulada “Entre promesas pasadas y futuros inciertos”, introduce el doble desafío que enfrenta la educación en términos de equidad y de mantenerse relevante, desafíos que de acuerdo con los miembros de la comisión, sustentan la necesidad de un nuevo contrato social que pueda contribuir a corregir la exclusión educativa de millones de personas y a garantizar un futuro sostenible para todos. La segunda parte del informe, “Renovación de la educación”, aboga por una reconceptualización de la educación en cinco dimensiones clave: pedagogía, planes de estudio, enseñanza, escuelas y oportunidades educativas a lo largo de la vida. La tercera y última parte “Catalizando un nuevo contrato social para la educación”, ofrece ideas para empezar a construir el nuevo contrato social educativo. En esta última sección, los comisionados convocan a crear una agenda de investigación común sobre el derecho a la educación a lo largo de la vida y llaman a reconstruir la solidaridad global y la cooperación internacional.
En el informe, los comisionados explican que la educación puede convertirse en un contrato social si se le entiende como un acuerdo entre los miembros de una comunidad para cooperar y obtener un beneficio común. Pero este pacto va más allá de lo legal: si bien el acuerdo debe reflejar normas, compromisos y principios, debe además estar culturalmente arraigado, partiendo de una visión común sobre los fines públicos de la educación. El informe destaca dos principios fundacionales que la comisión afirma servirán para reinventar la educación y que ésta nos ayude a enfrentar los riesgos que ponen en peligro el futuro de la humanidad y la vida en el planeta. Estos principios son: 1) garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida y 2) reforzar la educación como bien público y común. Ambos principios contribuyen a consolidar el carácter de la educación como un bien público y merecen ser explorados.
De acuerdo con el informe, el derecho a la educación debe ampliarse e incluir el derecho a una educación de calidad a lo largo de toda la vida. Al redactar el informe, la comisión establece que el derecho a la educación de calidad incluye los derechos a la información, la cultura y la ciencia, así como el derecho a acceder y contribuir al patrimonio epistemológico que la humanidad ha acumulado colectivamente durante generaciones. El informe establece entonces una conexión entre calidad y acceso, un vínculo que resulta aún más importante en el contexto de la desinformación, las noticias falsas y el creciente autoritarismo. Cabe destacar que los comisionados perciben la educación de calidad como algo que va más allá del simple acto de acceder a la información. Al abarcar la cultura y la ciencia, el informe apela a concebir la educación como un fenómeno complejo en dos sentidos, más amplio y más profundo. La educación de calidad es más compleja al permitir el acceso a todos los ámbitos del conocimiento, incluidas las humanidades, las ciencias y las artes. Asimismo, la educación de calidad se presenta como un fenómeno más profundo y de mayor nivel porque construye sobre la información adquirida y eleva al estudiante al nivel del conocimiento.
De acuerdo con la comisión, este primer principio fundacional concibe al conocimiento como un bien colectivo. En vez de pensarlo como propiedad de una persona, organización o grupo, el informe aboga por imaginar el conocimiento como algo del cual todos participamos y al cual todos contribuimos. Como consecuencia, toda persona tiene derecho a acceder y contribuir al patrimonio común de conocimientos que la humanidad ha generado a través del tiempo. De este principio se desprende que sólo al considerar el conocimiento como bien público podremos enfrentar los riesgos que ponen en peligro a la humanidad y al planeta.
El segundo principio fundacional proporcionado por la UNESCO consiste en reforzar la educación como un bien público y común. De acuerdo con el informe, la educación es un esfuerzo social compartido que crea propósitos comunes y permite que individuos y comunidades florezcan de forma conjunta. Por lo tanto, la comisión argumenta que un nuevo contrato social no sólo debe garantizar que la educación reciba financiamiento público, sino que implica también que la sociedad se comprometa a incluir al mayor número de personas en los debates públicos sobre la educación. Los comisionados argumentan que enfatizar una amplia participación fortalece el carácter de la educación como un bien común, es decir, como una forma de bienestar compartido, como algo que se elige colectivamente y se logra en conjunto.
El reporte no deja dudas sobre la importancia del financiamiento público de la educación. De esta forma contradice tendencias que buscan la privatización del sector educativo, pero no favorece necesariamente la prevalencia del Estado. De hecho, el informe promueve una visión de gobernanza educativa. Los comisionados aseguran que la educación es un proyecto social que involucra a muchos actores y que la tendencia actual hacia una mayor y más diversificada participación de agentes no-estatales en la política educativa, es una expresión del aumento en el mundo de la demanda por más transparencia y rendición de cuentas.
Como resolución del segundo principio, el informe señala que el carácter público de la educación va mucho más allá de su provisión, financiación y gestión por parte de autoridades del Estado. La educación pública, argumenta el informe, es aquella educación que ocurre en un espacio público, promueve intereses públicos y rinde cuentas ante todos. Esta es la visión de la educación que la UNESCO busca fomentar, una educación que es pública en un amplio sentido. Esta definición de lo público, además de fortalecer la naturaleza política de la educación, sirve también como una guía para orientar los debates sobre qué es y qué no es la educación pública en el presente y el futuro.
El informe Reimaginar juntos nuestros futuros es entonces un documento que merece la atención de todos. No sólo la de aquellos que estamos interesados en la educación, sino de la humanidad en su conjunto, más allá de intereses y ocupaciones. Por medio de este documento, la UNESCO promueve el carácter público de la educación e invita a usarla para vencer los desafíos que ponen en riesgo a la humanidad y la vida en el planeta. Los principios fundacionales que la comisión determinó contribuyen a fortalecer el rol que la educación tendrá en el futuro y enfatizan la necesidad de garantizar el carácter de la misma como un bien público.
Para nuestro país, que comparte con el resto del mundo un contexto polarizado, incierto y desinformado, el informe ayuda a orientar el debate público sobre la educación. Pero además, muestra cómo éste ámbito es estratégico para el futuro y demanda que trabajemos para garantizar el carácter público de la educación. El informe hace una invitación interesante y sugestiva, poner a la educación pública en el centro de la política. Ante esta invitación resulta imposible cuestionarnos si será posible en México llegar a un contrato social que tenga a la educación pública como eje central.
¿Podemos las mexicanas y los mexicanos generar un acuerdo educativo que nos permita cooperar y obtener un beneficio común? El informe es claro: el punto de partida es generar una visión compartida sobre los fines públicos de la educación. En otras palabras, se debe empezar por reducir la exclusión de la educación pública en nuestra sociedad, garantizar su financiamiento público y calidad, y promover una amplia participación en los debates en torno a la educación. Pero quizás es necesario enfatizar que la construcción de una educación pública de cara al futuro requiere comprometernos a que la educación en México ocurra principalmente en el espacio público, promueva intereses de todos y rinda cuentas. El informe Reimaginar juntos nuestros futuros es una invitación y herramienta para encauzar el debate, por lo que merece ser leído y debatido ampliamente.
Yver Melchor Hernandez
Candidato a doctor en estudios de la cultura y la política de la educación en la Loyola University de Chicago. Participó como consultor externo de la iniciativa de la UNESCO Los Futuros de la Educación.
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