Las trabajadoras domésticas: rehenes de la pandemia de COVID-19

El mundo cinematográfico celebraba en febrero los triunfos en los Premios Óscar de Parásitos (Corea del Sur, 2019), filme dirigido por Bong Joon-ho que retrata las penurias de una familia que, mediante un ingenioso engaño, se hace con las responsabilidades del trabajo doméstico de una familia acomodada de Seúl. En el nudo de la trama se aprecia cómo un suceso aparentemente inocuo, como una tormenta, tiene consecuencias diametralmente opuestas para ambas familias. Unos meses después, la pandemia de COVID-19 está demostrando que, cuando surge un evento que pone en peligro a las sociedades, condiciones de vulnerabilidad como las que se experimentan en el trabajo doméstico en México magnifican el riesgo para millones de personas, la mayoría de ellas, mujeres.

Ilustración: Patricio Betteo

Un trabajo esencial poco valorado

El Consejo de Salubridad General de México declaró emergencia sanitaria el pasado 30 de marzo por causa de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Con el fin de mitigar su propagación, se acordó la suspensión de actividades no esenciales, medida que a la fecha que se escriben estas líneas se espera que se prolongue por lo menos hasta el 30 de mayo de 2020. Ante la consigna de las autoridades de salud de “Quédate en casa”, dicha acción parece imposible de realizar para las personas trabajadoras que viven al día y que no poseen contratos de trabajo o seguridad social. Dentro de este sector de la población, uno de los grupos más vulnerables es el de las personas trabajadoras domésticas.

Esta vulnerabilidad se puede observar, por lo menos, en tres dimensiones: las condiciones del mercado laboral, las desigualdades de género y la discriminación sedimentada en imaginarios de clase y etnicidad. En primer lugar, se trata de un tema vinculado con la persistente informalidad laboral endémica de las economías más grandes de América Latina y de buena parte del mundo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2015), en el mundo hay alrededor de 67 millones de personas trabajadoras domésticas y 50 millones trabajan informalmente, al medir la formalidad por la cobertura de protección laboral, seguridad social y uso de contratos. En México, más de la mitad de la fuerza laboral se hallaba en esta condición a finales de 2019, una proporción que ha variado relativamente poco en décadas, los que nos hace pensar en este problema como algo crónico.

En segundo lugar, el trabajo doméstico pone en evidencia la intersección de las desigualdades de género con las de carácter socioeconómico, lo que se expresa como una división sexual del trabajo en la que se asumen las tareas domésticas como una actividad natural o deseada por las mujeres, donde ellas son “dueñas” del espacio privado y los hombres del público. Esta división sexual del trabajo ocasiona que las mujeres dediquen el doble de tiempo a labores de cuidado que los hombres, 26 horas promedio semanales frente a 14, y el triple en el trabajo doméstico no remunerado, 42 horas semanales frente a 15 horas semanales (INEGI, 2014). Un efecto conocido de esta disparidad es un círculo vicioso en el que las mujeres tienen menos tiempo disponible para participar en el mercado laboral, lo que, aunado a la brecha salarial de género, las atrapa en la base de la escalera económica. Es importante mencionar que existe una fuerte percepción de que esto “debe ser” así, ya que 21.8 % de las mexicanas y los mexicanos cree que las mujeres deben ayudar más en los quehaceres domésticos (INEGI, 2018b).

Otra parte fundamental de este sistema de reproducción de desigualdades de género es la feminización de ocupaciones de baja compensación y poca estima social, como es el trabajo doméstico remunerado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI, 2018a), en México 2.3 millones de personas se dedican al trabajo del hogar remunerado y 92 % de ellas son mujeres. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (INEGI, 2018b), una de cada diez personas trabajadoras del hogar (12 %) declaró contar con alguna prestación laboral (aguinaldo, vacaciones o seguro médico) y sólo 2 % con un contrato escrito que definiera sus actividades. Es decir: las mujeres no sólo experimentan dificultades adicionales para salir al mercado de trabajo, sino que la oferta laboral disponible para ellas es de menor calidad vis a vis con la que está disponible para los hombres.

En tercer lugar, es importante destacar que las trabajadoras domésticas también trabajan para otras mujeres, por lo que visibilizar la existencia de componentes de clase, educativos y étnicos, donde “el imaginario sobre comportamientos ligados a sus orígenes (pobreza, pertenencia a un pueblo indígena, etc.) se mezcla con su condición de mujeres” (COPRED, s. f., p. 11) es central. Sin embargo, esta tercera dimensión, tanto menos tangible como más útil para engarzar las otras dos, ha sido estudiada con poco rigor, lo que ha producido un vacío interpretativo sobre la magnitud real de la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas ante cualquier cambio en el entorno.

Costumbres despóticas y vulnerabilidad creciente

La primera generación de estudios sociológicos sobre las trabajadoras domésticas –el enfoque de la movilidad-migración del campo a la ciudad—, caracterizaba su ocupación como un peldaño de movilidad social para mujeres migrantes jóvenes del entorno rural con deseos de incorporarse a la fuerza laboral de las grandes ciudades latinoamericanas. Sin embargo, el entendimiento actual del entorno de las trabajadoras domésticas se basa en conjuntos de factores más heterogéneos que revelan dinámicas perversas no capturadas por los estudios de dicha primera generación, como la relación del trabajo doméstico con la pobreza urbana, el rezago educativo, así como una honda y acendrada frontera de clase.

Pese a que durante décadas se han producido migraciones del campo hacia las zonas metropolitanas más grandes de México y América Latina, el trabajo doméstico dejó de captar mano de obra migrante en tanto los cinturones de pobreza suburbana fueron absorbiendo tanto a migrantes como a personas desplazadas del centro por los procesos de gentrificación. A esto se añade que las frecuentes desaceleraciones económicas que caracterizan al subcontinente han hecho que muchas mujeres habitantes de los cinturones de pobreza encuentren en el trabajo doméstico una alternativa viable de supervivencia aún sin ser residentes de primera generación –el llamado “efecto refugio”— (Rosas et al., 2015, p. 268).

De tal forma, no solamente en México, sino en varias regiones de América Latina, después de la década de 1990 el trabajo doméstico dejó de ser la “‘válvula de escape’ para las migrantes recientes” o la “‘sala de espera’ antes de orientarse hacia otras formas de empleo asalariado” (Lautier, 2003, p. 801) de mujeres en edad escolar. Hoy la trabajadora doméstica mexicana típica tiene un perfil distinto al planteado por la teoría de la movilidad-migración: se trata de una mujer con escolaridad de nivel primaria, entre 25 y 44 años, con un salario ligeramente superior al mínimo y con obligaciones que demandan una jornada incompatible con cualquier estrategia de movilidad (El Economista, 2019). Si a ello se añaden los trayectos que hacen las trabajadoras que no son de planta –que en el caso de la Ciudad de México son sumamente largos—, el trabajo doméstico como forma de movilidad social o vehículo de superación es una idea que no empata con la realidad.

La imagen de la trabajadora doméstica joven, emprendedora y con opciones de movilidad —aunque fuese wishful thinking— se deslava por completo dejando tras de sí un retrato menos esperanzador: el de una mujer que no cuenta no solamente con el ingreso, sino con el tiempo y la energía para dedicarlo a su persona, ya no digamos a alguna actividad edificante como avanzar en su escolaridad o pensar en un mejor empleo. Ya desde 1899, Thorstein Veblen en Teoría de la clase ociosa había delineado perfectamente lo ridícula que es la sentencia de que “los pobres son pobres porque quieren”, precisamente, razonando sobre cuánta ambición o energía le puede quedar a uno o una si desempeña un trabajo manual durante horas. En el caso del trabajo doméstico, lo que se observa no es falta de ambición –como en ningún sector ocupacional—, sino “tentativas abortadas (por) cansancio excesivo que impide el seguimiento regular de los cursos nocturnos; una patrona que exige al momento que la empleada no salga porque recibe amigos” (Lautier, 2003, p. 802) y, no con poca frecuencia, por una carga de trabajo de cuidados no contemplada en la relación laboral.

Límites que se transgreden en una sola dirección

Ante la situación actual de pandemia y de suspensión de actividades, adicional a los riesgos de salud que enfrenta toda la población, las personas empleadas en el sector del trabajo doméstico son más vulnerables dado sus bajos salarios (menos de la mitad que el salario promedio del mercado de acuerdo con la OIT), la discriminación, violencia y abuso que se ejerce contra ellas por su género, origen o subvaloración de sus actividades, la falta de acceso a seguridad social y prestaciones laborales, así como por la exigua regulación y escasa cantidad de mecanismos que aseguren el cumplimiento de obligaciones por parte de las personas usuarias.

En el caso concreto de las trabajadoras domésticas, esta vulnerabilidad se expresa de forma vívida en los usos y costumbres de su relación con las personas usuarias de sus servicios. La corporización de la frontera entre ambas partes es algo que, en otros ámbitos laborales, algunos incluso informales, sería considerado como una forma velada de vasallaje. La extendida práctica de que la trabajadora doméstica no coma de lo mismo con lo que con frecuencia alimenta a sus clientes —en estricto sentido etimológico, sólo puede llamarse patrón o patrona a alguien que cumple la función de proteger— esboza de buena forma lo que se ha llamado una desigualdad corporizada (Casanova, 2013). Los límites hacia las personas del servicio doméstico se trazan con tanta precisión que, incluso, se les somete a un control de inventario —recordará el lector o lectora a “Lady Chiles”—. En muchas ocasiones, las exigencias sobre el comportamiento del “servicio” también incluyen previsiones sobre lenguaje, vestimenta y modos de ejecución de sus tareas.

En contraste, a pesar de que muchas de las personas que trabajan en los hogares reconocen los abusos, la discriminación, e incluso, la violencia ejercida, estas no suelen contar con el poder para fijar sus límites. Algunas realizan labores de cuidado, además de que se les exige trabajar horas extras dada la situación de encierro. En el contexto actual, ello puede aumentar su riesgo de contagio, pues tampoco cuentan con capacitación o equipo adecuado. Finalmente, testimonios de personas en este sector han evidenciado que los empleadores han aprovechado la situación para despedirlas injustificadamente o suspender sus actividades sin goce de sueldo, además de que no están conscientes o dispuestos a eliminar conductas de abuso.

Mientras que las trabajadoras domésticas están sometidas a un control estricto, sus condiciones de trabajo suelen ser manipuladas en función de las necesidades de sus empleadores, en este caso, aquellas derivadas de la campaña “Quédate en casa”. Esta desproporción en el establecimiento de los límites, que se deriva de la asimetría de poder que existe entre ambas partes, parece más una situación de rehenes que una relación laboral. Tal y como sucede en la primera, es el captor –empleador o empleadora— quien transa con el contexto para obtener lo que desea, mientras que las alternativas para la persona cautiva son tan dramáticas como dejar de comer o correr un riesgo ostensiblemente mortal.

Un llamado a las buenas políticas públicas y a la solidaridad

Si bien el año pasado se realizaron cambios a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que las personas trabajadoras domésticas cuenten con prestaciones conforme a las disposiciones de la Ley (DOF, 2019) y México firmó el Convenio sobre las personas trabajadoras domésticas o Convenio 189 de la OIT, las protecciones y mecanismos que aseguren el cumplimiento de dicha normatividad aún son insuficientes. El llamado del Estado mexicano a resguardarse en casa tiene que acompañarse de mecanismos que permitan a sus ciudadanos y ciudadanas, especialmente las más vulnerables, ejercer sus derechos a un trabajo digno y la protección de la salud.

Durante muchos años el trabajo doméstico remunerado se ha invisibilizado y ha sido extensión del trabajo doméstico no remunerado como una actividad subvalorada a pesar de su importancia social y económica, diferencias que, en tiempos de crisis como la actual, se ven exacerbadas. Por ello, es imprescindible exhortar a las unidades administrativas del Estado mexicano a que enfaticen el cumplimiento de las normas laborales, especialmente en tiempos de emergencia, y a que lleven a cabo esfuerzos adicionales para darlas a conocer entre las personas trabajadoras domésticas. En un futuro cercano, también será preciso discutir sobre la confección de instrumentos que hagan posible que las personas trabajadoras del hogar defiendan sus derechos con algo más que la sola posibilidad de rescindir la relación contractual —cuando existe—.

Finalmente, nos gustaría acompañar dicho exhorto con un llamado a la solidaridad por parte de quienes emplean trabajo doméstico. La sola acción —o incluso coacción— por parte del Estado es insuficiente para resarcir el déficit de trato justo y humano que experimentan los y las trabajadores del hogar, especialmente las últimas al reunir desventajas adicionales relacionadas con su posición en las relaciones de género. La petición concreta en tiempos de pandemia es una: no les obligue a elegir entre su ingreso y su salud. Si está en sus posibilidades, pague sus salarios íntegros sin hacerlas ir a su hogar y cuidar a sus enfermos.

Cuando pase esta contingencia deberemos tener una seria conversación sobre trabajo digno, límites personales y libertades.

Patricia Guzmán González
Internacionalista y politóloga por el ITAM y maestra en políticas públicas y género por la FLACSO.

Antonio Villalpando Acuña
Sociólogo por la UAM y maestro en políticas públicas comparadas por la FLACSO.

Ambos son estudiantes del Doctorado en Políticas Públicas del CIDE.

Referencias

Casanova, E. M. D. (2013). “Embodied Inequality: The Experience of Domestic Work in Urban Ecuador”, Gender & Society, 27(4), 561-585.

Personas trabajadoras del hogar. Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, (s. f.)..

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de las personas trabajadoras del hogar, Diario Oficial de la Federación, Secretaría de Gobernación, 2019.

“Radiografía del trabajo doméstico en México”, El Economista, agosto 5, 2019.

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2014.

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018a.

Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017 (p. 39). Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2018b.

Lautier, B. “Las empleadas domésticas latinoamericanas y la sociología del trabajo: Algunas observaciones acerca del caso brasileño”, Revista Mexicana de Sociología, 26, 2003.

ILO Global estimates of migrant workers and migrant domestic workers: Results and methodology: special focus on migrant domestic workers. Organización Internacional del Trabajo, 2015.

Rosas, C., Fonnegra, V. J., & Vergara, A. B. “Trabajo doméstico y migraciones latinoamericanas. Desde Argentina, hallazgos y reflexiones frente a los destinos extrarregionales”, Estudios Demográficos y Urbanos, 30(2), 38, 2015.