Más allá de abrazos y balazos:
violencia, marginalidad y uso de la fuerza

La política de seguridad del gobierno de Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) conocida como “Abrazos, no Balazos” se ofreció como una alternativa a la implementada en las dos administraciones anteriores durante las cuales se dispararon los niveles de criminalidad. En el diagnóstico de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se plantea que en la violencia e inseguridad que padece el país “confluyen factores diversos, empezando por los de índole económica y social como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo”.¹ La estrategia plantea atacar la “raíz del problema” y, además, disminuir la confrontación violenta con los grupos criminales. El planteamiento es simple: al apoyar los ingresos de las familias pobres, los jóvenes preferirían estudiar o trabajar, y no tendrían incentivos para contratarse con los grupos criminales. Así, los programas contemplados en la estrategia “atacarán las causas profundas del auge delictivo y reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad”.² Bajo esta premisa, el gobierno de AMLO ha aumentado apoyos a los ingresos familiares de forma muy significativa, pasando de 4.4% del Presupuesto de Egresos de la Federación³ en el primer año de gobierno a 7.5% en 2022. Abordaremos el diseño y la implementación de estos programas en otro momento. Por ahora nos enfocamos en explorar si existe evidencia empírica entre pobreza e incidencia del crimen organizado.

La evidencia no apoya la relación entre pobreza y criminalidad a nivel internacional

La Gráfica 1 muestra los datos de un conjunto de 99 países para los que se tiene información reciente⁴ tanto de las tasas de homicidio intencional, como del porcentaje de la población pobre.⁵ Como se puede ver, la correlacion entre la tasa de homicidios y los niveles de pobreza es de sólo 23%. Si bien el coeficiente de la regresión lineal es significativo estadísticamente, tiene un valor muy pequeño lo que indica una casi inexistente relacion entre estas variables. La evidencia empírica no apoya la relación entre pobreza y criminalidad asumida por el gobierno. Este es el caso tanto a nivel internacional como dentro de México.

Gráfica 1. Homicidios y pobreza, 2020

La probreza y marginalidad tampoco explican la violencia en México

La Tabla 1 muestra la relación entre la tasa de homicidios y un conjunto de indicadores de pobreza para los 32 estados de la República en 2020, así como las correlaciones entre estas variables. Una revisión somera de la tabla desecha la idea de que existe una relación entre los indicadores de pobreza y el número de homicidios intencionales. Por ejemplo, Colima y Chihuahua son los dos estados con mayor número de homicidios, pero más de la mitad de los estados muestran indicadores de pobreza mayores que ellos. En particular, Colima y Chihuahua son de los estados con menor población en pobreza o empleada en el sector informal. En el extremo opuesto del espectro, Chiapas ocupa el primer lugar en tres de los cinco indicadores de pobreza, y tiene una tasa de homicidios de la tercera parte de Chihuahua y Colima. Sólo seis estados tienen menos homicidios que Chiapas. Un caso parecido es el de Oaxaca que está en las primeras posiciones en cuatro indicadores de pobreza y está a la mitad de la tabla en lo que respecta a homicidios.

Tabla 1. Relación entre tasa de homicidios y diferentes indicadores de pobreza en 2020

En todos los casos, los coeficientes de correlación son relativamente pequeños y ninguno es estadísticamente significativo.

En suma, ni la pobreza, ni las condiciones de empleo, ni la educación de los individuos parecen estar originando la violencia que padecen regiones del país asociada a las actividades del crimen organizado. Si no son los indicadores de bienestar del individuo los que explican la criminalidad, vale la pena explorar las diferencias en los tipos de delitos para ver si tienen algo que ver con el patrón de distribución territorial de la violencia.

Gráfica 2. Distribución territorial del número de Delitos del Fuero Federal en 2022

Fuente: Elaboración propia con datos del SESNSP

Sin haber una correspondencia exacta con la distribución espacial de los crímenes contra la salud, es claro que en los territorios de gran presencia de los cárteles es donde se cometen la mayor cantidad de violaciones a la Ley de Armas de Fuego. La correlación entre estas dos variables, por estado, es muy alta, de alrededor de 72%. Este es un factor que explica la relación entre criminalidad y violencia.

La distribución espacial de los delitos a la Ley de Migración es la que cabría esperar. Este tipo de delitos se cometen mayoritariamente en los estados fronterizos, tanto del norte como del sur, pero sobre todo en los estados por los que pasan las rutas de migrantes en tránsito hacia los Estados Unidos (Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz y Puebla).

Por último, la distribución espacial de los delitos en materia de hidrocarburos, principalmente la extracción de hidrocarburos de ductos o huachicol, también es la esperada. Este tipo de delitos se concentran en los estados por donde pasan los ductos de Pemex, entre los campos productores y las refinerías o centros de consumo.

El conjunto de mapas de la Gráfica 2 muestran que la criminalidad que puede ser imputada al crimen organizado se concentra en dos zonas: los estados fronterizos que en promedio son más ricos que el resto del país y los estados ricos del centro (Jalisco, Guanajuato, Estado de México, CDMX, Puebla y Veracruz). Cabe notar que los estados con mayor número de delitos que pudieran atribuirse al crimen organizado no necesariamente coinciden con los que tienen tasas de homicidio más elevadas. Lo anterior también apunta a que la criminalidad y la violencia no están asociadas con la pobreza, sino que, como era de esperarse, ocurren en las zonas en las que se desarrollan las actividades ilícitas.

Despliegue de abrazos

A pesar de la desconexión patente entre la pobreza y la criminalidad, como se mencionó, los recursos asignados a los distintos programas de apoyo económico a las familias se han duplicado en el gobierno de AMLO.

Tabla 2. Presupuesto aprobado para programas de “Bienestar”

Fuente: Cuenta Pública, varios años.

Recientemente se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) para el año 2022. Ha habido un buen número de comentarios sobre el papel de estos programas sociales para reducir la desigualdad y si tienen, o no, un carácter regresivo. Independientemente de lo anterior, para los propósitos de estas páginas, debe considerarse que los programas sociales compiten por los limitados recursos públicos con otros usos posibles tal vez más efectivos para combatir el crimen. En particular, en lo que sigue se presentan los recursos asignados a tareas de seguridad.

¿Qué hay de los balazos?

Hasta este punto en la discusión nos hemos concentrado en la justificación para dar “abrazos” de la estrategia anticrimen del gobierno de AMLO; es decir, en la relación entre pobreza y marginalidad, con la incidencia del crimen organizado. Ahora es momento de explorar si en efecto los “balazos” han visto una disminución como lo promete el gobierno. Una primera aproximación es observar la evolución del gasto en las entidades gubernamentales que están a cargo de la impartición de justicia por medio de las fuerzas del orden.⁶  La Gráfica 3 muestra la evolución del presupuesto de las entidades federales a cargo de la seguridad y la procuración de justicia, en pesos constantes de 2006.

Gráfica 3. Evolución del Presupuesto en actividades de seguridad

Como se puede observar, el presupuesto ejercido en temas de seguridad durante el gobierno de AMLO es equivalente en términos reales al de EPN, pero 30 % superior al de FCH, quien inició la llamada “guerra contra las drogas”. En particular los aumentos a las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) son significativos lo que indica que, contrario a la retórica, los balazos no han disminuido durante la administración de AMLO, por lo menos en lo que toca a los recursos asignados para ello.

En términos de los enfrentamientos del Ejército con civiles, en los primeros cuatro años del gobierno de AMLO se redujeron significativamente respecto a los observados con FCH y ligeramente respecto de EPN (250, 468 y 281 enfrentamientos por año, respectivamente), pero son mayores que los de los últimos cuatro años del sexenio de EPN (233 enfrentamientos por año). Con este indicador, AMLO ha aumentado los balazos respecto de los niveles mínimos alcanzados por su antecesor.

Ahora bien, considerando la letalidad de los enfrentamientos en los que ha participado el Ejército, el promedio anual de agresores civiles abatidos por cada soldado caído en acción es significativamente más elevado en el sexenio de AMLO que en los dos anteriores. Si bien esto puede ser considerado un indicador de “eficiencia” de la intervención del Ejército, también es una muestra de que no solo han aumentado los balazos, sino que estos son cada vez más letales.

Tabla 3. Indicadores de desempeño del ejército en actividades de seguridad pública. Promedios anuales.

Fuente: Elaboración propia con datos del Programa de Seguridad Ciudadana, Universidad Iberoamericana CDMX

Por último, una pieza clave de la estrategia de seguridad de AMLO es la creación de la Guardia Nacional. El número de efectivos de esta corporación, en principio civil, pero subordinada a un mando militar, era de más de 100 000 efectivos al cierre de 2022. Si bien no existe información que permita evaluar la violencia o letalidad de las intervenciones de la Guardia Nacional, el despliegue de su fuerza no parece congruente con una estrategia de no dar balazos.

Efectividad de la estrategia de abrazos, no balazos

De lo presentado en las secciones precedentes, el gobierno de AMLO ha asignado una cantidad significativa de recursos, tanto físicos como financieros, para instrumentar su estrategia de seguridad. No obstante, la incidencia delictiva no ha cedido de manera significativa. El indicador más revelador es el número de víctimas de homicidio doloso cuya evolución se muestra en la Gráfica 4. A pesar de los cuantiosos apoyos a los ingresos de las familias, y de los mayores recursos asignados a actividades de seguridad pública, los niveles de criminalidad siguen siendo muy elevados.

Gráfica 4. Número de homicidios por 100 000 habitantes

Es cierto que ha habido una ligera disminución respecto del valor máximo observado durante el primer año del sexenio de AMLO, pero el costo en términos de recursos ha sido enorme. De no cambiar la estrategia, reducir la criminalidad a niveles observados en los países con índices bajos de criminalidad requeriría recursos que el Estado mexicano no dispone, ni podría conseguir.

Los “abrazos” de AMLO bien pueden afectar las preferencias del voto, o reducir la desigualdad económica, pero como medidas contra el crimen son muy poco eficientes ya que están sustentados en una premisa falsa. La evidencia empírica indica claramente que la pobreza no es la causa de la violencia causada por el crimen organizado.

Por su parte, y contrariamente a la retórica oficial, los “balazos” no han disminuido y mantenerlos tampoco ha traído los resultados esperados. Al parecer, insistir en una vía militarizada en vez de reforzar las capacidades de las policías civiles locales no es la estrategia adecuada para combatir la criminalidad que enfrenta el país.

Conclusiones

A cinco años de la implementación de la estrategia anticrimen de AMLO, los resultados arrojan un balance negativo:

• Tanto la evidencia internacional como la nacional no permiten encontrar correlaciones significativas entre criminalidad y pobreza. Ni los países más pobres son los más violentos, ni al interior de los países las regiones más pobres tienen mayores niveles de violencia. Lo anterior levanta sospechas de que un aspecto central de la estrategia de seguridad (abrazos) tiene motivaciones distintas al combate al crimen.
• La distribución regional de la violencia en México no se relaciona con la pobreza, sino con la proximidad de los negocios del crimen organizado.
• El gasto en “balazos” ha aumentado de manera importante con la institucionalización del Ejército en una misión de combate al crimen organizado y la creación de la Guardia Nacional con el mismo propósito.
• La estrategia anticrimen de AMLO no es viable en su forma actual. Los programas de apoyo económico no han dado resultados significativos y utilizan valiosos recursos escasos; los balazos tampoco han disminuido, a pesar de la retórica oficial sin éxitos importantes en la reducción de la violencia y la criminalidad.

En suma, el próximo gobierno debe plantear una estrategia de seguridad distinta, que no esté fundada en preconcepciones de lo que es y da origen a la criminalidad, ni en la sobrestimación de la capacidad del Estado para atacar la violencia. sino en un análisis cuidadoso de las motivaciones e incentivos de los participantes en las actividades criminales. Como exploraremos en una contribución próxima, una estrategia anticrimen efectiva tiene que basarse en la alteración de los costos y beneficios económicos que tanto el individuo como la empresa criminal confrontan en su decisión de pertenecer o no al crimen organizado.

Alejandro García Kobeh
Economista por la UAM-Iztapalapa

Jorge O. Mariscal
Profesor adjunto de la Escuela de Asuntos Públicos Internacionales (SIPA) de Columbia University en Nueva York.

¹ Estrategia Nacional de Seguridad Pública para el periodo 2018-2024, p.6

² Ibid. p.17

³ Excluyendo a las empresas públicas controladas presupuestalmente (Pemex, CFE) y a las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE)

⁴ La muestra de países corresponde a aquellos que tienen datos posteriores a 2015 y para los cuales las diferencias en las fechas de reporte de los indicadores no son mayores a cinco años. Con estos criterios, se consideran los datos más recientes de cada país.

⁵ Se considera población pobre a la que vive con menos de 6.85 dólares diarios (2017 PPP)

⁶ Los datos presupuestales mencionados en esta sección excluyen los gastos en apoyos administrativos de los ramos, así como actividades no relacionadas directamente con la seguridad. Por ejemplo, lo presupuestado para justicia militar, escuelas militares y navales, esquemas de salud específicos para soldados y marinos, las funciones de control político de la Secretaría de Gobernación, y funciones civiles asignadas por AMLO de “aeropuertos y puertos eficientes y seguros” a las Secretarías de la Defensa y de Marina respectivamente.