Reporte de Human Rights Watch: "Los desaparecidos de México"

El día de mañana la organización Human Rights Watch (HRW), presentará su reporte sobre violaciones de derechos humanos en México . En segunda ocasión el reporte está basado en el seguimiento detallado de los casos de 249 personas desaparecidas entre 2007 y 2012 (aquí ese puede consultar el primer reporte). 149 de los casos investigados por la organización están vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, como son la Marina, el Ejército, la Policía Federal y varias policías municipales. En algunos casos las fuerzas de seguridad son quienes participan directamente en la desaparición de personas, y en otros casos participan indirectamente en contubernio con grupos criminales.

El documento es muy claro en señalar que los 249 casos sólo son un pequeño porcentaje del número total de desapariciones en nuestro país. Para darse una idea, sólo en Coahuila, el propio gobierno del estado reporta a 1835 personas desaparecidas entre 2007 y 2012. Sin embargo uno de los principales problemas que señala HRW en cuanto al gobierno federal es su incapacidad para generar una bases de datos homogénea a nivel nacional sobre desaparecidos, y sobre restos humanos no identificados. El reporte reconoce que en este tema el gobierno de Felipe Calderón hizo un esfuerzo, pero los datos de las bases de datos que se han hecho públicas en internet -que fueron filtradas desde el gobierno- tienen fallas graves, empezando porque no distingue entre personas que voluntariamente se fueron de sus hogares y víctimas de desaparición forzada. Aún así HRW encuentra información interesante como que en menos de la mitad de los casos en la base de datos, se abrió una averiguación previa.

Uno de los casos que más llama la atención es el de 20 desapariciones forzadas perpetradas por la Marina en Tamaulipas y Nuevo León. Según el reporte, en estos casos se usó el mismo modus operandi lo cual da indicios de que fue una estrategia diseñada con conocimiento de las autoridades. Sobre el caso ofrece testimonios de familiares que vieron las detenciones múltiples, videos y fotos de la participación de vehículos y personal de la Marina, y boletines de prensa contradictorios por parte de las autoridades. En estos como en muchos otros casos es notoria la participación y omisión de las autoridades. Por ejmplo, los detenidos no son puestos a disposición del ministerio público, no se da información sobre la detención ni a las víctimas ni a sus familiares, los ministerios públicos no hacen la investigación y piden que la hagan los familiares de víctimas que a su vez se vuelven víctimas de amenazas.

En una nota optimista el documento resalta el caso de una mejora en algunas investigaciones en Nuevo León. A partir de la presión generada por organizaciones civiles, familiares de víctimas y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se organizaron reuniones de trabajo con funcionarios de la procuraduría del estado. Estas reuniones han mostrado que cuando las instituciones de procuración de justicia se ven obligadas a hacer su trabajo, tienen la capacidad de hacerlo, avanzar en las investigaciones, detener presuntos responsables y poco a poco trabajar de la mano de familiares de las víctimas hasta ir reconstruyendo una confianza entre autoridades y ciudadanos que en pocos casos existe.

Son varias las recomendaciones que HRW hace al estado mexicano a partir de los casos documentados. Algunas de las que más llaman la atención son al Poder Ejecutivo para que pida al Senado reconocer la competencia de Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, invitar al Comité a hacer una vistia de investigación, y "dictar un decreto en el que se exija que todas las personas detenidas sean puestas inmediatamente a disposición del Ministerio Público" en vez de dependencias policiales o bases militares.  A los ministerios públicos federal y de los estados, recomienda "llevar a cabo investigaciones completas e inmediatas de todos los presuntos casos de desaparición".

Una de las lecciones clave del reporte de HRW y de su trabajo previo en relación al fuero militar, es que la responsabilidad de las autoridades en los casos de violación de derechos humanos no puede quedar impune. El cambio de gobierno por muchos es visto como "borrón y cuenta nueva" o que este gobierno no es responsable por las decisiones tomadas por el gobierno anterior. Sin embargo, la mayoría de estos casos no tratan aún sobre la recuperación de la memoria de los desaparecidos, sino que se exige que simplemente se intenten localizar, se conozca la verdad sobre lo sucedido y que se haga justicia.