México no necesita de la sustitución de importaciones para beneficiarse de los cambios en la economía global, pero tampoco puede permanecer inactivo. El reordenamiento global de las cadenas de suministro nos obliga a buscar un punto medio: una nueva forma de hacer política industrial.
La política industrial (PI) es el uso de las capacidades políticas, legales y financieras del Estado para generar mejores condiciones para el desarrollo de un sector económico. Esto bajo el supuesto de que una transformación productiva no ocurriría sin la intervención pública.
Si bien su nombre parece indicarlo, la PI no está acotada a la “industria”; también puede aplicarse en el sector primario o en los servicios. Las herramientas para su implementación son diversas: reformas educativas, regulación laboral y económica, otorgamiento de créditos subsidiados, desarrollo de proyectos de infraestructura, de ciencia o tecnología, etc.
Tanto el CHIPS and Science Act en Estados Unidos como la Digitalstrategieen en Alemania reflejan que la PI está de vuelta bajo una nueva presentación. Los países están yendo más allá de la industrialización o supremacía tecnológica; ahora integran objetivos relacionados al combate al cambio climático, la reducción de brechas digitales y de género, la aplicación de inteligencia artificial en empresas y el reordenamiento de cadenas de suministro.
Frente a la nueva generación de políticas industriales, México no debe quedarse atrás en reconocer la utilidad de ser ambidiestros. Es decir, de saber que la presencia de la mano visible del Estado no siempre significa desplazar a la mano invisible del mercado.
Tres lecciones históricas del Asia del Este podrían guiar a la incipiente PI mexicana:
- Una PI exitosa castiga la complacencia y premia la innovación. La historia nos ha mostrado que, mientras que las políticas de sustitución de importaciones en América Latina crearon empresas ineficientes y extractivas, las políticas orientadas hacia las exportaciones de Taiwán, Corea del Sur y Japón lograron empujar a emprendedores y élites económicas a ganar terreno en los mercados globales, en vez de sólo buscar el poder de mercado local.
- La PI es útil cuando se convierte en un punto focal para la coordinación voluntaria. La PI debe de ser capaz de cambiar expectativas y expandir horizontes de inversión para que el talento y capital subutilizados puedan, voluntariamente, destinarse a actividades que generen mejores beneficios.
- La PI requiere de recursos, coordinación y competencias claras. Si bien no podemos heredar la cultura confuciana de Asia del Este, hay mucho que aprender de sus burocracias. Los ejemplos históricos del NDRC chino, el MITI japonés, el EPB coreano y el IDB y CEPD taiwanés nos muestran que se requieren de burocracias profesionales y bien remuneradas con la capacidad de dirigir acciones de otras instituciones públicas para eficientar la implementación de la PI.
¿Y para qué necesitaría México una PI? La realidad es que para la mayoría de los casos no sería necesaria; sólo en aquellas situaciones en las que políticas públicas, cambios regulatorios y proyectos de inversión puedan generar mejores condiciones para el emprendimiento y la innovación. Por ejemplo:
- Para atraer a empresas que buscan cambiar sus centros de producción se podría destinar una mayor proporción de inversión pública a la modernización de la infraestructura que conecta ciudades, parques industriales, puertos y aduanas. Hoy en día más de la mitad de la inversión federal se destina a proyectos relacionados con hidrocarburos. Además, se podría revivir la agenda de atracción de inversión y promoción de exportaciones del extinto ProMéxico con un nuevo énfasis en atraer empresas que buscan salir de Chinay en la integración de cadenas de suministro con aliados del TMEC y la Alianza del Pacífico.
- Para generar mayor investigación en ciencias básicas y aplicadas es necesario retomar el espíritu fundacional de los centros públicos de investigación Conacyt (CPI) como puentes entre empresas y gobiernos para generar innovación y tecnología. Para fortalecer este esquema se podría permitir que los CPI y sus investigadores sean copartícipes de los beneficios del desarrollo de patentes y otras innovaciones. Asimismo, habría que asumir que la investigación científica, en especial en ciencias básicas, es global y cooperativa. Por ello, habría que incluir como pares a investigadores en empresas nacionales, universidades privadas y organizaciones civiles en incentivos de Conacyt para la publicación en revistas arbitradas de calidad y la participación en congresos internacionales.
- Para expandir la incubación y desarrollo de emprendimientos, se podría promover que los CPI, las universidades y la banca de desarrollo puedan ser coaccionistas de proyectos y, junto a instituciones financieras privadas, puedan expandir la disponibilidad de capital semilla y de riesgo para emprendimientos basados en nuevas tecnologías o soluciones empresariales.
Si bien esta lista no es exhaustiva, lo que ejemplifica es que la PI puede y debe ir más allá de los simples subsidios o aranceles: debe pensarse en términos de ecosistemas de emprendimiento e innovación entre actores públicos y privados.
Las oportunidades abundan para México, pero hay que abordar el optimismo con cautela. El mayor uso de políticas industriales en el mundo también significa una mayor competencia para atraer empresas y, por lo tanto, mayores riesgos de desperdiciar recursos públicos en fallidos proyectos de desarrollo tecnológico y atracción de inversiones.
Para aprovechar los cambios en la economía global es necesario apoyarse de una brújula calibrada por la historia y la evidencia. Esa brújula no apunta ni al dogma del aislamiento ni al de la inacción gubernamental, sino hacia un sano escepticismo que nos permita usar la PI para crear más oportunidades, no para levantar barreras.
Fernando Valdés Benavides
Senior Knowledge Specialist, Bain & Co.