Después de publicar el capítulo “Derecho a la Salud” como parte del documento titulado “100 Pasos para la Transformación”, la candidata de Morena a la Presidencia de la República dio a conocer un nuevo texto sobre el mismo tema denominado “República Sana”. En la presentación de ese documento señaló que tiene el mejor equipo para la definición de su proyecto sanitario. Sin embargo, lo primero que llama la atención de la propuesta elaborada por ese “magnífico” grupo de colaboradores es la falta de diagnóstico, un elemento esencial de toda política pública. Su exclusión es una inaceptable omisión, como inaceptable es la falta de un objetivo sustantivo, la ausencia de metas y la nula mención a los recursos que el partido en el poder habrá de movilizar para alcanzar sus propósitos. “República Sana” es una simple lista de lugares comunes —fortalecer la atención primaria, modernizar la infraestructura en salud, mejorar el abasto de medicamentos, promover la prevención—, notable más por lo que oculta que por lo que ofrece.
La falta de diagnóstico de esta propuesta tiene una intención velada: esconder las terribles condiciones en las que la 4T entregará el sistema de salud. Hay una población agobiada por padecimientos reproductivos, infecciones comunes y enfermedades crónicas que no recibe respuesta del sistema público por la falta de acceso a servicios de salud que afecta a 50 millones de mexicanos; el dramático desabasto de medicamentos producto del desmantelamiento del sistema de compra consolidada de medicinas del sector público;el descuido del Programa de Vacunación Universal, que ha dejado desprotegido a uno de cada tres niños mexicanos, y el abandono de los servicios de salud materna, que llevó la razón de mortalidad materna a niveles de los años noventa del siglo pasado. Es tan pobre la oferta de servicios públicos que los mexicanos se han visto obligados a utilizar de manera creciente los servicios privados de salud, hecho que se expresa en el crecimiento explosivo de los consultorios adyacentes a farmacias. Esto ha sucedido no sólo entre la población sin seguridad social. Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental publicados hace apenas unas semanas indican que cuatro de cada diez derechohabientes del IMSS y del ISSSTE utilizan los servicios privados de salud de manera regular, lo que ha incrementado su gasto de bolsillo y la frecuencia con la que sufren de gastos excesivos. En 2022, ya finalizada la pandemia, más de cuatro millones de hogares en México —más del 10 % del total de hogares— presentaron gastos catastróficos o empobrecedores por motivos de salud, cifra que no se veía en México desde hace más de quince años.
El objetivo sustantivo de una propuesta de gobierno debería ser atender los problemas del sistema de salud, que en este caso se están ocultando, y avanzar hacia una verdadera cobertura universal de salud —que sólo se menciona una vez en este documento, y de manera muy velada— para así mejorar las condiciones de salud de la población mexicana y sus niveles de protección financiera. Lo que Morena propone como objetivo, sin embargo, es simplemente consolidar la existente segmentación de nuestras instituciones públicas de salud, que ofrecen servicios de segunda a la población con seguridad social y servicios muy pobres a la población beneficiaria del IMSS-Bienestar (IMSS-B), que además tiene prohibido utilizar los servicios de especialidad que ofrece el IMSS regular, la institución que administra este nuevo organismo público descentralizado. “Vamos a tomar el sistema como se queda ahora, con sus avances,” señaló sin rubor alguno la candidata de Morena en la presentación de su propuesta.
Ninguna mención se hace tampoco al tema del financiamiento de la atención a la salud, cuando toda propuesta estratégica debe hacer explícitos los recursos que requiere para cumplir con sus objetivos. Al igual que la actual administración federal, “República Sana” elude el compromiso de incrementar los recursos públicos para la salud, condición indispensable para poder atender de manera razonable la creciente prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los padecimientos mentales. Con un presupuesto público de 2.8 % del PIB no se puede llegar muy lejos. El supuesto carácter prioritario de la salud en esta propuesta debería reflejarse en un compromiso claro y explícito con la movilización de recursos financieros adicionales para este sector. “Prioridad sin presupuesto es demagogia,” decía el doctor Guillermo Soberón.
“República Sana” evita discutir, asimismo, el tema de la vigilancia epidemiológica, y la razón es obvia:para abordarlo tendría que reconocer que el equipo de salud de la 4T gestionó de manera catastrófica la reciente pandemia. Los hallazgos iniciales de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19 señalan que, de haberse manejado de manera correcta dicha contingencia, se hubieran evitado en nuestro país por lo menos 224 000 decesos.
Finalmente, esta propuesta de gobierno ignora también los engendros organizacionales que generó la actual administración, como el Insabi, cuyo rotundo fracaso obligó al gobierno federal a transferir la responsabilidad de prestar servicios de salud a la población sin seguridad social al IMSS-B. Ahora se propone que la Secretaría de Salud, liberada de las tareas de prestación, se haga cargo de la normatividad y la regulación, en sociedad con el golpeado Consejo de Salubridad General, para así fortalecer la gobernabilidad. La verdad es que el gobierno del presidente López Obrador nos lega una Secretaría de Salud devaluada, que asumirá sus tareas de rectoría sin recursos —casi todos transferidos al IMSS-B—, lo que dificultará enormemente el ejercicio efectivo de su autoridad. Por cierto, en las imágenes de “República Sana” se utilizan, sin el más mínimo recato, fotografías de la emblemática sede de Lieja de la Secretaría de Salud, que fue desmantelada y abandonada por la 4T en un intento, simulado, por descentralizarla al puerto de Acapulco.
Es lamentable constatar que, a pesar de las numerosas y contundentes evidencias, la candidata de Morena se resiste a aceptar que recibe un sistema de salud colapsado. Nunca en su historia moderna se había producido un retroceso de esta magnitud tanto en la cobertura de servicios como en las condiciones de salud de la población. Llama la atención en particular el descenso de más de cuatro años en la esperanza de vida al nacer. Cerrar los ojos frente a esta infausta realidad resulta a todas luces imprudente y constituye un mal augurio.
El sentido común nos dice que el próximo gobierno no tendrá más remedio que reconstruir en sus primeros años de gestión lo destruido por la actual administración federal. Ojalá que, de manera paralela, un grupo plural en el que estén representados todos los actores del sector salud diseñe una novedosa propuesta de reforma que dé un golpe de timón que nos encamine hacia el sistema de salud universal e igualitario al que todos aspiramos. Hoy estamos mucho más lejos de ese noble objetivo de lo que estábamos en 2018.
Octavio Gómez Dantés
Investigador del Instituto Nacional de Salud Pública
Este artículo expresa los puntos de vista personales del autor y no refleja la posición de la institución donde trabaja.