Una tarde me fui
hacia extraña nación
pues lo quiso el destino
pero mi corazón
se quedó frente al mar
en mi viejo San Juan.
—“En mi viejo San Juan”, Noel Estrada
“¡Viva o muera, Puerto Rico libre!”, reza una de las múltiples pintas que, a la fecha, con pandemias o sin ellas, marcan, como cicatrices, muchas de las bardas, los postes y las aceras de los dieciocho barrios que conforman la ciudad de San Juan, capital de la isla caribeña. Algunas son recientes, otras datan de años y aunque desdibujadas por el tiempo, el salitre y otros grafitis, no pierden vigencia en el debate político y moral que desgarra desde hace décadas a la nación hispanohablante. Un debate que dista mucho de concluir pronto y que tiene una cita el 3 de noviembre en las urnas, en donde a la par de elegir un nuevo gobernante, legisladores y alcaldes; los isleños podrán votar, en un sexto referendo no vinculante, sobre el estatus político de su tierra.
La realidad puertorriqueña está rota y el pueblo boricua vive, de cierta forma, en un limbo perenne. Puerto Rico está dividido, entre el mundo anglófono y el de habla hispana, entre América Latina y los Estados Unidos, entre San Juan y Nueva York, entre el siglo XIX y el siglo XXI, entre la época de huracanes y la de sequía, entre un pasado dolorosamente presente y un futuro que parece nunca materializarse. La llamada isla del encanto vive un desencanto permanente, víctima de lo que tendría que ser su salvación: su condición de Estado Libre Asociado de la Unión Americana.
Ilustración: Patricio Betteo
“Estados Unidos acaba de legalizar el colonialismo”, reclamó en redes sociales a inicios de junio la actual alcaldesa de San Juan y precandidata a la gobernatura de la isla por el Partido Popular Democrático en las elecciones de noviembre, Carmen Yulín Cruz, una de las figuras públicas con mayor presencia e impacto de los últimos años en el microcosmos político de la isla.
Las declaraciones de Yulín Cruz no sorprenden, la discusión sobre colonialismo estadunidense en Puerto Rico es tan añeja como la presencia yanqui en la ínsula, aunque en los últimos cinco años y, sobre todo, a partir del inicio de las campañas con miras a las elecciones de final de año, ha recobrado ímpetu, seguidores y vigencia. Los dichos de la rubia alcaldesa se dieron a sazón de la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de convalidar los nombramientos de la Junta de Control Fiscal que tienen como tarea la reestructuración económica y fiscal de la isla, labor encomendada a través de la denominada ley Promesa, o Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, promulgada por Washington en 2016 en respuesta a la declaratoria de bancarrota de San Juan, el año anterior.
Para un amplio sector de la sociedad puertorriqueña, la mentada ley y todo lo que de ella deriva, no da respuesta a ninguno de los estragos que durante el último quinquenio ha enfrentado la isla, agravados por la devastación del huracán María en 2017, el terremoto de enero de este año y la llegada de la epidemia del Covid-19; sino que representa un paso más hacia el completo control del territorio por parte de los Estados Unidos, desproveyendo a la otrora colonia española de todo tipo de procesos y decisiones autónomas, y dejándole a la vera de un gobierno americano que, desde el inicio de la era Trump, ha dejado claro, la poca relevancia que Puerto Rico tiene para el país norteamericano.
En su más reciente libro, Truman y Puerto Rico, el académico e historiador boricua, Ángel Collado Schwartz, profesor adjunto de la Universidad de Columbia en Nueva York y de la Universidad de Yale en New Haven, define a la isla como “un proyecto descolonizador fallido”. El autor, un connotado vocero de la necesidad de avanzar en el camino de la independencia isleña, relata puntualmente el plan que, durante la administración de Harry S. Truman, se esbozó para “en apariencia” descolonizar al territorio caribeño a través de la declaratoria de Estado Libre Asociado en 1952, pero que en realidad, Collado Schwartz señala, sirvió para desproveer a los puertorriqueños de varios derechos inalienables, entre ellos elegir los destinos financieros de la isla y votar en las elecciones federales estadounidenses. Los dos casos utilizados como ejemplos por otros académicos y varios analistas económicos de peso, como el premio Nobel Joseph Stiglitz, para explicar a Washington la urgencia de actuar en favor de la economía y del pueblo puertorriqueños; pero, sobre todo, la urgencia de actuar en favor de la autonomía de ambos.
El huracán María tocó tierra a las 6:15 de la mañana del 20 de septiembre de 2017 en Yabucoa, en el extremo suroriental de la isla. Cuando entró, de lleno, en territorio boricua, la tormenta tropical, devenida en huracán categoría 4, venía de destrozar la isla de Dominica y el archipiélago de las Islas Vírgenes Americanas. Puerto Rico entero se cimbró, no estaba listo para recibir otro golpe más, no en ese momento. A esas alturas del año, luchando aún por superar lo peor de la bancarrota financiera anunciada en 2015, enfrentando el lastre de las draconianas medidas impuestas por Washington para tal efecto, con un desempleo rampante y completa falta de liquidez, Puerto Rico no podía más, la isla era un huracán en sí mismo.
La embestida de María dejó a Puerto Rico tirado en la lona, el peor huracán en términos de destrozos materiales y pérdidas humanas desde que se tenga memoria; más de 3000 muertos, 139 000 millones de dólares en daños, miles de damnificados, docenas de desaparecidos, el 90 % de las casas de la isla dañadas y la red eléctrica del territorio devastada por completo. En muchos rincones de la geografía puertorriqueña, la electricidad, esencial en cualquier ínsula, tardó más de un año en regresar y requirió de cooperación internacional que incluyó, en su momento, a técnicos especialistas de la Comisión Federal de Electricidad de México, ante la indiferencia de la Casa Blanca y la indolencia de Donald Trump. “La isla retrocedió 40 años en el tiempo”, titulaba el diario El Nuevo Día, uno de los más antiguos y el de mayor circulación en Puerto Rico, su especial de cobertura sobre los efectos del huracán.
Los días y los meses posteriores a María fueron igual o más devastadores que la tormenta tropical, tanto para la economía isleña como para su debilitado entramado político y, sobre todo, para su longeva y tensa relación con los Estados Unidos como consecuencia de la ambivalencia de su condición de “Estado Libre Asociado”. Las escenas de Donald Trump en mangas de camisa, aventando papel de baño a damnificados por María, al lado del entonces gobernador puertorriqueño, Ricardo “Ricky” Roselló, causaron indignación y franca rabia en la sociedad boricua; desde Nueva York, principal bastión de los puertorriqueños afincados en territorio continental, hasta Mayagüez o Ponce, los llamados por rectificar no se hicieron esperar.
Para julio de 2019, la crisis política y económica de la isla clamó finalmente la cabeza de Rosselló, quien, sumido en escándalos de corrupción ante su ineficiente gestión de recursos para la reconstrucción de la isla y vapuleado por su débil respuesta a las afrontas de Trump, renunció dos años antes de terminar su periodo como gobernador. Esas semanas de cálida humedad caribeña vieron por primera vez en décadas concentraciones masivas en las principales urbes de Puerto Rico, encabezadas por figuras públicas de la talla de Ricky Martin, Lin-Manuel Miranda, Residente y Bad Bunny, clamando, de nuevo, “libertad” para la isla.
La celebración de un sexto referendo sobre el estatus político puertorriqueño a la par de las elecciones para gobernador el 3 de noviembre próximo, obedece, en cierta medida, a esos reclamos aún sin respuesta. Aunque no deje de ser, como arguye el periodista de origen boricua, Julio Ricardo Varela, articulista, entre otros, del influyente diario The Washington Post, “un ardid político” para fomentar una mayor participación en las urnas. Aunque será el primero de todos los referendos convocados hasta el momento que consista en una sola pregunta a responderse con un sí o un no (¿desea usted que Puerto Rico se convierta en un estado de la Unión Americana), a diferencia de los anteriores que contaban con al menos un par de preguntas y varias respuestas posibles; su resultado carecerá de cualquier valor jurídico.
Para que pueda iniciarse el proceso de incorporación plena de Puerto Rico a la Unión Americana, o, en el caso más alejado, un proceso independentista de la nación caribeña se necesita que ante el Congreso estadunidense se presente una iniciativa de ley en uno u otro sentido. Y eso está muy lejos de suceder. Mientras tanto, la isla y los puertorriqueños seguirán divididos, tal y como lo han estado desde la guerra de 1898 que terminó con el dominio colonial español y como en su momento supo recoger, a través de su poesía, la gran escritora boricua Julia de Burgos: “… el más grande de todos nuestros llantos isleños, si no fuera más grande el que de mí se sale por los ojos del alma para mi esclavo pueblo”.
Diego Gómez Pickering
Escritor, periodista y diplomático. Su libro más reciente es Diario de Londres (Taurus, 2019).