Mi cambio de régimen (o el optimismo como recurso político)

I

De inicio lo que no gusta a los otros: un cambio de régimen. En el debate público mexicano actual este tema —el tema— no levanta cabeza; está ahí, entre líneas, empapando todo como un síndrome, pero sin decir su nombre (es nuestra sombra y aura). Podríamos decir que las elecciones federales de junio de 2024 no sólo significarán cuál partido o coalición triunfa y con qué diferencia; hay más, sin duda: el juego mayoría/minoría en el Congreso de la Unión es condición de posibilidad de un cambio de régimen. No tengo idea si hay planificadores, diseñadores o despachos profesionales especializados en cambiar un régimen político. Lo más cercano que conozco son las checklists (e imaginemos a sus asesores y supervisores) que, una vez requisitadas, consagrarían —eso dicen— unas reglas de juego democráticas para sociedades no democráticas (a la manera de Irak o Afganistán). Citados estos casos ridículos (que han implicado descrédito para ciertas teorías, hipótesis y maneras de hacer en la academia y en los medios), uno corre el riesgo de incurrir en el inmovilismo con el sambenito de que las cosas son como son y qué le vamos a hacer.

Veo las cosas de otra manera. En un país como México, y si una mayoría electoral quisiera cambiar de régimen, la propuesta es viable. Esto es así porque de entrada es un proceso endógeno. Además, obra ya una dinámica en la cosa pública, sin que lo notemos casi y, sobre todo, sin que lo reconozcan los políticos (sea por ignorancia, interés o astucia). En otras palabras, en México está puesta la mesa para un cambio de régimen, y la elección de 2024 sería la oportunidad, única en varias generaciones.

Una regla de hospitalidad: acordar qué diantres es un cambio de régimen. Diría de entrada que significa definir y establecer un nuevo equilibrio (en realidad de otro campo de fuerzas y de otro sistema de relaciones) entre la representación política (en tanto depositaria de la soberanía), el gobierno (el que decide, elabora y aplica políticas públicas día a día, además de administrar personas y cosas), y las estructuras abocadas a la impartición de justicia y la protección de derechos. Un cambio de régimen es la implantación de otro sistema de precedencias y legitimidades entre los poderes y con la sociedad. Supone un revisionismo radical del constitucionalismo histórico mexicano (y en realidad, de la América toda, con la excepción de Canadá y algunas naciones caribeñas) según el cual la titularidad del Estado y del gobierno (y la operación de ambos) recaen en la misma persona —el presidente de la República. Conlleva divorciar ambas titularidades, operaciones y lógicas. Que una persona encarne las dignidades y responsabilidades últimas del Estado, y otra gobierne según lo mandatado, de manera directa e inequívoca, por la última elección de la representación política. Nada nuevo: es la historia del parlamentarismo (o semiparlamentarismo, porque hay grados) europeo de los últimos 150 o 200 años.

Ese cambio en equilibrios y relaciones tiene supuestos y consecuencias. Es obvio que el centro de gravedad del cambio es la representación política, tanto en términos de su integración como en su funcionamiento y responsabilidades. El sistema mexicano actual, con la preeminencia de los diputados uninominales, esto es, de los elegidos por distritos (trescientos al momento) es anacrónico e inoperante para los fines de un necesario parlamentarismo. A mi entender, la representación proporcional (doscientos, un paliativo para la subrepresentación implícita en el sistema uninominal) debe ser la fórmula de la representación, a saber si por una lista nacional o listas regionales o estatales. El silencio absoluto de la oposición respecto a la propuesta reciente del Ejecutivo para establecer la representación proporcional en la Cámara de Diputados según listas por estado muestra, más allá de cualquier otra consideración, la connivencia opositora con lo que es, con lo que está. Cero imaginación, nada de rupturas, ningún punto de fuga.

Bajo la premisa de que la representación política se convierte en el centro de gravedad del nuevo régimen, la Presidencia, tal como la conocemos, disminuye su peso específico, sus funciones e imágenes. Pero es justo en este momento en que debemos poner atención a las razones del cambio de régimen. Porque el presidencialismo, ese habitus de parte significativa de la opinión pública, no es una enfermedad política ni la desviación de un canon. El presidencialismo mexicano es el mandato de la Constitución en acto. A la fecha funciona en sus términos, y poco más. Sus modos profundamente autoritarios, a veces homicidas, durante los años del priismo clásico debían su virulencia cínica a un sistema electoral no competitivo, al control de masas previamente encuadradas, a la connivencia de élites económicas y políticas, y a una cultura pública obsesionada por la estabilidad, esto es, por la negación del conflicto.

Si se observa con detenimiento, ni durante las décadas del autoritarismo (1946-1994) ni en el purgatorio de la larguísima transición (1997-2018) hay evidencia de una gobernabilidad fundada en decretos del Ejecutivo o declaratorias de suspensión de derechos para apaciguar el llano en llamas (de la cual hubo solo una en toda la historia de la posrevolución).¹

El presidencialismo mexicano, acotado en sus límites constitucionales, crea una ilusión que raya en la psicosis: tiros y troyanos esperan al presidente bueno. No va a llegar, claro está, o va a dilatarse lo mismo que el segundo advenimiento. Peor aún: el presidente bueno nunca será reconocido de forma unánime durante su mandato. Y, en todo caso, si lo fuera sería acaso por las peores cualidades: sería el presidente del justo medio, del consenso, el impedido de gobernar, el del statu quo que le llaman. La constante histórica es que hubo (y habrá) división de opiniones, cargadas unas hacia el reconocimiento, otras al vituperio: no importa, es irrelevante —tal es la banalidad y grandeza de la democracia. Es un hecho que el presidente bueno se toma su tiempo en consagrarse. Y vaya que hay ejemplos sonados de ese camino sinuoso en el panteón nacional, es decir, en el universo axiológico liberal-revolucionario —única matriz de la política imaginable en México, por cierto.

II

Todo apunta a que el ciclo del presidencialismo constitucional mexicano llegó a su culmen y límite con Andrés Manuel López Obrador. Sus tres campañas presidenciales, la fundación de un nuevo partido político y su victoria de 2018 deben aún articularse en una explicación. A la fecha tenemos onomatopeyas, no versiones legibles de esa historia. Esta historia espera una narrativa que explique el agotamiento de la transición, ese modus vivendi en que concurrieron los políticos y unas formas sorprendentes de acumulación originaria de capital. Ocupará un lugar en esa explicación —como causa eficiente— la fortísima pulsión desde abajo en aras de un relanzamiento de la autoridad política, una que fuese más allá de la gestión de intereses, a la manera de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El reclamo era de un gobierno que, para bien y para mal, resarciese una sociedad rota, plagada de discontinuidades. En 2018 poco más de la mitad del electorado enterró el modo gerencial de hacer política en el país. Por cierto, ese año el electorado no “contrató” a nadie; simple y llanamente mandató a un ciudadano, en la mejor tradición republicana.

La historia suele ser paradójica. A mi entender, la mayor sacudida al presidencialismo proviene de los gestos y prácticas del gobierno de López Obrador. Mientras analistas y opinadores siguen bordando sobre el hiperpresidencialismo y demás vainas de una politología mediática extenuada, las cosas van por otro rumbo. La presidencia de López Obrador es un conjunto de síntomas, un síndrome que apunta al fin del presidencialismo histórico-constitucional. No descarto que el presidente lo entienda, a estas alturas, mejor que sus opositores. Identifico elementos concurrentes, cerrojazos al presidencialismo histórico y apertura en el registro de problemas que podrían sustanciar un cambio de régimen. Pasen como hipótesis testables.

En primer lugar, la revolución —sin hipérbole— en la comunicación política. La conferencia de prensa matutina, cada día hábil a lo largo de lo que va de la administración, y por cuenta del presidente de la República, ha sido: rendición de cuentas, promoción de imagen y adelanto de un programa político. Más aún, la conferencia matutina ha reventado los mecanismos de mediación política que alguna vez se atribuyeron a la prensa, radio y televisión; con el uso sistemático de las redes, el gobierno llega, en sus propios términos, a una audiencia masiva que digiere y racionaliza el mensaje presidencial según un patrón que no acabamos de entender. Algunos saldos de las conferencias mañaneras son claros: nadie duda de quién gobierna; a nadie le tiembla la mano para atribuir aciertos y errores —ahí está el presidente como la botarga infinita; los costos de operación de la comunicación oficial (pecuniarios y políticos) se redujeron porque periodistas e intelectuales opositores (casi todos, la verdad) son promotores insospechados de la conferencia mañanera. El presidente ofrece el tema; ellos lo desarrollan, como en los exámenes de un liceo francés.

La mañanera es la bestia negra de la oposición, y con razón; no se encuentra en el mismo foro para responder, contrargumentar, documentar las otras cifras, exhibir al gobierno. Y no es eso porque no es una sesión de control, a la manera parlamentaria. La mañanera es un acto discrecional del Ejecutivo, que podría cancelarse en cualquier momento. Ese modo del presidente López Obrador de encarar la política cotidiana se ha introyectado en la conciencia pública. Para mí es un paso lógico, y de vital importancia, que las mañaneras sean no sólo en un recurso de la cultura política sino una versión primaria de un mecanismo institucional que trascienda los acartonamientos y límites de un Poder Ejecutivo que poco debe, por lo visto, a sus interlocutores y opositores. El síntoma comunicativo y de interpelación política imbricado en la mañanera tiene un mandato in pectore: una reforma que haga mutar el espectáculo político (refrescante y disruptivo como es, insisto) en un encuentro programado para el control institucional efectivo y, al mismo tiempo, en un panóptico para quien gobierna y para quien se opone, en una escuela de cuadros para la gobernanza y en un escenario reglamentado para el reconocimiento, el insulto y la gesticulación.

El segundo síntoma adelanta un escenario fundacional. Los tres vectores político-electorales del régimen transicional( PRI, PAN y el PRD) están severamente lastimados, desde el punto de vista de la organización y el programa. De hecho, sus resultados electorales son un indicador del fin del periodo transicional, no sólo por la elección federal de 2018 sino principalmente por las elecciones locales. Ciertamente la elección presidencial de 2024 dará cuenta de la relevancia de esos partidos. En principio es probable que deban encarar su propia refundación. Hablan de su debilidad estratégica dos hechos: el primero es que la alianza opositora de 2024 ha sido tramada, publicitada y coordinada desde afuera, por cierto un afuera radical y ominoso. Es como si los partidos estorbaran y perdieran su sentido primero y último: conducir elecciones, encauzar votos, delinear gobierno. Semejantes tareas se dejan en manos de la “sociedad civil” que, como muestra cierta historiografía, es la matriz en la cual se gesta cualquier proyecto de fascistización del Estado (o, en otras palabras, un Estado no deviene fascista por generación espontánea, por impulsos solo endógenos).² El segundo hecho es el trasiego de militantes hacia el partido de gobierno; este fenómeno ha sido banalizado y adscrito sin más al oportunismo más rampante. Esto es verdad y qué más da. Los oportunistas otean, mejor que la mayoría, hacia dónde sopla el viento. Se llama política.

La cuestión es si la refundación de los partidos se hará a la espera del presidente bueno, o si serán capaces de romper las amarras e imaginar algo más, un cambio de régimen. Desgañitarse en defender la Constitución, guardar silencio respecto a su diseño inequívocamente presidencialista, y al mismo tiempo obsesionarse maniacamente con los contrapesos al ejercicio de gobierno es un arreglo más neurótico que democrático —desencuentros que se repiten, expectativas que no se cumplen. Y la experiencia mexicana no está aislada. De Macron a Milei (y el caso estadunidense habría de observarse con lupa) los regímenes presidenciales ensayan decisiones por decreto en cuestiones absolutamente cruciales. Nótese que la amenaza es para la representación política, no para la Presidencia; es la primera, no la segunda, la que pierde fuelle y oportunidad.

El tercer elemento es una perplejidad (y sólo en ese sentido un síntoma): ¿habitamos un momento optimista o pesimista del ánimo social? Según se responda esta cuestión sería posible avanzar (o no) en el cambio de régimen. Mi respuesta es que la sociedad vive una corrida al optimismo, incluso (o sobre todo) asumiendo las angustias evidentes por la seguridad pública y la impartición de justicia. Sea por una esperable reacción pospandemia, sea el mejoramiento relativo de los ingresos, o el precio del dólar, o las noticias sobre inversión e infraestructura, o la interpelación urbi et orbi de las mañaneras, o todo junto: el caso es que se vive una cuota razonable de optimismo en el llano. Y como el optimismo en política no es, al menos para mí, inocencia sino flexibilidad, paciencia e imaginación, concluyo que la sociedad está dispuesta a escuchar un plan para cambiar el régimen político y enterrar festivamente sus fantasmas y, más aún, aquellos otros que le han sido impuestos.

Ariel Rodríguez Kuri
Académico en El Colegio de México

¹ Es un asunto que trato en un artículo de próxima aparición: “Modalidades y límites del estado de excepción en México: del liberalismo histórico a la guerra sucia”, Historia Mexicana, número 296, abril-junio de 2025 (dictaminado y aceptado para publicación).

² Dylan J, Riley, The civic foundations of fascism in Europe: Italy, Spain, and Romania, 1870–1945, Brooklyn, NY, Verso, 2019, en especial pp. 1-73; en especial el caso italiano debe llamar a una reflexión en nosotros.