Si bien en múltiples ocasiones el expresidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la búsqueda de personas desaparecidas era prioridad en su gobierno, durante su sexenio desaparecieron al menos 51,791 personas: 44.8 % del total de personas desaparecidas en el país. Además, se siguen encontrando fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Quienes cargan con el peso de remover la tierra para encontrar estos sitios atroces son las familias y colectivos de buscadores y buscadoras, quienes se ven obligadas a llenar el vacío que dejan las autoridades, convirtiéndose en expertas en disciplinas como identificación forense, criminalística y búsqueda con drones.
A pesar de que desde el poder ejecutivo se buscó invisibilizar la crisis humanitaria con la que cerró el primer piso de la transformación, nosotras tenemos otros datos.
Lo que revelan las fosas clandestinas del sexenio de AMLO
Por más de diez años, desde el Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana hemos monitoreado los hallazgos de fosas clandestinas en todo el país de dos formas: por medio de un monitoreo hemerográfico en distintos medios de comunicación y vía solicitudes de acceso a la información a fiscalías estatales. El contraste de ambas fuentes nos permite reconstruir, de forma parcial, el universo de fosas clandestinas que hay en el país.
Como resultado de dicho monitoreo, durante el periodo de López Obrador –de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024– hemos contabilizado 2,300 hallazgos de fosas clandestinas en México. Dentro de estas fosas se han encontrado 4,701 cuerpos de personas y 6,072 restos humanos. Siguiendo nuestra metodología, utilizamos el número más bajo de fosas reportadas en prensa, por lo que estas cifras representan el mínimo de hallazgos posibles y pueden llegar a aumentar.
En la figura 1 se observa el panorama de hallazgos de fosas clandestinas durante el sexenio pasado. Sonora es el estado con más fosas clandestinas de todo el país, con una cifra de 361 fosas y 578 cuerpos recuperados de las mismas, representa el 16 % del total de hallazgos a nivel nacional. Guanajuato y Colima también resaltan como estados con un número alto de fosas. En Guanajuato, se han encontrado 283 fosas clandestinas y se han recuperado 536 cuerpos de personas, siendo el 2020 un año terrorífico en especial por el hallazgo de 65 fosas en Salvatierra. Por otra parte, en Colima se registraron 217 fosas con 417 cuerpos exhumados. Tomando en cuenta que es un estado con un territorio y población relativamente pequeños, estas cifras resultan preocupantes.
Otros estados a destacar son Veracruz, Guerrero y Jalisco. En Veracruz se hallaron 181 fosas clandestinas con 226 cuerpos de personas y, en Guerrero, 179 fosas con 198 cuerpos. En el caso de Jalisco, aunque parece tener un menor número de fosas (164), tiene un mayor número de víctimas, con 808 personas exhumadas, lo cual es un indicador de altos niveles de violencia. En conjunto, los seis estados mencionados reportan el 60 % de los hallazgos de este sexenio.
Para entender mejor el mapa anterior, es necesario analizar la tendencia anual de hallazgos reportados tanto por medios de comunicación como por fiscalías, para evaluar el incremento en los descubrimientos de fosas clandestinas durante el sexenio de López Obrador. La figura 2 muestra que la tendencia de hallazgos de fosas reportados en notas de prensa sí incrementó progresivamente. En 2019, los hallazgos reportados en medios aumentaron más de tres veces respecto al año anterior.
Cabe recalcar que este incremento no necesariamente es un indicador de que la violencia se ha recrudecido. Este crecimiento tiene más que ver con cómo los medios de comunicación reportan los hallazgos, la creación de instituciones dedicadas a la búsqueda de personas y los alcances de nuestra metodología. Sin embargo, es importante resaltar que los hallazgos siguen al alza y que 2024 es el año con más fosas encontradas, incluso sin contar aún con los datos de los últimos tres meses del año.
Por otra parte, las fiscalías tienden a reportar más hallazgos que la prensa, ya que son las instancias encargadas de registrar el universo completo de fosas clandestinas. Sin embargo, muchas no entregan información completa o no comparten datos, por lo que estos números siguen siendo incompletos y las notas de prensa siguen siendo una fuente de información valiosa para contabilizar hallazgos no reportados por autoridades. A diferencia de las notas de prensa, el año con más hallazgos según fiscalías es 2022 con 630 fosas clandestinas. Asimismo, las fiscalías presentan una tendencia irregular a lo largo del periodo. Esto tiene mucho que ver con el hecho de que las respuestas que nos proporcionan las fiscalías locales varían año con año.
Considerando lo anterior, es necesario profundizar en las tendencias de cada estado para comprender en cuáles el aumento de fosas sí podría estar relacionado a una intensificación de la violencia. La figura 3 muestra la tendencia del total de hallazgos de fosas por año en entidades federativas con un alto número de fosas. De inmediato Sonora y Veracruz capturan nuestra atención.
En el caso de Sonora, se observa un aumento considerable de hallazgos a partir de 2019. Por ejemplo, en 2018, la Fiscalía de Sonora reportó el hallazgo de una sola fosa en la entidad, mientras que, a partir de 2019 y hasta septiembre de 2024, reportó 900 hallazgos de fosas en el estado. En Veracruz ocurre lo contrario, ya que en 2018 se hallaron más de 300 fosas y en años subsecuentes esta cifra disminuyó radicalmente,
principalmente por la negativa de la Fiscalía de Veracruz de proveer información sobre dichos hallazgos.
Colima también es una entidad que en 2018 contaba con pocos hallazgos (cinco reportados por fiscalía) y pasó a tener 80 fosas en 2019 y 89 en 2022. Asimismo, Guanajuato presenta un pico importante de número de fosas durante 2020, que se debe en mayor medida a hallazgos en los municipios de Salvatierra y Cortázar y una tendencia a encontrar más hallazgos gracias a nuestro registro proveniente de fuentes abiertas.
Aún cuando estos estados contienen la mayoría de hallazgos de fosas del país, todas las entidades federativas documentan fosas a lo largo de este periodo. Estados como Campeche, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán, que no eran conocidos por este tipo de hallazgos, ya presentan por lo menos una fosa desde el año 2020. Además, estados como Aguascalientes e Hidalgo han aumentado sus casos en 2023 y 2024. En 2018, Aguascalientes registró una fosa, mientras que en 2023 se registraron más de 18 y en 2024 más de 14. En Hidalgo sólo contamos con registros provenientes de notas de prensa, los cuales demuestran que en 2018 se registraron cero hallazgos y en 2024 la cifra aumentó a 9.
La intención de este análisis no es sólo identificar estados que presentan un aumento de hallazgos fosas durante el sexenio de López Obrador, tales como Sonora y Colima, sino visibilizar la fuerte crisis de violencia que se vive en cada una de las entidades federativas y el alto número de personas enterradas en estos sitios esperando a ser encontradas, identificadas y devueltas a sus familiares.
Desmantelar y desmantelar
A pesar de que los hallazgos de fosas clandestinas son recurrentes y generalizados en todas las entidades federativas, y que los Semefos tienen una deuda de identificación por encima de 72,000 cuerpos humanos –más de 34,000 acumulándose en las morgues del país entre 2019 y 2023–, el Estado mexicano se ha dedicado a desmantelar los mecanismos que conforman al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB). También se mantiene al margen en la creación de las herramientas necesarias para garantizar la búsqueda e identificación efectiva de personas desaparecidas en el país.
Por ejemplo, en marzo de 2024 se cerró el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) por falta de recursos del Gobierno Federal. Esta decisión marcó el fin de una iniciativa impulsada por las familias para garantizar la identificación de personas encontradas sin vida en búsquedas forenses. Y, si bien hay críticas válidas sobre el mecanismo, por ejemplo, que este no contaba con la articulación necesaria con otras instancias ni tenía un plan de trabajo, la respuesta no estaba en su cierre definitivo, sino en fortalecerlo.
Lo mismo ocurrió con el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), que se encargaría de identificar a personas sin vida por medio del análisis de muestras de ADN. Este se quedó en propuesta, ya que nunca operó como estipulaba la Ley, y fue oficialmente “desmantelado” en febrero de 2024 con el desalojo del edificio y el recorte de más del 70 % del personal. Seis años perdidos y una realidad trágica: el gobierno federal no cuenta, en términos prácticos ni teóricos, con una infraestructura capaz de realizar la urgente identificación de restos humanos.
Si bien deseamos ser justas con las temporalidades necesarias para construir instituciones que realmente funcionen, desde la entrada en vigor de la Ley en 2017, aún hay pendientes importantes que mejorarían radicalmente la coordinación entre instituciones (como las comisiones de búsqueda y las fiscalías), así como la búsqueda e identificación humana en el país. En particular, hay herramientas estipuladas en el Artículo 48 que llevan años de retraso y que son esenciales no sólo para generar registros, sino para coordinar los esfuerzos de colectivos, instituciones estatales y sociedad civil. Por mencionar algunas: el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, ambas responsabilidad de la Fiscalía General de la República (FGR).
La crisis forense en los hombros de la actual presidenta
Con seis años perdidos y un sistema de búsqueda cada vez más parecido a un elefante blanco, queda en los hombros de la administración de Claudia Sheinbaum garantizar la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de todos los cuerpos alojados en las morgues del país. No obstante, la localización de más de 120,000 personas no parece ser prioridad para el Gobierno Federal.
“Sólo lo que se nombra, existe” declaró Claudia Sheinbaum en su primer discurso como presidenta. Sin embargo, no sólo olvidó mencionar a las familias buscadoras, sino que tampoco ha tomado acciones concretas para atender la crisis forense. Para 2025 se reducirá en términos reales un 8 % el presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y hasta el momento no se perfila ninguna estrategia real para hacerle frente al problema.
Frente a las fallas del Estado, la búsqueda continúa. Desde Chiapas hasta Sonora, las fosas clandestinas continuarán siendo un violento testimonio de la impunidad e indolencia que hay en México. Y mientras tanto, más de 72,000 personas seguirán esperando a ser identificadas, en tanto que sus familias las buscan desesperadamente por todos los rincones de este país.
Fernanda Lobo Díaz
Investigadora del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana.
Andrea Horcasitas Martínez
Investigadora del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la Universidad Iberoamericana.