Se advirtió hasta el cansancio, no quisieron escuchar. Se señalaron los errores, se anticiparon los riesgos y aun así avanzaron. Minimizando las advertencias técnicas, presentaron cualquier cuestionamiento como una defensa del statu quo. Las críticas fueron desestimadas e intentaron calmar las preocupaciones con discursos que prometían una transformación histórica del sistema judicial. Pero el tiempo termina siendo más obstinado que cualquier narrativa política. Y sí: todo cambió, pero no precisamente para bien.
Sumados a los grandes y apremiantes problemas estructurales de siempre dentro del sistema judicial, ahora tenemos: jueces improvisados, ministras cometiendo errores propios de los primeros años de la licenciatura, escándalos administrativos como retrasos en el pago de liquidaciones y pensiones a juzgadores separados de sus cargos tras la reforma, renuncias, una fuerte tensión entre los distintos órganos que ahora componen al Poder Judicial de la Federación y curvas de aprendizaje por doquier. Sin mencionar los criterios jurídicos erráticos que aparecen en diversas resoluciones o la creciente irrelevancia que el nuevo Poder Judicial parece estar adquiriendo en ámbitos especializados. Esa acumulación de episodios ha ido configurando una secuencia de polémicas difíciles de ignorar. La lista de tropiezos se acumula en muy pero muy poco tiempo porque la idea de refundar a la judicatura mexicana, de votar por las personas juzgadoras fue, es y será una mala idea.
La reforma judicial impulsada por Morena en 2024 pasará a la historia como uno de los experimentos institucionales más controvertidos del constitucionalismo contemporáneo. No sólo por la magnitud de los cambios que introdujo en la estructura judicial, sino también por la velocidad y desaseo con la que se aprobó y por el nivel de incertidumbre que generó.
Por eso, en días pasados, la presidenta de México dejó entrever la posibilidad de aplazar la elección popular de cientos de magistrados y jueces de distrito prevista en el calendario de implementación de la propia reforma. “Hay una probabilidad de cambiar la elección del Poder Judicial al 2028; que la enviemos como propuesta a definición del Congreso”, afirmó hace poco en una de sus conferencias de prensa matutinas. El argumento oficial ha sido descongestionar el calendario electoral y reducir costos, no asumir el error que ellos mismos crearon.
En este contexto conviene recordar que, por ahora, una parte significativa de los jueces de carrera continúa en funciones por efecto del propio régimen transitorio de la reforma. Esa continuidad ha operado como una suerte de amortiguador institucional, combinando la experiencia acumulada de la carrera judicial con la llegada de nuevos integrantes. A ello se suma el trabajo de un sinnúmero de secretarios y personal técnico con años de experiencia que, en la práctica, han sido cruciales para sostener el accionar cotidiano de los tribunales.
Pero incluso con ese respaldo, no cabe duda de que la transición hacia el nuevo modelo ha estado marcada por la improvisación, la exposición pública constante y una inestabilidad institucional poco habitual. Aunque se supone que la judicatura debería ser un actor neutral y discreto, el solo hecho de que el nuevo Poder Judicial deje de ser noticia cada semana, parecería, en sí mismo, un avance. Lo cierto es que más allá de la posición política que se tenga, es difícil sostener que el estado actual de la justicia en México sea mejor que el de antes.
Hacer más elecciones no conlleva más justicia, mucho menos mejores decisiones judiciales. El simple hecho de democratizar la forma de acceso a la judicatura no resuelve por sí mismo los problemas estructurales que afectan al sistema judicial. Elegir jueces mediante el voto popular no garantiza independencia, preparación técnica ni calidad en la argumentación jurídica.
Por el contrario, introducir ciclos electorales en el Poder Judicial puede generar incentivos contraproducentes. La lógica de la competencia política, la necesidad de exposición pública o la presión de mayorías circunstanciales difícilmente se armonizan con el tipo de razonamiento técnico y prudente que exige esta función. La judicatura requiere estabilidad, experiencia acumulada y trayectorias profesionales que se consolidan con el tiempo…, tiempo que bajo la lógica original que propuso la reforma morenista es insuficiente.
Lo llamativo, según reportan diversos medios de comunicación, es que el giro para recular, postergar y afinar la reforma no parece surgir de una reflexión institucional interna, sino de las advertencias provenientes del sector empresarial. Diversas cámaras señalaron que la reforma judicial envió señales negativas para la inversión y creó un clima de incertidumbre jurídica, preocupación que también fue retomada por analistas económicos, quienes comienzan a vincular ese entorno con el deterioro de algunos indicadores de confianza empresarial. En ese contexto, la posibilidad de aplazar responde a la necesidad de reducir tensiones con el sector productivo en un momento económico delicado, marcado además por la próxima revisión del TMEC. Dicho de otro modo, la supuesta pausa no es una reconsideración de fondo sobre el diseño de la reforma, sino un intento de contener sus efectos.
Soy de la idea de que la elección popular de jueces llegó para quedarse, porque desandar una reforma de esa magnitud resulta políticamente mucho más difícil que aprobarla. A ciencia cierta, el poder político parece bastante conforme con tener una judicatura a modo, en donde el Derecho deje de funcionar como un verdadero límite y más bien se acomode a las prioridades del gobierno en turno. Y bueno, a nivel local, ni qué decir de los gobernadores, que ahora cuentan con mayores incentivos para influir en la conformación de los poderes judiciales de sus estados.
Pasarán varias generaciones antes de que el sistema jurídico mexicano logre absorber, corregir o normalizar los efectos de un cambio institucional tan profundo. Entre tanto México tendrá que convivir con las consecuencias de un experimento presentado como una democratización de la justicia, pero cuya implementación ha puesto de relieve que las instituciones complejas no se transforman por entusiasmo político, ni con múltiples boletas electorales.
En medio de la discusión de una reforma electoral, uno pensaría que algo de esta experiencia serviría al menos para introducir un poco de seriedad, prudencia institucional y responsabilidad pública, anclando el rigor técnico a las deudas históricas que el sistema político tiene con la sociedad. Ojalá que así sea. Y si no sucede, tocará seguir dejando constancia. No con ánimo revanchista ni con pretensión de superioridad moral; simple y sencillamente porque las consecuencias de estas decisiones, más allá de posiciones ideológicas o simpatías políticas, terminan afectando a todas las personas. Y alguien, tarde que temprano, tendrá que hacerse cargo de ellas.
Juan Jesús Garza Onofre
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de argumentación jurídica en la Facultad de Derecho de la UNAM y de filosofía del Derecho en el ITAM
Cuantas orejas de burro ya tiene aseguradas amlo? Digo, la historia lo pondrá en su esquina, viendo a la pared, por cada par de orejas ganadas en 6 años de demencial y mediocre ejercico de poder