De unos años para acá, cada 8 de marzo las calles pintadas de color violeta me llenan de orgullo de ser mujer, me hacen sentir que somos una, y que todas, siendo una misma, estamos cada vez más cerca de tirarlo, de acabar con el Estado patriarcal. Ese día nos siento fuertes, me lleno de rabia —¡que lo quemen todo!—, de indignación y, también, de empatía y de amor por todas esas mujeres que de alguna forma están alzando la voz, mujeres que son espejo de mis miedos y de mis anhelos.
El 9 de marzo (o algunas el 10), volvemos a nuestra rutina: 42 % volvemos a trabajar (a hacer ese trabajo por el que recibimos un salario). Pero también regresamos a hacer las compras de alimentos para nuestro hogar, pagar los servicios de la casa, ir por las medicinas de alguno de nuestros familiares, recoger un poco la casa para que esté habitable, lavar la ropa porque al día siguiente ya nadie tiene nada que ponerse, cocinar y ponerse de acuerdo con la prima para que el domingo siguiente, cuando se reúnan para celebrar el cumpleaños de la abuela, cada quien lleve algo distinto de comer. Claro que todo eso hay que hacerlo pronto, porque en la tarde vuelven a casa (hijas, hijos, personas adultas mayores) y no pueden estar sin que nadie al menos les esté echando un ojo.
Todo eso que hacemos “además de trabajar” es también trabajo, pero no es remunerado. En México, a ese trabajo no remunerado las mujeres le dedicamos más del doble de tiempo que los hombres: mientras que en promedio los hombres le dedican 15.2 horas a la semana, las mujeres le dedicamos en promedio 39.7 horas. Pero el que no se nos pague por hacer este trabajo no lo hace menos valioso. Por el contrario, ese trabajo —al que se le denomina “trabajo doméstico y de cuidados”—, es el que permite “el sostenimiento de la vida, la reproducción de la fuerza de trabajo y de las sociedades”. Este trabajo es fundamental para la producción económica de cada país. En México, el aporte económico del trabajo no remunerado equivale a un 27.6 % del PIB, es decir, más de una cuarta parte del valor total de los bienes y servicios producidos en el país.
En nuestro país, una parte no menor de ese trabajo lo hacen mujeres que, además de cuidar a los suyos, cuidan en otros hogares, de forma remunerada, ya sea como su único trabajo (cuidadoras, niñeras) o como parte de sus labores como trabajadoras del hogar remuneradas. De todas las mujeres que cuidamos, ellas son quienes más necesidad tienen de una oferta pública de servicios de cuidados, y a quienes más afecta su ausencia.
De la desigualdad de género a la desigualdad en los ingresos
Desde hace varias décadas, en todo el mundo la participación laboral de la mujer ha ido en aumento. Esto ha sido una importante fuente de cambio social: las mujeres, tradicionalmente dedicadas a las tareas de cuidados en el hogar, hemos dejado de ser la opción (inmediatamente) disponible para cuidar personalmente a hijas, hijos, padres o parientes en la vejez. Aun así, somos las mujeres quienes más horas dedicamos a las labores de cuidado y trabajo en el hogar. No importa si tenemos un trabajo remunerado o no, en todo el mundo las mujeres continuamos dedicando más tiempo a este tipo de actividades que los hombres.
La tremenda desigualdad entre hombres y mujeres que existe en la distribución de las tareas de cuidados provoca que las mujeres tengamos una sobrecarga de trabajo, es decir, que terminemos asumiendo dobles o triples jornadas. Sin embargo, las opciones que tenemos cada una de nosotras para resolver esta “doble carga” de trabajo son dramáticamente distintas. No es lo mismo ser mujer en Suecia que ser mujer en México.
En general, en los países industrializados han ocurrido dos cambios estructurales. Por una parte, el Estado ha impulsado diversas políticas para dar tiempo a las personas para que puedan cuidar (i.e. licencias parentales), dinero para el cuidado (i.e. subsidios o deducciones fiscales) o servicios (i.e. guarderías y casas de día).1 Por la otra, ha habido una redistribución de las responsabilidades del cuidado al interior de los hogares. En consecuencia, una mujer que vive con su pareja y tiene hijos pequeños en Berlín, por ejemplo, tendrá una oferta pública disponible de servicios (guardería o preescolar) con horario extendido para que cuiden de sus hijos o hijas mientras ella y su pareja trabajan; también recibirá del Estado un subsidio mensual por cada hijo o hija (equivalente a 4500 pesos mexicanos) para asumir los costos relacionados con sus cuidados (desde la compra de alimentos, hasta la contratación esporádica de una “niñera” o el pago de alguna actividad extracurricular para el desarrollo de la niña o el niño). Finalmente, al terminar su jornada laboral (la remunerada), llegará a su hogar en donde el cuidado de sus hijos e hijas estará distribuido entre ella y su pareja casi de manera equitativa (en Alemania las mujeres dedican diariamente, en promedio, 45 minutos más que los hombres al cuidado de los niños).
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En los países de América Latina, por el contrario, la intervención del Estado ha sido considerablemente menor y, al interior de los hogares, la carga del trabajo de cuidados no se comparte entre la pareja, sino que continúa recayendo desproporcionadamente en las mujeres. Esto significa que las opciones que tiene una mujer en México, por ejemplo, para resolver la “doble carga” son menores (y peores) que las de una mujer en Alemania. Pero incluso en el mismo país aparece una desigualdad adicional: las opciones de cada una de nosotras están marcadas por el ingreso y el tipo de empleo.
Las mujeres con mejores condiciones socioeconómicas tienen acceso a una serie de servicios públicos de cuidado (que no todas usan), y también pueden recurrir a opciones de cuidado en el mercado. Y cuando los niños o las niñas regresan de la guardería o escuela, las labores de cuidado suelen ser asumidas, total o parcialmente, por una trabajadora remunerada del hogar (TRH). Me refiero a ellas porque 96.5 % de las personas que realizan este tipo de actividad son mujeres.2
Las mujeres en condiciones socioeconómicas más desaventajadas, por el contrario, suelen además tener empleos informales, es decir, reciben un salario pero no tienen acceso a la seguridad social por parte de su trabajo. Entre este grupo de mujeres se encuentran las propias TRH. Aproximadamente 8.5 % de las mujeres que forman parte de la Población Económicamente Activa (PEA) en México son TRH. Son mujeres que trabajan en condiciones laborales injustas: con bajos salarios, sin contrato laboral (97.4 %) ni seguridad social (96.1 %), con extenuantes jornadas de trabajo, asignándoles espacios exclusivos (distintos a los de la familia) para su aseo personal y preparación y consumo de alimentos. Sus empleadores ven como una muestra de generosidad cuando se les “ayuda” con la compra de medicinas en caso de enfermedad, cuando se les paga el día “aunque” no lo hayan trabajado, o cuando “hasta” les permiten que en su habitación tengan televisión con acceso a Netflix si son trabajadoras “de planta”. En todos los casos, son favores que están a discreción de la empleadora o el empleador, no son derechos laborales.
Pero ellas, las TRH y otras mujeres en situación de pobreza, también regresan a su casa (aunque más tarde porque sus jornadas laborales son más largas), para comenzar su segunda jornada (o, para algunas, la tercera) —la que no es remunerada. Sus opciones para resolver la “doble (o triple) carga” de trabajo no son, en realidad, opciones. Es decir, no es que elijan una opción para el cuidado de sus familiares (i.e hijas, hijos, padres), sino que no tienen alternativa. En su mayoría recurren a redes de cuidado informales que no suelen poder proveer los cuidados adecuados (por ejemplo, dejando a la hermana “mayor” al cuidado de sus hermanas y hermanos más pequeños).3
Debido al estatus informal de su trabajo, no tienen acceso a las guarderías ni estancias infantiles del IMSS o del ISSSTE. Y, debido a las limitadas capacidades estatales, tampoco tienen acceso a una oferta pública de cuidados (con la desaparición de las Estancias Infantiles y de las Escuelas de Tiempo Completo, esta opción se volvió casi inexistente). Las dificultades para garantizar los cuidados de sus familiares que enfrentan las personas de bajos recursos en general, y las madres en particular, son brutales. También dentro de este grupo de mujeres se encuentran las propias TRH, pues 79.4 % tiene hijos o hijas y, de ellas, 33.4 % son madres solteras. Ante la falta de cuidados adecuados, el nivel de desarrollo a los que estas niñas y niños acceden se convierte en un factor que perpetúa la desigualdad y la pobreza intergeneracional.
Las TRH y el sistemas de cuidados
Es cierto que todas las mujeres tenemos una doble carga, y que hay que tomar acciones para evitar que esto perpetúe y amplíe las ya graves desigualdades de género. Afortunadamente, y en buena parte gracias a los colectivos de mujeres feministas, se ha avanzado en visibilizar y revalorizar los trabajos de cuidados remunerados y no remunerados en nuestro país. El camino que queda por andar es mucho y no es sencillo. Habrá que empezar por desempolvar las iniciativas de ley y de reforma constitucional que están en el Congreso y, al mismo tiempo, seguir imaginando el diseño del tan esperado Sistema Nacional de Cuidados, que será pieza fundamental de la muy necesaria política de cuidados.
Pero antes, como se hace con cualquier política pública efectiva, habrá que diagnosticar de forma certera el punto de partida: un sistema de protección social fragmentado e incompleto, que da lugar a una economía informal de cuidados en donde la carga recae en las mujeres, pero no en todas ni de la misma forma.
Al asumir casi totalmente las tareas de cuidados en los hogares, durante siglos las mujeres hemos estado subsidiando el trabajo de cuidados de los hombres, permitiéndoles así que se dediquen casi exclusivamente al trabajo fuera del hogar. Ahora, en México son las TRH quienes están subsidiando la “segunda carga” de las mujeres que estamos en mejores condiciones socioeconómicas. “La ostensible liberación de las mujeres en condiciones privilegiadas se ha producido sin necesidad de negociar la redistribución de las responsabilidades del hogar con sus parejas masculinas, sino tercerizando estas responsabilidades a mujeres de clases socioeconómicas más bajas”.4
Esto coloca a las TRH al centro de los cuidados en nuestro país: como cuidadoras no remuneradas (en sus propios hogares), olvidadas por el Estado, y como cuidadoras remuneradas con pésimas condiciones laborales. Es preciso continuar empujando la agenda de formalización de TRH para mejorar sus condiciones laborales. La reciente reforma a la Ley del IMSS aprobada en el Senado (en espera de ser aprobada en la Cámara de Diputados) servirá para mejorar las condiciones laborales en su empleo, y protegerlas en casos de contingencias, maternidad y en su vejez. Pero también deben ocupar un lugar central en el diseño del Sistema de Cuidados. Su segunda carga (y la de tantas mujeres de bajos recursos) es mayor y más pesada que la segunda carga de las mujeres más privilegiadas. El Estado mexicano debe hacerse cargo de esta desigualdad, y nosotras, quienes de alguna forma buscamos incidir en las políticas públicas, también.
Las mujeres que estamos en mejores condiciones no podemos ser la única voz de la agenda de cuidados, o correremos el riesgo de estar impulsando “derechos estratificados”. Y si como parte de esta agenda impulsamos derechos a los que no todas accederemos, entonces no estaremos impulsando derechos, sino privilegios. Presionar al Estado para aumentar el número de días de una licencia de maternidad, por ejemplo, será una victoria de la que nos beneficiemos quienes tengamos un empleo en el sector formal, pero no las demás. 96 % de las TRH continuarán teniendo que recurrir a arreglos que les permitan trabajar para mantener un ingreso, en detrimento de su propio cuidado y del de su bebé.
Desde luego, la respuesta no está en dejar de buscar mejores condiciones laborales para algunas, sino en empezar también por procurar las de quienes más sufren su ausencia. En países como México, donde la seguridad social es poco generosa y está vinculada al empleo formal, garantizar el empleo digno es el primer paso aligerar la primera carga (la del trabajo remunerado), pero insuficiente para aligerar la segunda (la del trabajo de cuidados no remunerado), sobre todo de las personas más pobres.
Es cierto que todas padecemos la ausencia de un sistema de protección sólido e integral. Pero unas lo padecen más que otras. El sistema de cuidados no puede crearse asumiendo que una vez conquistados los derechos de quienes estamos en una posición más privilegiada, estos irán permeando gradualmente en las personas de los estratos sociales más bajos. Y la razón es simple: 55.4 % de la PEA en México trabaja en la informalidad y no hay, en el horizonte, ninguna señal de que eso cambie suficientemente rápido. Mientras los derechos laborales estén restringidos a beneficiar a menos de la mitad de la PEA, la conquista de derechos laborales será la conquista de privilegios. Apenas ahora están reconociéndose los derechos laborales de las trabajadoras remuneradas del hogar —¡así de absurdo!—, pero miles de mujeres que prestan cuidados de forma esporádica en los hogares (enfermeras o “niñeras”, por ejemplo) seguirán estando excluidas. ¿Cuántas generaciones de hijas e hijos de estas mujeres estarán condenadas a la pobreza si continuamos dando batallas gremio por gremio? ¿Qué deben hacer con su “segunda carga” las mujeres que venden gorditas y quesadillas en la calle, por ejemplo, en lo que su trabajo es reconocido como un empleo que merece derechos laborales? Es desde la necesidad de resolver la doble carga de estas mujeres desde donde debemos empezar a pensar el sistema de cuidados.
El 8 de marzo, ese día en el que todas somos una, pronto se disuelve y, como dice Serrat, “con la resaca a cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza, y el señor cura a sus misas”. Hoy, 30 de marzo, día internacional de las trabajadoras del hogar, es un llamado a que sigamos siendo una, pero seamos la menos privilegiada. Desde ahí luchemos por construir un sistema de cuidados y de protección social más justo para todas.
Cynthia L. Michel
Investigadora y analista de políticas públicas. Especialista en temas de protección social y cuidados.
1 Blofield, M. Care work and class: Domestic workers’ struggle for equal rights in Latin America, Penn State Press, 2012.
2 En México, los hogares que contratan a una persona para realizar las tareas de limpieza (y cuidados) perciben un ingreso promedio mensual de 25 000 pesos, esto significa que son sólo aquellos que forman parte del 20 % de la población que percibe ingresos más altos en el país.
3 Ver: Blofield, ob. cit, y Heymann, J., Forgotten families: Ending the growing crisis confronting children and working parents in the global economy, Oxford University Press, 2006.
4 Blofield, M., ob. cit, traducción propia.