Durante la presentación del más reciente número de Nexos, Réquiem por la transición democrática —con la participación de José Antonio Aguilar, Fernanda Caso, Jacques Coste, María Guillén y Julio González—, surgió una duda: frente al avance, cada vez más claro, de un nuevo régimen con rasgos autoritarios: ¿Qué hacer?
Este texto es una tentativa de respuesta. Un manifiesto: una toma de posición ante el tiempo que nos ha tocado vivir. Su propósito es doble. Por un lado, dejar un pequeño testimonio de un cambio de época; por otro, ofrecer algunas reflexiones que, a mi juicio, pueden ayudar a imaginar un país distinto. Lo que sigue no pretende ser un diagnóstico ni un horizonte definitivo. Son apenas unos trazos, modestos pero sinceros, que aspiran a contribuir al pensamiento colectivo.
I
El nacimiento del nuevo régimen ha propiciado un encuentro necesario, y acaso inevitable, entre dos generaciones: por un lado, la de los políticos e intelectuales que imaginaron y construyeron el régimen de la transición democrática —protagonistas de un ciclo que va, siguiendo el arco propuesto por Nexos, de 1997 a 2024—, y por el otro, la de quienes crecimos bajo los signos de ese régimen, y hoy, como jóvenes adultos, presenciamos su eclipse.
Sin embargo, ese cruce generacional comienza a derivar en lo que, a mi juicio, amenaza con convertirse en un debate estéril. Durante la presentación, José Antonio Aguilar expresó que nuestra generación no comprendía del todo el autoritarismo del que proveníamos y que, por tanto, abrazó con ingenuidad las críticas dirigidas a la democracia nacida tras 1997, contribuyendo así a su resquebrajamiento. En contraste, Fernanda Caso señaló —palabras más, palabras menos— que el régimen de la transición tuvo sus problemas y que era natural que no se le apreciara igual que como lo hacían sus protagonistas. Sin embargo, agregó, las condiciones actuales no son tan preocupantes ni autoritarias, al menos no más complicadas que las de 1997.
El diálogo, formulado en esos términos, resulta estéril. Por un lado, la transición a la democracia se presenta como un bien supremo, un legado incuestionable que las nuevas generaciones tendrían la obligación de preservar y valorar. Por el otro, se propone una revisión crítica de ese periodo, animada por la legítima desconfianza que brota del pesimismo de la inteligencia; pero se observa con indulgencia el surgimiento de un nuevo régimen, desde la óptica del optimismo de la voluntad, sin que sus rasgos autoritarios despierten mayor alarma. Ambas posturas comparten una limitación: miran hacia atrás o hacia lo inmediato, pero no abren espacio para imaginar un horizonte diferente.
Así, por un momento, la discusión se instaló en el ruido del desencuentro, más interesada en saldar deudas simbólicas que en proyectar horizontes. Sin embargo, las intervenciones de Jacques Coste y María Guillén lograron orbitar ese conflicto generacional y esbozar una mirada hacia adelante: propusieron pensar la transición y el régimen como parte de un mismo proceso, como dos caras de una misma moneda; y señalaron la necesidad de concebir la democracia más allá de visiones maniqueas: no es sólo contrapesos institucionales, pero tampoco es sólo “justicia social” traducida en acordeones y programas sociales.
Aunque de forma aún incipiente, de la discusión emergieron ideas que señalan que la tarea inicial es salir del ruido de ese ajuste de cuentas generacional. Se insinuó que las preguntas esenciales no están ancladas en el pasado ni en sus herencias disputadas —aunque su revisión siga siendo necesaria—, sino en el porvenir: ¿cómo imaginamos el México del mañana, cuando ni los arquitectos de la transición ni sus críticos sean ya los protagonistas de la historia? Es en ese silencio aún no habitado, donde se juega lo importante.
II
Como explica Fernando Escalante en su Historia mínima del neoliberalismo, cuando surgieron los movimientos de 1968 había una mejora suficiente en las condiciones materiales como para hacer creíble un horizonte con mayores límites para el Estado, tanto en lo político como en lo económico. Había un colchón de bienestar que permitía imaginar una mayor autonomía de la sociedad frente al poder. Hoy, en cambio, ni la vida material ofrece garantías ni los límites al poder arbitrario se encuentran en buen estado. ¿Cuál es entonces nuestro horizonte?
No hay respuesta clara, porque ni siquiera hemos formulado la pregunta en voz alta. En México —y en buena parte del mundo— estamos atrapados en un marco de pensamiento en donde la idea de regresión es central: asumimos que atravesamos una regresión autoritaria, y que el objetivo, por lo tanto, debe ser emprender otra regresión, pero ahora democrática, hacia la imperfecta democracia del pasado reciente.
El problema es que las regresiones, en sentido estricto, no existen. La historia no marcha hacia atrás, sino hacia adelante. El México de hoy no es el de 1970 ni el de 1997; y el régimen actual, pese a sus impulsos autoritarios, tampoco es un calco de lo que hubo antes. La tarea no es restaurar lo que fue, sino entender —con lucidez y sin nostalgia— las contradicciones y continuidades entre el régimen que agoniza y el que está naciendo. Sólo así podremos imaginar cómo superarlas y construir algo nuevo: un horizonte que no sea simplemente una repetición del pasado, sino una apuesta real por el futuro.
En pocas palabras, hay una urgencia por imaginar cuál es nuestro horizonte. ¿Cómo imaginamos al Estado, a la democracia, a la sociedad? ¿Qué elementos de este nuevo régimen, que no estaban planteados en el anterior, son necesarios, cuáles deben ajustarse, cuáles deben cambiarse por completo? ¿Qué principios básicos deberían constituir a un programa político, económico y cultural? ¿Cuáles deben ser las estrategias para conseguirlo?
III
Lo anterior sólo puede formularse por medio del diálogo y la pluralidad. Históricamente, los regímenes autoritarios buscan reducir al mínimo la esfera pública: allí donde se limita el debate libre, donde no se puede pensar en voz alta ni planear en colectivo, la arbitrariedad se impone. No es casual, entonces, que hoy asistamos a una ofensiva cada vez más evidente contra la posibilidad de denunciar y disentir sin represalias.
Por ello, el punto de partida —y también el lugar de reunión— debería ser la defensa de la conversación pública: fomentar, convocar y defender la libertad de las ideas. Nada cohesiona con más fuerza a una comunidad democrática que ese ejercicio incesante de decir y escuchar lo que incomoda y de permitir que las palabras circulen sin tutelas. Allí donde el pensamiento se desliza sin barreras, germina la posibilidad de imaginar otros mundos y de disputar el sentido de lo existente. Y es ahí donde puede fraguarse un proyecto común que no imponga silencios ni exija obediencia, sino que convoque a la deliberación permanente.
Los partidos de oposición, si de verdad aspiran a serlo y aún conservan una vocación democrática, deben poner su institucionalidad al servicio de la ciudadanía; abrir espacios para la discusión pública, incluso cuando esta resulte incómoda o ponga en entredicho sus propias prácticas, y acompañar a quienes sufren el embate del poder —federal, local y el de origen mafioso — por hablar con libertad. Aceptando que defender sin ambigüedad el derecho a discernir supone también aceptar que las críticas pueden dirigirse contra ellos mismos.
Las revistas, como ha hecho Nexos, tienen la responsabilidad de multiplicar los espacios de intercambio, de fomentar el debate genuino y de promover un relevo generacional que no se limite a los nombres, sino que renueve las formas en que el pensamiento circula y se confronta. Lo mismo ocurre con los medios emergentes —en especial aquellos que experimentan con video, audio y nuevos formatos digitales—, cuya labor es hoy crucial para irrigar el espacio público con ideas diversas, accesibles y capaces de movilizar imaginación política.
Las organizaciones civiles, por su parte, deben atreverse a salir del corsé de las consultorías y los liderazgos tradicionales. Se necesita algo más ambicioso y vivo: construir un puente real entre ciudadanía, intelectuales, activistas y actores políticos. Ese entramado —frágil pero necesario— puede impulsar el sentido colectivo de la acción democrática.
Durante la presentación de Réquiem por la transición democrática, Jacques Coste esbozó algunas líneas que apuntan hacia un horizonte posible. Si queremos mantener viva la cultura deliberativa —y con ella, la esperanza de una democracia sustantiva—, debemos mirar hacia el terreno donde germina lo común: la vida asociativa local. Conservarla, ampliarla y vigorizarla no es sólo una tarea técnica o administrativa, sino una apuesta política de largo aliento. Las organizaciones vecinales, las asociaciones estudiantiles, los colectivos de derechos humanos, los grupos feministas: todos ellos encarnan formas vivas de ciudadanía, capaces de articular demandas, imaginar lo que no existe y tender puentes entre los individuos y las estructuras más institucionalizadas de la sociedad civil. Democratizar estas últimas —despojarlas de tecnocracia, de encierro, de verticalidad— y acercarlas a las primeras no significa diluirlas, sino reanimarlas.
IV
La defensa de la libre circulación de ideas, la apertura al diálogo y la vocación por imaginar algo distinto deben converger en una acción política concreta frente a la inminente reforma electoral que prepara el oficialismo y que, en unos meses, será presentada como parte de su proyecto de consolidación institucional. Lo que está en juego no es menor: se trata de los elementos que determinan quién accede al poder y cómo se distribuye formalmente, es decir, del armazón final del régimen político que está naciendo. Enfrentar esta coyuntura exige algo más que nostalgia o resistencia: requiere una mirada lúcida, crítica y creativa. Defender el pasado, por sí solo, no basta.
La historia reciente ofrece una lección valiosa. La reforma en materia de telecomunicaciones —a pesar de sus límites y contradicciones— mostró que las ideas, cuando son articuladas con claridad y sostenidas con convicción, pueden abrir camino incluso en contextos de cerrazón política. No se trata de ingenuidad, sino de entender que la disputa institucional también se libra en el terreno de las ideas.
Por eso, el camino hacia la reforma electoral debe emprenderse con ideas frescas y voluntad de escucha. Se necesita una convocatoria amplia, impulsada por actores diversos –académicos, legisladores, activistas, periodistas, organizaciones civiles—, que combine la crítica fundada de lo que existe, que reconozca las demandas de una sociedad que ya piensa distinto a la que existía hace años, y que defienda los elementos que considere mínimos indispensables para que haya condiciones de contienda equitativas.
Nuestro mayor desafío en este momento es volver a imaginar. Frente a la consolidación de un nuevo régimen, la tarea no es añorar el pasado ni temer el porvenir, sino intervenir el presente para construir el futuro. No hay soluciones prefabricadas, pero sí hay puntos de partida: la libertad de las ideas, el diálogo como forma de vida política, la convicción de que el disenso no es amenaza sino condición. Hay que pensar juntos, con coraje y con cuidado, el país que todavía no existe.
Hugo Garciamarín
Doctor en Ciencias Políticas por la UNAM y director de la Revista Presente