Por mandato constitucional, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) mide la pobreza y se encarga de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. En cumplimento de esta atribución, ha publicado dos series históricas de la medición multidimensional de la pobreza (MMP): 2008-2018 y 2016-2022, que incluyen información con periodicidad bienal y representatividad nacional y estatal, además de una década de medición de la pobreza a nivel municipal (2010-2020).
Los indicadores de carencias sociales, considerados en la MMP, sobre los derechos a la educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación nutritiva y de calidad, han permitido dar seguimiento a los avances y desafíos que enfrenta la población en cuanto a los elementos mínimos indispensables establecidos para identificar las carencias en el acceso a estos derechos.
Como parte de su agenda de investigación, el Coneval presentó la actualización de la serie 2016-2022 del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS), que aporta datos sobre el acceso efectivo de la población a los derechos sociales, así como de las brechas de desigualdad observadas en grupos de población vulnerable.
El SIDS cuenta con un total de 179 indicadores: 42 corresponden al acceso efectivo a los derechos sociales mencionados, con representatividad nacional y estatal; así como 137 indicadores de brechas de desigualdad en los grupos específicos de la población: mujeres indígenas, población joven, población adulta mayor, población con discapacidad, género y población infantil y adolescente.
Los indicadores de acceso efectivo y de brechas de desigualdad del SIDS, calculados a partir de distintas fuentes de información, están sustentados en la normatividad vigente y dan cuenta del cumplimiento de los compromisos del Estado para garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales, así como de la experiencia reportada por las personas.
Algunos indicadores de acceso efectivo a los derechos sociales y brechas de desigualdad
En 2022, los resultados de la MMP muestran que el 81.8 % de la población reportó no tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Sin embargo, al analizar los indicadores del SIDS que denotan el acceso efectivo a este derecho, específicamente en la dimensión de calidad, se revela que sólo el 23.8 % de la población reportó vivir en hogares donde se consumen diariamente frutas y verduras.
Esta disparidad se hace aún más evidente al considerar las cifras por entidad federativa, por ejemplo: en Tabasco, durante el mismo año, sólo el 61.1 % de la población reportó no tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, mientras que el consumo diario de frutas y verduras se limitó al 9.9 %. Estas diferencias subrayan la relevancia de la medición del acceso efectivo en cada una de sus dimensiones, ya que visibilizan áreas de oportunidad en materia de política social y los compromisos que el Estado debe asumir para garantizar el acceso efectivo a los derechos sociales, más allá de superar el umbral mínimo de las carencias sociales establecidos en la MMP.
En cuanto al derecho a la educación, una información central para comprender el impacto que la pandemia de covid-19 tuvo en el acceso efectivo a este derecho es el porcentaje de esta población que asistía a la escuela y vivía en hogares con energía eléctrica, televisión, internet y computador (o celular); en 2018 fue de 32.9 %, mientras que en 2022 pasó a 53.3 %. La mejora en la disponibilidad de estos servicios y equipamiento en el hogar tuvo un impacto no esperado en el derecho a la educación que permitió a la población infantil y adolescente seguir con las clases a distancia, aún por determinarse; no obstante, incluso con la mejora registrada, hay un largo camino por recorrer para que este grupo poblacional pueda acceder plenamente a todos los medios y servicios necesarios para ejercer de manera efectiva su derecho a la educación, especialmente en situaciones de emergencia global.
En materia de salud, a nivel nacional, se observa una discrepancia entre el indicador de gasto en servicios médicos de la población derechohabiente y la reducción del indicador de acceso a los servicios de salud de la población total. En 2022, 88.7 % de la población derechohabiente que recibió atención médica en instituciones públicas no incurrió en gastos en servicios médicos la última vez que recibió atención médica, situación que contrasta con la reducción del acceso a los servicios de salud de la población en general de 2018 a 2022 al pasar de 83.8 % a 60.9 %, respectivamente. Lo anterior pone en evidencia la fragmentación del sistema de salud que repercute en el acceso efectivo al derecho a la salud.
En el ámbito de la seguridad social, el porcentaje de población de 65 años o más que recibe jubilación o pensión (contributiva o no contributiva) por un monto igual o mayor al valor promedio de la Línea de Pobreza por Ingresos pasó de 26.0 % a 35.2 % entre 2018 y 2022 en el ámbito nacional. Sin embargo, este incremento de 9.1 puntos porcentuales no impactó con la magnitud esperada en la carencia por acceso a la seguridad social, la cual tuvo una reducción de 3.3 puntos porcentuales durante el mismo periodo.
Con respecto al derecho a la vivienda, el porcentaje de población en viviendas que cuentan con servicio de recolección de basura se ubicó en 85.1 % en 2018 y en 87.4 % en 2022. Este indicador, por ejemplo, muestra diferencias en el acceso a los servicios de recolección de basura, así como en el grado de exposición a contaminantes y en posibles riesgos la salud entre la población que vive en Ciudad de México (99.1 %) y la que habita en entidades como Guerrero (58.1 %) y Chiapas (58.7 %).
El componente de brechas de desigualdad, además de hacer visible si éstas se amplían o se acortan en el tiempo, también proporciona información sobre las disparidades en el ejercicio de los derechos entre diferentes subgrupos de la población. La actualización de 2022 implicó que se añadieran 26 nuevos indicadores relacionados con la población infantil y adolescente a dicho componente. Al respecto, la tasa de trabajo infantil en la población de 5 a 17 años que participó en el mercado laboral en actividades no permitidas o peligrosas fue de 13.9 % para la población rural, es decir, 7.8 puntos porcentuales más que en zonas urbanas (6.1 %). Este indicador refleja una mayor vulnerabilidad de la población que habita en el ámbito rural.
En este mismo tenor, 70.7 % de las mujeres indígenas que viven en zonas rurales se encuentran en situación de pobreza, mientras que los hombres no indígenas en zonas urbanas en esta situación alcanzan a 29.8 % de este grupo poblacional. Es decir, existe una brecha en la que se relaciona el ámbito de residencia y el sexo de las personas que alcanza un nivel de 40.9 puntos porcentuales.
Es importante señalar que el SIDS no sustituye a la medición de la pobreza, sino que la complementa al señalar y conocer más a fondo la situación observada en las dimensiones del acceso efectivo a los derechos sociales y subrayar las brechas existentes entre grupos poblacionales. Asimismo, el SIDS busca crear sinergias para orientar el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política social y con ello contribuir al cumplimiento de los compromisos normativos del Estado para cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos sociales a toda la población.
Los invitamos a explorar la Plataforma de Consulta y Visualización del Sistema de Información de Derechos Sociales. Aquí encontrarás datos actualizados y herramientas interactivas para analizar el avance y las brechas en el ejercicio de los derechos sociales en México de una manera detallada e interactiva.
Alida Marcela Gutiérrez Landeros
Doctora en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Coordinadora General de Análisis de la Pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).