Sin duda 2023 será muy complicado para México. Ingresamos al quinto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estarán en disputa dos gubernaturas, y la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidirá quién ocupará el cargo de rector. También se intensificarán los preparativos y los conflictos inherentes a la sucesión presidencial, con precandidatos que en su mayoría tienen visiones distintas a la oficial sobre la política que debe guiar el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
El diseño del gasto gubernamental en la recta final del sexenio se convierte en una herramienta de la mayor importancia. Es la oportunidad para rectificar e impulsar áreas del quehacer nacional que hasta ahora han sido relegadas y atraer con ello a sectores que se han visto excluidos; o bien, servirá para fortalecer y reafirmar la orientación de las políticas públicas que ya se han definido como partes inamovibles de la llamada Cuarta Transformación (4T). De las decisiones que se tomen sobre el uso del dinero, dependerá cómo se arribará a la elección más complicada, la de 2024.
El presupuesto para la ciencia en 2023
El pasado 28 de noviembre se publicó en el Diario Oficial el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el próximo año. Desde que fue presentado como Proyecto en septiembre por el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, ya se contemplaba un importante incremento en el gasto gubernamental, que luego de su aprobación por la Cámara de Diputados será 11.5 % mayor en términos reales respecto al de 2022. Y esta es la primera señal: habrá más dinero.
Al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) los diputados no le cambiaron ni una coma, lo que indica que el financiamiento público para estas actividades se decidió íntegramente por el Poder Ejecutivo y es revelador de la concepción que tiene el presidente sobre este sector. Le corresponderán 128 746 millones de pesos, cantidad 8.3 % mayor en términos reales a la del año pasado1 (cifras deflactadas conforme a los cálculos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara Baja).
Se trata de un aumento importante… si sólo nos quedamos en la superficie.
Desde que se presentó el Proyecto, los primeros análisis sobre el gasto provinieron de científicos en activo. Por ejemplo, Fabián Rosales, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, observó que si bien hay un incremento en el presupuesto para CTI en 2023, paradójicamente resulta el más bajo en los últimos años si se le mide como porcentaje del total del PEF, pues representa apenas 1.3 %. Identifica además un movimiento inusual en la distribución de este gasto, pues una sola dependencia recibirá un aumento de ¡579 %! Se trata de la Secretaría de Energía (Sener), que es la encargada de conducir algunos de los proyectos en áreas clave en el interés del Ejecutivo: petróleo y electricidad.
Otros científicos han aportado elementos adicionales. En una carta entregada al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Brenda Valderrama señaló que el citado aumento a la Sener —de 7000 millones de pesos— se adjudicó a una unidad responsable que antes no existía dentro de la estructura del gasto: la subsecretaría de Electricidad, la cual: “No está clasificada dentro de la función ciencia y tecnología y tiene como concepto del gasto la compra de títulos y valores”.
La investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM señala en su misiva que en una situación semejante se encuentran los 243 millones asignados a la Dirección General de Energías Limpias, también de la Sener, ajenos a las actividades científicas y tecnológicas. Adicionalmente, el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad, que tiene anotados para el año entrante 2326 millones de pesos, tiene como concepto de gasto “obra pública y adquisición de bienes”. Valderrama identifica al menos 10 000 millones de pesos que bien podrían dirigirse a fomentar actividades verdaderamente vinculadas con la investigación científica y tecnológica y no hacia dependencias que no ofrecen certeza sobre el destino de estos fondos.
Desvíos
Hace varios años tuve una conversación con Francisco Bolívar Zapata durante su breve paso como coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. Sin duda uno de los esfuerzos más importantes del trabajo de Bolívar en esa oficina estaba dirigido a desentrañar uno de los misterios más grandes del presupuesto destinado a este sector: ¿qué parte del dinero que ejercen las distintas dependencias se emplea realmente para el fomento de la investigación en el país? Las dificultades y resistencias para obtener tal información eran monumentales, pues algunas Secretarías se tardaban o de plano no daban información, y otras lo desconocían o registraban como gasto en ciencia tareas que no tenían nada que ver, como cursos de capacitación para secretarias o la compra de equipos de oficina.
La costumbre de desviar el dinero asignado a la ciencia para actividades ajenas a la investigación científica ocurre desde hace muchos años. En el sexenio pasado los diputados tenían algún margen de maniobra para realizar cambios a la hora de aprobar el presupuesto (podían cambiar una que otra coma). En ese tiempo la modificación principal consistía en agregar algunos millones al Programa de CTI para dirigirlos, por ejemplo, a la Secretaría de Agricultura, pero no para Chapingo o el Colegio de Posgraduados, instituciones en las que sí se realiza investigación, sino para algunas direcciones generales. Otro caso realmente de escándalo ocurrió en San Luis Potosí, también en el sexenio anterior, donde el Congreso del Estado decidió que el uso de los recursos derivados de las multas electorales, que por ley debían entregarse a los organismos estatales de ciencia y tecnología, en este caso al Consejo Potosino, se usarían para proyectos dirigidos, no a la ciencia, sino a “la consolidación de la participación ciudadana y la vida democrática”.
Pero regresemos al presupuesto para 2023. Se puede afirmar que los 128 746 millones de pesos para el Programa de CTI suenan a mucho dinero (aunque en realidad apenas representan el 0.35 % del Producto Interno Bruto), pero la respuesta a la interrogante planteada por Bolívar Zapata sobre cuánto de este monto se destina realmente a la ciencia, nadie la tiene, y como hemos visto, durante el gobierno de la 4T con las transferencias millonarias a la Sener y la incorporación en este sexenio de la Comisión Federal de Electricidad al grupo de dependencias que manejan este presupuesto, la incertidumbre sobre el destino del gasto se ha incrementado.2
Pero además, mientras se aumentan los recursos para dependencias en las que no hay claridad sobre el destino del gasto, se reducen en aquellas en las que es relativamente más fácil indagar sobre su empleo. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se encarga de financiar proyectos de investigación y la formación y el apoyo a recursos humanos especializados. Se puede estar de acuerdo o no con la orientación de sus políticas pero al menos se puede saber razonablemente en qué se gasta la mayor parte del dinero. Si bien este Consejo recibirá un aumento de 2 % en términos reales para 2023 (como reflejo del incremento global del presupuesto), pierde peso dentro de la estructura del gasto en CTI, pues si en 2015 representaba el 46.3 % del total, en 2023 caerá al 29 %.
La expropiación de los fideicomisos
La directora del Conacyt María Elena Álvarez-Buylla Roces ha dicho en varias ocasiones que como resultado de la extinción de los fideicomisos se han transferido 21 853 millones de pesos a la Tesorería de la Federación. Dichos fondos, que normalmente se sumaban a la asignación presupuestaria anual, eran indispensables para respaldar y dar continuidad a los proyectos de investigación a mediano y largo plazos. Esta pérdida, que se viene arrastrando desde que se consumó la expropiación, representa un duro golpe para la investigación en 2023 que no se logra compensar con el presupuesto otorgado para ese año.
En una comparecencia ante Comisiones del Congreso, la citada directora había confesado que los dineros de los fideicomisos transferidos “regresaron a donde tenían que estar, a los recursos disponibles de la Tesorería para proyectos prioritarios a nivel del Gobierno Federal”. Podemos preguntarnos entonces cuáles son esas prioridades gubernamentales entre las que desde luego la ciencia no figura, pues de ahí se tomó el dinero. Dicho en otras palabras, los casi 22 000 millones de pesos estarían destinados, no a la investigación científica, sino a otras tareas entre las que figuran, por ejemplo, obras como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
Los proyectos citados han incrementado sus costos. En el AIFA, aunque lo que priva es la opacidad por razones de “seguridad nacional”, aun aceptando que el costo se hubiera mantenido en lo originalmente presupuestado (entre 75 y 80 000 millones), su operación ha tenido pérdidas que cada año requieren inyección de recursos que sumarán por lo menos 836 millones en el presupuesto de 2023. En el caso del Tren Maya, el plan original contemplaba un costo de 120 000 millones, los cuales para agosto de este año ya se habían incrementado y sumaban casi 300 000 millones. Y para Dos Bocas el presupuesto original de 8000 millones de dólares (155 524 millones de pesos) podría llegar a los 18 000 millones (350 000 millones de pesos al tipo de cambio actual). Podríamos preguntarnos, por ejemplo, si parte del dinero obtenido con la extinción de los fideicomisos que administraba el Conacyt se está empleando para ayudar a tapar esos huecos, además de que surgen, como veremos, otras interrogantes.
Elementos para la discusión
El Presupuesto de Egresos de la Federación muestra que habrá más dinero en 2023. Este incremento se reflejará en las distintas actividades que se realizan con fondos públicos. Pero en el caso de la ciencia, el aumento resulta engañoso pues sólo en apariencia se estaría respaldando con mayores recursos a la investigación científica, tecnológica y a la innovación. En realidad, se trata de un presupuesto inflado al incorporar a dependencias y tareas en las que no hay claridad sobre el destino que se dará a estos fondos. Es probable que lo anterior resulte útil para respaldar un discurso en el que el gobierno del presidente López Obrador apoya a la ciencia, algo que por supuesto no se sostiene, pues mientras el gasto en 2015 rondaba el 0.5 % del PIB, en 2023 llegará, si acaso, al 0.35 %.
La desaparición de los fideicomisos es otro golpe del que la ciencia no se ha podido recuperar, y sus efectos negativos se prolongarán lo que resta del sexenio. El presupuesto para 2023 tiene esta profunda herida, por lo que no hay nada que festinar. Pero además, tal y como ocurre en la patología forense, el criminal siempre deja sus huellas. El destino del dinero que se le quita a la investigación va, total o parcialmente, a los “programas prioritarios” del presidente. Aunque uno de los temas más reiterados en el discurso de Álvarez-Buylla es lograr la “independencia tecnológica”, la posible transferencia de recursos a las citadas obras gubernamentales va precisamente en la dirección contraria, pues participan además de empresas privadas, numerosas compañías transnacionales.
Algunos ejemplos: en el caso del AIFA, se compró la tecnología denominada Modular Integrated Construction (MIC) a la filial de la española Autodesk, la cual está basada en modelados informáticos para el diseño de construcciones que permiten contar con tecnología hidráulica pluvial, sanitaria, eléctrica, protección contra incendios, climatización y plataforma de voz y datos.
La refinería de Dos Bocas utilizará tecnología de punta en la protección contra incendios, de la que el gobierno federal hace alarde, pues es la misma que se utiliza en los cohetes SpaceX. Se trata del recubrimiento denominado Pitt-chardNX patentado y desarrollado por la transnacional PPG. Otras empresas participantes en la construcción de la refinería son las texanas Fluor Enterprises y Kellogg Brown & Root, así como el gigante asiático Samsung Engineering.
En el caso del Tren Maya, se han adquirido distintos tipos de tecnología foránea, desde la Light Detection and Ranging empleada para determinar el trazo del tren a través de la selva o los sistemas de radiocomunicación de la filial de la empresa española Teltronic, hasta la tecnología de la compañía China Railway la cual ha traído a México toda la línea de producción de durmientes y la tecnología para el tendido mecanizado de los mismos; en la planta instalada en nuestro país trabajan más de 300 personas, el 25 % de las cuales son chinas.
En la marcha multitudinaria que encabezó el presidente el 27 de diciembre, la cual culminó con un informe de los logros obtenidos durante los primeros cuatro años de su gobierno, afirmó que en su administración: “Se liberó el Conacyt que estaba al servicio de las grandes corporaciones económicas y financieras”. Además de que esa afirmación es falsa, (como he mostrado en un artículo previo y también aquí), durante el sexenio de López Obrador el dinero que se le quita a la investigación científica y tecnológica se estaría empleando para la compra de tecnología a corporaciones multinacionales, con lo que lejos de avanzar hacia una “independencia tecnológica” se profundiza la dependencia del país en esta materia.3
Puede afirmarse que en el diseño del presupuesto para la ciencia en 2023 no hay una rectificación, sino la continuidad de una política que coloca a la ciencia entre las últimas prioridades del gobierno del presidente López Obrador. Como ha quedado claro en los primeros cuatro años de la 4T, la educación, la ciencia y la cultura no son del interés de este gobierno.
Paradójicamente, a nivel global, la importancia de la ciencia ha quedado plenamente demostrada durante la pandemia. Si bien la enfermedad producida por el virus SARS-Cov-2 aún no ha desaparecido, se han podido evitar miles de muertes gracias a los avances en la creación de vacunas y tratamientos cada vez más efectivos. Es indudable que la investigación, no sólo en el área de la salud, sino en los distintos campos del conocimiento como biotecnología, inteligencia artificial, robótica, neurociencias, nanotecnología, astrofísica, ciencias sociales y las humanidades, entre muchos otros, es lo que define y definirá el perfil del mundo ahora y en el futuro, por lo que las decisiones que toman las naciones para respaldar o no a la ciencia, determinarán en gran medida la suerte de sus pueblos en lo que resta del siglo XXI.
Pero mientras en el mundo avanza el conocimiento para encarar los desafíos que enfrenta la humanidad, en México vamos en la dirección contraria y nos dirigimos cada día más hacia el oscurantismo.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico
1 En 2023 el gasto en CTI se distribuirá entre dieciséis unidades responsables: Relaciones Exteriores; Agricultura y Desarrollo Rural; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Cultura; Economía; Educación Pública; Salud; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Turismo, y Seguridad y Protección Ciudadana, las cuales son manejadas por las Secretarías de Estado correspondientes. Además, participan otros organismos que no están asociados directamente con las Secretarías como la Fiscalía General de la República, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Federal de Electricidad, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Finalmente, también figuran las Provisiones Salariales y Económicas que son los fondos (siempre escasos) para atender contingencias, aumentos salariales, plazas y diversas prestaciones.
2 La duda está justificada, pues la transparencia en el uso de los recursos públicos no es una virtud del sector eléctrico. De acuerdo con diversas fuentes, en el periodo 2018 a 2020 la CFE no había aclarado el destino de 19 000 millones de pesos; y el informe consolidado de la primera y segunda entrega de 2021 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), indica que en 2021 faltaban por justificar 1600 millones.
3 Se podría argumentar que hace falta una demostración más directa de que los recursos que se expropiaron a la ciencia se emplean en las obras citadas. Es difícil hacerlo pues el destino del dinero obtenido a partir de la extinción de los fideicomisos se encuentra en la más absoluta opacidad y en algunos casos blindado por razones de “seguridad nacional”. Pero lo que sí es verificable es que los llamados “proyectos insignia” de la 4T, se basan en la adquisición de tecnología a empresas multinacionales, lo que contradice el propósito de la política del actual gobierno enarbolada por la dirección del Conacyt de avanzar hacia la “independencia tecnológica”.