En las semanas recientes hemos publicado en este espacio tres artículos sobre por qué la militarización es problemática, a partir del análisis del Inventario Nacional de lo Militarizado, proyecto que realizamos desde México Unido Contra la Delincuencia, el Programa de Política de Drogas e Intersecta. A manera de recapitulación, hasta ahora hemos brindado los siguientes argumentos: la militarización es contraria a la Constitución; las Fuerzas Armadas se rigen bajo un régimen especial, que les permite hacer y no hacer muchas cosas; y la evidencia mexicana muestra que la militarización no ha cumplido con la promesa de reducir la violencia, sino que conlleva distintos problemas y riesgos para los derechos humanos. Ahora presentamos el cuarto y último argumento sobre por qué el proceso de militarización debería inquietarnos: la evidencia comparada.
La preocupación por el aumento en los recursos ejercidos por las autoridades militares, así como su creciente participación en actividades civiles en México nos obliga a dar seguimiento puntual a estos recursos y actividades. Ante este escenario, suele pasarse por alto lo que ocurre en otros países. Aun cuando el estudio del caso mexicano puede conducir a la conclusión de que el proceso de militarización es único en el país, hay evidencia de la manera en la que la militarización ha ganado terreno en todo el mundo, con similitudes notables.
El estudio comparado de los procesos de militarización en el mundo arroja importantes hallazgos y aprendizajes. De manera particular, llama la atención la evidencia sobre cómo existe una relación negativa y significativa entre democracia y militarización. Con el tiempo, esta evidencia se ha ido acumulando y conduce, invariablemente, hacia la misma dirección: la militarización es un obstáculo para el desarrollo democrático y la protección de los derechos humanos y las libertades políticas y civiles. En un contexto en el que todo el espectro político busca fortalecer la democracia, este vínculo no debe pasarse por alto.
Si bien los estudios sobre democracia y militarización son variados, estos pueden dividirse en tres rubros: 1) la relación entre el gasto militar y la democracia; 2) el efecto de la militarización de las labores policiales en la democracia; y 3) los efectos de la participación política de las instituciones militares en la democracia. A continuación se presenta un breve análisis de estos tres rubros, mostrando la evidencia que existe, las similitudes con el caso mexicano y los aprendizajes derivados de estos estudios.
Gasto militar y democracia
Una de las formas más comunes de estudiar y comparar las actividades militares es a través del gasto militar. A pesar de que en muchas ocasiones las acciones militares pueden ser opacas y su registro poco comparable entre países, el gasto militar es información que suele estar disponible y que puede utilizarse para comparar la presencia militar en distintas latitudes. En el estudio publicado por Dizaji y Farzanegan en 2023,1 se mencionan trece investigaciones publicadas entre 1996 y 2017, que contemplan de 18 a 150 países, vinculando el gasto militar con alguna medición de democracia entre 1950 y 2017. En todos ellos se encuentra una relación negativa entre gasto militar y democracia. Cabe mencionar, sin embargo, que si bien la relación negativa es consistente a lo largo de los estudios, la explicación sobre cómo opera este vínculo no queda del todo clara.
Muchos de estos estudios analizan cómo el nivel democrático afecta el gasto militar; sin embargo, también es posible concebir cómo el gasto militar es una medición aproximada del nivel de militarización, la cual incide en la calidad democrática. Dizaji y Farzanegan analizan esta segunda hipótesis a través del estudio de más de 40 países en desarrollo,2 entre 1990 y 2017. Sus resultados arrojan que el aumento en el gasto militar afecta de manera negativa y significativa los distintos índices de democracia (electoral, liberal, participativa, deliberativa, e igualitaria). En contraste, el aumento en el gasto no militar (versus el militar) no parece, en sí mismo, mejorar los índices de democracia. En otras palabras: el efecto negativo del aumento del gasto militar sobre la democracia no se revierte simplemente reduciendo el gasto militar y aumentando el gasto no militar. Esta evidencia, junto con las claras tendencias que vinculan de forma negativa a la democracia con el gasto militar, brindan buenas razones para fiscalizar el gasto militar y oponerse a su aumento.
Militarización de la seguridad pública
El uso de personal y estrategias militares para tareas de seguridad pública no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del caso mexicano. La militarización de las tareas de seguridad pública —entendida en este caso como la militarización de las policías— se ha estudiado ampliamente en el caso estadunidense, donde se ha argumentado que esta permite un mejor entrenamiento, disciplina y rendición de cuentas. Sin embargo, los resultados obtenidos cuentan una historia distinta: aumento en el número de muertes en los enfrentamientos que involucran policías y reducción del involucramiento comunitario de la policía, sin conseguir una mayor seguridad de los cuerpos policiales ni la reducción del crimen.3
Más allá de la experiencia estadunidense, vale la pena estudiar la región de América Latina, donde la fuerza militar ha crecido, se ha sofisticado y ha aumentado su alcance e influencia. De acuerdo con Kyle y Reiter,4 desde la Guerra Fría no se veía una presencia militar tan fuerte en América Latina, con graves implicaciones en materia de derechos humanos y democracia. En toda la región se observan ejemplos de cómo los líderes electos democráticamente presentan soluciones militares para los problemas nacionales, con el aval de la ciudadanía. La presencia de los grupos criminales y el aumento en el nivel de crímenes violentos han dejado en evidencia a fuerzas policiales mal pagadas, entrenadas y equipadas. Ante este escenario, los líderes políticos han apelado al populismo punitivo para obtener beneficios electorales y han presentado a las Fuerzas Armadas como una alternativa más competente, menos corrupta y más preocupada por la nación.5
Paradójicamente, las preocupaciones de la ciudadanía se han utilizado como una de las justificaciones para aumentar la militarización, contribuyendo a la erosión democrática de la región. Esto ha tenido un efecto particular en la reducción de la rendición de cuentas, pues las decisiones en materia de seguridad suelen ser discrecionales y alejadas de las leyes civiles, lo cual tiende a provocar que las Fuerzas Armadas actúen en limbos legales que complican aún más la contención del avance de la militarización. Asimismo, ha aumentado el uso de armas letales, el entrenamiento de las fuerzas encargadas de la seguridad ha adoptado un enfoque de combate al enemigo, se ha reducido el involucramiento comunitario y han aumentado los casos de abuso de la fuerza.6
La región parecía haber dejado atrás la época de las dictaduras militares; sin embargo, aunque las cabezas de gobierno no forman parte de las Fuerzas Armadas, la distinción entre el uso de la fuerza civil y militar, que solía distinguir a las democracias de las dictaduras, se ha ido borrando en América Latina.7 La justificación para utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e interior es prácticamente la misma en toda la región. Los resultados, desafortunadamente, también guardan enormes similitudes. El uso de las Fuerzas Armadas bajo regímenes democráticos sistemáticamente ha elevado el número de muertes en los enfrentamientos, mientras se restringen o eliminan los derechos humanos.8
Incidencia política de la milicia
En América Latina existen condiciones particulares que han fomentado la expansión de la militarización. La ciudadanía tenía altas expectativas sobre el aumento en su calidad de vida ante la transición democrática; pero las políticas económicas empleadas en la región han elevado la desigualdad y la pobreza, mientras la corrupción y la violencia también van en aumento. Este contexto ha propiciado un desencanto con la democracia, lo cual permite la implementación de estrategias más autoritarias9 y un aumento en la aceptación del uso de las fuerzas militares. De hecho, en contraste con las instituciones civiles, las instituciones militares suelen gozar de mayor confianza ciudadana en la región. En El Salvador, México, Honduras y Bolivia, por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad tiene el apoyo de todo el espectro político, lo cual refleja la enorme popularidad de las instituciones militares.10
Los procesos de militarización no suelen quedarse en la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sino que tienden a expandirse a otras actividades públicas. El problema de usar a la milicia para contrarrestar a la delincuencia organizada tiene el efecto no intencional de empezar a contar con militares para atender otras tareas no relacionadas con las de seguridad. Este fenómeno se observa con claridad en el Inventario Nacional de lo Militarizado, que muestra que las funciones transferidas a las Fuerzas Armadas que no están relacionadas con seguridad pública han ido en aumento, representando 41 % en el sexenio de Calderón, 67 % en el de Peña Nieto y llegando a 83 % en lo que va del gobierno de López Obrador. Cada vez es más frecuente que se utilice a las instituciones militares para empujar intereses políticos y económicos, lo cual erosiona a las instituciones democráticas.
La criminalización de la protesta es una de las consecuencias más evidentes. En Guatemala, Brasil, Ecuador y Honduras, por ejemplo, se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para repeler protestas sindicales y sociales. La tentación de suprimir el disenso justificando “interés nacional” en un conflicto es alta, sin embargo, esto tiene efectos nocivos. Por un lado, inhibe la discusión pública y la búsqueda de alternativas de resolución de conflictos; por el otro, fomenta la polarización al entrar en la lógica de combate, donde el debate democrático es sustituido por la confrontación entre bandos. En este contexto, las instituciones democráticas pierden apoyo y se erosionan paulatinamente, mientras que las instituciones militares se vuelven una alternativa cada vez más accesible para una mayor diversidad de tareas. En Bolivia y Perú, por ejemplo, están encargadas de resguardar infraestructura estratégica y en Paraguay iniciaron combatiendo a la guerrilla y actualmente sus funciones se extienden hasta la prevención del robo de ganado.11
Mientras más se involucran las instituciones militares en tareas civiles, las estructuras militares se van politizando en detrimento de la calidad democrática. Tusalem12 enfatiza que si la milicia institucionaliza su rol en la política como intervencionista, la consolidación democrática se vuelve improbable. Más aún, cuando los intereses económicos de la milicia se ven amenazados, la supervivencia de la democracia se pone en riesgo. Para evaluar la politización de la milicia, el autor retoma, entre otras mediciones, el listado de Alan Siaroff13 sobre los elementos de dominio militar que se imponen en un Estado.
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Elementos de dominio militar que se imponen en un Estado de acuerdo a Rollin Tusalem |
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En México, podemos observar la presencia de ocho de estos once elementos.14 Pero más allá de México, hoy en día podemos encontrar estos elementos en una gran cantidad de países democráticos, particularmente en nuestra región. Este listado puede ser una buena caracterización de los procesos de militarización actuales, los cuales, sin necesidad de contar con una dictadura militar como tal, le conceden grandes prerrogativas a las fuerzas militares. Tras el estudio del efecto de la politización de la milicia sobre las transiciones democráticas, Tusalem concluye que la participación de las instituciones militares en la política y la toma de decisiones se vincula con una menor calidad democrática.15 En este sentido, la protección de las instituciones democráticas pasa necesariamente por limitar la intervención de las instituciones militares en la política y por la implementación de controles civiles claros que acoten al máximo la injerencia militar en los asuntos públicos.
Antes de concluir es importante mencionar que hay literatura en la que se argumenta que, en algunos contextos, los golpes militares han sido necesarios para terminar con regímenes autoritarios e instaurar la democracia. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado, pues se ha encontrado que los golpes militares suelen establecer regímenes no democráticos, cambiando el liderazgo sin cambiar realmente el régimen. Incluso en aquellos casos donde los líderes militares han favorecido el desarrollo de elecciones, estos regímenes han demostrado una menor calidad democrática, han mantenido los privilegios institucionales de las élites militares, su autonomía interna, autoridad en la toma de decisiones sobre seguridad y poder de veto sobre ciertas políticas.16 Una vez más la evidencia apunta hacia la misma dirección: mientras mayor sea la participación de las instituciones militares en la toma de decisiones públicas, menor es la calidad de las instituciones democráticas. Si lo que se desea es fortalecer a las instituciones democráticas, es fundamental establecer controles civiles y acotar la injerencia militar a su mínima expresión.
En conclusión
El estudio comparado de la relación entre militarización y democracia confirma la necesidad de dar seguimiento puntual al proceso de militarización. El avance de la militarización y el militarismo no es exclusivo de México, sino que es un fenómeno que se observa en todo el mundo, particularmente en América Latina. Las justificaciones, tendencias y resultados muestran enormes similitudes que dejan importantes aprendizajes. Quizá el más relevante es que la noción de que la militarización es antidemocrática no es una reflexión meramente teórica, sino que la evidencia empírica la confirma. A lo largo del tiempo y en distintas latitudes se observa lo mismo: a mayor militarización, menor democracia.
El estudio de los procesos de militarización en otros países nos obliga a cuestionar tanto las justificaciones como los resultados esperados. Los ejemplos sobre cómo las instituciones militares inician tomando el control de las tareas de seguridad y se extienden a otras esferas civiles en detrimento de las instituciones democráticas deberían ser motivo de preocupación. Incluso en aquellos casos en los que las instituciones militares se han replegado, las milicias suelen conservar privilegios políticos y económicos que representan un obstáculo para la consolidación y el fortalecimiento democráticos. Si hacemos caso a las lecciones aprendidas, la exigencia para establecer controles civiles, reducir y transparentar el presupuesto militar y acotar la injerencia militar en la toma de decisiones gubernamentales deberían ser la prioridad.
Nuria Valenzuela
Estudió Economía y Ciencia Política. Es analista, consultora y cofundadora de Crucigrama.
1 Faraji Dizaji, Sajjad, y Mohammad Farzanegan. “Democracy and Militarization in Developing Countries: A Panel Vector Autoregressive Analysis”. Defence and Peace Economics, vol. 34, núm. 3, enero de 2023, pp. 272–92.
2 Los países considerados son: Algeria, Angola, Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Egipto, Ghana, Hungría, India, Indonesia, Irán, Jordania, Kazajstán, Kuwait, Latvia, Líbano, Lituania, Malasia, México, Marruecos, Myanmar, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Filipinas, Polonia, Qatar, Rumania, Arabia Saudita, Sudáfrica, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Tunisia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela, Vietnam y Yemen.
3 Flores-Macias, Gustavo, y Jessica Zarkin. “The Militarization of Law Enforcement: Evidence from Latin America”. Perspectives on Politics, vol. 19, núm. 2, 2021, pp. 519–38.
4 Kyle, Brett J., y Andrew G. Reiter. “A New Dawn for Latin American Militaries: Across the Region, Militarization Is on the Rise, Posing a Major Threat to Democracy and Justice. What Can Be Done?” NACLA Report on the Americas, vol. 51, núm. 1, marzo de 2019, pp. 18–28. y Flores-Macias, Gustavo, y Jessica Zarkin. “The Militarization of Law Enforcement: Evidence from Latin America”. Perspectives on Politics, vol. 19, núm. 2, 2021, pp. 519–38.
5 En Brasil, por ejemplo, las instituciones militares se han declarado como responsables de mantener el bienestar de la nación democrática, en un intento por insertarse en una nueva noción de democracia. Ante la decepción con las instituciones civiles, percibidas como inmaduras, indisciplinadas, mal entrenadas y susceptibles a la corrupción, surge la supuesta necesidad de protección y vigilancia por quienes dicen buscar lo mejor para el país. Ver Zaverucha, Jorge. “Fragile Democracy and the Militarization of Public Safety in Brazil”. Latin American Perspectives, vol. 27, núm. 3, 2000, pp. 8–31.
6 Flores-Macias, Gustavo, y Jessica Zarkin. “The Militarization of Law Enforcement: Evidence from Latin America”. Perspectives on Politics, vol. 19, núm. 2, 2021, pp. 519–38. y Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina. Consultado el 28 de septiembre de 2023.
7 Ibidem
8 Dreze, Jean. “Militarism, Development and Democracy”. Economic and Political Weekly, vol. 35, núm. 14, 2000, pp. 1171–83.
9 Corporación Latinobarómetro. Informe Latinobarómetro 2023: La recesión democrática de América Latina. Consultado el 28 de septiembre de 2023.
10 Kyle, Brett J., y Andrew G. Reiter. “A New Dawn for Latin American Militaries: Across the Region, Militarization Is on the Rise, Posing a Major Threat to Democracy and Justice. What Can Be Done?” NACLA Report on the Americas, vol. 51, núm. 1, marzo de 2019, pp. 18–28.
11 Dreze, Jean. “Militarism, Development and Democracy”. Economic and Political Weekly, vol. 35, núm. 14, 2000, pp. 1171–83. y Kyle, Brett J., y Andrew G. Reiter. “A New Dawn for Latin American Militaries: Across the Region, Militarization Is on the Rise, Posing a Major Threat to Democracy and Justice. What Can Be Done?” NACLA Report on the Americas, vol. 51, núm. 1, marzo de 2019, pp. 18–28.
12 Tusalem, Rollin. “Bringing the military back in: The politicisation of the military and its effect on democratic consolidation”. International Political Science Review, vol. 35, núm. 4, julio de 2013, pp. 482–501.
13 Siaroff, Alan. Comparing Political Regimes: A Thematic Introduction to Comparative Politics. 2nd ed, University of Toronto Press, 2009.
14 Con excepción de la prerrogativa para terminar con un gobierno civil, el que la cabeza del gobierno sea militar y el que puedan nombrar o remover posiciones civiles en el gobierno, México cuenta con el resto de los elementos de dominio militar propuestos en este listado.
15 Tusalem, Rollin. “Bringing the military back in: The politicisation of the military and its effect on democratic consolidation”. International Political Science Review, vol. 35, núm. 4, julio de 2013, pp. 482–501.
16 Kuehn, David. “Midwives or gravediggers of democracy? The military’s impact on democratic development”. Democratization, vol. 24, núm. 5, julio de 2017, pp. 783–800.