En México estamos muy desinformados sobre los mecanismos internacionales de justicia y esto no es casualidad. La espeluznante cifra de 99% de impunidad en el país no ha sido suficiente para explorar y discutir públicamente alternativas exitosas de justicia internacional. Por ejemplo, al lado de nuestra frontera, se creó hace unos años la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), que es un órgano independiente con carácter internacional apoyado por la ONU. Lejos de que una intervención internacional de esta índole infrinja la soberanía y debilite al Estado de Guatemala, la CICIG ha fortalecido los aparatos de justicia guatemaltecos permitiendo que peritos expertos protegidos desde Suiza coadyuven en investigaciones sumamente riesgosas, como casos de lavado de dinero por algunos funcionarios de gobierno; el juicio contra el expresidente Portillo por corrupción; acusaciones de militares coludidos con narcotráfico, entre otros. Algo podría servirnos de esta experiencia, sin embargo, ha habido una pobrísima política de difusión sobre este mecanismo en México, especialmente por parte del gobierno federal, que por cierto ha dado recursos financieros a la CICIG. La sociedad civil tampoco utiliza estas experiencias a la hora de exigir justicia.
Es natural que el Gobierno no quiera difundir mecanismos internacionales que sirvan para constatar que la estrategia contra la impunidad ha sido ineficaz, pues sería un suicidio político. Pero nada impide que la sociedad civil presione al gobierno para buscar alternativas. Aquí Guatemala también pone el ejemplo: fueron las organizaciones de defensores de derechos humanos quienes exigieron al Gobierno de Guatemala, a pesar de su resistencia, la creación de la CICIG.
Muchos advierten el daño de desprestigiar a México permitiendo la entrada de organismos internacionales en asuntos internos, particularmente en el tema de la impartición de justicia. Sin embargo, las cifras de muertos en este sexenio no son un secreto y la baja en el turismo es ya un reflejo contundente que las noticias de la violencia en México cruzaron la frontera desde hace mucho. México ya está desprestigiado por la violencia. Las oficinas de Comunicación Social de Presidencia y la Secretaría de Relaciones Exteriores no lo han podido evitar a pesar del esfuerzo millonario por promover una imagen positiva del país, estrategia que, por cierto, no han querido transparentar.[1] Peor aún, el crimen organizado utiliza medidas de control social cada vez más sangrientas, dirigidas a provocar terror en los habitantes y este tipo de noticias recorren el mundo con mucha facilidad.
Por su gravedad y comisión sistemática y generalizada contra la población civil, estos crímenes también han atravesado, desde hace un buen rato, la frontera del derecho penal internacional. En México ya se cometen crímenes de lesa humanidad que son competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). Lo más importante a mencionar es que una de las grandes virtudes de la CPI es su capacidad para presionar y hacer funcionar mecanismos de justicia nacionales. Debido al principio de complementariedad de la Corte, ésta hará todo lo posible para que el sistema judicial nacional sea quien juzgue a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Como lo demuestra el caso reciente de Colombia, es la presión de la CPI por investigar la que finalmente provoca que se juzgue en cortes nacionales a los responsables de estos crímenes.
En Colombia, después de 15 años y 200,000 asesinatos con menos de 10 sentencias condenatorias, la CPI inició comunicaciones con el Gobierno colombiano en 2004. Como resultado, se aprobó la Ley de Justicia y Paz, cuyas sentencias han permitido contextualizar la guerra y ponerle nombre y apellido a todos los que se han beneficiado económica y políticamente de la impunidad en Colombia. Hoy en día una tercera parte del Congreso de Colombia está siendo investigado por nexos con los paramilitares. Este fenómeno no se puede explicar si no tomamos en cuenta la presión que ejerció la CPI al Gobierno colombiano, quien se vio obligado a actuar para evitar que un organismo internacional interviniera.
Hace unos meses un grupo de académicos promovió una petición a la CPI para enjuiciar a Felipe Calderón y al Chapo Guzmán en La Haya. Sin embargo, la petición reflejó, en el mejor de los casos, un profundo desconocimiento del Estatuto de Roma de la CPI y, en el peor, una intención política que debería hacer enojar a las víctimas de la violencia en México, cuya mención fue utilizada únicamente para atacar al Gobierno Federal, no para acceder a la justicia. Cualquiera que lea el Estatuto de Roma de la CPI se dará cuenta que la forma para acercarse a la CPI es aportando pruebas para que se investigue una “situación”, no acusando a un individuo en particular. El mecanismo de distinción entre “situaciones” y “casos” deriva precisamente en que la CPI se está protegiendo de ser utilizada como herramienta política para atacar a adversarios. En el procedimiento de la CPI, no solo resulta prematuro nombrar a individuos responsables de estos crímenes, sino que ésta es facultad exclusiva del Fiscal de la Corte. Además, la petición no se centró en aportar las pruebas que sí son necesarias en esta etapa preliminar, particularmente para evaluar la competencia y admisibilidad de la Corte (Articulo 17 del Estatuto de Roma). Por estas razones, lejos de involucrar a la CPI en México e incentivar un debate público e informado sobre la existencia de crímenes internacionales, se desinformó a la sociedad con un documento acusatorio de nula validez legal.
El artículo “Derechos humanos: Un espejo para México” recientemente publicado en Nexos por Pedro Salazar Ugarte y Natalia Saltalamacchia Ziccardi, también demuestra la falta de conocimiento del Estatuto de Roma y la jurisprudencia reciente de la Corte Penal Internacional. Los autores hacen un análisis comparativo poco convincente para determinar que en México no se pueden acreditar crímenes internacionales de competencia de la Corte. De entrada, es falso que "la vía de la Corte Penal Internacional demanda acreditar la existencia de una planificación sistemática y organizada, por parte de entes estatales, para cometer violaciones masivas de derechos humanos."[2] Los crímenes de lesa humanidad, para utilizar el término correcto y no "violaciones masivas de derechos humanos", no necesitan ser cometidos por parte de entes estatales. El artículo 7(2)(a) del Estatuto de Roma establece que:
“Por ‘ataque contra una población civil’ se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;” (negrillas añadidas)
Como se puede leer, el Estatuto de Roma dejó abierta la posibilidad de que organizaciones puedan también cometer crímenes de lesa humanidad. La jurisprudencia reciente de la CPI lo ha confirmado en varias ocasiones: una organización no estatal puede cometer crímenes de lesa humanidad siempre y cuando satisfaga los requisitos de una organización, tales como jerarquía, medios y control territorial.[3]
No se necesita una dictadura militar o un régimen de Estado terrorista para perseguir crímenes internacionales. En México estamos frente a un fenómeno de violencia provocada en una gran medida por cárteles de la droga que quieren asegurar y expandir su negocio ilícito. La aparición de fosas comunes, los miles de desaparecidos, los descabezados, tienen un nombre técnico en el derecho penal internacional: son crímenes de lesa humanidad y hay mecanismos internacionales para perseguirlos. Es hora de aceptar esta realidad así como la ineficaz aplicación de la justicia para estos casos.
Laura García Coudurier. Internacionalista.
[1] Ver respuesta a la solicitud de acceso a la información 0210000102311 en: http://www.presidencia.gob.mx/documentos/transparencia/resoluciones/2011_XIX_Sesion_Extraordinaria.pdf
[2]http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102734
[3] Situaciones de Kenia y Costa de Marfil (párrafos 92 y 93 del documento ICC-01/09-19-Corr), Costa de Marfil (párrafo 46 del documento ICC-02/11-14-Corr)
Es erroneo intentar comparar el caso de Colombia con el de Mexico, para empezar Colombia libro una batalla contra las drogas, pero ademas una batalla contra el terrorismo y las guerrillas que azotaron su sociedad y que llegaron a gobernar territorialmente mas de un tercio de esa nación. En su lucha contra la guerrilla escondida entre los pueblos y las selvas, el ejercito Colombiano cometió constantes violaciones a los derechos humanos, mucha gente desapareció también por la proliferación de grupos paramilitares que protegían grandes hacendados y terratenientes. La guerrilla colombiana también secuestro y asesino a mucha gente, muchos civiles colombianos e inclusive extranjeros.
Nada de eso ocurre en Mexico donde la situación es compleja pero nada parecida a la que vivió y continua padeciendo Colombia, primero que en Mexico no existe territorios ocupados por narcoguerrilleros, porque los carteles no persiguen una agenda ideológica, sino sus negocios, sus actividades criminales. Tampoco existe una violación sistemática de los derechos de los mexicanos por parte del estado, del ejercito o policías federales, estatales o locales. Existen errores, pero nunca podrán ser catalogados como un fenómeno sistemático.
La problemática de Mexico es caracter policial y judicial, los policías estatales y municipales armados con pistolas calibre 22, sin entrenamiento, sin certificaciones, sin salarios dignos, sin equipamiento de seguridad, y sobre todo sin la voluntad de los presidentes municipales y gobernadores, simplemente no podían luchar contra carteles criminales que expandieron sus actividades criminales utilizando toda clase de armamento y tecnologías de primer mundo, inclusive tácticas organizacionales superiores a las las policías federales.
Me molesta mucho cuando cualquier bloguero o periodista se siente muy ufano para escribir cosas como " la estrategia contra la impunidad ha sido ineficaz", basta leer los periódicos todos los días para dar cuenta de los cientos de funcionarios públicos que han sido presos por actos de corrupción y asociación con bandas criminales, miles de policías también han sido juzgados bajo esos cargos, decenas de secretarios de seguridad destituidos por no aprobar pruebas de confianza y exámenes de seguridad. Y miles de criminales han sido capturados y enviados a prision con toneladas de estupefacientes, armamento, tecnologias, millonarias sumas de dinero, propiedades. Cientos de personas secuestradas por bandas criminales han sido liberadas en estos años como jamas nunca en nuestra historia, importantes capos de la droga han sido ultimados o capturados como nunca antes en nuestra historia.
Y ademas se están construyendo instituciones policiacas con estándares internacionales, certificaciones, pruebas, salarios dignos. Fuerza Civil en Nuevo Leon es un claro ejemplo de un esfuerzo conjunto entre estado y sociedad y federación para crear cuerpos policiacos locales con preparación profesional, certificaciones y con los salarios y paquetes de beneficios mas altos en la historia de Mexico, mas de 1,500 USD mensuales mas seguros de vida millonarios para sus familias en caso de fallecer en la conducción de sus deberes. El mismo esquema se esta revisando en otras entidades.
Una vez que Mexico pueda consolidad fuerzas policiales profesionales y equipadas, la criminalidad comenzara a debilitarse porque cada vez encontrara mas resistencia y menos debilidad en la autoridad responsable de mantener la ley y el estado de derecho.
Traer a la CPI a Mexico a discutir el tema de la narcoviolencia, comparar a Mexico con Colombia o Darfur, es un error serio de quienes no parecen entender el verdadero contexto en que vivimos. No hay bandas paramilitares rondando en Cadereyta o Los Ramones, Nuevo Leon, tampoco en Saltillo o Monterrey. Lo que hay es una clara division entre bandas criminales y policias federales, estatales, municipales y el ejercito y la marina intentando combatirles.
Mas allá de casos aislados y desafortunados donde han muerto civiles en el entrefuego entre criminales y militares, la población en general le da la bienvenida al ejercito mexicano y a la marina y fuerzas federales. Ellos representan un esfuerzo de estado y sociedad civil para enfrentar a las bandas criminales. Y éxitos hemos tenido muchos todos estos años aunque haya quienes cegados por cuestiones ideológicas se niegan a considerar un éxito que el estado haya capturado a miles de narcotraficantes, a criminales empedernidos como Beltran Leyva, La Barbie y muchos otros.
Que tal José Ángel, leyendo tu opinión acerca del texto expresado arriba, me saltan algunas dudas en las que haces referencia al supuesto "éxito" que ha tenido la estrategia impuesta por el FCH y de que la situación actual del país no es tan grave como para acudir a instancias internacionales de justicia.
Dices que no hay territorios ocupados por el crimen organizado… pues que me puedes decir de aquellos pequeños municipios en los estados donde existe un mayor índice de violencia (Tamaulipas, Veracruz, Monterrey, Guerrero, etc), donde los órganos policíacos, así como los mismos Gobiernos Municipales en ocasiones son totalmente cooptados por el crimen organizado. En muchos casos son obligados, pero en otros más, estos se vuelven parte activa del crimen, ya no solo encubriendo las acciones ilegales sino siendo participes directos y ejecutores de las mismas.
En cuanto al éxito que ves reflejado en los medios día con día, pues no sabes que la mayoría de los "presuntos culpables" detenidos son liberados y muy rara vez suelen ser procesados (La impunidad en México es del 90%). También mencionas que muchos "Secretarios de Seguridad" han sido destituidos, aunque en México solo conozca una persona con ese cargo (Genaro García Luna), este personaje, el más importante y de mayor influencia en cuestiones de Seguridad Nacional, por si no te enteraste no ha pasado las exámenes de confiabilidad (la información la puedes encontrar en Reporte Indigo). Si ni siquiera cumple con eso, que se puede esperar de lo demás…
Algo que también llama la atención es cuando dices que “mas allá de los casos aislados y desafortunados donde han muerto civiles”…. No se como tomes la definición de casos aislados, pero las miles de muertes que se han registrado en este último sexenio nos habla de algo más que solo “casos aislados”. Estos horrendos crímenes atentan contra los derechos humanos y solo basta con revisar algunos casos como las narco fosas de San Fernando, descabezados por donde sea, los 35 muertos dejados en Veracruz, etc, etc y así podríamos continuar señalando casos de abuso. Esto no es consecuencia exclusivamente de los “malos”, sino de la mala estrategia que se empeñaron a aplicar, sacando de los cuarteles al Ejército y la Marina, los cuales no tienen las facultades y la capacidad de sobrellevar asunto de índole de Seguridad Pública.
De que nos han servido los miles de muerto? Los grandes capos detenidos? El verdadero mal se encuentra en el poder económico y político involucrado con estos personajes, aquellas personas que se dedican a las labores financieras de los cárteles, a los políticos y empresarios corruptos… Estos son los verdaderos enemigos de la paz pública, son estos los que se encuentran totalmente impunes después de 5 años de supuesto combate contra el narco, donde la columna vertebral se encuentra intacta, por el contrario, el poder y el número de carteles o células delictivas ha aumentado en el país y de esto nos podemos dar cuenta tan solo viendo al Cartel Sinaloa, que durante estos 12 años de gobiernos panistas su poder e influencia ha alcanzado niveles internacionales (video en youtube Edgar Buscaglia en Casa América) lográndose conectar con las grandes mafias italianas.
En verdad puedes creer que la estrategia es la correcta??
Luis,
No cuentas con ningún dato solido para decir que estamos perdiendo la guerra contra el crimen, que las organizaciones están intactas, de hecho no lo están, tan es así que estos años hemos sido testigos de matanzas entre ellos mismos precisamente para intentar reestructurar sus organizaciones. Se ha peleado en todos los frentes, en sus finanzas, en el lavado de dinero, decir que el esfuerzo ha sido solo militar es mentir banalmente y por motivos ajenos a la búsqueda de la verdad. Todo lo que mencionas aquí son percepciones.
Hablas de los miles de muertos como si todos ellos, absolutamente todos fueran culpables del esfuerzo del estado para terminar con el crimen organizado, despierta por favor, ya durante el sexenio de Salinas tuvimos casi cien mil muertos, durante el sexenio de Zedillo aun mas, el único sexenio que hemos tenido menos muertes que durante este es el de Fox, significa eso que de haber realizado un esfuerzo por acabar con las mafias no tendríamos muertos? de ninguna forma.
Tu ignorancia del tema no te permite ver que en Brasil mueren casi cincuenta mil personas víctimas de crimen en un año, y eso que no están librando una guerra contra las bandas criminales como lo estamos haciendo aquí.
Todas las muertes deben ser investigadas por expertos, por investigadores criminólogos, cada una de ellas, enviar a activistas de derechos humanos con agenda ideológica es ofender es politizar esas muertes.