Más preguntas que respuestas: homicidios y muertes por otras causas en CDMX

El pasado 7 de noviembre, Vanessa Romero y Carlos Pérez Ricart publicaron un texto en el que pretenden “refutar” la “sugerencia” que “algunos periodistas y analistas” han elaborado sobre la posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad de México “oculta” o “maquilla” las cifras de homicidios. Esta “sugerencia” resulta de un hecho innegable: a partir del primer año de gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México los números de homicidios han disminuido mientras que, de forma paralela, el número de muertes registradas por “otras causas” ha incrementado.¹ La siguiente gráfica muestra esta tendencia:²

Romero y Pérez Ricart argumentan que “en definitiva: no hay pruebas de que el gobierno de la CDMX reduzca artificialmente las cifras de homicidios”. Su conclusión se basa en dos hipótesis:

• Hay un “teléfono descompuesto” entre la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad (FGJ) y el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), que impide adjudicar alguna categoría de registro a muertes ocurridas. Siguiendo esta hipótesis, la Sedesa no establece la causa de defunción sino hasta que la FGJ la determina tras investigar. Sería entonces la FGJ quien, posterior a investigar y en su caso rectificar, no informa a la Sedesa sobre la causa actualizada de defunción. Así, el Inegi recibe, por parte de la Sedesa, un certificado de defunción “incompleto”. Es en esas idas y vueltas que la anomalía se origina.
• Los “Eventos de Intención No Determinada” (EIND) constituyen suicidios y no homicidios. Romero y Pérez Ricart argumentan que la tasa de suicidios de la CDMX es contradictoria con su densidad demográfica y “la teoría que sugiere más suicidios en áreas urbanas”, por lo tanto, los EIND serían estos y no homicidios, que de cualquier forma habrían disminuido, según señalan.

Ambas hipótesis tienen serias implicaciones. De ser cierta, la hipótesis del teléfono descompuesto implica que la FGJ no es capaz de determinar e informar al público las causas de defunciones. Así sin más. ¿Qué implicaciones tendría esto para Ernestina Godoy y para una Fiscalía a la que con frecuencia se le señala subordinación al gobierno de CDMX? Además, de corresponder los EIND con suicidios, ¿qué dice esto de una ciudad que en 2019 actualizó protocolos de prevención y criterios de clasificación y que hoy presume de tener doce “acciones permanentes” para prevenir el suicidio? De resultar ciertas, las hipótesis de Romero y Pérez Ricart supondrían una crisis en la gestión cotidiana de la FGJ y su interlocución con otras dependencias, o bien una crisis de la atención a la salud mental en la ciudad. En ambos casos los resultados no son triviales en un país en el que la vida parece haber perdido valor.

Conviene pues indagar con mayor detalle en la relación que hay entre la caída en el registro de homicidios y el incremento en los EIND. Para ello, utilizamos datos provenientes de carpetas de investigación de la FGJ y no cifras provenientes del Inegi. Concediendo que hay un “teléfono descompuesto” nuestro análisis usa a los operadores telefónicos y no al remitente final.

La gráfica 1 muestra el número de víctimas (cuerpos) en carpetas de investigación por homicidio o por “pérdida de la vida por otras causas” entre 2019 y octubre de 2023. Es evidente que las tendencias de ambas variables son contrarias: mientras una sube, la otra baja.

Romero y Pérez Ricart mencionan que, en CDMX, los EIND del Inegi han aumentado en la última década y que la escalada alcanzó su punto máximo a finales del gobierno de Miguel Ángel Mancera, como muestra la gráfica siguiente. Desde 2016, durante la gestión de Mancera, el número de carpetas de investigación por homicidio y por pérdida de la vida por otras causas incrementaron. Sin embargo, Romero y Pérez Ricart omiten decir que durante la administración de Claudia Sheinbaum sólo la tendencia de las carpetas por homicidio disminuyó, mientras que la tendencia de las carpetas por “otras causas” continúa incrementando hasta el día de hoy. No se trata, entonces, de un fenómeno que tiene su origen en gestiones pasadas sino en la actual.

Los propios datos de la FJG tampoco parecen indicar que los EIND registrados por el Inegi sean suicidios. Si graficamos los números de víctimas en carpetas por suicidio o tentativa de suicidio, se observa que estos mantienen registros estables, en promedio inferior a los 50 registros por mes. El único cruce de tendencias que observamos es el de víctimas por homicidio y víctimas que perdieron la vida por “otras causas”.

Tampoco parece ser que los EIND sean defunciones por accidentes mal catalogados. La gráfica siguiente muestra el número de víctimas por mes registradas en carpetas de investigación según distintos motivos de muerte. La gráfica es muy clara: para ninguna categoría de registro, sea suicidio, accidentes laborales, caídas, paros cardiacos o cualquier otra, se observa un incremento en la tendencia. Este incremento sólo ocurre con el número de personas que perdieron la vida por “otras causas”.

Entonces, un simple análisis descriptivo de los datos parece no dar mucho crédito a la hipótesis de suicidios o a la premisa de que el incremento de EIND es un problema de la gestión de Mancera.

Ahora bien, Romero y Pérez Ricart, junto con otros analistas y comentaristas, basan sus hipótesis en estadísticas agregadas de la CDMX. Esto produce un análisis deficiente, en tanto que la incidencia de homicidios en la ciudad varía entre alcaldías. Por ejemplo, en 2022, cuatro alcaldías concentraron casi 54 % del total de víctimas por homicidios y son estas mismas alcaldías las que registraron el mayor número de víctimas de “muerte por otras causas” —49.3 % del total en CDMX.

La tabla anterior no desmiente, aunque tampoco verifica, la sugerencia que Pérez Ricart y Romero pretenden refutar. En las alcaldías la historia es más compleja. El siguiente mapa muestra cómo en años recientes la cantidad de víctimas por homicidio disminuyó en ciertas zonas de la ciudad a la par que, en esas mismas zonas, el número de muertes por “otras causas” incrementó o se mantuvo estable. Tal es el caso de la zona norte de la ciudad, cercana a la sierra de Guadalupe, en la zona centro ubicada en la frontera entre Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, o en el sur poniente, en Tláhuac y Milpa Alta. Estos patrones geográficos ofrecen una primera vista a un estudio más detallado de la relación entre los registros en carpetas de investigación de muertes por otras causas y homicidios.

Como lo muestra la gráfica siguiente, hay alcaldías en las que se replica la dinámica de la CDMX en conjunto: Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras y Tlalpan. A su vez, hay otras en las que el número de víctimas por otras causas siempre ha sido superior a las víctimas por homicidios, como Venustiano Carranza o Cuauhtémoc. Y finalmente en otras, como Tláhuac, la tendencia de los registros de homicidios imita la tendencia de muertes por otras causas.

¿Qué sucede en alcaldías como Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Tlalpan en las que, a medida que caen los registros de homicidio, incrementan los registros de muertes por otras causas? No hay una respuesta clara, aunque esto no es para nada menor —en 2022, estas cuatro alcaldías concentraron 31 % de víctimas de homicidio, según carpetas de la FGJ. A su vez, conviene preguntarse: ¿qué sucede en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztacalco, en donde los registros de muertes por otras causas exceden a los registros de homicidios, aunque sin la tendencia cruzada que se observa para la ciudad?

Romero y Pérez Ricart apuntan a una hipótesis que le adjudica responsabilidad a la FGJ y al Incifo y que, al menos de forma indirecta, exime al gobierno de la ciudad de manipular cifras. Puede ser. Sin embargo, las gráficas anteriores producen muchas más preguntas que respuestas. ¿Qué está detrás de tendencias tan distintas según la alcaldía que se trate? ¿Por qué, de las cuatro alcaldías con mayor incidencia de homicidios, en dos se tiene que, desde la actual administración, los homicidios disminuyen a medida que incrementan las muertes por otras causas y en una la reducción en el número de homicidios se acompaña por una tendencia errática en el número de muertes por otras causas? ¿Qué nos dice que cuatro alcaldías (Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón) sean las que tienen más homicidios y muertes “por otras causas”?

A reserva de un análisis más robusto, queda claro que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum el registro de muertes por “otras causas” continuó su incremento, al igual que durante el sexenio de Miguel Mancera. Contrario a lo que especulan Romero y Pérez Ricart, este incremento no parece explicarse por suicidios o accidentes. La sugerencia de que el gobierno de la ciudad maquilla cifras para ocultar homicidios podría encontrar su explicación en el “teléfono descompuesto” entre Sedesa y FGJ aunque, en todo caso, esto abriría todavía más interrogantes.

• ¿Por qué el personal médico de la Ciudad de México sigue protocolos distintos al resto del país y decide esperar a la investigación de la FGJ para clasificar defunciones, como sugieren Romero y Pérez Ricart? ¿Cuáles son los elementos que les permiten llegar a esa hipótesis?
• ¿Qué explica las tendencias distintas en el número de víctimas por homicidios y muertes que son registradas en carpetas de investigación?
• ¿Qué papel desempeñan la Fiscalía y el Gobierno de la CDMX en todo esto? Considerando que a la Fiscalía se la ha señalado de actuar bajo el mando de la administración capitalina y que, recientemente, Claudia Sheinbaum respaldó a la fiscal para ser ratificada en su cargo?

Las respuestas a estas preguntas ameritan una discusión más amplia. A menos de un año de la elección presidencial, el gobierno de la CDMX tiene un récord que defender y, pese a que esta gestión ha entregado mejores resultados en materia de seguridad que cualquier administración previa, es indispensable que haya un proceso de escrutinio, autoevaluación y explicación al público. Este proceso, por supuesto, debe incluir a la FGJ y al Incifo y, en su caso, debería culminar en la rectificación de errores y la sanción de malas prácticas u opacidad. De forma acertada, la gestión de Claudia Sheinbaum documentó, denunció y corrigió el maquillaje de cifras de incidencia delictiva ocurrido durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Al igual que en aquel momento, el compromiso con la transparencia tendría que ocasionar una indagatoria seria y verificar si de hecho hay un “teléfono descompuesto” como plantean Romero y Pérez Ricart.

En suma, utilizando datos de la FGJ, nuestro análisis no nos permite concluir que el gobierno de la Ciudad de México haya reducido de forma artificial el número de homicidios registrados. Tampoco nos permite concluir que no se han reclasificado homicidios por muertes atribuidas a “otras causas”. En cambio, sí podemos decir que es muy improbable que las víctimas por muertes por otras causas registradas en carpetas de investigación sean suicidios o accidentes. También podemos decir que las variaciones entre distintas alcaldías requieren de un análisis más profundo. Una forma de comenzar dicho análisis podría ser contrastando las características individuales de los registros de muerte por homicidio o por “otras causas”. Mientras tanto, es imposible refutar o corroborar sugerencias. Lo que sí es posible confirmar, con la gravedad que eso implica, es que, en la Ciudad de México, la entidad federativa con mayor capacidad institucional del país, no sabemos cuántas personas fueron víctimas de la violencia homicida de 2019 a la fecha.

Quetzali Ramírez Guillén
Becario Fulbright y egresado del Máster en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School

Andrés Ruiz Ojeda
Gates Cambridge Scholar y estudiante de doctorado en Política y Estudios Internacionales en la Universidad de Cambridge

Ambos son egresados de la licenciatura en Políticas Públicas del CIDE, Región Centro.

¹ El Inegi categoriza estos sucesos como “Eventos de Intención No Determinada” y los define como eventos en los que la información disponible en el certificado de defunción no permite clasificar la muerte como un presunto homicidio, un presunto suicidio, un accidente o algún otro motivo. Ver: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/EDR/EDR2022-Dft.pdf

² Entre enero de 2019 y junio de 2023, los homicidios dolosos se distribuyen de la siguiente manera: Homicidio por arma de fuego (25.10 %), Homicidio por arma blanca (17.47 %), Homicidio por golpes (12.25 %), Feminicidio (10.84 %), Homicidios intencionales (otros) (12.05 %), Feminicidio por arma blanca (8.03 %), Feminicidio por disparo de arma de fuego (7.63 %), Feminicidio por golpes (5.02 %), Homicidio por ahorcamiento (1.41 %), Homicidio por inmersión (0.20 %).

³ La FGJ registró 529 víctimas de homicidio en Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón. 53.7 % del total de víctimas registradas en la ciudad. La carpeta se encuentra disponible en: https://archivo.datos.cdmx.gob.mx/FGJ/victimas/victimasFGJ_2021_2022.csv

⁴ El link que conducía al reporte final sobre el maquillaje de cifras se encuentra roto: https://datosseguridad.cdmx.gob.mx/tablero/assets/data/reporte_reclasificacion_carpetas.pdf