¿Por qué plurinominales? Una historia personal de la democracia en México

Un gran número de mexicanos lucharon y dedicaron buena parte de sus vidas para crear una entidad que cuidara de los procesos electorales de manera confiable: el Instituto Federal Electoral (IFE), transformado después en el Instituto Nacional Electoral (INE) que ahora conocemos. Aunque cuando el IFE se conformó en 1990 dependía de los poderes del Estado mexicano, tanto las leyes que lo regían como sus instrumentos de organización y funcionalidad fueron modificándose poco a poco para convertirlo en una institución ciudadana tan independiente como pudiera ser. Paralelamente, hombres y mujeres dentro y fuera de la política promovieron diversas reformas a las leyes electorales con el propósito de que nuestro país transitara hacia una democracia idealmente limpia y transparente.

Ilustración: Estelí Meza
Ilustración: Estelí Meza

La historia que comparto aquí tiene que ver en particular con la promoción de una reforma a la Ley Electoral del Estado de Guanajuato que tuvo lugar a mediados de 1994, y también con la razón de ser de los diputados plurinominales.

La Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal, como aquellas de los estados, se formaba inicialmente con los ganadores de la mayoría absoluta de votos en los distritos electorales. Si esta fuera toda la historia, la representación de los partidos políticos en los congresos podría no representar con justicia y equidad al electorado. Esto se puede explicar con un “experimento pensado”. Para ello citaré libremente algunas líneas que yo mismo escribí para un artículo publicado por la Academia Mexicana de Ciencias:

Imaginemos que un cierto distrito electoral tiene un padrón de 1000 votantes y que como resultado de unas elecciones se determinará quién será el representante o diputado de dicho distrito en el Congreso Legislativo. Vamos a suponer que los votantes podían elegir entre tres candidatos y que el día de las elecciones los resultados fueron así: el diputado del partido A tuvo 331 votos, el del partido B tuvo 332 votos y el del partido C tuvo 333 votos. Además hubieron cuatro votos anulados.

Es claro que si los votos anulados hubieran sido válidos y emitidos a favor del partido A, éste habría ganado, o que si hubieran sido válidos y a favor del B, el B habría ganado. ¿Quién va a representar a este distrito en el Congreso? ¿El candidato del partido C que obtuvo la mayoría absoluta? ¿Por qué habría de ser éste un buen representante de toda la población si solamente obtuvo un tercio del total de votos? ¿No sería esto un “virtual empate”? ¿Qué alternativa habría para balancear la representación de esta población en el Congreso? ¿Permitir que los tres sean nombrados diputados representantes de dicho distrito apelando a un principio democrático elemental?

[…] Algo que se antoja “razonable” en este ejemplo es llevar a los tres contendientes de este distrito electoral al Congreso. Hacerlo es de facto una figura que existe en muchas leyes electorales y se declara que los candidatos de los partidos A y B, si bien no obtuvieron una mayoría absoluta, serán miembros del Congreso y fungirán como representantes de su distrito en calidad de diputados de representación proporcional o como se les conoce más ampliamente en México, plurinominales.1

Y hasta aquí la cita de los párrafos que son relevantes para la “reconstrucción de la historia” que deseo compartir. Poder contar con diputados de diferentes partidos que puedan representar proporcionalmente el número de votos que dichos partidos recibieron en las elecciones es un tema importante en las democracias modernas. Ha sido motivo de muchos estudios desde diferentes puntos de vista y desde diferentes disciplinas, entre ellas las matemáticas y la teoría de juegos.

¿Cuántos diputados son necesarios para conseguir una representación equilibrada y justa de acuerdo al número de votos recibidos en unos comicios? Esto depende del modelo de asignación de diputados plurinominales asentado en las leyes electorales correspondientes. En el modelo original que produjimos en 1994 y que pretendía ser incorporado a la Ley Electoral del Estado de Guanajuato, podía ocurrir que no fuera necesario emplear un solo plurinominal. De una manera muy específica, esto lo decidían las elecciones mismas, según los resultados y de acuerdo a los rangos y criterios contemplados en las leyes para asignar plurinominales.

El planteamiento del problema llegó a mí entre los últimos meses del año 1993 y los primeros meses de 1994, a través de un diputado local en el Congreso de Guanajuato, Carlos Arce Macías, con quien normalmente platicaba de temas políticos al salir de las juntas de padres de familia de la escuela de nuestros hijos. Un día me mostró las memorias de un congreso internacional que contenía varios artículos sobre representaciones justas en diversos parlamentos europeos. De manera inocente, me pareció que el problema podía ser abordado en abstracto empleando los métodos matemáticos que uno aprende para reportar los datos recogidos de un experimento. Le dije que muchos de los “parámetros raros” que aparecían en los artículos del volumen que me había mostrado se podían explicar partiendo de primeros principios. En cuestión de pocos días le compartí un manuscrito —redactado como si fuera un artículo para un congreso— donde exponía una forma teórica de asignar diputados de acuerdo a los resultados de una hipotética jornada electoral, siguiendo la idea de “reportar el resultado de un experimento”.

Aquel primer manuscrito llegó hasta la Secretaría de Gobierno del estado. El diputado Arce se encargó de platicarle al entonces gobernador interino, Carlos Medina Plascencia, lo que un enfoque científico podría arrojar como resultado del problema de cómo asignar diputados de representación proporcional. Entre abril y mayo de 1994 tuve algunas reuniones con Arce y con Juan Antonio García Villa, asesor de la Secretaría de Gobierno para la reforma electoral. Con el fin de respaldar mejor la teoría le pedí a Francisco Sánchez —un colega y buen amigo del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT) especializado en teoría de juegos— que se incorporara al análisis del problema. Para el 13 de mayo habíamos producido un primer modelo de asignación de plurinominales que dependía exclusivamente de los votos recibidos por cada partido político en cada distrito electoral, con dos restricciones: 1) no asignar plurinominales a partidos cuyos votos recibidos hubieran estado por debajo de un porcentaje mínimo fijado a priori; y 2) emplear un número máximo de diputados plurinominales, también fijado a priori.

La noche del 2 de julio recibí una llamada de Arce; me dijo que se requería mi presencia el lunes 4 de julio en la Ciudad de México para presentar y aclarar ante algunos expertos los detalles técnicos del modelo producido. No me dijo nada más, salvo que el encuentro sería en el Hotel Nikko a las 7:00 pm. Llegué con unos minutos de antelación. No estaba Arce, pero sí el gobernador y varios miembros de su gabinete. Entendí que me estaban esperando para trasladarnos a otro sitio, que resultó ser la Hacienda de Tlalpan. El camino se me hizo eterno por el tráfico y la lluvia torrencial, pero la experiencia me pareció increíble. Viajábamos todos en una misma camioneta y a lo largo del recorrido el gobernador fue atendiendo diversos asuntos con los miembros de su gabinete, quienes se turnaban cambiándose de lugar para sentarse junto a él. Me quedé con una excelente impresión del ambiente de trabajo vivido en el recorrido. Nada que ver con mi prejuiciada imagen de los políticos en aquellos tiempos. En algún momento del trayecto me explicaron que la reunión a la que íbamos sería frente a un grupo de expertos en temas electorales que querían conocer de primera mano los detalles de nuestro modelo. Fue en ese momento en el que me puse muy nervioso, porque también mencionaron que entre los expertos habría asesores del presidente Carlos Salinas.

En la Hacienda de Tlalpan había un salón reservado bajo el nombre de “Guanajuato”. Estaba preparado para la reunión con tres grandes mesas dispuestas a lo largo de tres lados de un cuadrado amplio. Cada lugar, además de platos, cubiertos y servilletas, tenía un micrófono y un identificador con el nombre de cada participante. Justo en el sitio donde estaba mi nombre había también un retroproyector de transparencias ajustado para ser proyectadas en una pantalla que estaba en el lado del cuadrado donde no había mesa. El tráfico y la lluvia hizo que el contingente que acompañaba al gobernador fuera el último en llegar y en tomar sus lugares.

Durante la típica ronda de presentación inicial que hacen de sí mismos cada uno de los participantes, me di cuenta de que los representantes del IFE, de la Secretaría de Gobernación y los asesores de la Presidencia en temas electorales eran académicos como yo. Las hojas de mi diario me recuerdan que estaban presentes José Woldenberg, Manuel Barquín, Jaime Cárdenas, Juan Molinar y Leonardo Valdez, entre otros. Alguno de ellos declaró estar en representación del secretario Jorge Carpizo.

Después de la ronda de autopresentaciones, el gobernador Medina Plascencia tomó la palabra para explicar a grandes rasgos la urgencia de contar con una Ley Electoral que diera por resultado una composición más justa y representativa en el Congreso de Guanajuato; y que si esto iba bien podría llevarse incluso al Congreso federal. Explicó brevemente que un académico del CIMAT había trabajado en un modelo de asignación de diputados de representación proporcional y que estábamos todos allí para valorar su pertinencia y viabilidad. A continuación me cedieron la palabra y procedí a proyectar las transparencias que había preparado.

Recojo también de las páginas de mi diario que, después de exponer nuestro modelo, vinieron las intervenciones de los académicos allí presentes. En general sus opiniones respaldaban la manera “tan democrática” de conseguir la representación de los diversos partidos en el Congreso que proponíamos. También que se dieron comentarios respecto al potencial peligro de “ingobernabilidad” que podría resultar de una representación “tan democrática” de los partidos.

Algo que parecía muy relevante, y que también me hizo notar mi amigo y colaborador Paco Sánchez, fue que la distribución de diputados de cada partido en el Congreso no necesariamente traduce el número de votos en “poder” para aprobar iniciativas de ley. He aquí otro “experimento pensado”: imaginemos un Congreso con cien diputados que idealmente representan proporcionalmente al electorado según los votos recibidos. Imaginemos que quedó formado por 48 diputados del partido A, 49 diputados del partido B y tres diputados del partido C. Si para aprobar cualquier iniciativa se necesita una mayoría absoluta de votos en la Cámara, ninguno de los tres partidos de este experimento tiene el poder absoluto. Dicho de otro modo: los tres partidos tienen igual poder.

Los expertos citaron ejemplos tomados del “modelo alemán” o del “modelo italiano”, pero al final resultó claro que sería viable llevar a la práctica “el modelo guanajuatense” con algunos ajustes. Este modelo consistía en la propuesta inocente de realizar la asignación de diputados “minimizando la distancia” del número de votos recibidos por cada partido al “número de diputados idealmente justo”, con las restricciones impuestas a priori que tomaban en cuenta cuestiones políticas.

El 6 de julio por la mañana estuve en el Palacio de Gobierno haciéndole algunos ajustes al modelo original de acuerdo a lo sugerido por los académicos ante los que hice la presentación el lunes por la noche. Allí me enteré de que el presidente Salinas le había dado el “¡Sí, adelante!” al gobernador Medina Plascencia para echar a andar una reforma a la Ley Electoral del Estado, pero se requería un documento que presentara una variedad de ejemplos —es decir: diferentes escenarios— con números específicos de asignación de plurinominales bajo el nuevo modelo, que ya incorporaba las sugerencias hechas por los académicos en la reunión en la Hacienda de Tlalpan.

El modelo modificado y sus resultados hipotéticos iban a ser dados a conocer por el propio gobernador Medina Plascencia en los diferentes municipios del estado. Mi colega Paco Sánchez y yo dejamos listos varios ejemplos (escenarios, como los llamaba García Villa). El jueves por la noche en León el gobernador inició su “Primer Foro por la Democracia” explicando el principio de la representación proporcional y dando a conocer que había un “modelo matemático” que podía implementarlo. El asunto fue noticia principal en todos los periódicos locales el fin de semana del 8 al 10 de julio. El sábado 9 supe, por el guardia del CIMAT, que desde temprano el director de mi institución estuvo preguntando por mí.

Y es que en las noticias difundidas por los diarios locales se decía que el gobernador, al promocionar su propuesta para reformar la Ley Electoral, había mencionado que la propuesta estaba basada en estudios serios que resultaron de un congreso internacional en materia electoral (lo cual era cierto, porque de las memorias de ese congreso fue que tomamos originalmente el problema); que la propuesta había sido revisada y bien recomendada por expertos nacionales y consejeros del Instituto Federal Electoral (lo cual también era cierto); que contaba con el visto bueno del presidente Salinas para que él la diera a conocer (cosa que, de no ser cierta, habría sido políticamente desastrosa para el gobernador); y, finalmente, que un matemático del CIMAT había trabajado en la fundamentación científica de la propuesta (cosa también cierta).

Sin embargo, esta última línea, extraída de manera descontextualizada de lo publicado en los diarios, hizo que llegaran una cantidad de comunicados por fax a la Dirección General del CIMAT. Era por ello que el director quería saber de mí desde el sábado. Cuando finalmente lo vi, el lunes 11, se me fue a la yugular y me acusó de “usar el nombre del CIMAT en mi beneficio mientras hacía un trabajo para un partido político.” Le expliqué que yo no había trabajado para partido político alguno, sino que había colaborado con el gobierno del estado, y que me sentía muy orgulloso de lo que había producido. Sin embargo, el director me exigió a gritos y con muy malos modos que escribiera una carta para los periódicos locales en donde deslindara al CIMAT del modelo producido porque se trataba —cito textualmente de mi diario— de “una falta muy grave”.

Al final escribí el solicitado disclaimer, aunque previamente notifiqué de lo sucedido al diputado Arce y a García Villa, además de hacerles llegar mi propuesta de carta para el periódico. Para mi sorpresa, en cuestión de minutos —un par de horas, quizá— el director del CIMAT volvió a buscarme en mi oficina para decirme que el gobernador le había llamado por teléfono para aclarar los malentendidos, asegurándole además que él mismo escribiría una nota paralela a la mía para los periódicos. El martes 12 estaba mi nombre en los periódicos locales; estaba también publicada mi carta y una nota del propio Medina Plascencia.

El gobernador se dio a la tarea de realizar una gira, municipio por municipio, para dar a conocer la propuesta que fundamentaba la necesidad de cambiar la Ley Electoral existente por una que incluyera el principio de representación proporcional. Bajo la ley existente, solamente un partido político resultaba sobrerrepresentado en el Congreso, y solamente ese partido se vería afectado por una nueva Ley Electoral. No es difícil adivinar cuál era. La militancia de ese partido promovió un boicot a la cruzada del gobernador en los municipios, obstaculizando la promoción del modelo y desinformando sobre los motivos para cambiar la Ley Electoral. Fue tal la intensidad del boicot que al final, desde el Congreso del Estado, ya no se pudo empujar la reforma electoral promovida por el gobernador. Luego vinieron las elecciones de agosto de 1994 y el PRI ganó aplastantemente.

En septiembre de 1994 inicié una estancia sabática en la Universidad de Valencia y me perdí de las primeras acciones del nuevo gobierno del estado de Guanajuato. Pero una de estas acciones fue que la mayoría priista en el Congreso promovió una reforma a la Ley Electoral. Para darle sustento científico, como el que tenía la propuesta promovida durante el gobierno anterior, buscaron ayuda en el CIMAT. La diferencia fue que se aseguraron de no buscar a los mismos matemáticos que trabajaron con el gobierno anterior. Sin embargo, los colegas que colaboraron en el nuevo proyecto no enfocaron el problema desde la perspectiva de un físico experimental, sino desde el punto de vista de la optimización con métodos computacionales. Al final, sus resultados no iban a diferir mucho de los nuestros, porque el principio rector del problema seguía siendo el mismo: que la representación proporcional de los partidos políticos en el Congreso fuera lo más parecida posible a la proporción de votos recibidos.

La gran diferencia fue que, mientras que en el modelo que habíamos propuesto mi amigo Paco Sánchez y yo bastaba una calculadora de bolsillo y los resultados oficiales de las elecciones para saber cuántos diputados plurinominales recibiría cada partido, el modelo computacional convirtió el problema en algo parecido a lo que los expertos conocen como un “cálculo de variaciones”. La asignación de plurinominales se volvió una especie de “caja negra” que requería un programa de cómputo que “corría” una enorme cantidad de posibilidades para asignar plurinominales y al final seleccionaba “la más justa”. Pero esa solución “más justa” era evidente para el algoritmo, no para los usuarios de a pie. En las elecciones intermedias de 1997 el Congreso de Guanajuato buscó la opinión calificada que pudiéramos aportar mi colega Paco y yo en relación a las dudas que todos los diputados tuvieron tras la asignación de diputados plurinominales. Cada partido creía que le correspondían más de los que les resultaron asignados. Paco y yo explicamos las razones de las diferencias percibidas. Habría sido mejor y más transparente haberse quedado con el modelo que propusimos.2

En retrospectiva, y a la luz de los advertidos propósitos por “reformatear” al INE —cambiar la manera de designar a sus consejeros, reconfigurar la posible asignación de los diputados plurinominales—, no puedo sino sentir una gran necesidad de decir que, además de mi historia, hay al menos miles otras más de muchas personas que trabajaron seriamente para llegar a donde llegamos con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los diputados de representación proporcional y con todas las legítimas aspiraciones de los mexicanos por hacernos de una vida democrática tan limpia y tan transparente como merecemos. Además de lo que se ha hecho en matemáticas, muchísimos trabajos en otras ciencias contribuyeron a llegar a donde llegamos después de la hegemonía del PRI. No solamente hubo trabajo de académicos, sino el trabajo fundamental de luchadores sociales, de líderes comunitarios, de colectivos y comunidades que contribuyeron con su determinación y convicción a la vida democrática del país. No debemos defraudar el trabajo de tantas personas a lo largo de los últimos treinta años.

 

Adolfo Sánchez Valenzuela
Profesor-investigador del Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (nivel III) y de la Academia Mexicana de Ciencias


1 Sánchez Valenzuela, A. “Las matemáticas están en todas partes”, CIENCIA. Revista de la AMC, vol. 64, núm. 1, 2013, pp. 26-33.

2 Los documentos relativos a nuestra explicación se pueden consultar aquí, aquí y aquí.