El jueves 21 de enero, Fernando Gómez Mont, Secretario de Gobernación, y Blanca Heredia, Comisionada para el Desarrollo Político, presentaron la propuesta de reforma política elaborada por el Ejecutivo ante académicos y estudiantes de El Colegio de México. Aunque el evento se anunció como una conversación entre los estudiantes y el Secretario que sería comentada por cuatro académicos, devino en una mesa de discusión entre algunos profesores (José Luis Méndez, Carlos Alba, Laura Flammand, Reynaldo Ortega, Soledad Loaeza, Jean Francois Prud’homme, José Luis Reyna, Ulises Beltrán, Fernando Escalante, Irina Alberro, entre otros) y Fernando Gómez Mont, con intervenciones esporádicas de Blanca Heredia.
Al iniciar la reunión, Javier Garciadiego, Presidente de El Colegio de México, dio la palabra al Secretario de Gobernación quien, en menos de quince minutos, expuso brevemente un esquema de la iniciativa propuesta a partir de dos ejes: el primer eje, dijo, tiene como finalidad aumentar la participación del ciudadano y su capacidad para castigar y premiar a los políticos (en este eje se inscriben las propuestas de reelección consecutiva, candidaturas independientes, segunda vuelta electoral e iniciativa ciudadana); el segundo busca evitar la parálisis política que estanca la toma de decisiones (disminución del número de legisladores, aumento del umbral para el registro de partidos, etc.). Este segundo eje, según mencionó, es por el que se ha dicho que esta propuesta busca el «fortalecimiento del Ejecutivo», pero, antes de que le hicieran ese mismo reproche en este foro, Gómez Mont dijo que la reforma es el antídoto para esa parálisis operativa al permitir al Presidente, por ejemplo, presentar iniciativas preferentes para que sea él quien asuma sus costos políticos y, de esta manera, las iniciativas sí avancen.
Se suponía que después de la participación del Secretario habría comentarios de Irina Alberro, Fernando Escalante, Soledad Loaeza y Jean Francois Prud’homme, sin embargo, Garciadiego abrió la mesa a cualquier profesor que quisiera participar, por lo que al final participaron diez especialistas con intervenciones de aproximadamente cinco minutos cada uno. Con las participaciones fue evidente que, por un lado, hay cosas que no se pensaron a fondo en esta propuesta (como qué sucedería con el fuero en caso de reelección, que preguntó Irina Alberro) y, por otro, que la reforma dejó fuera temas más difíciles de tratar y que complicarían su aprobación como la reelección continua no sólo de legisladores y alcaldes, sino de gobernadores. Parece, según las respuestas de Gómez Mont, que la reforma llega a temas en los que existe un diagnóstico compartido entre la clase política sobre las propuestas sin, necesariamente, intentar reformar lo más urgente como mecanismos de rendición de cuentas o una nueva ley de acceso a medios. Además, la mayoría de los ponentes coincidieron en que dar facultades para enviar iniciativas a la Suprema Corte de Justicia generará conflicto de interés a la hora de determinar la constitucionalidad de las leyes que ellos mismos propusieron y esta facultad atropella la división de poderes.
La primera crítica vino de Reynaldo Ortega, profesor investigador de El Colegio, quien, luego de hacer cálculos a vuelo de pájaro con los resultados de las elecciones en 2006, llegó a la conclusión de que si con esos números se aplica la reforma propuesta, se sobre-representaría hasta en un 10% a las dos primeras fuerzas políticas, mientras que se sub-representaría hasta en un 7% de la tercera fuerza hacia abajo. Esta distorsión haría que, en lugar incluir más jugadores como usualmente sucede con las reformas electorales, se excluyera sistemáticamente a la tercera fuerza en adelante. Gómez Mont respondió que el objetivo no es dejar a nadie fuera, sino dar más poder al ciudadano, que la inclusión queda garantizada con el sistema mixto que no se modificará y, sin que nadie hiciera referencia a ningún grupo en particular, el Secretario se apuró en anotar que «cualquier sistema que pretenda excluir, sobre todo a la izquierda, va contra la estabilidad».
En la mayoría de sus respuestas, Gómez Mont enfatizó que la reforma política propuesta tiene como objetivo aumentar la gobernabilidad y empoderar al ciudadano -aunque nunca explicó a fondo cómo se alcanzaría este empoderamiento. En el mismo sentido, Alberto Aziz cuestionó la falta de revocación de mandato en la propuesta del Ejecutivo, a lo que Gómez Mont contestó que «generaría ingobernabilidad» y disminuiría la eficacia de los funcionarios cuando ya hubieran sido electos. Otros más, como Fernando Escalante, manifestaron su escepticismo frente a la reelección continua de legisladores y presidentes municipales, pues, desde su perspectiva esto fragmentará el Congreso y hará que los legisladores sean responsables sólo ante sus electores y pierdan la visión nacional.
Otra de las grandes críticas fue de Silvia Gómez Tagle. Gómez Tagle dijo que la reforma propuesta provocaría, inevitablemente, bipartidismo sin que eso sea necesariamente bueno para México. De nuevo, el Secretario respondió con etiquetas y dijo que un sistema bipartidista que excluya a la izquierda no funcionaría. Hay que notar que, por segunda vez, fue él quien hizo referencia a la izquierda. Blanca Heredia también respondió a Gómez Tagle; para Heredia la reforma responde a la necesidad de recuperar la capacidad para formar mayorías, pues durante la transición se intentó, para desmantelar el poder hegemónico de un solo partido, hacer muy difícil su construcción.
En suma, durante esta «conversación» en El Colegio de México, el Secretario de Gobernación defendió la reforma política propuesta por el Ejecutivo como un mecanismo para aumentar la gobernabilidad, disminuir el déficit de representatividad e incrementar los espacios ciudadanos, pero también reconoció que existen muchas limitaciones y que con esta propuesta, en palabras de Gómez Mont, se busca «provocar en los políticos lo mejor de sí para alcanzar consensos constitucionales».
Mariana Becerril Chávez. Politóloga.