Más allá del otro lado: la ciudad maquiladora

Esta es la segunda entrega de una serie de tres ensayos sobre Tijuana. La primera parte, “La ciudad pecadora”, puede leerse aquí.

A eso de las seis de la mañana, los camiones desbordan las principales calles de la ciudad. Hombres y mujeres en edad productiva salen de las periferias, uniformados con chalecos azules y pantalones de mezclilla desgastados. En sus gafetes se alcanza a leer el nombre de la fábrica donde cumplen jornadas diarias de diez horas o más. Para gustos, colores, pues los operadores de producción pueden trabajar en tipos de maquila de lo más dispar, desde producción textil hasta sectores más sofisticados como producción de dispositivos médicos o componentes para manufactura aeroespacial. Amanece en Tijuana y el horizonte luce gris, y estéril, con algunos árboles secos que sobreviven como mero elemento decorativo entre las avenidas cuarteadas. Aquí, como en muchas ciudades fronterizas, parque no es sinónimo de área verde, sino de zonas industriales donde se ubican las maquiladoras. Los habitantes de Tijuana pasan gran parte de sus vidas en estas fábricas. Alrededor del 21 % de la población económicamente activa de la ciudad trabaja en una maquila; es decir, uno de cada cinco tijuanenses pasa su vida adulta realizando procesos industriales básicos y repetitivos de producción y ensamblaje. Con 250 000 personas empleadas en el sector maquilador, sólo Ciudad Juárez (280 000 personas ocupadas) rebasa a Tijuana en cuanto a la dependencia económica de este tipo de industria.

Además de consumir gran parte de los recursos y del capital humano de la localidad, las plantas maquiladoras se extienden y dominan la superficie de Tijuana, ciudad con escasas posibilidades de expansión urbana debido a su topografía accidentada. Al requerir terrenos amplios para la construcción de las plantas industriales y demandar el uso intensivo de agua y electricidad, las maquiladoras limitan el desarrollo de nuevos parques y proyectos de vivienda asequible. “Tijuana tiene la mancha urbana más extensa de todo el estado y es el municipio más poblado de todo el país, pero apenas cuenta con un metro cuadrado de área verde por habitante”. Al hacer cuentas básicas, habría 1.9 millones de metros cuadrados en áreas verdes contra los 9.2 millones de metros cuadrados de los 33 parques industriales registrados en Tijuana. Ante la falta de áreas verdes, espacios públicos y centros culturales, los distintos niveles de gobierno han sacrificado las necesidades de los tijuanenses y de la mayoría de las poblaciones fronterizas en favor de los intereses económicos de la industria maquiladora. Para 2024, se espera la construcción de 500 000 metros cuadrados de nuevas plantas industriales en Tijuana para satisfacer la demanda del nearshoring: la relocalización de inversiones estadunidenses a México por motivos geopolíticos y de seguridad internacional.

Pero cabe preguntarse si Tijuana siempre ha sido así. Si la expansión maquiladora es un cáncer urbano y medioambiental al que las ciudades fronterizas se han acostumbrado por supervivencia económica. Para ello hay que entender cómo surgieron las maquilas y por qué las autoridades y actores económicos decidieron promover condiciones laborales que rayan en la semiesclavitud. ¿Hay alternativa al horizonte gris de las maquilas o el nearshoring nos condenará a otras tres décadas de boom maquilador sin mejoras sustanciales en salarios, como antes lo hizo el TLCAN?

Las maquilas como proyecto económico transformaron Tijuana y las demás ciudades fronterizas al convertirlas en sitios de oportunidades y bonanza, pero a costa de varias cosas: salud pública, protección de los derechos laborales y cuidado del medio ambiente. Víctima de su propio éxito, la industria maquiladora sigue una lógica autofágica que necesita una cantidad monumental de personas, recursos y tierra para producir barato, exportar a Estados Unidos y ahorrar costos en las cadenas globales de valor, a expensas de los habitantes de la Frontera Norte y de sus vidas. Los trabajadores de maquila dedican la mayor parte de su tiempo a tareas monótonas y jornadas exhaustivas por remuneraciones de subsistencia. Este modelo resulta en la ausencia de lazos comunitarios sólidos, poblaciones apolíticas, desinteresadas en participar en la vida pública para defender sus intereses comunes y en la perpetuación intergeneracional de condiciones laborales subóptimas. La leyenda negra de la revolución industrial como proceso alienador de los individuos perdura con fuerza, trasladándose de la Manchester del siglo XIX a la Tijuana del siglo XXI. No es de extrañar que Baja California sea la entidad federativa y que el Norte sea la región de México con la menor participación ciudadana en los últimos procesos electorales de 2024.

Tijuana y la Frontera Norte no siempre fueron conocidas como tierra de maquiladoras. Hasta los años sesenta, la ciudad era vista como mero centro de recreación para turistas en busca de alcohol barato y diversión. Tijuana, designada zona franca desde la década de 1930, mantuvo sin grandes cambios su carácter de enclave económico desconectado del resto del país. El Estado mexicano no poseía la capacidad de vincular la región fronteriza con los mercados nacionales, además de que los actores económicos locales dependían casi exclusivamente de los consumidores estadunidenses y de la importación libre de bienes de consumo extranjeros. El grado de separación de la zona fronteriza con el resto del país era tal que la moneda de uso corriente en Tijuana fue el dólar. Esto sucedió hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando las autoridades implementaron el uso obligatorio del peso mexicano. Todavía hoy los locales continúan usando el dólar para el pago de rentas y servicios, reflejo de la influencia dominante de la economía estadunidense en la región.

A mediados de los años sesenta ocurre el punto de quiebre que transformó el espacio y la imagen de la Frontera Norte. En 1964, el gobierno de Estados Unidos puso fin al Programa Bracero —el acuerdo binacional que desde 1942 había permitido el empleo de trabajadores mexicanos en el sector agropecuario estadunidense. La abrupta finalización de este programa provocó la afluencia masiva de aproximadamente 200 000 trabajadores desempleados hacia los municipios fronterizos. Esta decisión unilateral por parte de Estados Unidos obligó a las autoridades mexicanas a enfrentar tres crisis. Primero, la crisis social: la cancelación del flujo constante de oportunidades laborales e ingresos para casi medio millón de trabajadores mexicanos deterioró gravemente las condiciones de vida de cientos de miles de familias que dependían del Programa Bracero. Segundo, la crisis migratoria: la ausencia de nuevos acuerdos bilaterales para regular los flujos migratorios dificultó la posibilidad de migrar legalmente. Tercero, la crisis económica: las ciudades fronterizas, que habían sido puntos clave de tránsito y encuentro para los trabajadores bajo el Programa Bracero, debían ahora hacer frente a la desaceleración económica tras el fin del acuerdo, además del aumento en la población flotante.

En los sesenta, el desempleo se convirtió en el principal problema de la región; en respuesta, el gobierno federal mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza (PIF) en 1965, cuyo objetivo central era atraer inversiones estadunidenses para establecer las primeras plantas maquiladoras de ensamblaje, con el propósito de mitigar el impacto de la crisis y revitalizar la economía de la región. Carlos Antonio Castro señala que:

El principal atractivo para la instalación de maquiladoras [en México] siempre han sido los bajos salarios. Mientras el salario mínimo en 1973 en la zona fronteriza fluctuaba entre 0.35 y 0.65 dólares por hora, en Estados Unidos era de 2.61 dólares. Atractivos adicionales eran en 1965 los siguientes hechos: se trataba de trabajadores no sindicalizados y la proximidad de las plantas de ensamblaje con las matrices de Estados Unidos.

Las maquilas son un tipo de industria que explota la ventaja comparativa de países en desarrollo en términos de salarios más bajos y códigos laborales flexibles. En términos simples, las maquilas aprovechan un modelo de producción en el que las empresas producen y crean piezas específicas, o importan materiales y componentes para ensamblarlos en un país donde la mano de obra es más barata, para posteriormente exportar los productos terminados a otros países. Este tipo de industria tiene como principales características una alta especialización de sus actividades, bajo valor agregado en su producción e integración a cadenas globales de valor. El fin último es aprovechar la liberalización y apertura comercial de otros países para lograr mayor eficiencia económica: producir más con menos costos.

En las décadas siguientes, con la crisis de la deuda de 1982, las subsecuentes devaluaciones del peso mexicano y la ratificación del TLCAN, Tijuana y otras ciudades fronterizas se consolidaron como centros neurálgicos de la industria maquiladora. La adopción de este nuevo modelo económico, basado en las maquilas, contaba no sólo con el respaldo del gobierno federal, que buscaba mitigar el desempleo en la región, sino también con el apoyo de inversionistas estadunidenses, interesados en aprovechar la proximidad geográfica y los bajos costos laborales.

Las élites locales también aprobaron y promovieron la transformación económica de la ciudad. A mediados del siglo XX, las autoridades municipales y las asociaciones empresariales de Tijuana observaban con preocupación que la principal actividad económica de la ciudad girara en torno a bares, prostíbulos y casinos. Las élites tijuanenses —de marcada orientación conservadora y católica— vieron en la promoción de la industria maquiladora una oportunidad para “limpiar” la imagen negativa de la ciudad como centro de perdición moral y, al mismo tiempo, “salvar” a sus habitantes de seguir dedicándose a actividades consideradas como indebidas. La industria maquiladora se presentaba como un modelo económico que ofrecía el ideal ascético y reformador al que aspiraban estas élites locales. En lugar de trabajar en casinos y bares, los trabajadores ahora podrían agotar su energía en labores exhaustivas, ser productivos y servir a los intereses del gobierno mexicano, inversionistas extranjeros y empresarios locales. Sobre el papel, el proyecto parecía atractivo, ya que el fin último era transformar la miseria y el desgaste moral del espacio fronterizo en ciudades ordenadas y modernas, habitadas por ciudadanos responsables, disciplinados y productivos.

Aunque el proyecto maquilador fue concebido por las autoridades federales y las élites locales para resolver principalmente la crisis de desempleo tras el fin del Programa Bracero, uno de los efectos inesperados fue la contratación de una nueva fuerza laboral: “mujeres solteras, de entre 16 y 24 años, con sólo educación primaria”. Norma Iglesias realizó uno de los trabajos etnográficos más interesantes del espacio fronterizo en La flor más bella de la maquiladora donde analiza, en pleno auge maquilador de los años ochenta, las condiciones laborales, aspiraciones e inquietudes de las mujeres empleadas en las maquilas de Tijuana. Según Iglesias, 80 % de la fuerza laboral de las maquilas en la década de 1980 estaba compuesta por mujeres. Este fenómeno transformó las estructuras económicas y socioculturales de las ciudades fronterizas, ya que los ingresos de las operadoras comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante en la economía de las familias. Iglesias señala que “las empresas se beneficiaban económicamente al emplear a estas jóvenes, cuya docilidad, disciplina y buena salud prometían un aumento en la productividad”.

Las entrevistas de Norma Iglesias contienen testimonios directos de estas mujeres en la maquila a fines del siglo pasado. De entre las varias entrevistadas, Angela, una trabajadora con varios años de experiencia, resume la percepción generalizada sobre la preferencia por mujeres jóvenes: “Nosotras somos más responsables, por eso nos prefieren, porque hacemos el trabajo rápido y sin quejarnos, pero es un trabajo tedioso y monótono, que agota el cuerpo y el espíritu”. Este testimonio no es único. Elena, otra operaria, comparte con frustración cómo las empresas buscan a “chicas jóvenes y bonitas”, y señala que “cuando cumplimos veinte, empiezan a buscar formas de despedirnos”. María Cristina, quien empezó a trabajar a los dieciséis años, refleja la realidad de muchas jóvenes que, ante la falta de alternativas, aceptan las precarias condiciones laborales: “Las maquiladoras nos han dado trabajo a muchas de nosotras que lo necesitábamos, y si no fuera por este tipo de negocios, no sé qué haríamos para ganarnos la vida”. Estos relatos ponen en evidencia un patrón de explotación en el que la vulnerabilidad de estas mujeres fue aprovechada para mantener una alta productividad a bajo costo, hecho que perpetuó el ciclo de desigualdad y sacrificio que define hasta la actualidad el entorno laboral de las ciudades maquiladoras para sus millones de empleados.

En 1994, cuando el TLCAN entró en vigor, las maquilas debieron ajustarse a estándares internacionales mínimos en materia de legislación ambiental y laboral. Un ejemplo notable de las mejoras promovidas por la integración comercial de América del Norte fue el aumento del 35 % en el procesamiento adecuado de desperdicios peligrosos en la industria maquiladora entre 1996 y 1999. El progreso en las prácticas ambientales en la maquila es sólo uno de los múltiples ejemplos de cómo los tratados de libre comercio pueden influir positivamente en la conducta y expectativas de los actores económicos. Sin embargo, la otra cara de la moneda muestra que estos mismos actores, en su afán por mantener su ventaja comparativa y beneficios, pueden encontrar maneras de evadir las obligaciones impuestas por acuerdos como el TLCAN y, más recientemente, el T-MEC. Este fenómeno es evidente en el ámbito laboral, pues a pesar del incremento significativo en la productividad de las últimas tres décadas, los salarios del sector maquilador han permanecido estancados. Jorge Carrillo y Humberto García han descrito este fenómeno como “dumping social”, que consiste en el aumento de la productividad sin el correspondiente incremento en los ingresos de los trabajadores. En más de dos décadas que el TLCAN permaneció vigente, la productividad en el sector manufacturero aumentó 45 %, pero los salarios sólo crecieron 10 % en términos reales. El estancamiento de los salarios está directamente relacionado con la ausencia de democracia sindical en la industria maquiladora, por lo que este modelo ha perpetuado el uso intensivo de mano de obra no calificada como base para seguir impulsando el crecimiento de las exportaciones.

Dado que la generación masiva de empleo formal es el principal beneficio de la industria maquiladora en la región fronteriza, surge la pregunta: ¿por qué sería deseable cambiar esta situación? ¿Qué tipo de transformación económica debería experimentar Tijuana y la Frontera Norte? En 1981, el PIB per cápita de Estados Unidos era 3.1 veces mayor que el de México; en 2024, esa diferencia se ha casi duplicado, y el PIB per cápita estadunidense es ahora 5.5 veces mayor que el de México. A pesar de las reformas de liberalización económica y apertura comercial que prometían mayor crecimiento y desarrollo, México no ha logrado escapar de la trampa de los ingresos medios, lo que ha ampliado las desigualdades entre ambos lados de la frontera. Una frontera más desigual dificulta la interacción e integración de las comunidades binacionales a ambos lados del muro.

Sin embargo, las presiones de Estados Unidos y las nuevas disposiciones del T-MEC para mejorar las condiciones laborales en México abren una nueva oportunidad para Tijuana y las demás ciudades fronterizas donde se concentra la industria maquiladora. La demanda de mayores salarios y la llegada de inversiones por el nearshoring podrían elevar el grado de sofisticación de los procesos productivos en las maquilas, lo que permitiría ofrecer mejores condiciones laborales a los empleados. Para romper el ciclo intergeneracional de bajos salarios impuesto por la lógica maquiladora, es imprescindible que las autoridades promuevan mayor vinculación educativa con la industria e inviertan en las instituciones de educación media superior y terciaria, sobre todo en las escuelas técnicas y en las universidades especializadas en las disciplinas que la industria demanda. Países como Corea del Sur y Taiwán han aplicado estrategias de industrialización similares y han logrado escapar de la trampa de los ingresos medios. El objetivo compartido entre autoridades, sociedad civil y empresarios debería ser facilitar las posibilidades de movilidad social ascendente y garantizar que las próximas generaciones puedan acceder a los puestos cualificados que la industria comenzará a requerir. Sin adecuada vinculación y mayor inversión en educación, es improbable que las cosas cambien en el futuro cercano aun con la promesa del nearshoring. Este escenario llevaría a seguir desperdiciando la oportunidad de aprovechar el potencial del capital humano y la capacidad productiva de la industria maquiladora en la Frontera Norte, para mejorar significativamente la calidad de vida de sus habitantes.

La industria maquiladora ha sido motor crucial para el desarrollo económico de Tijuana y otras ciudades de la Frontera Norte, al proporcionar empleos y atraer inversiones que, en teoría, deberían haber impulsado el bienestar regional. Sin embargo, este crecimiento ha ocurrido a menudo favoreciendo la explotación laboral, degradación ambiental y perpetuación de un modelo económico. A pesar de que la maquila ha ofrecido una solución económica ante diversas crisis regionales, lo ha hecho sin atender adecuadamente las necesidades humanas y sociales de su fuerza laboral. La ausencia de democracia sindical, los salarios estancados y la dependencia de mano de obra no calificada han consolidado un ciclo de desigualdad difícil de romper.

El contexto actual de nearshoring y las nuevas disposiciones del T-MEC presentan una oportunidad única para transformar este modelo. Al elevar salarios, mejorar condiciones laborales y tecnificar procesos productivos, las ciudades maquiladoras pueden ofrecer finalmente una ruta alterna hacia la movilidad social y la prosperidad compartida. Para lograr esta transformación, resulta esencial que las autoridades y los actores económicos inviertan en educación y formación técnica, con el fin de alinear las capacidades de la población con las necesidades emergentes de la industria. Así, Tijuana y la Frontera Norte podrán superar su pasado de explotación y convertirse en verdaderos espacios catalizadores de desarrollo inclusivo y sostenible, para ofrecer un horizonte más prometedor a sus habitantes y a las próximas generaciones.

Roberto Hernández
Internacionalista por El Colegio de México