En los últimos años, las plataformas digitales que ofrecen transporte, entrega de alimentos y otros servicios por medio de aplicaciones móviles (apps) son una alternativa laboral popular, en especial dado el creciente desempleo y precariedad económica. Estas apps se presentan como una solución moderna y flexible a la rigidez de los mercados de trabajo tradicionales. Sin embargo, tras este aparente avance se oculta una estructura profundamente desventajosa para quienes se ganan así la vida. Las trabajadoras de plataformas en México, como en otros países, están atrapadas en un ciclo de explotación disfrazado de autonomía.
El trabajo en plataformas no sólo es una trampa de precariedad económica, también amplifica las desigualdades estructurales, en particular las de género. Las mujeres, que enfrentan una desventaja histórica en el acceso al empleo formal, entran a un modelo que además de no ofrecer protección social ni estabilidad laboral, refuerza su invisibilidad y precariedad. Para comprender cómo llegamos a este punto y cómo evitar los errores del pasado, es crucial mirar la experiencia internacional y reflexionar sobre cómo este modelo que aparenta inclusión y flexibilidad es una extensión de las estructuras de trabajo desigual que perpetúan la marginalización de las trabajadoras.
Un paradigma desfasado: la seguridad social en el siglo XXI
El sistema actual de seguridad social se diseñó para responder al mundo industrial del siglo XX, donde las relaciones entre empleadores, trabajadores y el Estado estaban bien definidas y la tecnología tenía un papel limitado en la estructura económica. Este paradigma se basa en la noción de una relación laboral estable, en la que el empleador es responsable de inscribir a sus trabajadores en los esquemas de seguridad social y asumir los costos asociados. Sin embargo, este modelo no refleja las dinámicas laborales actuales, en particular las del trabajo en plataformas digitales.
Las plataformas operan como intermediarios tecnológicos, que se rehúsan a asumir el papel de empleadores y niegan así responsabilidades esenciales hacia los trabajadores. Este modelo rompe la relación tripartita tradicional —empresa, trabajador y gobierno— sobre la que se construyó la seguridad social. La consecuencia es que millones de personas quedan fuera de los sistemas de protección social sólo porque su relación no encaja en las categorías formales del modelo industrial.
Este desajuste también perpetúa un sistema que penaliza a los sectores más vulnerables, como las mujeres, quienes dependen de estas plataformas como fuente principal de ingresos en contextos de desigualdad estructural. Las mujeres que trabajan en estas condiciones están precarizadas y excluidas de beneficios esenciales como el acceso a servicios de salud, licencias de maternidad, pensiones o seguros contra riesgos laborales.
La promesa de la flexibilidad: un modelo que exacerba la precariedad
La flexibilidad que prometen las plataformas no es compatible con un sistema de aseguramiento basado en modelos laborales rígidos. Las trabajadoras no tienen acceso a los beneficios asociados con la formalidad, como la seguridad social, porque las plataformas insisten en clasificarlas como contratistas independientes. Este modelo las deja expuestas a la explotación, ya que no tienen derecho a salarios mínimos, prestaciones sociales ni mecanismos de protección frente a riesgos laborales.
A medida que las plataformas digitales se convierten en una parte integral de la economía, el sistema de seguridad social necesita evolucionar para tratar estas nuevas realidades. Como señala la International Social Security Association (ISSA), es urgente rediseñar los sistemas de protección social para que sean inclusivos y capaces de adaptarse a las dinámicas del trabajo digital. Esto implica reconfigurar los esquemas de aseguramiento para que ofrezcan cobertura universal a todos los trabajadores, con independencia de su estatus contractual.
Una relación laboral fragmentada
El modelo de plataformas se caracteriza por su capacidad de fragmentar las relaciones laborales. Las trabajadoras no tienen un empleador directo que asuma responsabilidades hacia ellas, pero tampoco son independientes del todo, ya que dependen de las plataformas para obtener ingresos. Esta fragmentación impide que las trabajadoras accedan a beneficios laborales y crea un vacío legal que las deja desprotegidas.
El paradigma de aseguramiento actual no está preparado para enfrentar esta fragmentación. Los sistemas de seguridad social necesitan adaptarse a las nuevas realidades del trabajo digital, adoptando una perspectiva más flexible e inclusiva que tome en cuenta las particularidades de cada sector. Esto incluye reconocer que las plataformas digitales deben asumir su papel como actores responsables dentro de la economía y contribuir al financiamiento de la protección social para sus trabajadores.
Lecciones de España: la Ley Rider y sus consecuencias
Un ejemplo clave de los retos que enfrenta la regulación del trabajo en plataformas es la Ley Rider de España, aprobada en 2021. Esta legislación se diseñó para garantizar que las personas repartidoras de plataformas digitales, como Ubereats y Glovo, fueran reconocidas como empleados, con acceso a derechos laborales como salario mínimo, seguridad social y vacaciones pagadas. Aunque la intención de la ley era proteger a los trabajadores, su implementación reveló desafíos significativos. Muchas plataformas respondieron desconectando a un alto porcentaje de repartidores, argumentando que su modelo de negocio no podía absorber los costos de emplear formalmente a todos. En algunos casos, hasta el 75 % de las personas repartidoras perdieron su conexión con las plataformas, dejando a miles sin su principal fuente de ingresos.
Este resultado expone un problema crítico: la regulación, aunque necesaria, debe considerar las particularidades del sector para evitar que las trabajadoras y los trabajadores sean los más afectados. En España, la desconexión masiva de repartidores ocurrió porque la legislación no se acompañó de mecanismos que obligaran a las plataformas a garantizar una transición justa hacia el nuevo modelo. Además, no se desarrollaron alternativas efectivas para absorber a los trabajadores desconectados, lo que exacerbó la precariedad laboral de quienes ya eran vulnerables.
Para México, esta experiencia ofrece lecciones importantes. En primer lugar, cualquier reforma debe equilibrar la necesidad de proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras con la preservación de sus ingresos. Las plataformas han creado un nicho económico significativo, en particular en contextos de alta informalidad y desempleo. La regulación debe garantizar que las plataformas no utilicen la implementación de nuevas leyes como una excusa para desconectar a sus repartidores, dejando a miles sin alternativas laborales inmediatas. Esto podría lograrse por medio de incentivos fiscales para las plataformas que cumplan con las nuevas regulaciones o programas de apoyo para trabajadores afectados por la transición.
En segundo lugar, la regulación debe fomentar un diálogo inclusivo entre las plataformas, las personas trabajadoras y el gobierno. Esto permitiría diseñar un marco normativo que tome en cuenta las necesidades de todas las partes, asegurando que las plataformas asuman su responsabilidad social sin que ello signifique un costo desproporcionado para los repartidores. Además, es fundamental incluir mecanismos de monitoreo y sanción que eviten que las plataformas evadan sus obligaciones mediante prácticas como la subcontratación (prohibida por ley pero no erradicada).
Hacia un nuevo modelo de regulación justo e inclusivo
Para superar las limitaciones del modelo tradicional, hay que reconocer a los trabajadores de plataformas como empleados. Las plataformas insisten en clasificarlos como contratistas independientes o como “socios”, argumentando que tienen autonomía sobre sus horarios e ingresos. Sin embargo, esta narrativa ignora que no son socios en el sentido empresarial, ya que no reciben participaciones accionarias ni tienen participación en las decisiones estratégicas, operativas o financieras de las plataformas. En lugar de compartir riesgos y beneficios como un verdadero socio, estos trabajadores están sujetos a reglas unilaterales y a un sistema que maximiza las ganancias de las plataformas a expensas de su estabilidad y derechos laborales. El reconocimiento formal de su estatus como empleados permitiría incluirlos en los sistemas de seguridad social y garantizarles acceso a beneficios esenciales como seguro de salud, pensiones y licencias laborales.
La seguridad social, además, necesita evolucionar hacia un modelo que no dependa de la relación laboral formal que las empresas tenían de manera directa y permanente con sus trabajadores durante el siglo XX. Adoptar un esquema de protección social universal garantizaría que todos los trabajadores, incluidos los de plataformas, tengan acceso a beneficios básicos, con independencia de su estatus contractual. Este modelo podría financiarse por medio de contribuciones compartidas entre las plataformas, los trabajadores y el Estado, permitiendo una distribución más equitativa de las responsabilidades.
La redefinición de la relación tripartita entre trabajadores, empleadores y gobierno es imprescindible. Las plataformas digitales transformaron de manera radical esta relación al evitar el papel de empleador, pero beneficiándose económicamente de la fuerza laboral que gestionan. Para corregir esta asimetría, es necesario integrar a las plataformas como actores responsables dentro del sistema de seguridad social. Esto implicaría que asuman sus responsabilidades fiscales y laborales, contribuyendo al financiamiento de la protección social de sus trabajadores. Este cambio fortalecería los sistemas de aseguramiento y equilibraría las condiciones para los sectores más vulnerables.
El trabajo en plataformas, caracterizado por su flexibilidad, no debe ser una excusa para perpetuar la precarización laboral. La narrativa de la flexibilidad a menudo se utiliza para justificar la falta de ingresos mínimos garantizados y de acceso a servicios de salud o pensiones. Sin embargo, los sistemas de seguridad social deben diseñarse para proteger a las trabajadoras en cualquier tipo de relación laboral, asegurando su estabilidad económica y su bienestar físico y mental. Las plataformas deben ser obligadas a invertir en condiciones de trabajo seguras y en infraestructuras que minimicen los riesgos asociados a sus actividades, incluyendo la provisión de seguros laborales y equipos adecuados.
La narrativa de que las trabajadoras de plataformas son “socias” o “contratistas independientes” es profundamente engañosa. Estas mujeres no reciben participaciones accionarias ni tienen poder de decisión sobre las operaciones de las plataformas. En cambio, están sujetas a condiciones unilaterales impuestas por algoritmos y políticas corporativas que controlan cada aspecto de su trabajo, desde las tarifas hasta los tiempos de entrega. Esta relación asimétrica muestra que no son socias, sino trabajadoras subordinadas que merecen las mismas protecciones laborales que cualquier otro empleado.
Es necesario reconocer formalmente a las trabajadoras de plataformas como empleadas para garantizar la sostenibilidad económica. Al incluirlas en el sistema de seguridad social se contribuye a fortalecer los sistemas de aseguramiento en su conjunto, aumentando la base de contribuyentes y creando un círculo virtuoso de inclusión económica. Este cambio permitiría que las plataformas, el gobierno y las trabajadoras compartan equitativamente responsabilidades y beneficios del trabajo digital.
Cualquier reforma debe ser sensible a las desigualdades de género. Las mujeres que trabajan en plataformas enfrentan desafíos únicos, como la doble carga laboral que combina trabajo remunerado con trabajo de cuidado no remunerado en sus hogares. Un sistema de protección social que no reconozca estas dinámicas perpetuará la exclusión y la desigualdad. Por ello, es crucial incluir beneficios específicos, como subsidios para el cuidado infantil, licencias familiares y horarios laborales adaptados, que permitan a las trabajadoras equilibrar sus responsabilidades y acceder a oportunidades reales de desarrollo económico y personal.
La transición hacia un modelo de seguridad social inclusivo y feminista también debe considerar la evolución de las relaciones laborales en un mundo digital. Las apps no pueden seguir operando al margen de las responsabilidades laborales y sociales. Como actores económicos clave, deben contribuir a financiar los sistemas de aseguramiento y garantizar condiciones dignas para las personas trabajadoras. Esto significa cumplir las leyes laborales y crear entornos laborales seguros y libres de discriminación y acoso.
En última instancia, el trabajo en plataformas es síntoma de una transformación más amplia en la economía global. Adaptar los sistemas de seguridad social y las políticas laborales a esta nueva realidad es esencial para construir un futuro más equitativo. No es sólo un desafío regulatorio; es una oportunidad para redefinir las relaciones laborales en términos de igualdad, inclusión y sostenibilidad. Las trabajadoras de plataformas merecen reconocimiento y protección; son un pilar fundamental para el desarrollo de una economía digital que funcione para todas las personas.
En un mundo donde el trabajo está siendo redefinido por la tecnología, garantizar la dignidad y los derechos de quienes sostienen estas transformaciones es el único camino hacia un progreso real. Una economía digital justa no puede existir sin seguridad social inclusiva, y la seguridad social inclusiva no puede lograrse sin igualdad de género.
Melissa S. Ayala García
Abogada experta en derecho constitucional, especializada en derechos humanos
Excelente artículo. Soy conductor de Uber desde agosto del 2018. Yo sí tengo seguridad social porque soy pensionado y sólo trabajo de 25 a 30 horas semanales en la plataforma pero estoy de acuerdo en que se reconozcan los derechos laborales a los compañeros que no cuentan con las prestaciones de ley sin que esto vaya a provocar desempleo masivo como lo sucedido en España.