Respuesta a la respuesta de Pablo Vázquez

No hay mejor halago que la crítica inteligente. Por tanto, no puedo más que agradecerle a Pablo Vázquez que se haya tomado la molestia de escribir una respuesta a mi artículo titulado “Impuesto a la violencia”, publicado en el número de mayo de 2012 de Nexos.

No puedo tampoco dejar de apuntar algunas coincidencias básicas. Ambos estamos de acuerdo en que el problema de la delincuencia organizada no tiene respuestas fáciles ni soluciones mecánicas y que la violencia criminal es un fenómeno complejo, cuyos resortes no conocemos del todo.

Dicho lo anterior, creo que Vázquez no comprendió la idea. De arranque, no la describe correctamente. Básicamente, mi crítico se brincó los dos elementos centrales de la propuesta: a) la comunicación explícita a los grupos criminales de una raya en la arena, y b) la sanción colectiva a un grupo criminal, en todos los frentes, por cruzar la línea y no, como mal describe Vázquez, “la persecución eficaz de los asesinatos que traspasen un umbral de tolerancia establecido de antemano”.

Vázquez lista una serie de posibles problemas con la idea, algunos de los cuales se derivan de su error inicial. Puesto que se trata de una lista larga y algo reiterativa, me permití agrupar las críticas en cinco categorías:

1. Naturaleza de los contribuyentes: Vázquez afirma que “el impuesto tendería a concentrarse en personas o actos de violencia que pudieran ser fácilmente asociados con alguna de las organización criminales que hasta ahora han sido identificadas”. Efectivamente, el impuesto tendería a operar sobre los grandes grupos criminales, jerárquicos, compactos y con clara identidad organizacional, porque son los que cometen los peores actos. Es a ellos a quien se quiere disuadir en primera instancia (It’s a feature, not a bug, como dirían los anglosajones). Tal vez Vázquez tenga presente algún ejemplo, pero yo no recuerdo ningún multihomicidio de ocho o más víctimas en los últimos tres años que no haya estado vinculado de algún modo con alguna organización criminal identificable. Y aún si el efecto fuera parcial y limitado, se liberarían recursos para atender a las demás “redes criminales”.

2. Evasión fiscal: Vázquez asume que los Zetas se convertirían en delincuentes marca libre (perdón, en “en estructuras más horizontales, fluidas y eficientes”) para seguir matando sin consecuencias. Olvida lo valiosa que es la marca Zeta (o Templario o Sinaloa o Golfo), tan valiosa que muchos embusteros se la apropian sin autorización. Para mantener el valor de la marca, se requiere matar en público y con plena atribución organizacional. Muchos de los homicidios, sobre todo los más masivos y espectaculares, son actos publicitarios. Si la publicidad subiera de precio porque se le impuso un impuesto, habría menos. Y si eso los llevase a volverse “más horizontales y fluidos”, pues qué mejor: ¿no es el problema tener grandes y potentes organizaciones criminales que compiten con el Estado por control territorial?
Eso no quita que pudiesen intentar aventarle la responsabilidad de una masacre a un rival (tal como parece haber sucedido en Cadereyta) o esconder los cadáveres en alguna fosa (como sucedió en San Fernando). Hay tres respuestas a esas objeciones: 1) el grupo falsamente incriminado tendría un incentivo poderosísimo para proporcionar la información correcta (y les juro que tienen maneras de conseguirla); 2) al amparo del impuesto, se podría imponer una sobretasa para los intentos de engaño: de ser descubierto el embuste o la fosa, la ofensiva duraría un año, no seis meses (y eso se comunicaría ex ante); y 3) si los grupos criminales tuviesen sistemáticamente que hacer un montaje o arrojar sus muertos a una fosa clandestina, habría menos muertos (por aquello del esfuerzo adicional).

3. Desplazamiento hacia actividades sin gravamen: Vázquez teme que “si el impuesto funciona, podría fomentar más actos con una lógica terrorista (i.e. coches bomba), el asesinato de empresarios, funcionarios de gobierno, policías o militares, o incluso de los familiares de sus oponentes, y con ello generar un escenario más inestable que el actual.” Dos respuestas: 1) todo lo anterior ya sucede hoy, y 2) un desplazamiento de ese tipo sería prueba incontrovertible de que el mecanismo funciona de maravilla. Luego entonces, sólo habría que extenderlo al nuevo tipo de salvajada (tampoco es infinito el número de actos posibles) ¿Cuál es el problema?

4. Legitimidad del impuesto: a mi crítico le preocupa igualmente que la población pudiera rechazar la estrategia por percibirla como inequitativa: “¿Cómo explicarle a las familias de las víctimas que las autoridades no van a poner suficiente atención en esclarecer y castigar debidamente el asesinato de sus parientes dado que estos no fueron asesinados en un grupo de ocho o más personas?” A mi no me parece particularmente difícil de explicar o entender porque un hecho excepcional exige una respuesta excepcional (v.gr., ¿es muy complicado comunicar porque el 9/11 exigía una reacción distinta que una bomba casera puesta en un cajero automático?). Pero, asumiendo que eso fuera un problema, habría una solución muy sencilla: la estrategia no se le informaría a la población en su conjunto. No habría conferencias de prensa ni boletines ni entrevistas en medios. La comunicación con los grupos criminales se daría por cualquiera de los muchos canales discretos existentes (cárceles en México, cárceles en EUA, abogados de narcotraficantes, familiares, policías municipales, etc.). Para la población en su conjunto, no cambiaría gran cosa: el resto de los casos seguiría siendo atendido tan bien o tan mal como hoy sucede. Francamente, no veo la dificultad.

5. Naturaleza del cobro: a Vázquez le parece preocupar que las autoridades se sientan presionadas a mostrar eficacia ante la población y eso lleve a abusos y fabricaciones de culpables. En específico, le parece que un impuesto a la violencia “incrementaría la probabilidad de que las autoridades hagan desfilar…a un carrusel de “autores materiales e intelectuales”, “operadores”, “jefes de sicarios”, y “lugartenientes” …cuya importancia en las organizaciones afectadas por el impuesto fuera menor.” Eso se resuelve no haciendo pública la estrategia: a lo mejor se puede engañar a los televidentes, pero no a los grupos criminales (y ellos son el objetivo comunicacional). Pero, además, me parece que esta objeción revela una gran falta de imaginación: hay múltiples maneras de golpear a un grupo criminal sin tener que hacer una sola detención. Ejemplos: reventar narcotienditas (estacionando una patrulla enfrente), cerrar giros negros (porque no tienen menú en braille o licencia sanitaria), trasladar reos a prisiones federales, acelerar extradiciones, apretar controles aduaneros y migratorios en puntos específicos, solicitar al gobierno de EUA que haga lo mismo en puertos de entrada seleccionados, instalar retenes móviles en algunas carreteras, rotar personal federal seleccionado, etc. De nuevo, la lógica de esas acciones no se le comunicaría a la población: bastaría con que el mensaje quedara claro en los circuitos criminales adecuados.

6. Honestidad y capacidad de los cobradores: a Vázquez le preocupa que en la aplicación del impuesto a la violencia prive “la corrupción, la discrecionalidad, o la agenda política de los encargados de su implementación” y pide garantías en contra de esa posibilidad. Pues así como garantía, garantía, lo que se llama garantía, no hay ni puede haber, pero lo mismo vale para cualquier otra estrategia que se quiera implementar. Pero habría dos fórmulas y un incentivo que podrían reducir ese riesgo: 1) la decisión y seguimiento se daría en el gabinete de seguridad nacional, con el liderazgo y supervisión directa del Presidente de la República (si se hiciera, es porque el Presidente estaría convencido de las virtudes de la propuesta; si no lo estuviera, pues no se haría. Eso no elimina la posibilidad de corrupción o discrecionalidad, pero si reduce el riesgo), y 2) se involucraría al gobierno de Estados Unidos desde la fase de diseño, para que hubiese un testigo externo de lo que se hace y no se hace (mentirle a la población mexicana es una cosa; mentirle a los amigos del norte tiene otras implicaciones). Y el incentivo es muy claro: se me ocurren pocas cosas que puedan darle tantos puntos políticos a una administración federal que una reducción acelerada de la violencia. A lo mejor no funciona la estrategia, pero, tomada la decisión, ¿por qué querrían los involucrados autosabotearse deliberadamente?

Esta respuesta ya se alargó de más, pero valgan dos puntualizaciones finales. Primero, la eficacia de este tipo de estrategias es algo más que especulación: existe evidencia amplia de su utilidad en otros contextos.1 Más aún, existe evidencia de su eficacia en nuestro contexto: desde hace 27 años, ningún agente de la DEA ha sido asesinado en México, a pesar de que muchos de ellos han estado en la primera línea de fuego ¿Falta de ganas o de oportunidad de los narcotraficantes? Lo dudo (existe el rumor de que Osiel Cárdenas tuvo en sus manos a dos agentes y los dejó ir). Más bien, es el resultado de que la DEA marcó su raya luego del asesinato de Enrique Camarena en 1985. Y los narcotraficantes respondieron al incentivo ¿Por qué no podría suceder lo mismo con otro tipo de incidentes?

Segundo, me parece muy bien que se sometan mis ideas a escrutinio crítico. Y sí, tiene razón Pablo Vázquez, la propuesta tal como fue presentada en Nexos no es más que un esbozo que requiere múltiples rondas de refinamiento y una reflexión sobre posibles efectos colaterales. Pero exigir que “todas las bases [sean] cubiertas antes de su implementación” es una fantasía: en el mundo real, se opera en condiciones de incertidumbre ¿Puedo asegurar con plena certeza que funcionaría la idea o que no tendría costos mayores a sus beneficios? Por supuesto que no. Pero lo mismo aplica para la política vigente y para cualquier propuesta alternativa.

Agradezco de nueva cuenta los comentarios de Pablo Vázquez y esperaré con mucho interés las alternativas que prometió.

Alejandro Hope. Director del Proyecto MC2 (Menos Crimen, Menos Castigo), iniciativa conjunta en materia de seguridad del IMCO y México Evalúa.

[1] http://jrc.sagepub.com/content/early/2011/09/08/0022427811419368.abstract