Morir dos veces: riesgo inminente para millones de personas en el México del covid-19

“Fantina fue arrojada a la fosa pública del cementerio,
que es de todos y de nadie, allí donde se pierden los pobres.
Afortunadamente, Dios sabe dónde encontrar el alma”.
—Víctor Hugo, Los miserables (1862)

El 6 de marzo de 2020, Ana María se arrojó a las vías del metro de la Ciudad de México con Jesús, su hijo menor de dos años. Ambos murieron, pero no por primera vez. Ana María y sus hijos ya sufrían una de las condiciones más degradantes y profundamente dolorosas que puede experimentar un ser humano: la muerte social, que muchas veces es la antesala de una muerte biológica precoz, dolorosa y violenta. No tener un papel qué jugar en la sociedad –un espacio para ser un personaje en la historia de los otros— es una calamidad que no puede remediar el mercado y, a veces, ni si quiera la acción gubernamental. Miles de personas en nuestras ciudades y pueblos sufren este destino, algo que la pandemia de covid-19 va a magnificar pero que podemos evitar si nos lo proponemos.

Los viejos, los enfermos y los pobres

Ana María, una mujer de 52 años que vendía dulces, vivía una vida triste, difícil y solitaria. Su ingreso era precario y variable, pasaba gran parte del día expuesta a las incomodidades de la vía pública y no tenía el respaldo de una familia. Su funeral fue improvisado por las autoridades para que sus dos hijos supervivientes, uno de los cuáles intentó arrastrar con ella a las vías del metro, pudieran tener algo parecido a un duelo. De no ser por este acto simbólico, los restos de Ana María habrían terminado en la fosa común, pues su cuerpo nunca fue reclamado. Si desea conocer lo que se sabe de Ana María, puede consultar esta nota del portal Animal Político.

Como miles, tal vez millones de mexicanos, esta mujer experimentaba una condición conocida como muerte social. Este concepto se creó originalmente para describir un proceso de deshumanización al que sometemos a quienes las sociedades suelen considerar menos valiosos: los viejos, los enfermos y las víctimas de regímenes totalitarios. Por añadidura, esta categoría también se ha usado para describir lo que algunas instituciones totales, como las cárceles, hacen con las personas. Alguien muere socialmente cuando se niega o se destruye su identidad, pierde o no desarrolla lazos sociales y su vida corporal se decanta hacia la desintegración (Králová, 2015).

Los asilos, los hospitales y las cárceles están diseñadas para facilitar este comportamiento. El confinamiento de los viejos, los enfermos mentales o desahuciados y los delincuentes tiene propósitos de higiene mental social: ocultar la muerte, la escatología de la enfermedad y la decadencia moral de la vista cotidiana. Por supuesto: existen motivos explícitos asociados con la vida moderna para tener estas instituciones, como la concentración de servicios de cuidado o el control de individuos que se consideran peligrosos para la sociedad. Sin embargo, estudio tras estudio han comprobado que, en mayor o menor medida, las personas que habitan estos lugares físicos pierden rápidamente el contacto con el resto de la sociedad, de forma que son condenados al olvido y enterrados antes de morir físicamente, algo especialmente frecuente en las sociedades occidentales. Out of sight, out of mind, reza un dicho anglosajón.

La prisión de la miseria

La miseria tiene el mismo efecto. La pobreza es una categoría de exclusión y de confinamiento. En varios episodios de la historia, mediante las llamadas leyes de pobres, las personas en condiciones de mendacidad fueron usadas como mano de obra esclava o encarceladas y, eventualmente, expulsadas de las ciudades. Aunque hoy en día no es legal en la mayor parte del mundo segregar por la fuerza a los pobres, la miseria sigue teniendo una dimensión espacial que somete a quienes viven de esta forma a una experiencia parecida a una cárcel. Aunque no se limite su movimiento, las miradas de desaprobación, el distanciamiento físico y la vigilancia policial exagerada constituyen los muros que confinan a los pobres a sus barrios, a los lugares a los que “pertenecen”. El lector o lectora recordará más de una noticia en el que alguien fue expulsado o maltratado en una tienda departamental por verse pobre.

Según los pocos datos que pudieron aportar sus hijos, Ana María y ellos pernoctaban intermitentemente en algunas de estas áreas de exclusión de la Zona Metropolitana del Valle de México. La rutina diaria de Ana era salir de una de estas jaulas sociales, dejar a sus hijos en la primaria Revolución —que yace en la acera opuesta al edificio de Televisa Chapultepec— y deambular por varias zonas de la ciudad para vender dulces. Como tantas otras personas, ella era invisible para todos los otros transeúntes que viven un poco mejor de lo que ella lo hacía, y no se diga para quienes viajan en su automóvil particular entre sus casas y sus empleos, cuyo contacto con la realidad social suele ser anecdótico.

Grandes sectores de la sociedad mexicana son abiertamente aporofóbicos. En su imaginario, los pobres son seres desagradables responsables de su desdicha: flojos, diletantes, drogadictos, prostitutas y delincuentes –motivo de burla, blanco de su “humor”—. Muchas buenas conciencias, por su parte, romantizan la pobreza como un estado de lucha, de sufrimiento abnegado. Los pobres se miran como seres sagrados, como homo sacer: en el concepto de Károly Kerényi y W. Ward, alguien maldito, intocable y motivo de horror, pero digno de veneración (Agamben, 1998, p. 48). Para fines prácticos, en cualquiera de los dos casos, sea que se les desprecie o se les admire, gran parte de la sociedad pone a los pobres y a la pobreza lo más lejos posible de su vista, sea en cinturones de pobreza, en un pedestal moral o en una cárcel con muros hechos de rechazo. Añadir una pandemia a este confinamiento permanente puede tener efectos devastadores para toda la sociedad.

La antesala de la muerte

La muerte social encierra una trampa analítica. Al ser un estado distribuido en el tiempo, sus efectos no son tan dramáticos como el de la muerte física. Según el reporte, Ana María sufría un cuadro de depresión. Al no saber nada de ella, sólo podemos especular que durante años se aferró a la vida y a la esperanza de pasar tiempos mejores en el futuro, algo que hacemos la mayoría de las personas. Podemos suponer, razonablemente, que en algún momento de su vida contó con alguna relación social más allá de la “pareja sentimental” que se refiere en el reportaje de Animal Político –que no apareció para reclamar el cadáver—, o que en algún momento pudo tener el prospecto de formar parte de la sociedad como algo más que una vendedora ambulante. Al no saber nada de eso, la única narrativa que poseemos es que las instituciones públicas fallaron en impedir su terrible desenlace, y esa es la respuesta que queremos generar, pero esa visión está incompleta.

Ahora mismo, mientras muchos podemos confinarnos voluntariamente gracias a contar con un ingreso fijo, millones de mexicanas y de mexicanos se deterioran. El estado objetivo de la pobreza, el cual se agudizará con la crisis poscovid-19, es un remolino que, aunado a la vida urbana, va triturando la calidad de vida de las personas. La pobreza implica pérdidas de salud, una vida más estresante, una imagen corporal en declive y la inevitable pérdida de estima social y relaciones. Con el paso del tiempo, no pertenecer a ciertas instituciones —la escuela, las empresas, el servicio público, las corporaciones del Estado, los gremios, las asociaciones, los clubes… hasta las barras deportivas— bloquea la oportunidad de pertenecer a la sociedad, de desempeñar un papel socialmente valorado y de conectarse con las y los otros para todo lo que las y los otros nos ofrecen: conversación, oportunidades de empleo o de negocio, cuidados, favores, reconocimiento, estima, sexo, una visita en el hospital o apersonarse en un funeral. Este deterioro constante y que se refuerza constantemente termina por producir la dolorosa muerte social, cuyo sufrimiento psicológico se concatena con la vulnerabilidad objetiva que implica no tener a nadie a quien pedir ayuda. Tal vez nunca sea tarde para intervenir en la vida de una persona socialmente muerta, pero mucho, mucho se pudo haber hecho antes para ahorrarle sufrimiento y evitar que terminara en una fosa sin nombre.

Políticas públicas contra la muerte social

La suma de enfermedad, muerte y desempleo producto de la pandemia de covid-19 magnificará las tendencias que conducen a los pobres a la muerte social. Millones de mexicanas y mexicanos perderán sus empleos, se verán forzados a mercar su patrimonio —si es que tienen alguno—, deberán cambiar su residencia y se verán en una situación de desafiliación total. La pérdida de ingreso menguará por partida doble la capacidad de millones de personas de participar en actividades deportivas, sociales y culturales, espacios que nos conectan con los otros. La respuesta de la administración federal, insuficiente para revertir el estado de deterioro anterior a la pandemia, en estas condiciones es un escupitajo que pretende destruir un tanque de guerra. El gobierno de México está retrocediendo desde un estado previo de capacidad gubernamental que ya era obsoleto.

Las grandes soluciones gubernamentales de los sexenios anteriores a la Cuarta Transformación tuvieron un efecto pobre en comparación con los recursos invertidos, pues se diseñaron sin considerar que otras políticas —como la flexibilización laboral o la concentración de inversiones en zonas ya privilegiadas— cancelaban el efecto de los esfuerzos por sacar a las personas de la pobreza. Las soluciones de la presente administración, aunque han tenido el atino de proteger a sectores extremadamente vulnerables como los adultos mayores y las personas con discapacidad, no están en forma alguna mejor diseñadas que las de las administraciones anteriores. Antes bien, su diseño es tan deficiente que no solamente es probable que su efecto se cancele mutuamente con otras políticas —como el deterioro de servicios públicos por los brutales recortes a la administración pública federal—, sino que, casi seguramente, no será posible medir y entender este resultado.

La tragedia de Ana María pone sobre la mesa la forma en que deberíamos organizar nuestra respuesta para evitar que en los años por venir más personas queden a la deriva, vivan en la periferia y terminen enclaustradas en un laberinto de abandono anónimo debido a la pandemia de covid-19. Si descomponemos la cadena causal detrás de la muerte social en factores, podemos observar un efecto de resbaladilla entre todos ellos: no solamente la pobreza produce menor estima social, sino que menor estima social implica menores ingresos, por ejemplo. De tal suerte, el estado de inminente muerte social en el que se encontrarán millones de mexicanos al paso de la pandemia necesita una respuesta que en la literatura sobre Políticas Públicas se conoce como policy layering —“apilamiento de políticas” en español—: añadir instrumentos a políticas ya existentes sin descartar las intervenciones vigentes (Howlett & Rayner, 2013, p. 177), ello con el fin de salir al paso de todos los efectos que produce un problema público.

En este caso, ello significa que además de atajar los efectos nocivos del desempleo y de la pérdida de ingresos poscovid-19, otra clase de intervenciones deberían “apilarse” sobre los programas de reactivación económica con fines específicos como: impulsar la reintegración de las y los mexicanos a los espacios de convivencia, generar oportunidades para la formación de relaciones sociales, promover la recuperación de la salud y la imagen personal, así como atender la salud mental de la población, una dimensión que la pandemia afectará profundamente. Evidentemente, ello requiere un esfuerzo de diseño que la actual administración parece no tener intenciones de hacer, pues esta forma de intervenir los problemas públicos es la antítesis de desperdiciar valiosos recursos en programas que sólo logran 7 % de sus metas, como Sembrando Vida (Forbes, 2020). Para hacer apilamiento de políticas, es imprescindible tener recursos públicos no etiquetados previamente, de forma que se tenga margen de maniobra para introducir mejoras desde varias instituciones gubernamentales. El objetivo debería ser impedir, con intervenciones de precisión y desde varios ángulos, que quien ya estaba en riesgo de morir socialmente no se deteriore hasta quedar en el punto ciego de la sociedad a causa de la crisis poscovid-19. La prisión de la muerte social es un lugar de donde casi siempre es imposible salir con las propias fuerzas, como podría atestiguarlo Ana María si viviera.

Antonio Villalpando Acuña
Sociólogo y estudiante del doctorado en Políticas Públicas del CIDE, A.C.

Referencias

Agamben, G. (1998). Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford University Press.

Forbes. (2020, julio 14). ”AMLO defiende éxito de ‘Sembrando Vida’ pese a falta de resultados”. Forbes México.

Howlett, M., & Rayner, J. (2013). Patching vs Packaging in Policy Formulation: Assessing Policy Portfolio Design. Politics and Governance, 1(2), 170-182. https://doi.org/10.12924/pag2013.01020170

Králová, J. (2015). “What is Social Death?” Contemporary Social Science, 10(3), 235-248. https://doi.org/10.1080/21582041.2015.1114407