Al momento de escribir estas líneas (mediodía del 3 de julio), los tanques del ejército egipcio se despliegan por las avenidas principales del Cairo. Tomaron la ciudad y depusieron al presidente Mohamed Morsi, quien niega el golpe de Estado. Los militares regresaron a las calles, como lo hicieron cuando Hosni Mubarak tuvo que renunciar en 2011.
Hace poco menos de dos días, el ejército emitió un comunicado al estilo del Viejo Oeste: Morsi y su gobierno tenían 48 horas para resolver la crisis política del país o enfrentarían las consecuencias. El vocero del gobierno, Gehad El-Haddad, lo describió de la siguiente manera: “Por el bien de Egipto y por precisión histórica, llamemos lo que está pasando por su nombre verdadero: un golpe militar”.
Pero no sólo es el ejército que se opone a Morsi. Al igual que en 2011, la plaza de Tahrir, el núcleo de protestas en el Cairo, lleva varias jornadas a reventar. El motivo es el mismo, pero la figura distinta. Millones de manifestantes quieren que el presidente en turno se vaya. Antes era Hosni Mubarak, el autócrata que gobernó en estado de emergencia por tres décadas. Ahora es Mohamed Morsi, primer presidente electo a través de las urnas (con el 51.7 por ciento del voto, para ser exactos), y quien cumplió un año en el poder el 30 de junio.
Contra Mubarak se tardaron 30 años en levantarse, contra Morsi 365 días. ¿Cómo cambió tan rápido la tolerancia de los egipcios?
Según Richard Falk, profesor emérito de de Derecho Internacional en la universidad de Princeton, hay dos maneras de ver lo que sucede con Morsi, ambas posibles al mismo tiempo. La primera es que los ciudadanos nunca le dieron una verdadera oportunidad al presidente de Egipto, y que la vara siempre fue demasiado alta para él. La segunda es que Morsi simplemente no pudo con la encomienda de las urnas.
Valdría la pena agregar una tercera: las condiciones post-caída de Mubarak hicieron casi imposible que el primer gobierno tuviera una oportunidad para enfrentar los retos de construir una democracia. (Aquí hay una línea del tiempo muy útil sobre lo que ha ocurrido en los últimos dos años en Egipto. Entre otras cosas, el ejército ha mantenido una sombra dominante sobre la clase política: pueden gobernar porque ellos lo permiten.)
Y es que en realidad la “transición democrática” egipcia tuvo problemas desde que comenzó. El ejército impuso los tiempos: seis meses de la renuncia de Mubarak para crear una nueva constitución y elegir un nuevo gobierno. En los días posteriores al anuncio, algunos analistas se preguntaron si el plazo no era demasiado corto.
El proceso de redacción de la nueva Constitución fue, por decirlo de forma amable, áspero. Desde la distribución de asientos en la mesa –se decidió incorporar a líderes religiosos después de que su participación en la política llevaba décadas prohibida- hasta la falta de protección de derechos humanos, de mujeres y de minorías, así como una percepción de falta de legitimidad del documento mismo.
La elección presidencial estuvo plagada de irregularidades. 10 de los 23 candidatos no fueron aceptados para competir, incluyendo a tres de los principales aspirantes al puesto.
Una vez electo Morsi (en segunda vuelta y por poco más del 3 por ciento, con participación de la mitad de los electores), las cosas cambiaron para peor. El presidente se declaró plenipotenciario: sus leyes no pueden ser discutidas o apeladas, y se otorgó poderes “especiales” para “enfrentar los peligros nacionales”, tal y como hizo Mubarak antes.
Tampoco ayudó el torpe manejo de la economía y las necesidades básicas por parte del gabinete de Morsi: la población que vive con menos de dos dólares diarios subió del 40 al 50 por ciento en el último año, y el gobierno gastó casi la mitad de sus reservas monetarias en el mismo período. Para algunos –ver el hipervínculo anterior- Morsi estaba más preocupado por el poder político que por enderezar el rumbo. (Parte del problema del ejército con los gobiernos egipcios es que el presupuesto asignado a ellos ha bajado del 6.5 por ciento del PIB en 1988 al 1.7 en 2012.)
Aunque otros argumentan que la crisis no es meramente económica, sino que la forma en que la Hermandad Musulmana –organización religiosa/partido político que apoyó a Morsi- se ha conducido desde que tomó el poder en el país ha mermado la tradición laica y el modo de vida egipcio. Bajo Mubarak, Egipto fue una república secular, en la que la Hermandad fue declarada ilegal porque los partidos religiosos estaban prohibidos. Con la llegada de la Hermandad a la mesa política, los egipcios notaron pequeños cambios casi inmediatos en su modo de vida: se fomentó el uso público del velo para las mujeres, y se comenzó a perseguir a la prensa que criticaba al gobierno. (Aquí hay una buena explicación sobre la “Hermanización” de Egipto.)
Estos factores han llevado la situación al punto en que el gobierno de Bashar Al-Assad (Siria) –tal vez con un toque de ironía- emitió un comunicado en el que le pidió a Morsi que deje el poder “por el bien de Egipto”.
En el país ya se comienza a hablar sobre un posible “presidente de transición”. Pero el problema sigue siendo el mismo que hace dos años, cuánto tiempo estará, quién lo nombrará (¿El ejército volverá a ser el “guardián” de facto de la “democracia”?), y la incógnita permanente: qué pasará después.
Esteban Illades es editor de Nexos en línea.