Jalisco no deja de ser noticia: en mayo, por la desaparición y asesinato de ocho jóvenes que trabajaban en un centro de atención telefónicaen Guadalajara, presuntamente usado para defraudar y extorsionar a ciudadanos estadunidenses; en julio, por el atentado con explosivos en contra de policías municipales e investigadores en Tlajomulco de Zúñiga, que dejó como saldo seis muertos y catorce heridos; a principios de agosto por la desaparición de cuatro mujeres en Encarnación de Díaz, tres de ellas hermanas; y en días pasados por la desaparición y probable asesinato de cinco jóvenes del municipio de Lagos de Moreno. ¿Qué pasa en Jalisco?, ¿por qué parece ser el epicentro nacional de la violencia?
El horror nuestro de cada día
La crisis de violencia que hoy experimenta Jalisco no es nueva, está activa desde hace más de una década y alimenta un horror cotidiano de homicidios, desapariciones y víctimas localizadas en fosas clandestinas. Lo nuevo es que esta crisis comienza a ser visible en toda su crudeza a escala nacional. Sin posibilidad de criminalizar esta vez a los jóvenes que se consideran todavía como desaparecidos y con un video que documenta la brutal diversión de sicarios con sus víctimas, lo sucedido en Lagos de Moreno exhibe de golpe una violencia que normalmente pasa desapercibida.
A pesar de que no son confiables, por el subregistro de casos y la permanente manipulación de que son objeto,1 las cifras de personas desaparecidas que acepta el Gobierno de Jalisco muestran el tamaño del horror: habría hasta julio de este año 14 078 denuncias sin resolver, de las cuales 8228 han sido registradas en los casi cinco años del gobierno de Enrique Alfaro. Un número indefinido de estos casos fueron privaciones ilegales de la libertad de más de una persona a la vez. El periodista Lauro Rodríguez contabilizó 31 de ellos en lo que va del año. Por desgracia, no todos reciben la misma atención mediática. El 29 de marzo pasado desaparecieron simultáneamente cuatro jóvenes en Tlajomulco de Zúñiga según las cédulas publicadas por la Comisión de Búsqueda local. Salvo la denuncia hecha en redes, que retomaron algunos periódicos, ninguna autoridad se pronunció al respecto. Siguen desaparecidos.
La suerte de varias de estas víctimas es una muerte atroz y su paradero es una fosa clandestina donde muchos cuerpos se depositan desmembrados y emplayados meticulosamente. Se han encontrado decenas de estos lugares en Jalisco, más de los que reconocen oficialmente las autoridades y con un número atípicamente elevado de víctimas. Múltiples fosas se hallan en domicilios particulares, situados en zonas urbanas, que funcionan como centros de tortura y exterminio. Se trata de un proceso de desaparición, asesinato e inhumación que tiene muchos años funcionando. En 2017, una fuente anónima de la fiscalía declaró que “en Jalisco tarde o temprano van a sacar un mundo de cadáveres”. Eso es lo que está ocurriendo. Los cuerpos de entonces y de ahora. De acuerdo con cifras oficiales, entre diciembre de 2018 y julio de este año, se han localizado 141 sitios de inhumación ilegal, de los que se han extraído 1659 víctimas. Tan sólo en lo que va del año se han documentado trece de estos sitios conteniendo 233 víctimas, o sea, dieciocho en promedio por cada una de ellas. Casi la mitad de estos sitios se han encontrado en Tlajomulco de Zúñiga, alguna vez presidido por el actual mandatario de Jalisco y gobernado por su partido, Movimiento Ciudadano, desde 2015.
Gobernanza criminal de nueva generación
Parte de la dificultad para entender la violencia que ocurre en Jalisco se debe a que no se ha comprendido qué es exactamente el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), cómo opera y qué tipo de gobernanza criminal ha implantado en Jalisco. A decir de su propio discurso, se trata de un grupo de “narcotraficantes con principios”, que sólo ejercen violencia contra sus enemigos, no se meten con el gobierno si los dejan operar, respetan a la gente buena y buscan garantizar la seguridad.2 La realidad es muy distinta. El CJNG es una entidad compleja y diversificada, que suele operar con mucho sigilo, compuesta por hasta 16 500 miembros en su primer círculo,3 con amplias ramificaciones en la economía legal e ilegal, así como también en la política y el gobierno, que cumple funciones de seguridad pública y, por lo menos, de poderoso gatekeeper electoral.
No hay duda de que el CJNG es un cártel que domina una parte del mercado internacional de drogas ilegales, pero también es un temible ejército privado compuesto por al menos ocho brazos armados capaces de ejercer violencia diferencial y a gran escala. Es, además, una red criminal que ha diversificado exitosamente sus ingresos mediante el despojo, la extorsión, el tráfico de personas y de especies, el fraude, entre otras actividades. También hay que decir que se trata de un conglomerado de decenas de empresas comerciales legalmente constituidas que lavan el dinero y tratan de rentabilizarlo. Por si fuera poco, el CJNG es también una red de políticos y servidores públicos incrustados, sobre todo, pero no únicamente, en las áreas de seguridad, procuración y administración de justicia, que forman parte de la organización, colaboran con ella o la favorecen por miedo a represalias o a cambio de sobornos.
Lo que no siempre se observa es que el CJNG es, a su vez, una especie de consorcio aliado con autoridades y pobladores para securitizar los límites de Jalisco ante las incursiones de otros cárteles y controlar a la delincuencia común a nivel local mediante desapariciones, mutilaciones, castigos crueles y escarnio público. La estrategia impulsada por Felipe Calderón no sólo fragmentó a los cárteles y aupó a sus integrantes más violentos, justo lo que está detrás del surgimiento del CJNG, sino que también creó un mercado para sus servicios. Sin ese consorcio no puede entenderse la relativa inmunidad de Jalisco frente a los violentos embates de los Zetas y su expulsión de algunos municipios que controlaban. No ha sido una prestación gratuita. Se trata de un intercambio que, en parte, explica la libertad con que opera en los territorios que controla, la impunidad de sus delitos, el silencio oficial ante la imparable desaparición de personas, así como la aceptación que tiene en pequeñas comunidades agradecidas por librarse de ladrones de poca monta, drogadictos y alborotadores.
La participación del CJNG en las contiendas político-electorales no está documentada, pero es difícil suponer que no ejerce poder para, al menos, filtrar candidatos que puedan amenazar su control. Este papel de gatekeeper, de reservarse el derecho de autorizar quién puede o no aspirar a un cargo público en los municipios bajo su dominio y aun a nivel estatal, podría haber sido el trasfondo de la amenaza que el cártel lanzó en 2019 al gobernador Enrique Alfaro por no respetar el acuerdo sobre el control de la “plaza”. Aunque es dudoso que ese acuerdo existiera, sin duda hubo suficientes indicios de que este gobierno no actuaría en su contra. Por lo demás, más allá de una estrategia de contención que ha operado en contra de él, ha cumplido.
El poder criminal y económico del CJNG habría sido efímero si no estuviera sustentado en una afinada estrategia para controlar la violencia y servirse de ella. Esta estrategia tiene al menos dos vertientes. La primera es la habilidad del CJNG para administrarla en contra del Estado. El CJNG ha dado muestras de una gran ferocidad, brutalidad y capacidad de daño. No es necesario hacer un recuento de casos. Siguen una táctica que se ha calificado de terror paramilitar. En esto han demostrado ser tanto o más violentos que los Zetas. A diferencia de ellos, sin embargo, han sabido subordinarla a objetivos de defensa y disuasión apostando, más bien, a un juego de toma y daca con las autoridades, empleando violencia selectiva, focalizada y contenida. En 2021, el CJNG secuestró y asesinó en 2021 a un policía de Guadalajara que participó en el aseguramiento de viviendas que albergaban a 32 presuntos miembros del cártel en vez de ordenar una masacre de elementos. Tuvo la osadía en 2022 de incendiar 25 tiendas Oxxo en Guanajuato, entre otros desmanes, para evitar la detención de algunos de sus líderes, pero no hizo nada cuando se detuvo a “Tony Montana”, un hermano de Nemesio Oseguera, en aparente represalia de las autoridades por el asesinato y desaparición de un coronel del Ejército.
La segunda vertiente es la desaparición de personas como estrategia para eliminar rivales, disidentes y opositores; como método eficaz para controlar poblaciones y como motor de crecimiento y expansión mediante el reclutamiento involuntario. El CJNG se apropió de una vieja técnica de contrainsurgencia empleada por el gobierno mexicano durante la “guerra sucia”, la refinó y masificó. Pocas veces se tiene en cuenta que la desaparición de personas, que comienza a menudo con privación ilegal de la libertad, es un delito sui generis porque cuesta reconocerlo, ya no digamos perseguirlo y castigarlo. Esto facilita el despliegue permanente de una violencia masiva de la que apenas queda registro, más aún si se combina con una sistemática destrucción de los cuerpos cuyos restos terminan revueltos en fosas clandestinas. El periodista Enrique Osorio observaba que estos lugares en realidad no son más que una ruta hacia la impunidad criminal y la desaparición definitiva. En efecto, localizar un lugar de estos y exhumar a sus víctimas no es para todas ellas el principio del fin de la desaparición. En los servicios forenses sólo alrededor de la mitad recobrará su identidad y el resto permanecerá precariamente resguardado en lo que los activistas han llamado la mayor fosa clandestina de Jalisco.
¿Qué sucederá ahora?
Lo ocurrido en Lagos de Moreno ha provocado una enorme y genuina indignación nacional. Ha dado pie a incontables reacciones de condena y a varias movilizaciones ciudadanas.
Sin embargo, es poco probable que todo esto tenga consecuencias reales en la estrategia seguida hasta ahora por los gobiernos federal y estatal. López Obrador y Enrique Alfaro terminarán sus mandatos con un rotundo fracaso en materia de combate al crimen organizado.
Aunque faltan razones para la esperanza, ojalá que estos hechos hayan cimbrado lo suficiente la conciencia de millones de personas para exigir verdaderas soluciones ante la violencia. Es lo menos que se puede hacer para honrar la memoria de estos jóvenes y de todos aquellos que han desaparecido en Jalisco y todo México.
Jorge Ramírez Plascencia
Profesor de Sociología en la Universidad de Guadalajara y miembro del Comité Universitario de Análisis sobre Personas Desaparecidas de esa casa de estudios.
1 El Comité de Análisis sobre Personas Desaparecidas de la UdeG ha denunciado la sistemática alteración de las cifras oficiales sobre desapariciones. Aquí puede consultarse su denuncia más reciente.
2 Son recurrentes estas definiciones del CJNG sobre sí mismos. La expresión entrecomillada la tomé de aquí.
3 Según la estimación elaborada por Eduardo Guerrero publicada el 7 de agosto del 2023 en El Financiero