A veces los libros se asemejan a las personas: hay que conocerlos en el momento preciso para apreciarlos mejor. Me pasó con La democracia en México, de Pablo González Casanova, que cumplió 60 años de su publicación en 2025.
La democracia en México fue una recomendación del historiador Javier Garciadiego, en un aula de El Colegio de México, allá por el año 2012. Pero fue hasta junio de 2024 que sentí la necesidad de leerlo.
Un libro aparentemente desfasado, escrito para una realidad política casi ajena a mi generación, me hizo arquear la ceja más de una vez, pues su contenido resultó mucho más vigente de lo que esperaba. La democracia en México tiene claves útiles para imaginar escenarios políticos futuros.
¿Centralizar para desarrollar?
La primera idea que salta a la vista es que la pregunta de investigación de González Casanova no es indagar sobre las causas o las características de las instituciones y los actores políticos de su tiempo, sino preguntarse cómo afectan al desarrollo del país. En las palabras preliminares a la primera edición se lee, “Además, se trata de ver la relación de este fenómeno [la democracia mexicana] con el problema que más nos preocupa y más directamente está vinculado a una democracia efectiva (cursivas mías), que es el desarrollo del país”.
Así, González Casanova valora la democracia en función de su capacidad para fomentar el desarrollo, entendido como el crecimiento del producto, y una mejor distribución de éste, a partir de una participación real de las masas populares en la política y la economía. “Todo lo demás es folklore democrático o retórica”, afirma. Establece pues una desconexión entre la letra constitucional y la realidad política de su tiempo, pues la adopción de una constitución liberal resulta inoperante en contextos pauperizados, donde unos grupos sociales expolian a los demás; para desarrollar verdaderamente al país, no bastaría entonces con adoptar la forma jurídica liberal clásica, al estilo francés o estadounidense, sino transformar la estructura de poder y romper las dinámicas de dominación interna.
Lo interesante es que el autor es muy claro al decir que sería la estructura liberal clásica —basada en partidos políticos, división de poderes y “pesos y contrapesos”— la mayor dificultad para el desarrollo mexicano a partir de su independencia nacional. Desde su perspectiva, el Estado posrevolucionario, centralizado en los hechos, con un partido hegemónico construido a partir de una revolución popular, y pensado para resistir mejor las presiones e injerencias internacionales, es lo que habría permitido mejorar la calidad de vida para millones de personas entre la década de los años veinte y los años sesenta.
En el capítulo cuarto, se lee:
Habría sido insensato aplicar al pie de la letra la teoría clásica de la democracia y la teoría clásica de la economía. El respeto al equilibrio de poderes habría sido respeto a las conspiraciones de una sociedad semi-feudal, el respeto a los partidos habría sido respeto a los caciques y militares que tenían sus partidos; respetar el sistema de “contrapesos y balanzas” habría equivalido a tolerar los caciques y caudillos regionales, y respetar el municipio libre a tolerar la libertad de los caciques locales; observar el principio de no intervención del estado en la economía habría implicado dejar hacer al subdesarrollo y a la intervención de las compañías monopólicas extranjeras; cumplir con el derecho irrestricto de la propiedad habría significado mantener la propiedad semifeudal y extranjera.
Pero es evidente que el estado mexicano y el tipo de instituciones que ha formado cuidadosamente han sido un buen instrumento para frenar la dinámica externa de la desigualdad, para enfrentarse a las grandes compañías monopólicas y negociar con ellas y con las grandes potencias, en planos cada vez menos desiguales, y han sido un excelente instrumento para arrancar el desarrollo nacional.
Esto es inquietante en los tiempos actuales, pues el oficialismo ha buscado resaltar una idea similar a este diagnóstico histórico: que la transición a la democracia liberal constitucional de fines del siglo pasado también era un respeto a los intereses, poderes y privilegios de minorías que obstaculizan el desarrollo (rebautizado como bienestar) y que es necesaria una “transformación” del Estado mexicano para justificar una reedición del Estado centralizado y autoritario. La marcha del bienestar como meta histórica, demandaría entonces (no sin el apoyo mayoritario de la ciudadanía), controlar nuevamente a los poderes de la Unión, alinear a los estados y municipios bajo un mismo programa de gobierno, desmantelar órganos autónomos y distorsionar la representación electoral para que una mayoría artificial decida todo sin esa estorbosa oposición.
El problema radica en que el oficialismo parece haber abrazado únicamente la reflexión sobre la utilidad histórica del centralismo autoritario, sin reparar en que, como señala el autor en sus conclusiones, se trata de una utilidad parcial y de alcance limitado que, para 1965, ya mostraba signos de agotamiento en las estadísticas.
Lo anterior me hace pensar, ¿cuánto tardará entonces en agotarse la precaria ecuación que propone Morena –basada en transferencias, empresas públicas y obras de infraestructura más o menos útiles–, frente a los problemas contemporáneos del país, como la inseguridad y el estancamiento económico? ¿No estarán ya muy delimitados los límites de este “neoautoritarismo” ante la situación del acceso a la salud, de la industria energética, del rezago educativo, del empleo informal, de la crisis de desapariciones? Cierto, más de 13 millones de personas abandonaron la condición de pobreza multidimensional en el último sexenio, logro aplaudible, ¿pero será todo? Escribió don Pablo, con actualidad que asusta:
Nuestros éxitos nos engañan a nosotros mismos y nos llenan de una satisfacción provinciana, que hace un tabú de toda crítica a fondo de la política nacional y del desarrollo de México, y convierte en herejes y delincuentes a quienes la denuncian o sostienen. Son éxitos relativos, importantes en el panorama de los países subdesarrollados; pero que no han acabado en términos globales con la estructura de la dependencia y la dinámica de la desigualdad.
González Casanova concluye que una condición necesaria para la democracia efectiva es la existencia de un partido que represente con fuerza los intereses del sector laboral frente al capital nacional y extranjero (función cuestionable para el PRI de 1965, según el autor). Si bien la política morenista en temas laborales parece cumplir esa condición, lo cierto es que el resto de ellas, enunciadas por el ilustre sociólogo, parecen lejos de cumplirse y, más importante, de fomentarse: 1) no gozamos aún de un sindicalismo autónomo; 2) los grupos más vulnerables (pienso en las comunidades indígenas, que tanto defendió González Casanova, el movimiento feminista, las víctimas de la violencia, los pacientes con cáncer, periodistas locales) siguen sin la incidencia pública suficiente; 3) estamos en la antesala de elecciones sin la calidad necesaria, lo cual incentiva aún más la corrupción; 4) se busca impulsar una reforma electoral que, lejos de impulsar la democratización y la representatividad del sistema de partidos, la merma; 5) se impulsa el neocolonialismo interno, si los alcaldes y gobernadores oficialistas se limitaran a firmar desplegados de apoyo a la presidencia de la república.
Así, quizás una de las razones más potentes para retomar La democracia en México sea advertir sobre los costos y limitaciones de intentar repetir un milagro mexicano a partir de una estructura de poder centralizada y autoritaria: no es lo mismo la democracia del bienestar que el bienestar de la democracia.
La correlación de fuerzas y los nuevos poderes reales
Por otra parte, al ser mi intención inicial leer una obra escrita durante el autoritarismo clásico del PRI, a fin de consultar la radiografía que hacía de él González Casanova, no puedo dejar pasar la ocasión de colocar el reflector sobre el primer capítulo: “La estructura de gobierno”, donde señala una realidad histórica ciertamente conocida, la preponderancia casi absoluta del PRI en los poderes del Estado y el control total de ese partido/grupo político en los nombramientos y candidaturas ganadoras.
Sin embargo, hay un dato particular que llamó poderosamente mi atención: entre 1917 y 1960, la Suprema Corte emitió 3713 resoluciones que señalaban al Poder Ejecutivo como autoridad responsable, lo que señala la existencia de actores que apelaban a este tribunal para enfrentarse al Presidente. De estas resoluciones, 34% fallaron en favor del quejoso.
En 1964, la relación de fuerzas entre el PRI y su única oposición, el PAN, era aproximadamente de ocho a uno, es decir, por cada voto que obtenía el blanquiazul, el tricolor ganaba ocho; aún así, González Casanova señala que, a pesar de encontrarse en un contexto de dominio, la Suprema Corte sí era capaz de mantener cierta independencia y se podía argumentar la existencia de cierto Estado de derecho; a pesar, me parece, de que todos los nombramientos estaban controlados por el partido oficial, como ocurre con la actual reforma judicial.
En 2024, la relación de fuerzas real entre Morena y aliados con respecto de los partidos opositores (la otrora Alianza más MC) fue de aproximadamente de 1.3, es decir, por cada diez votos que ganó la oposición, el oficialismo ganó trece. Así, la lectura del libro desató la siguiente pregunta: ¿cuál será el efecto de la correlación de fuerzas actual, mucho más equilibrada que la de 1964, en la consolidación del neoautoritarismo?
Seamos claros: las reformas al poder judicial y la reforma electoral en camino apuntan a asegurar un control riguroso sobre los fallos judiciales y los procesos electorales, pero me cuestiono hasta qué punto esta correlación de fuerzas puede incentivar que los poderes del Estado busquen márgenes de maniobra todavía mayores frente al Ejecutivo Federal.
Por otra parte, al analizar en el segundo capítulo los factores de poder real en el México de 1965, esos factores que influían, mas no limitaban, el uso del poder político formal por parte del Ejecutivo con sus respectivos efectos en el desarrollo, se mencionan a las fuerzas armadas y los caciques.
El ejército, escribió González Casanova, “ya no representa en la política mexicana esa amenaza permanente y organizada que actúa en forma de cuerpo político, imponiendo sus condiciones con la fuerza y amenazando con romper la paz si no recibe prestaciones, fueros y privilegios, como grupo escogido y poderoso dentro de la nación”.
No hace falta ahondar en el contraste brutal que existe entre esta cita y la militarización de la administración pública que comenzó el oficialismo en 2018. La posible desprofesionalización de las fuerzas armadas es quizás uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana en el sentido que le da González Casanova en su libro, pues se podría estar gestando un grupo particular con una capacidad magnificada de atraer recursos públicos y privados, con su consecuente acumulación de poder frente al resto de la sociedad.
En cuanto a los caciques locales, éstos nunca dejaron de ser un poder intermediario entre el centro y las regiones, entre mundos culturales, entre grupos humanos. Casanova se refirió en su momento a los exmilitares revolucionarios, empresarios, líderes sociales con la capacidad de coordinar la acción colectiva de un lugar, un municipio o una región, que bien podía decantarse en favor de los objetivos de un tercero (el gobierno). Para 1965, estos caciques habrían perdido el ímpetu político y más bien cooperaban con las autoridades a cambio de mantener sus posiciones y posesiones.
No obstante, es imposible no pensar en las mafias criminales como nuevos caciques, aunque en sentido inverso. La colaboración/interacción entre criminales y autoridades no es nueva, pero se basaba en una lógica primordialmente económica: permitir el flujo de los negocios ilegales y el reparto de sus beneficios. Pero a diferencia de 1965, esta nueva clase de caciques se ha orientado a la política al intervenir, a veces de manera violenta, en sus respectivas elecciones locales. ¿Qué papel desempeñará el crimen organizado en la nueva estructura de poder?
La esperanza
Por último, La democracia en México también me ayudó a comprender y dimensionar la victoria oficialista de 2024, o sea, el refrendo del lopezobradorismo por una contundente mayoría. Lección que la oposición, dondequiera que se encuentre o sobreviva, debe anotar con cuidado.
En su capítulo sexto, González Casanova habla sobre los niveles de movilidad social observados entre los años veinte del siglo pasado y los años sesenta. Para el sociólogo, esto es relevante para estudiar posteriormente tanto la “inconformidad” como el “conformismo” como actitudes políticas; sobre el último, González Casanova señala el “factor esperanza” como un elemento central del conformismo, que en términos más sistémicos podríamos llamar “apoyos”, siguiendo a David Easton. Así, la esperanza se define como “La idea del individuo de que se puede salvar personalmente, de que puede resolver sus problemas personales y familiares dentro de los carriles que le atrasado el propio desarrollo, sin modificaciones sustanciales ni actitudes radicales”.
La esperanza entonces es una situación psicológica del individuo que puede manifestarse políticamente mediante la participación en los canales institucionales, como el voto. Esta esperanza pasiva funcionaba como un poderoso lubricante del sistema.
Dicha categoría arroja una luz distinta sobre la contundente victoria de MORENA en 2024. Más allá de la maquinaria electoral o los programas sociales, el oficialismo logró reactivar esa expectativa de movilidad y bienestar en el imaginario colectivo. Queramos o no, el movimiento revivió la noción de que el Estado es nuevamente un factor de la movilidad social. No parece casualidad que el lema fundacional del partido sea, literalmente, “la esperanza de México”. Por tanto, sería sensato proponer que tanto la continuidad como el cambio de coalición gobernante dependerá en buena medida del arraigo que tenga este factor de psicología política entre los votantes del oficialismo.
Consideración final
Como sucede con libros como El suicidio de Durkheim, ¿Quién gobierna?, de Robert Dahl o El hombre, el Estado y la guerra de Kenneth Waltz, el libro de González Casanova bien puede y debe ser un modelo para formar nuevos científicos sociales y analistas de la realidad social y política actual. Pero también puede ser un punto de partida para reflexionar y discutir, en diferentes espacios y desde variados ángulos, los derroteros que ha tomado la comunidad política mexicana a partir del 2018. Ese puente que construye entre lectores y hechos separados por más de seis décadas le da una vitalidad renovada que se agradece.
La democracia en México no sólo es un libro clásico de la sociología política mexicana y un punto de referencia intelectual en la vida universitaria del país, también es una especie de carta de navegación para las aguas autoritarias en las que incursionamos como país. Vale la pena tenerlo en el librero personal y dedicarle unos días.
Mauricio Rodríguez Lara
Asesor en comunicación política y asuntos internacionales