Desde sus funciones cotidianas, los gobiernos generan una inmensa cantidad de datos: el padrón de beneficiarios de un programa social, la geolocalización de la infraestructura vial ciclista, las características de las escuelas públicas o la incidencia de un delito en una zona determinada. Cuando estos datos son puestos a disposición de la ciudadanía en formato digital, de acceso libre y sin restricciones para su reutilización, se les conoce como datos abiertos. La idea es que cualquiera pueda aprovechar este tipo de información, según sus intereses o necesidades.
En términos de apertura gubernamental, la publicación de datos abiertos contribuye a la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, y también son un insumo para fomentar la participación ciudadana, pues a través del acceso a estos datos, las personas pueden generar nuevas ideas, proyectos y servicios para atender problemas públicos y privados. Por ejemplo, un estudiante puede fortalecer su investigación de tesis, una alcaldesa recién electa puede orientar su plan municipal de desarrollo, un reportero puede hacer periodismo de investigación, o un comité vecinal puede conocer cada cuando se le da mantenimiento al parque de su colonia.
No obstante, poner a disposición de la sociedad datos en formato abierto es el eslabón más débil de la agenda de apertura gubernamental en México. Así lo demuestran los resultados más recientes de la Métrica de Gobierno Abierto: en una escala de valoración de 0 a 1, donde 1 implica que todas las oficinas de gobierno evaluadas publican al menos un conjunto de datos abiertos de calidad, mientras que 0 es indicativo de lo contrario,1 el promedio nacional para 2021 fue de 0.16, tan sólo seis centésimas por encima del valor obtenido en la edición anterior (0.10 en 2019). Otra forma de mostrar el problema es que 76.3 % de los 1365 sujetos obligados analizados en la Métrica no publican datos abiertos.
Estos hallazgos reflejan lo que también es señalado por el Barómetro Global de Datos 2022, estudio que se realiza para conocer el estado de los datos en más de 100 países. Para el caso de México, el Barómetro encontró que actualmente no hay un presupuesto asignado para actividades de datos abiertos. Esto a pesar de que la Secretaría de Función Pública lanzó en 2021 una Política de Transparencia, Gobierno Abierto y Datos Abiertos de la Administración Pública Federal 2021-2024 que los incluye explícitamente.
Estos resultados significan que a las personas les será casi imposible encontrar información en formato abierto sobre el funcionamiento de sus instituciones —ya sean del ámbito federal, estatal o municipal— y la poca que encontrarán disponible no necesariamente cumplirá con los estándares para considerarla de calidad.2 Más grave aún, los resultados de este ejercicio de medición alertan de un estancamiento en su institucionalización, aun cuando desde 2015 existe un marco normativo que mandata a todas las instituciones públicas a generar y cargar datos abiertos sobre sus atribuciones.3
Incluso así, los datos abiertos se han convertido en un tema en la agenda nacional. Recientemente, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) presentó la iniciativa Abramos México, que busca construir una política nacional en la materia.
Esta propuesta del Inai no surgió de manera espontánea, sino que se suma a toda una serie de esfuerzos previos por generar y abrir los datos públicos a la sociedad. Pero estos esfuerzos pierden prioridad o son descartados cuando hay un cambio de administración. El ejemplo más claro fue el lanzamiento en 2014 del sitio datos.gob.mx, espacio que pretendía fungir como repositorio nacional. A la fecha, aunque la plataforma presume de almacenar más de 40 000 datos de 298 instituciones públicas, la desatención que ha padecido en los últimos años es notoria. En relación a la disponibilidad de información, hay instituciones con muy pocos datos publicados (como Banobras o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con dos y un conjunto de datos cargados, respectivamente). Además, la mayoría de ellas no realiza una actualización constante de la información que ahí comparten, como la Cámara de Diputados, que incluso en su plan de apertura institucional (publicado en 2017) señala que actualizará sus datos con una frecuencia “irregular”. Los obstáculos técnicos también son frecuentes: en repetidas ocasiones el buscador no sirve o los vínculos para descargar las bases de datos están caídos.
Los portales de datos abiertos de algunos gobiernos locales presentan desafíos similares. El estado de San Luis Potosí, por ejemplo, inició en 2018 la implementación de su propia plataforma, la cual, al segundo semestre de 2021, integraba más de 329 conjuntos de datos con información de 81 dependencias estatales. En una revisión reciente a dicho portal, se encontró que el diseño había cambiado y que las bases de datos que anteriormente se encontraban ya no están disponibles. En una búsqueda realizada entre septiembre y octubre de 2021, la Fiscalía General del Estado había cargado una base con el registro de feminicidios y homicidios violentos en la entidad para cada mes de 2020. Tras la actualización de la plataforma, esa base ya no existe y ahora la Fiscalía ni siquiera figura en la lista de instituciones consultables. Algunas secretarías, como la de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, al momento sólo proporcionan su plan de apertura de datos. En el plan de esa secretaría, el único dato abierto que se ofrecerá a la ciudadanía es el de apoyos entregados en programas para beneficio del sector agropecuario para el ejercicio 2022, el cual será actualizado trimestralmente. Todo parece indicar que la información de años anteriores no estará disponible para su consulta.
Estos dos casos son muestra del mayor desafío para la apertura de datos en México: los pocos avances en la materia difícilmente son sostenibles sin la institucionalización de esta práctica. Es cierto que ha habido interés y voluntad política por impulsar la agenda de datos abiertos; sin embargo, sin procesos y mecanismos que los cimienten como un elemento sustancial de la transparencia de las instituciones públicas, las iniciativas y plataformas generadas para este fin seguirán siendo endebles y susceptibles a quedarse sin contenido actualizado y relevante para la ciudadanía.
La buena noticia es que existen experiencias locales de cómo los datos abiertos se han vuelto una práctica institucionalizada. Un ejemplo de sostenibilidad en el tiempo es el portal de datos abiertos de Jalisco, el cual está activo desde 2015. Al día de hoy, si una persona desea conocer los resultados de la evaluación Planea en 2015 o enterarse de cuáles organizaciones fueron beneficiarias del Programa Jalisco Competitivo en 2017 lo puede saber, puesto que las bases de datos siguen disponibles para su consulta y descarga. Por su parte, la Ciudad de México es pionera en la liberación de datos y mantiene su portal actualizado y en constante mejora: para la información sobre la afluencia diaria del Metro CDMX explica que, derivado de su plan de apertura de 2022, esta base de datos ahora contará con un grado mayor de “desglose y granularidad”, manteniendo su comparabilidad en el tiempo. Es necesario asegurarnos que estas buenas noticias no sólo no desaparezcan cuando llegue un nuevo gobierno, sino que se extiendan a más espacios.
México ha construido una infraestructura institucional sólida para garantizar el derecho de acceso a la información. Pero debemos reconocer que, cada vez en mayor medida, la información estará disponible en datos y no en documentos, lo que vuelve urgente asegurar su preservación y apertura. Así como no sería aceptable que un gobierno municipal o una secretaría de Estado decidiera, por el cambio de titular, tirar los archivos gubernamentales o dejar de hacer disponibles los documentos del gobierno anterior, no debería ser posible que las bases de datos y las plataformas para consultarlos cambien con cada administración o puedan, simplemente, ser desmontadas.
Consolidar la agenda de datos abiertos en México requiere verlos como un elemento fundamental del derecho de acceso a la información de la ciudadanía. Operar bajo esta lógica podría ayudar a blindar lo ya avanzado, y con ello evitar retrocesos en la materia. De volverse una práctica institucionalizada apegada a los marcos normativos nacionales e internacionales, las iniciativas de datos abiertos tendrían mayores probabilidades de sobrevivir a cambios de administración, reducciones de presupuesto, de personal, o demás eventos coyunturales que impiden a las personas tener más medios para saber, verificar o analizar lo que hacen sus gobiernos.
Guillermo M. Cejudo
Profesor investigador de la División de Administración Pública del CIDE y editor de Pacto federal
Pablo de los Cobos
Investigador asociado del CIDE
Diana Laura Ramírez
Investigadora en género, trabajo de cuidados y desarrollo sostenible. Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Mora
1 Para obtener esta calificación se evaluó la disponibilidad de datos abiertos de 1365 oficinas de gobierno y la calidad de los mismos. Más información aquí.
2 Son ocho las características previstas para considerar un dato como abierto: gratuitos, accesibles, de libre uso, legibles en máquina, integrales, primarios, oportunos y permanentes. Así lo establecen tanto parámetros internacionales, como el Anexo Técnico del G8 de 2013, como la normativa nacional, en el Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos en México de 2015.
3 Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.