A pesar del crecimiento continuo de reportes por desaparición y de la acumulación masiva de casos, México debería tener un número mayor de personas reportadas como desaparecidas del que ahora se reconoce, según se puede inferir al comparar con otros países y por algunas anomalías que presentan los sistemas estatales de búsqueda. Nuestro país registra apenas una fracción de los reportes por desaparición que alcanzan otros países, pero algunos de sus estados tienen tasas equivalentes. En contraste, otros presentan cifras muy bajas que sugieren, antes que ausencia de casos, prácticas de subregistro de amplio alcance.
La comparación internacional ayuda a entender que la brecha entre México y otros países se debe, en parte, a que éstos tienen sistemas de alertas más reactivos ante desapariciones de niñas, niños y adolescentes (NNA). De nuevo, algunos estados del país parecen funcionar con esta perspectiva, con registros muy altos de NNA, mientras que otros no.
Las causas de estas diferencias podrían ser múltiples. Aquí sólo analizo el efecto que tiene el subregistro sistemático y masivo de casos que son notificados, pero no se registran de manera oficial[1]. El subregistro suele considerarse un asunto menor, limitado a las estadísticas. No es así. En la medida en que la desaparición de personas se convirtió en problema público y genera costos político-electorales, el subregistro es cada vez más una función no reconocida de instituciones creadas para hacer lo contrario.
Esta función subrepticia puede llegar a ser dominante y crear, incluso, estructuras de “búsqueda” clandestinas, que operan fuera de protocolo, alteran los procesos formales y aumentan la vulnerabilidad de las víctimas. No es una ficción. Al menos en Jalisco, hay desde hace años un “área de prebúsqueda” que, en sentido estricto, es un área de subregistro.
Comparar países y estados
En 2024, se reportaron en México como desaparecidas, no localizadas y localizadas 37 387 personas, según cifras del registro nacional[2]. Esto equivale a una tasa bruta de 280 reportes por millón de habitantes. En el mismo año la tasa de España fue de 542; la de Argentina 596; la de Francia 1 020 y la de Estados Unidos 1 461, según cálculos propios con información oficial de cada uno de estos países.
A pesar de tener una gran crisis de personas desaparecidas, México tendría que registrar al menos el doble de reportes, casi 80 000 anuales, para alcanzar siquiera las tasas de España y Argentina. Sin embargo, algunos de sus estados no necesitan más reportes, tienen tasas equivalentes. En 2024, Aguascalientes tuvo la tasa más alta del país con 643 reportes por millón de habitantes, seguido de Zacatecas con 616. En contraste, Yucatán tuvo la más baja de ese año: sólo doce reportes por la misma cantidad de habitantes. En principio, se podría pensar que la diferencia se debe a una desigual incidencia del problema, pero no es así. Yucatán tuvo una tasa de 243 reportes por millón de habitantes en 2019. Desde siempre, era un estado que reportaba cifras bajas de personas desaparecidas junto con cifras altas de personas localizadas, algo que todavía caracteriza al sistema de Aguascalientes. Sin embargo, a partir de 2022 sus reportes anuales no superan los dos dígitos. De 361 reportes promedio al año entre 2019 y 2021, disminuyó a sólo 39 entre 2022 y 2024. Esta caída sólo se explica porque Yucatán dejó de registrar o de reportar cientos de casos de personas localizadas.
Aguascalientes y Zacatecas tuvieron casi la misma tasa, pero su integración fue diferente. El primero registró 996 reportes de desaparición, de los cuales sólo 136 seguían activos; Zacatecas, por su parte, reportó a 1 056 personas, de las cuales 574 seguían desaparecidas. Pero no sólo difieren en resultados, sino en su desigual presencia de NNA y de mujeres en sus reportes: Zacatecas, junto con otros estados, tienen porcentajes muy bajos, mientras que lo contrario se observa en Aguascalientes y otras entidades. ¿Por qué?
Antes de intentar una respuesta, hay que decir que Yucatán no fue el único estado que tuvo una tasa atípica en 2024. Oaxaca tuvo veinte reportes por millón de habitantes, Coahuila 55, Colima 63, Chihuahua 70, Guerrero 105, y Veracruz 152. Frente a las tasas de Aguascalientes y Zacatecas, los valores de estos estados no son tan realistas. Sugieren inactividad o un considerable subregistro de casos.
La doble desaparición de NNA y de mujeres
En países como Argentina, España, Estados Unidos y Reino Unido las personas de 0 a 17 años tienen una alta participación en los reportes, que varía del 50 % al 60 %, muchos generados por NNA reincidentes que se fugan varias veces de sus hogares o de albergues. Distintos factores producen este efecto. El que importa destacar aquí es un sistema muy sensible de alertas concentrado en los NNA. Si estos ocupan un lugar tan preponderante en la estadística no es porque estén desapareciendo masivamente, sino porque cualquier indicio de ausencia activa una rápida respuesta institucional.
En México, las personas con edades entre 0 y 17 años representan apenas el 33 % del total de reportes según la información del registro nacional. Sin embargo, como sucede con las tasas, los porcentajes varían mucho por estado. En un extremo, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Zacatecas tienen un porcentaje en ningún caso superior al 22 %, mientras que, en el extremo opuesto, Campeche, Yucatán, Aguascalientes y el Estado de México la proporción se acerca o es superior al 50 %.
Este contraste también se observa respecto a la presencia de mujeres en los reportes por desaparición. Si bien en términos globales, el 40 % de todos ellos corresponden a mujeres, las diferencias entre entidades federativas también son considerables. Varían del 61 % de Yucatán al 21 % de Sinaloa. En la escala más baja volvemos a encontrar los mismos estados identificados con bajos porcentajes de NNA: además de Sinaloa, están Jalisco, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Zacatecas y Sonora, ninguno alcanza el 30 %. Por el contrario, con 50 % o más estarían diez entidades, entre las que destaco el Estado de México, Aguascalientes y Yucatán.
¿Fatalidad u oportunismo?
¿Por qué ocurre esta coincidencia de bajos porcentajes? Buena parte de la explicación proviene de los mismos datos que administra el registro nacional. La concurrencia de altos porcentajes de NNA y de mujeres reportadas como desaparecidas se debe a que el 67 % de reportes generados por personas de 10 a 19 años son de niñas y mujeres adolescentes. Por consiguiente, registrar más desapariciones de personas con estas edades, incrementa en automático la presencia de mujeres.
Esto deja sin explicar las diferencias porcentuales por estados de NNA reportados como desaparecidos. Resulta natural pensar aquí en índices desiguales de violencia para entender lo que ocurre. En los estados que tienen porcentajes más bajos de NNA y de mujeres reportadas como desaparecidas, prevalecerían violencias que victimizarían más a los adultos que a los NNA y más a los hombres que a las mujeres, en específico asociadas a poderosas estructuras del crimen organizado que hay en casi todos los estados mencionados. Parece una hipótesis plausible, aunque los casos de Tamaulipas y Zacatecas hacen pensar que hay otras variables en juego. Las tasas acumuladas de NNA y adultos desaparecidos en ambos estados son tan altas que los colocan en los primeros lugares del país en ambos indicadores. Esto sugiere que no hay necesariamente un trade-off entre las violencias que producen desapariciones de adultos y de NNA: pueden ocurrir al mismo tiempo.
El caso del Estado de México agrega otra nota de escepticismo. Ahí no se localiza a uno de cada cuatro NNA reportado como desaparecidos de todo el país. A pesar de ello, tiene una proporción mayor de menores localizados que en otras entidades. Por cada menor desaparecido, el Estado de México reporta seis localizados, mientras que Coahuila sólo uno, Guerrero y Jalisco dos, Michoacán tres, y Zacatecas cuatro.
El análisis de los datos nos permite saber, además, que los estados con menos porcentaje de localización global tienden a presentar también porcentajes más bajos de mujeres y NNA en sus registros. La relación es fuerte y positiva según estadísticos de correlación. En definitiva, en Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Coahuila, Zacatecas y Sonora la baja presencia de NNA y mujeres podría ser electiva, resultado de prácticas deliberadas de subregistro que permiten controlar de manera artificial la incidencia general. Esto se puede observar que ha ocurrido en Jalisco. Sus autoridades parecen haber decidido no registrar una cantidad importante de NNA y de mujeres reportadas como desaparecidos desde 2022.
Jalisco: subregistrar para ocultar su crisis
Los datos de Jalisco están agrupados por edades y eso impide analizar por separado a los NNA. Con esta limitación, se observa que, entre 2019 y 2022, se denunció la desaparición de 1 184 personas promedio anual con edades de 0 a 19 años, pero en 2023 sólo fueron 669, una disminución del 44 %. Esta caída también se reflejó en la letalidad, que pasó de 44 promedio anual en los cuatro años previos a sólo 16 en 2023. Así, en sigilo, sin ningún aviso ni explicación, en 2023 no ingresaron alrededor de 500 reportes de este grupo de edad, 300 de los cuales correspondieron a mujeres. La participación porcentual de personas desaparecidas de 0 a 19 años bajó entonces de 26 % en 2019 a 19 % en 2023.
La reducción de casos de mujeres no se limitó a niñas y adolescentes, sino que se generalizó a todas las edades. Como lo muestra la gráfica siguiente, la curva de reportes fue muy estable en los tres primeros años, aun bajo el confinamiento por la pandemia de Covid. Sin embargo, el número de reportes se desplomó a partir del 2022 y en 2023, con alrededor de 300 menos cada año. En sólo dos años, el total anual de reportes de mujeres desaparecidas cayó casi por mitad (42 %).
¿Qué ocurrió con los reportes no registrados? No se puede tener la certeza de que las personas hayan sido localizadas. Se pudieron demeritar los reportes y no se atendieron. O siguen activos en una contabilidad paralela, no oficial. O se reservaron para su registro oficial en fecha posterior. O una combinación de todas ellas.
El subregistro masivo de reportes de esos años coincide con el inicio de una narrativa oficial de control del problema (abril de 2022) en un momento donde debió de ocurrir, por el contrario, un fuerte repunte por el fin del confinamiento y por una escalada de desapariciones violentas perpetradas por grupos armados que se llevaron a cientos de personas de la vía pública y de sus domicilios. La actividad de estos grupos ligados al CJNG comenzó a ser considerable desde 2021 y alcanzó un pico en 2023. No ingresar cientos de casos de NNA permitió al gobierno en turno “aplanar” de manera artificiosa la curva de incidencia durante esos años, mostrando gráficas favorables de caída acumulada.
Repercusiones: más que cuadrar números
El somero ejercicio de comparación entre México y otros países, así como entre las diferentes entidades federativas, muestra que a pesar del crecimiento explosivo de las denuncias hay un brutal subregistro de la incidencia, en especial concentrado en niñas, niños y adolescentes, así como en mujeres.
Trasladar a la sombra lo que ocurre con este tipo de desapariciones no puede solventarse con un arreglo de números en el escritorio ni con abrir, en el mejor de los casos, una segunda contabilidad. Supone atención clandestina, sin ingreso oficial, de una cantidad indefinida de reportes sin cumplir con los protocolos, incurriendo en prácticas dilatorias, atención informal, denegación del servicio y opacidad de todo el proceso. Esto es lo que revelan la alerta Amber y el Protocolo Alba de Jalisco, que funcionan de manera irregular, con pocas denuncias públicas y de aparición tardía.
El subregistro distorsiona las métricas de incidencia porque reduce artificialmente el número de casos debilitando la capacidad para reconocer violencias crónicas y emergentes. En este sentido, es sintomático que la alerta por el aumento del reclutamiento de NNA por el CJNG, lanzada en mayo pasado, no fue emitida por las autoridades, sino por un grupo de académicos. Pero también el subregistro erosiona la eficacia de las búsquedas al no publicitar todos los casos y, por tanto, al no involucrar a la sociedad en esa tarea. Se vuelve imposible, además, contar con indicadores confiables y abiertos de desempeño, pues se deben manejar cifras estancadas o decrecientes de personas localizadas. Así las cosas, reportar menos personas localizadas se vuelve un mérito y no una señal de alerta para el cese de funcionarios. Sin embargo, lo más delicado es que aumenta la vulnerabilidad de las personas desaparecidas y sus familias al toparse con sistemas de atención que operan –paradójicamente– para no atenderlos.
Es perturbador que instancias del estado creadas para generar registros confiables y exhaustivos de posibles víctimas, detonar su búsqueda inmediata siguiendo protocolos rigurosos, así como para investigar de manera expedita y especializada los delitos de desaparición de personas, estén operando, en algún grado, en sentido inverso.
Acercarse al problema de las desapariciones en México, en particular en Jalisco, no es fácil en términos emocionales ni morales. Dedicarse profesionalmente a ello como causa durante años siendo mujer y en un país extranjero, apenas cabe imaginarlo. Como gesto de reconocimiento y gratitud hacia Anna Karolina Chimiak por su labor, quisiera dejar por aquí estas palabras.
Jorge Ramírez Plascencia
Profesor-investigador del Departamento de Sociología. Universidad de Guadalajara
[1] A menudo se define el subregistro como los casos ocurridos no denunciados y no se repara en los casos denunciados no registrados. Es necesario distinguirlos. La denominación de “cifra negra” para los primeros y de “cifra gris” para los segundos puede ser útil. Para efectos de este texto usaré la palabra subregistro sólo para los segundos.
[2] La consulta al registro nacional se hizo el 20 de junio de 2022. Jalisco no reportó sus casos al registro nacional desde marzo de 2022 y hasta abril de 2025. Los datos de 2024 se tomaron del registro que se administra localmente.