México alcanzó a mediados de mayo un ominoso récord de violencia criminal: el número de personas desaparecidas en los registros oficiales ha llegado a 100 000. Esta cifra se refiere únicamente a los casos registrados en expedientes, no al número real de desaparecidos, cuya cifra negra es incalculable. Igualmente dramática es la cantidad de muertos, por ahora situada en unos 350 000. El drama social que estos datos exhiben es de dimensiones dantescas. Esta cantidad de desaparecidos es muy superior a la que todos los países del Cono Sur acumularon durante las dictaduras militares del siglo pasado. Y la paradoja cruel de la historia es que la mayor parte de los desaparecidos y muertos por razones violentas en México sufrieron este destino en plena democracia electoral y en ausencia de una guerra civil por motivos políticos o religiosos.
Sólo otro país de América Latina ha experimentado una violencia tan grave como la nuestra en tiempos recientes. Se trata de Colombia, que también registraba, en 2019, más de 100 000 personas desaparecidas y cerca de 200 000 muertos a lo largo de 50 años de una peculiar guerra civil librada en ciertas zonas rurales, y que poco tocó las grandes ciudades. México tiene casi tres veces más población que Colombia, por lo que el caso del hermano país es aún más grave que el nuestro. Pero en el caso de Colombia hubo de por medio una verdadera guerra civil política durante los años sesenta, setenta y ochenta, protagonizada por diversos grupos guerrilleros de izquierda, una serie de gobiernos democráticos (pero oligárquicos) y grupos paramilitares financiados por élites terratenientes regionales. Sin embargo, desde el inicio de esta confrontación había un elemento disruptivo para la interpretación de la violencia como consecuencia de una guerra civil política. Se trataba de la presencia de intereses criminales cada vez más centrales, insertos en el seno mismo de las guerrillas y de los grupos paramilitares como parte de su lógica de sobrevivencia económica. Simultáneamente floreció una industria criminal privada que creció enormemente en las tres últimas décadas del siglo pasado, al calor del incremento de la demanda de cocaína en Estados Unidos y Europa, y facilitada por la incapacidad del gobierno colombiano de detener sus actividades. Conocidas son las consecuencias nefastas que tuvo para Colombia el largo ciclo de empoderamiento de los cárteles de la droga y de figuras como Pablo Escobar, el mayor criminal de la historia de ese país. Así, a la guerra civil política se sumó (y se confundió con ella) una guerra civil económica, centrada en la producción y exportación de droga. Esta combinación letal explica la magnitud inconcebible de la violencia en Colombia.
A pesar de que la guerra civil política perdió centralidad en Colombia desde hace dos décadas por lo menos, y especialmente desde 2018, cuando el gobierno y las FARC, el principal grupo guerrillero, pactaron la paz, la violencia continúa y su persistencia se explica por la expansión de las actividades criminales de todos los actores, es decir, los remanentes de los propios grupos guerrilleros, más los paramilitares y las múltiples bandas criminales privadas que aún controlan buena parte del país. Los esfuerzos por construir la paz en Colombia han incluido la creación de comisiones de la verdad y el establecimiento de complejos mecanismos de justicia transicional, que han buscado cerrar el ciclo de la violencia política. Sin embargo, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado, pues no se puede construir una paz duradera y estable en medio de una guerra civil económica de la cual forman parte los grupos con los que se negocia formalmente la paz. En este conjunto hay que incluir a sectores de la policía y del ejército, que han adquirido un gigantesco poder a lo largo de esta confrontación. Los excesos execrables cometidos en esta guerra por el ejército y por las fuerzas paramilitares y guerrilleras han sido debidamente documentadas por la investigación producida por las comisiones de la verdad, con lo cual se ha avanzado sustantivamente en la comprensión de las lógicas de la guerra y en la ubicación de sus principales responsables.
De esta amarga experiencia deberíamos de sacar conclusiones apropiadas para el caso de nuestro país. México vive desde hace casi dos décadas lo que Andreas Schedler llama una guerra civil económica, es decir, una guerra que no tiene objetivos políticos, sino que gira en torno al control de territorios, mercados regionales, rutas estratégicas y fronteras, con el fin de obtener ganancias de la producción y exportación de drogas, así como de otros negocios paralelos, como la trata de personas y la explotación de migrantes. Es una guerra que enfrenta a múltiples grupos criminales con los distintos aparatos del Estado mexicano y es también una guerra entre los propios grupos criminales. Esta guerra no terminará mientras el negocio en torno al cual gira el enfrentamiento siga siendo una actividad rentable y mientras el Estado mexicano carezca de las capacidades institucionales para reprimir a los grupos delictivos e impartir justicia de una manera eficaz.
Tanto en Colombia como en México la violencia expresa tanto el poder de los intereses capitalistas centrados en la actividad criminal como la debilidad del Estado. En Colombia el caso es aún más claro, pues el Estado central ha sido históricamente débil y hasta hace muy poco tiempo había grandes porciones del territorio nacional que carecían casi por completo de la presencia de instituciones estatales. Había, pues, una enorme frontera agrícola no explotada por el capitalismo que constituía una especie de espacio vacío que poco a poco llenaron las empresas criminales. Es por ello que en Colombia los procesos de paz se articularon a proyectos de desarrollo regional y local, tratando de dar viabilidad económica a las empresas campesinas y en general a los pequeños y medianos empresarios de las zonas de frontera interna. Sin embargo, la experiencia colombiana demuestra que es muy difícil reconstruir las bases económicas de la reproducción campesina sin que las autoridades estatales asuman el control real del territorio, puesto que de otra manera los grupos criminales siguen comandando la actividad económica.
En el caso de México la situación es diferente. Hace ya un par de décadas que se han agotado las principales reservas territoriales del país, trayendo como consecuencia una devastación ecológica inimaginable. El Estado, desde los tiempos del régimen autoritario priista, desarrolló una fuerte presencia en casi todo el territorio. Lo que se observa a partir de la transición a la democracia es un retroceso de esa presencia estatal a raíz de la fragmentación del poder, inducida por la descomposición del régimen autoritario y por la competencia electoral, lo que ha permitido el empoderamiento de grupos criminales que han ido, poco a poco, controlando los gobiernos locales y las economías regionales en buena parte del país. El problema de México no es la falta de desarrollo capitalista (en todo caso urge cambiar el modelo vigente), sino de debilitamiento del poder estatal en su forma autoritaria sin que se haya construido, a lo largo de la transición, un régimen basado en un Estado de derecho. Es la ausencia de instituciones de justicia operativas lo que explica la absoluta impunidad de los criminales. A ello debemos aunar la lógica de la competencia electoral. La democracia es un régimen político basado en la incertidumbre en los resultados electorales. Para cualquier grupo o líder político la vida se juega en las elecciones, y para competir en ellas se requiere dinero, mucho dinero. Es aquí donde los grupos criminales han encontrado una veta estratégica para aumentar su poder: con dinero o con violencia (o con ambos) pueden influir decisivamente en los resultados electorales, especialmente a nivel local, y a veces estatal. Esta tendencia empezó a generalizarse en la zona del golfo de México desde principios de este siglo. Coahuila, Tamaulipas y Veracruz tuvieron gobernadores claramente vinculados a un grupo criminal, y desde muchos años antes en Sinaloa el cártel local había apoyado a los políticos de su estado. Hoy estas prácticas destructivas parecen haberse extendido a muchas otras partes del país.
Para agravar las cosas, en la última década los grupos criminales se han adaptado a la revolución del consumo de drogas, que ha puesto en lugar central a las metanfetaminas y al fentanilo. La producción de drogas requiere ahora de “cocinas” químicas que producen drogas sintéticas a partir de materias primas igualmente sintéticas, y que son fáciles de producir y transportar si se tienen los insumos necesarios y el control de las rutas y puntos de abasto y venta. En parte por ello la guerra interna entre los grupos, y entre estos y el Estado, ha conducido a la fragmentación de los negocios criminales, que ya no requieren de complejas cadenas de abastecimiento de materias primas naturales, de laboratorios intensivos en trabajo, grandes bodegas y todo tipo de vehículos para su transporte. Ahora es más fácil la entrada al negocio, pero para poder sobrevivir en medio de la batalla campal que se vive en buena parte del país, cada grupo tiene que extraer rentas de los habitantes de los territorios en que se asientan. Esto quiere decir que la guerra civil económica generalizada está cobrando cada vez un mayor costo sobre la población, en la medida en que los grupos criminales no sólo viven de la producción y exportación de droga, sino que, dado que tienen que alimentar y armar a sus ejércitos —que garantizan el control territorial y de rutas—, requieren financiarse con los recursos que le expropian a la población que tiene la mala suerte de vivir en los territorios que los criminales consideran estratégicos.
Lo más dramático de este proceso es la generalización del secuestro de jóvenes, una verdadera leva orientada a alimentar de soldados a los ejércitos criminales. Una proporción muy importante de las desapariciones forzadas tienen este origen. Además, como lo saben muy bien los hermanos colombianos, el secuestro de mujeres jóvenes está correlacionado también con este fenómeno, pues su fuerza de trabajo sirve para fines de servicio sexual y de trabajo doméstico.
La fragmentación de los grupos criminales, tanto en Colombia como en México, debería de facilitar su combate por parte de las autoridades. Los grupos criminales armados, en la mayor parte de los casos, consisten en unas decenas de hombres bien armados, pero pobremente entrenados, que son visibles y conocidos en los territorios donde operan. Si hubiera autoridades locales fuertes, dotadas de policías locales con un mínimo de profesionalización, es probable que tanto México como Colombia podrían replicar la senda que muchos países hoy desarrollados y algunos parecidos a nosotros tomaron para controlar a sus grupos criminales: combatirlos a nivel local con el apoyo de la población, y privarlos de dinero a través del control de territorio, puertos, rutas y fronteras. Pero para ello es indispensable que haya no sólo aparatos policíacos profesionales, sino un sistema de justicia funcional que realmente busque a los desaparecidos, sancione a los asesinos, expropie propiedades mal habidas y proteja a la población de las zonas en conflicto.
Y es aquí donde las limitaciones y obstáculos se vuelven comunes a los dos países: un sistema de justicia funcional requiere de muchos recursos económicos, humanos y organizacionales. Y los políticos de nuestros países no consideran redituable electoralmente tal inversión. Las víctimas de esta guerra son los más pobres entre los pobres, mayormente en áreas rurales y periféricas urbanas; son los invisibles de siempre, los que carecen de poder, los que no pueden organizarse, los que votan poco o lo hacen bajo coerción o compra clientelar. Sólo cuando las víctimas son urbanas y de clase media o alta la sociedad parece reaccionar por un corto tiempo. Por ello atacar las causas de la guerra civil económica no es una prioridad para los políticos de todos los partidos. Más aún, un sistema de justicia realmente autónomo y profesional constituye un riesgo para los propios políticos y para amplios segmentos del empresariado, acostumbrados a operar fuera de la ley, o por lo menos a torcerla o administrarla a discreción. Una justicia de verdad también pondría límites a las élites políticas y empresariales. Este es un riesgo que la clase política no quiere correr. La continuidad de la violencia y de la impunidad es, por consiguiente, un problema principalmente político.
Alberto J. Olvera
Investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, actualmente en estancia sabática en el Centro de Estudios Avanzados sobre América Latina (CALAS) de la Universidad de Guadalajara. Miembro del SNI, nivel III, y de la Academia Mexicana de Ciencias