Para Beatriz
Todas las agrupaciones de jueces, conservadoras y progresistas, se han manifestado contra el proyecto de ley de amnistía presentado por el PSOE. Igualmente han protestado todas las asociaciones de abogados, los fiscales, los notarios, los sindicatos de policías, el sindicato mayoritario de los funcionarios públicos (este último, el CSIF, lo pone en una frase: “CSIF defiende la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia judicial y el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad en toda España”). Es decir, que los encargados de hacer cumplir la ley lo tienen claro, empezando por el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. En un orden de cosas normal eso habría bastado para que se retirase la iniciativa de ley —no es el caso.
Los procesos autoritarios de degradación institucional: Donald Trump, López Obrador, ahora Pedro Sánchez, ponen de manifiesto que el funcionamiento normal de un sistema democrático depende de convenciones implícitas mínimas de decencia que es imposible poner por escrito en las leyes (cosas que no se han prohibido de manera expresa precisamente porque son vergonzosas). Y que, rebasado cierto límite de indignidad, todo amenaza con venirse abajo.
En la calle hay las mayores manifestaciones que se han visto en décadas, cientos de miles en todas las capitales españolas, hasta dos millones de personas movilizadas, tres fines de semana consecutivos. En total, 192 asociaciones de profesionales, empresarios, sindicalistas, desde Abogados Cristianos hasta Jacobinos. Y a título individual, entre los nombres más conocidos se han manifestado en contra Felipe González, Alfonso Guerra, Joaquín Leguina, Nicolás Redondo, Fernando Savater, Félix Ovejero, Andrés Trapiello, Félix de Azúa. No es un asunto menor, ni es expresión de un españolismo franquista resucitado.
En su discurso de investidura, Pedro Sánchez anunció que el propósito de su gobierno será “levantar un muro” contra los gobiernos de 12 de las 17 comunidades autónomas de España donde gobierna el Partido Popular, contra los más de once millones de españoles que votaron por el Partido Popular o por Vox —porque son “la derecha retrógrada”. Es importante, en Pedro Sánchez como en Trump o López Obrador, no hacer la más mínima concesión al decoro, al contrario: alardear de la impudicia, de la desvergüenza, y a carcajadas, porque la exhibición obscena del abuso de poder sirve para amenazar a todos.
El PSOE ha comprado los siete votos de Juntos por Cataluña con la ley de amnistía. Es decir, ha comprado la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la impunidad de la clase política catalana culpable de delitos graves de prevaricación, malversación, desvío de recursos, sedición e incluso terrorismo. No se cambia la ley, los delitos siguen vigentes para el resto de los españoles, sólo se exceptúa a los políticos, a gusto del partido que gobierna. A esa flagrante desigualdad de trato se añade la invasión de las atribuciones del poder judicial, cuya actuación se desautoriza desde el legislativo; y más: se anuncia la creación de comisiones de investigación en el congreso para fincar responsabilidades a los jueces que hayan incoado procesos contra los políticos catalanes (un golpe de mano que se cobija bajo el marbete retórico de “lawfare”). Algo igualmente grave: los políticos acusados de corrupción y prevaricación son quienes han redactado la ley, y con sus votos se aprobará en el congreso. O sea, que han escrito la ley, y la votarán, para perdonarse a sí mismos (la similitud no es sorprendente: Trump también quiso perdonarse por adelantado). El Estado de Derecho llegó hasta aquí: los políticos escriben leyes para excluirse de la obligación de cumplir con la ley —sólo hace falta la mínima mayoría parlamentaria, y pueden hacer lo que les venga en gana (a la vista de los delitos que se van a amnistiar, esto es literalmente así, lo que les venga en gana: desobedecer a los jueces, malversar el dinero público, organizar motines, desconocer las leyes).
En la exposición de motivos de la ley se dice que es para la reconciliación con los nacionalistas, para cerrar definitivamente el conflicto catalán. Pero los propios beneficiados lo niegan de manera enfática: lo volverán a hacer, todo ha sido legítimo, no se arrepienten de nada, ni piden perdón ni aceptan ser perdonados, y desde luego no renuncian a la vía unilateral para proclamar la independencia de Cataluña. De reconciliación, nada. El motivo real, transparente, lo expuso Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE para explicar por qué ofrecía la amnistía que había rechazado rotundamente durante la campaña electoral: ¿qué ha cambiado? Pues que hemos perdido las elecciones del 23 de julio. La única manera de conservar el gobierno es comprando los siete votos de Juntos por Cataluña —y para eso hace falta la amnistía. Lo han repetido, además, varios de sus ministros, por si hiciera falta.
Está de más decir que una decisión de ese calado, sobre algo que se ha negado expresamente en la más reciente campaña electoral, requeriría sin duda un referéndum (con más razón si es para resolver un conflicto que dicen de trescientos años). La prisa, el procedimiento extraordinario, sin informes jurídicos, con plazos perentorios (lectura, enmiendas y votación en una única sesión, un mismo día), dice todo lo que hace falta saber.
Los acuerdos del PSOE para formar gobierno tienen un agravio añadido para las demás comunidades autónomas: privilegios fiscales, presupuesto adicional y condonación de deudas para los gobiernos de Cataluña y el País Vasco (porque todos acudieron a mercadear sus cinco o seis votos en el congreso). En términos concretos, eso supone que ambas comunidades recibirán 120% más dinero público que el resto, aparte de retener los impuestos que se recauden en su territorio. O sea, que contra lo que dice la constitución, las comunidades más pobres tendrán que subsidiar a las comunidades más ricas (de entrada, el nuevo régimen fiscal ofrecido a Cataluña supondrá una pérdida de 30,000 millones de euros al resto de las comunidades). Y es trágico que esto se produzca cuando los partidos nacionalistas catalanes han obtenido sus peores resultados electorales en mucho tiempo, mientras en el País Vasco pierden el oremus en un duelo a garrotazos el tradicionalismo católico del PNV y los herederos y corifeos de ETA.
Lo que intenta el PSOE es técnicamente un golpe de Estado: subordinar a los poderes legislativo y judicial, mermar sus atribuciones, eliminar su autonomía, someter a los jueces a una vigilancia política, y poner al Estado al servicio de los intereses personales del jefe de gobierno. El ímpetu autoritario se explica de manera transparente en el preámbulo de la ley: el congreso es “el órgano encargado de representar a la soberanía popular […] y configurar libremente la voluntad general”, y la amnistía se justifica porque “es el Derecho el que está al servicio de la sociedad y no al contrario”. Si se baja un poco la temperatura retórica, dice que una mayoría accidental en el congreso puede decidir cualquier cosa, y que no hay que tomarse tan en serio lo de que la ley es la ley (que no les vayan con el cuento).
Es un ejemplo para libro de texto de la tensión entre la clase política y el Estado. A los políticos les estorban las leyes, en España y en todas partes, y les estorban sobre todo los jueces, como representación, la más cercana, de la abstracción que es el Estado como Estado-de-Derecho. Por eso, la clave de cualquier deriva autoritaria es la ofensiva contra el poder judicial. No es del todo sencillo, vale la pena ver algunos detalles.
En términos generales, los resultados de cuatro años de gobierno del PSOE han sido menos que mediocres. El poder adquisitivo de los españoles ha bajado un 5.1% desde 2019 (en el resto de Europa ha tenido un aumento de 0.8% en el mismo periodo). El desempleo en España (12%) es tres veces superior al del resto de Europa (4.5%), y es particularmente grave entre los jóvenes (casi 30%). En el índice de pobreza de la Unión Europea España está en los últimos puestos, sólo por encima de Rumanía y Bulgaria. Ya sea por ineptitud, por negligencia o por miopía ideológica, las leyes más anunciadas han resultado otros tantos fracasos: la “Ley rider” sobre las plataformas de reparto (Glovo, Uber Eats, y demás) ha provocado el despido de hasta 80% de los empleados de alguna de ellas, y en general ha reducido los ingresos de los repartidores en 60%; la ley del “sólo sí es sí” sobre la violencia contra las mujeres se ha traducido en la reducción de penas de más de 1,233 agresores sexuales, y la puesta en libertad inmediata de 126; la legislación para proteger a los inquilinos y controlar el precio de los alquileres ha resultado en una disminución de la oferta y un aumento general de los precios —a quienes más trabajo cuesta conseguir un alquiler es a las familias con hijos, dado que en su caso sería casi imposible un desahucio por impago.
Todo eso ha provocado una desafección importante del electorado: este 2023 el Partido Popular ganó las elecciones municipales en casi todo el territorio, triplicó sus votos, y gobierna en 32 de las 52 capitales, mientras el PSOE perdió 24 ciudades importantes, incluyendo Sevilla, Toledo, Gijón. El partido Popular también ganó 10 de las 14 elecciones autonómicas de 2023, y en las generales obtuvo 137 diputados contra 121 del PSOE. No obstante, hay dos grupos de población favorecidos sistemáticamente: funcionarios y jubilados, que suman 16 millones, tantos como los empleados en el sector privado (las pensiones, además, se han revalorizado un 30%, mientras los salarios en un 4.85%). Es un cambio demográfico, un cambio de estructura económica que ha inclinado al PSOE hacia una economía rentista de muy complicado futuro. La inercia electoral de ese cambio es el primer factor del golpe.
La subordinación del poder judicial se consigue básicamente por la politización de los nombramientos. Nada está prohibido, los publicistas pueden seguir diciendo que todo se ha hecho conforme a derecho, pero en cualquier parte sería escandaloso que ministros y empleados del gobierno fuesen nombrados directamente jueces del Tribunal Constitucional, Fiscal general del Estado y Letrado mayor de las Cortes; se llaman Juan Carlos Campo, Laura Díez Bueso, Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, Fernando Galindo. Con eso, con nombramientos de subordinados de obediencia probada, el PSOE consigue por ejemplo que no se pida en el congreso un informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, que no se proceda penalmente contra los políticos catalanes, o que al llegar cualquier recurso al Tribunal Constitucional sea rechazado por la mayoría “progresista”. Para todo efecto práctico, en lo que interese al gobierno el poder judicial no existe como contrapeso. Y el coro puede decir, con unción catedralicia, que se seguirán los procedimientos.
Aparte de eso, las decisiones abiertamente partidistas de esos letrados, fiscales y jueces contribuyen al desprestigio del poder judicial, que es acaso más importante.
La propaganda en los medios es algo que hay que dar por sentado: la televisión pública, por supuesto, pero también una red de diarios digitales afines, militantes, y otros tantos beneficiados con contratos de publicidad oficial: El País, la Cadena Ser de radio, La Sexta en televisión, con su cáfila de periodistas de alquiler. Nada nuevo.
La otra clave del golpe es el control del partido, aunque tal vez en este caso sería más ajustado decir la disolución del partido, porque en cualquier registro relevante el PSOE ya no existe como tal. La parte institucional es muy simple: purgar a unos cuantos dirigentes históricos, Joaquín Leguina o Nicolás Redondo, marginar a los demás, quitar facultades a los órganos colegiados, colocar a los leales, sobre todo a los que no tienen carrera propia ni otro futuro profesional, y ascienden sólo por la voluntad del jefe —precisamente los más mediocres, los más dóciles. Y cubrir todo eso con el manto demagógico de consultar a la militancia para lo que sea. Pero igual de importante, si no más, es obligar a los cargos, a los diputados, a los militantes, a defender decisiones que contradicen los principios más elementales del partido. Un militante o simpatizante del PSOE, por ejemplo, hoy en día tiene que defender la desigualdad territorial, y que se confieran privilegios a las comunidades más ricas; tiene que defender la impunidad de los políticos acusados de corrupción; tiene que compartir causa y banderas con el nacionalismo étnico de las oligarquías racistas de Cataluña y el País Vasco, y con quienes han festejado y festejan el asesinato de miembros de su partido, y tiene que defender junto con ellos la discriminación laboral, educativa, fiscal; y además tiene que defender una cosa y la contraria con semanas o sólo días de diferencia, sin que haya una explicación. O sea, que un militante o simpatizante del PSOE no puede saber cuáles son ni las ideas ni la política del partido —y acepta que se hayan cedido al PP las banderas de la libertad y la igualdad.
Es el logro más rotundo, acaso el más duradero, de Pedro Sánchez, haber destruido al PSOE, haberlo convertido en el partido del cinismo, en que se puede aplaudir lo que sea, lo que toque, sin vergüenza ni disimulo. Los asuntos de Estado se negocian y se deciden en secreto, sin dar cuentas a nadie, en política exterior como en lo demás, se niega información sobre las cosas más elementales (el portavoz del PSOE, en rueda de prensa, cuando alguien le pregunta por una trama de corrupción: “¿Y a ti qué más te da?”). Pasado ese umbral, se puede pedir el voto sin necesidad de otra razón, sino que no ganen los otros. Defender al PSOE hoy es como defender la florecita de Adidas o el lacito de Benneton, no tiene más contenido real —la estrategia del voto identitario se perfecciona así, cuando la identidad está vacía. Porque entonces es inconmovible (es un “el PSOE, porque sí”). En la base está el resurgimiento de la cultura del antifranquismo como ideología de sustitución: una amalgama de resortes elementales, que aprovecha los tópicos de la Leyenda Negra, y sirve incluso para avalar la discriminación étnica en Cataluña y el País Vasco. Pero ésa es otra historia.
A pesar de todo, el mayor riesgo del gobierno de Pedro Sánchez está en su debilidad. El gabinete es una colección de nulidades, sin trayectoria ni autoridad ni idea de sus ministerios, sin columna vertebral, y que incluye a algún matón de barra de bar y unos cuantos comunistas de un comunismo de ocurrencias, rudimentario, cursi y bandarra, bolivariano y agresivamente antisemita. Por otra parte, el PSOE no tiene hoy poder territorial: en el Senado tiene mayoría absoluta el Partido Popular, que tiene también la mayor parte de los ayuntamientos y 12 de 17 comunidades autónomas. Y tiene ahora también la calle. El jefe de gobierno cuenta sólo con una mayoría accidental en el congreso, sumando los votos de quince partidos con agendas contradictorias. Intenta contrarrestar esa debilidad situando a gente suya en todos los organismos públicos, y con una politización estratégica de los mercados. En todo caso, más temprano que tarde Sánchez (con su PSOE) intentará una fuga hacia adelante, muy probablemente contra la monarquía constitucional —y tirar de la épica, a ver si alcanza. No tiene misterio, es un caballero de industria, como Luis Napoleón.
Eso pasa en España.
Sierra de Guadarrama, 29 de noviembre de 2023
(La fecha importa)