La llegada de Trump a la Presidencia de Estados Unidos, respaldada por el reciente triunfo republicano en ambas Cámaras, y en conjunto con la administración de Claudia Sheinbaum, marca un nuevo capítulo en las relaciones migratorias entre ambos países. De igual forma, deja la puerta abierta a un nuevo escenario en torno al fenómeno de la migración no sólo en la región, sino en todo el continente al haberse convertido en su totalidad en puerta de entrada, tránsito y espera. En este contexto, presento algunas reflexiones y analizo los desafíos y las implicaciones de las políticas previstas, así como sus efectos actuales y potenciales tanto en las personas migrantes como en el conjunto de la sociedad.
La reconfiguración de rutas y la industria en torno a la migración
El esperado endurecimiento de las políticas migratorias estadunidenses está generado un clima de incertidumbre y miedo entre las poblaciones migrantes. Frente a mayores barreras para cruzar la frontera terrestre, los migrantes comenzarán a explorar rutas alternativas y sin duda mucho más peligrosas para llegar a Estados Unidos. Este fenómeno no sólo implica un aumento de los riesgos inherentes a estas nuevas rutas, sino también una dependencia mayor de traficantes de personas que han intensificado su acción desde el lugar de origen hasta el destino.
A medida que se cierran las rutas tradicionales hacia Estados Unidos, los traficantes de personas verán oportunidades para expandir su negocio. Este fenómeno, incentivado por la militarización de las fronteras y las restricciones legales, resulta en un aumento de las desapariciones y los secuestros de migrantes. El crimen organizado no sólo lucra con el tráfico de personas, también controla albergues (a través del cobro de piso) y zonas de tránsito en las fronteras, convirtiendo estas áreas en verdaderos focos de explotación y violencia. De igual forma, el incremento de la información falsa por parte de los traficantes, como promesas de rutas seguras o de acceso garantizado a Estados Unidos, amplifica los riesgos para los migrantes. Esto perpetúa un ciclo de vulnerabilidad, en el que las personas terminan atrapadas en redes de tráfico sin opciones reales de avanzar hacia su destino o de regresar a sus lugares de origen.
El posible regreso del MPP y la externalización de la gestión migratoria
La administración Trump pondrá sobre la mesa implementar una nueva versión del programa Migrant Protection Protocols (MPP), comúnmente conocido como “Quédate en México”. Esta política obliga a las personas migrantes a esperar en territorio mexicano mientras sus casos de asilo son procesados en Estados Unidos. Sin embargo, esta nueva versión del MPP plantea desafíos adicionales, ya que México deberá gestionar a una población migrante en constante crecimiento, sin los recursos necesarios para garantizar su seguridad o bienestar. A ello se le suma el acecho constante de los grupos de violencia organizada.
La externalización de la gestión migratoria es una estrategia ampliamente cuestionada por su limitada efectividad y el impacto desproporcionado que genera en los países de tránsito. En este caso, parece evidente que Estados Unidos trasladará a México la responsabilidad del control y la vigilancia de las personas migrantes que intenten llegar a su territorio. Para México, esta política implicará, por un lado, una mayor saturación de los sistemas de atención migratoria, lo que dejará a miles de personas en un limbo legal y social; y, por otro, un aumento probable en el uso de medidas coercitivas por parte de los cuerpos de seguridad estatal e incluso de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración (Inami).
El discurso antimigrante y la militarización de las fronteras
El triunfo republicano ha revitalizado un discurso antimigrante que no sólo se limita a Estados Unidos, sino que también tiene repercusiones y reflejo en México. Este fenómeno, impulsado desde las altas esferas del poder (top-down), legitima actitudes discriminatorias y refuerza narrativas que estigmatizan a las personas migrantes como una amenaza económica, social o de seguridad. Un contexto como este puede llevar, por ejemplo, a un fenómeno que ya vimos durante el primer mandato de Trump como la separación de familias migrantes. Acciones como esta no sólo tienen un impacto devastador entre las y los migrantes, sino que también perpetúan un discurso de deshumanización y criminalización.
En las fronteras, esta retórica se traduce en un aumento de la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad. En Estados Unidos, los agentes fronterizos ya están adoptando tácticas más agresivas, mientras que, en México, los funcionarios del Inami han asumido un papel de policía, lo que agrava la situación de los migrantes en tránsito. Estas prácticas no sólo violan los derechos humanos, sino que también reflejan la militarización de las fronteras como una respuesta insuficiente y contraproducente a los desafíos migratorios.
El aumento de las deportaciones y sus consecuencias en México
La administración Trump anunció un aumento de las deportaciones de personas desde Estados Unidos. Parece que estas deportaciones comenzarán con personas que ya tienen algún tipo de deportación, a los que podrían seguirle aquellas personas que entraron bajo el mandato de Joe Biden y alguno de sus programas humanitarios temporales (los llamados programas parole) y que aún no tiene aprobado el asilo concedido. A estos podrían seguirle personas que, si bien tienen un estatuto regular, han cometido algún tipo de delito dentro de Estados Unidos. Esto implica un desafío para los migrantes que han construido sus vidas en Estados Unidos, así como para la economía de este país (pérdida de trabajadores) y, especialmente, para México por distintas razones; por ejemplo, en la disminución de las remesas.
La presidenta Sheinbaum ya se ha pronunciado al respecto afirmando que dará la bienvenida a las personas mexicanas que sean deportados porque “son héroes y heroínas” y que pondrá en marcha una serie de programas para dar acogida a las y los deportados; sin embargo, este retorno será muy complejo. De ocurrir los cientos de miles de deportaciones esperadas (hasta un millón de acuerdo con el futuro presidente estadunidense), México recibirá a personas que, en muchos casos, carecen de redes de apoyo o de medios para reintegrarse a la sociedad mexicana. De igual forma, no cabe duda de que donde se asienten se enfrentarán a dificultades económicas y sociales, y a un contexto donde los recursos para su atención serán limitados.
La crisis del sistema de asilo y el acceso a servicios públicos o al mercado de trabajo
El debilitamiento del sistema de asilo en Estados Unidos es otro elemento central del panorama actual. Con la imposición de políticas más restrictivas, se espera un incremento significativo de las solicitudes de asilo en México. De hecho, dos días después de que se anunció la victoria de Trump, las oficinas de la Comar ya estaban experimentando un fuerte incremento de solicitudes de asilo: de 20 solicitudes al día a casi 300. Este fenómeno pone a prueba la capacidad de las instituciones mexicanas para gestionar una situación migratoria que, en muchos casos, está fuera de su control.
Sin embargo, el problema del sistema de asilo no sólo se ciñe a la solicitud de la protección y a su concesión, sino que también conlleva una serie de derechos adscritos a dicho estatuto a los que México tiene pocas capacidades para hacer frente. En concreto, me refiero a aquellas acciones relacionadas con la integración de estas personas acogidas. El acceso a servicios públicos de salud, de educación o al mercado de trabajo se verá fuertemente limitado por la falta de infraestructura adecuada, la insuficiencia de recursos financieros y humanos, así como por la ausencia de políticas específicas de inclusión. Esto se agrava en contextos donde las instituciones ya están sobrecargadas por atender a las poblaciones locales, lo que genera tensiones sociales y una competencia percibida por los recursos disponibles.
Conclusión
El panorama migratorio entre Estados Unidos y México enfrenta un momento de reconfiguración profunda, marcado por políticas restrictivas, discursos extremistas y dinámicas que exacerban la vulnerabilidad de las personas migrantes. Por un lado, las medidas anunciadas por la administración Trump, como el endurecimiento de las fronteras y el posible regreso del programa “Quédate en México” no sólo trasladan el peso de la gestión migratoria hacia el sur, sino que también evidencian un enfoque que prioriza la contención sobre la protección de derechos humanos. Por otra parte, el retorno masivo de personas mexicanas deportadas desde Estados Unidos presenta un nuevo reto para la política interna de México, especialmente en términos de integración socioeconómica. Aunque se han prometido programas de apoyo, la magnitud de las deportaciones proyectadas amenaza con desbordar los sistemas locales, profundizando desigualdades y tensiones sociales.
En definitiva, México enfrenta el desafío de equilibrar su papel como país de tránsito y destino, mientras responde a las presiones impuestas por Estados Unidos. En este sentido, el país deberá lidiar con la integración y protección de personas migrantes muy diversas, a pesar de sus limitaciones estructurales y de recursos, un esfuerzo que, sin un respaldo político y financiero sustancial, será insuficiente para atender las crecientes necesidades de esta población. La combinación de todas estas dinámicas no sólo redefine las relaciones bilaterales entre ambos países, sino que también obliga a repensar las estrategias regionales para abordar la migración de manera integral, humana y sostenible.
Elena Sánchez-Montijano
Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Internacionales del CIDE y coordinadora general del CIDE-MIG