El próximo mes de noviembre se elegirá a la persona que sustituirá en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a Enrique Graue Wiechers, quien concluye su segundo periodo al frente de la más importante institución de educación superior e investigación en el país. Si bien es cierto que gracias al esfuerzo de varias generaciones se han desarrollado otras instituciones educativas y científicas de gran calidad, la UNAM sigue ocupando una posición de liderazgo y es punto de referencia en diversas áreas, tanto en la formación de recursos humanos como en la ciencia y la tecnología. También es relevante por el papel que ha desempeñado en las transformaciones que han cambiado el perfil de la nación. Por ello, la designación que hará la Junta de Gobierno este año despierta de manera natural gran interés, por sus implicaciones en las políticas educativas, de ciencia y de otros ramos en el mediano y largo plazos. El propósito de este artículo es examinar algunas características de la próxima elección del rector (o rectora), los elementos que pueden influir en este nombramiento y algunos de los desafíos que enfrentarán los universitarios.
La Junta de Gobierno por dentro
La decisión sobre quién sustituirá a Enrique Graue dependerá de diversos factores, muchos de ellos difíciles de escudriñar. Pero sólo hay una cosa segura: mientras esté vigente la Ley Orgánica de esta institución, quien tomará la decisión final será la Junta de Gobierno. Por esta razón es importante asomarse a algunos aspectos de su estructura y funcionamiento, así como a los elementos que pueden influir en su decisión final.
Quienes han formado parte de la Junta de Gobierno son personas que se sienten orgullosas de su participación en ese órgano de gobierno. De acuerdo con diversos testimonios, consideran su designación como uno de los mayores reconocimientos que han recibido en sus vidas. Sus quince integrantes son electos por el Consejo Universitario, aunque en ocasiones excepcionales la designación de un nuevo miembro es tarea de la propia Junta, como ha ocurrido en el caso de renuncia de alguno. Además de la responsabilidad de elegir al rector, sus tareas incluyen el nombramiento de los directores de facultades, escuelas e institutos. También designan a los miembros del Patronato Universitario.
Se reúnen por lo menos una vez por mes, aunque para atender algunos casos tienen sesiones mucho más frecuentes, incluso diarias. Su presidente representa a la Junta ante todas las instancias universitarias y, desde luego, mantiene un estrecho contacto con el rector y otras autoridades, de quienes reciben información sobre el estado que guarda la institución y los problemas que enfrenta. También, la información fluye de manera inversa, pues al entrevistar a las distintas comunidades durante el nombramiento de directores, perciben de manera directa los problemas particulares de las entidades universitarias.
Para elegir directores se requiere de mayoría simple, es decir, ocho sufragios, pero para la designación de un nuevo rector se necesitan diez votos. A pesar de que entre sus integrantes existe una gran camaradería (algunos de ellos mantienen reuniones de amigos incluso años después de concluir su participación), las discusiones no siempre son tersas y en ocasiones pueden subir de tono sin que pueda llegarse a acuerdos, por lo que tiene que recurrirse a una segunda vuelta en las votaciones.
La diversidad académica es una característica que les permite analizar desde ángulos muy diferentes los temas de su competencia, pues provienen de las ciencias naturales y exactas, las humanidades o las artes. También participan en ella académicos que no pertenecen a la Universidad Nacional, y son quienes proporcionan una mirada externa y aportan las experiencias de otros sectores e instituciones, en las que por lo general han ocupado puestos directivos.
Podemos ver su composición actual y los orígenes académicos de quienes designarán al rector o rectora en 2023. Tres cuentan con licenciatura y doctorado en biología: Ana Rosa Barahona Echeverría, Rafael Lira Saade y Alberto Ken Oyama Nakagawa. Dos son médicas cirujanas: Patricia Elena Clark Peralta, doctora en ciencias médicas, y Marcia Hiriart Urdanivia, doctora en fisiología, biofísica y neurociencias. Dos administradores: Juan Alberto Adam Siade, licenciado en contaduría y doctor en Ciencias de la Administración, y Enrique Cabrero Mendoza, licenciado en administración y doctor en ciencias de la gestión (es el integrante externo; exdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). Dos son del área de la ingeniería: Elena Centeno García, doctora en geología, y Luis Armando Díaz-Infante Chapa, maestro en ingeniería. Dos son del campo de la sociología: Jorge Cadena Roa, licenciado en economía y doctor en sociología, y Gina Zabludovsky Kuper, licenciada y doctora en sociología. Una licenciada y doctora en física: Rocío Jáuregui Renaud. Una licenciada y doctora en derecho, Margarita Luna Ramos (ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación). Un licenciado en letras y doctor en literatura mexicana: Vicente Quirarte Castañeda, y una licenciada y doctora en matemáticas: María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza.
Quienes integran la Junta, son personas con grandes méritos académicos y sin duda persiguen el fortalecimiento de la Universidad Nacional. Conozco sus perfiles y personalmente a varios de ellos; puede afirmarse que, si bien pueden surgir diferencias en el debate sobre la persona que mejor pueda representar a la institución, lo que no está en duda es que harán una defensa férrea de la autonomía universitaria frente a las eventuales presiones del poder político.
El proceso
Antes de iniciar las consultas a la comunidad, la Junta de Gobierno realiza una depuración de los nombres y las trayectorias de los universitarios que aspiran a la rectoría. Al principio el volumen es grande, pues bajo la sentencia: “En los corrillos universitarios se menciona a…”, se acumula un número abultado de personalidades que son propuestas o autopropuestas (para adquirir cierta notoriedad) y que eventualmente llegan a los medios de comunicación. Ese es el momento en que nos encontramos hoy. Pero la multitud de nombres que pueden surgir en un primer momento carece realmente de importancia.
Tomemos como ejemplo el proceso realizado en 2015, del que resultó electo Enrique Graue Wiechers. La Junta publicó el 23 de septiembre de aquel año la convocatoria respectiva y para el 5 de octubre la gran lista se redujo, pues sólo dieciséis aspirantes habían entregado los documentos oficiales para contender por el cargo. Luego la lista se redujo a diez, éste sí fue el listado serio, pues incluye a los universitarios que la Junta decidió entrevistar. En los últimos años se ha procurado ser incluyentes incorporando a una o varias mujeres, y académicos que representan a las escuelas foráneas o a las facultades de estudios profesionales (FES).
En aquel año la lista estuvo integrada por Sergio Alcocer Martínez de Castro, Francisco Bolívar Zapata, Fernando Castañeda Sabido, Javier de la Fuente Hernández, Enrique Graue Wiechers, Héctor Hernández Bringas, Juan Pedro Laclette San Román, Leonardo Lomelí Vanegas, Suemi Domínguez Romo y Rosaura Ruiz Gutiérrez. La mayoría directores o exdirectores de escuelas y facultades (6), algunos miembros del equipo del rector José Narro Robles (2) y universitarios con altos méritos académicos con cargos recientes en el gobierno (2). Lo anterior muestra que ser director de alguna escuela o facultad, o integrante del equipo del rector, son elementos importantes para formar parte del selecto grupo de finalistas. Es altamente probable que en 2023 el futuro rector o rectora provenga de alguno de los dos primeros grupos.
Como señalé, los nombres ya comienzan a circular “por los pasillos de la UNAM”, pero por ahora no me detendré en este tema. Lo que sí quiero señalar es que este proceso puede ser accidentado, pues en ocasiones se intenta descarrilar a algún aspirante, como ocurrió en 2007 cuando se atribuyó al matemático José Antonio de la Peña haber comparado los grados otorgados en las FES con los obtenidos en Ciudad Universitaria; o ese mismo año, cuando se hizo circular un libelo anónimo contra José Narro; también en el caso de Sergio Alcocer en 2015, a quien se señaló reiteradamente de gobiernista —acusación que en su momento hizo el académico (miembro del actual partido oficial) John Ackerman, quien probablemente intentará ahora, paradójicamente, apoyar a algún candidato o candidata gobiernista.
Factores internos
Aunque es difícil establecer límites precisos entre los factores externos e internos que inciden en la elección, pueden identificarse algunos que dentro de la propia institución pueden influir en la decisión de la Junta de Gobierno. Por ejemplo: salvo Gina Zabludovsky, cuyo nombramiento ocurrió durante el periodo de José Narro Robles, el resto de quienes integran la Junta fueron designados durante el rectorado de Enrique Graue. Aquí cabe preguntarse el grado de influencia que puede tener el rector en las decisiones de este órgano de gobierno e incluso en el nombramiento de su sucesor. No existen datos verificables para responder a esta pregunta, pero como hemos visto, el contacto directo y la discusión cotidiana de los temas y problemas importantes de la UNAM, crean naturalmente una cercanía estrecha. Sin embargo, la independencia de este órgano respecto al rector en turno se ha expresado en algunas ocasiones, como ocurrió en el caso de Octavio Rivero Serrano a quien en 1984 no se respaldó abiertamente para que buscara la reelección por un segundo periodo.
También, hipotéticamente, diversas personalidades, por su amplio conocimiento de la institución y su autoridad académica y moral (como los exrectores, pero no sólo ellos) podrían hacer llegar sus puntos de vista a la Junta. Todo lo anterior es posible, pero estos elementos igualmente pueden ser vistos sólo como insumos para la Junta de Gobierno. Se trata de información, o si se quiere de influencias intrauniversitarias, las cuales, junto con la consulta abierta a la comunidad, constituyen datos que permiten tomar la decisión final… Pero estos no son los únicos elementos a considerar.
Factores externos
Quizás la mejor manera de aproximarse al conocimiento de las influencias externas en la elección del rector es asomándose a algunas experiencias del pasado. Entre 1999 y 2000 el descontento estudiantil provocado por el intento de aumentar las cuotas, se transformó en una huelga que mantuvo cerrada a la UNAM por alrededor de diez meses. Aunque se trata de un caso extremo, tiene la virtud, para el tema que nos ocupa, de mostrar al desnudo algunos de los factores que influyen en la caída de un rector y la designación de uno nuevo.
Hay además una coincidencia importante entre aquellos sucesos y el momento actual. En noviembre de 1999 la Junta de Gobierno designó a un nuevo rector en coincidencia con las campañas políticas y las elecciones para elegir al presidente de la República (realizadas en julio de 2000). Ahora el nombre de quien sustituirá a Graue se anunciará también en noviembre y las elecciones presidenciales se realizarán en julio de 2024.
También hay una coincidencia prácticamente unánime en señalar que la modificación del Reglamento General de Pagos, impulsado por el rector Francisco Barnés de Castro en 1999, no fue una iniciativa puramente universitaria, pues era reflejo de las políticas económicas y educativas del gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Si esto fue así, estaríamos ante una intervención clara del gobierno en la política de una institución autónoma que fue el detonador de un movimiento que provocó la suspensión de las actividades en la Universidad Nacional.
El movimiento estudiantil en aquel momento tuvo dos fases, la primera como expresión del legítimo rechazo al incremento de las cuotas por parte de miles de estudiantes, los cuales, en la segunda etapa, fueron desplazados por grupos radicales que se adueñaron del movimiento con la consecuente prolongación de la huelga. Aquí asoma una fuerza con múltiples rostros (aunque ahora generalmente cubiertos) que tienen diversas denominaciones: ultras, anarquistas, porros, etcétera; son grupos diseñados para adueñarse y controlar la inconformidad estudiantil, esquema que se ha repetido desde entonces y que ha sido generadora de diversos conflictos en la UNAM.
Aunque en un contexto diferente al actual, en ese entonces se realizaban las campañas políticas que culminarían con las elecciones presidenciales. En medio de la prolongada crisis, el rector Francisco Barnés de Castro presentó su renuncia el 12 de noviembre de 1999. Cinco días después, la Junta de Gobierno nombró como nuevo rector a Juan Ramón de la Fuente, quien tenía gran reconocimiento y una amplia trayectoria en la Universidad, y se venía desempeñando como Secretario de Salud en el equipo del presidente Zedillo.
Al final el gobierno decidió la intervención de la policía para poner punto final a la huelga.
En este ejemplo hay aspectos importantes a considerar: el conflicto como elemento con influencia en la caída o designación de un nuevo rector, la intervención del gobierno, y el entorno político caracterizado por la disputa electoral. Algunos testimonios recogidos al finalizar la huelga ayudan a entender mejor este episodio:
Sobre la intervención gubernamental, Manuel Camacho Solís, entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido de Centro Democrático afirmó: “La decisión que provocó el conflicto, el alza de cuotas en la universidad, la tomó el presidente Zedillo y la sostuvo su secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa. La falta de atención oportuna al conflicto, que hubiera evitado todos los costos en los que ya se incurrieron, fue decisión del presidente y de su secretario de Gobernación”.
Cuauhtémoc Cárdenas, en ese entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Presidencia de la República señaló: “… nos queda muy claro que la actitud asumida por las autoridades a lo largo del conflicto deliberadamente buscó prolongarlo hasta llevarlo a los tiempos de la contienda electoral”.
Pero no sólo la responsabilidad se adjudicó al gobierno del presidente Zedillo, sino también al gobierno del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México). Al respecto, Porfirio Muñoz Ledo observaba lo que llamó un doble cálculo perverso “del gobierno y del PRI […] para generar un clima de inestabilidad social en donde volverían a tener a su favor el voto del miedo […] y por un cálculo también torcido de las autoridades de la ciudad, de que los estudiantes en la calle iban a ser un caldo de cultivo y un cuerpo electoral para ellos”.
Pero si el movimiento estudiantil fue manipulado por el gobierno priista o la izquierda en la capital del país para obtener ventajas electorales, el resultado les fue completamente adverso, pues el vencedor fue Vicente Fox Quesada, candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, cuya influencia en el origen y duración de la huelga fue prácticamente nulo.
Quiero aclarar que mi intención no es sugerir que se repetirán hechos como los descritos, sino advertir que algunos de los factores señalados, podrían estar presentes en distintos grados en la elección de quien sustituirá en la rectoría a Enrique Graue Wiechers.
Amenazas actuales
Sin ser la única, la principal amenaza para la estabilidad de la UNAM la representan hoy el presidente de la República y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Como lo señalé en un artículo previo, desde que inició el actual sexenio, Morena ha promovido o respaldado varios intentos para modificar las leyes orgánicas de importantes instituciones de educación públicas en el país. También, diputados del partido del presidente López Obrador presentaron en 2020 y recientemente en 2023, sendas iniciativas para reformar la Ley Orgánica de la UNAM, con el fin de que el rector y los directores de las escuelas, facultades e institutos, sean electos por sus comunidades mediante votaciones. Aunque estas propuestas fueron retiradas, revelan que entre los integrantes del partido del gobierno está vivo el propósito de modificar las formas en las cuales se eligen las autoridades universitarias y con ello vulnerar la autonomía de la Universidad Nacional.
Adicionalmente, de forma repetida el presidente ha dirigido ataques contra la autonomía. Además de calificar a la UNAM de conservadora y neoliberal, se ha pronunciado en contra de los mecanismos de ingreso de alumnos, la elección de autoridades y el manejo del presupuesto. Y, lo más preocupante, ha llamado a dar una “sacudida” a la UNAM convocando a sus seguidores a “renovarla”; es decir, impulsando desde la Presidencia la generación de conflictos en la máxima casa de estudios.
Intervención actual
La intervención del gobierno en el proceso para la elección de este año ya ha iniciado y me gustaría poner dos ejemplos recientes: la descalificación presidencial a algunos posibles aspirantes a la rectoría, y los efectos del proceso judicial contra la UNAM en el caso del plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Al no obtener la mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución y con ello debilitar a los órganos electorales, López Obrador impulsó un camino alterno mediante la modificación de las leyes secundarias en esta materia, lo que se conoce como “Plan B”, pretensión que dio lugar a manifestaciones ciudadanas en defensa del Instituto Nacional Electoral y de la democracia. En este marco, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizó un análisis sobre la reforma electoral impulsada por el gobierno a la que consideró un retroceso.
Esto provocó el enojo del presidente quien señaló en su conferencia matutina del 8 de marzo: “…ayer vi un tuit de Pedro Salmerón donde dice que el pasado director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM se formó en licenciatura en el ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), y maestría y seguramente doctorado en el extranjero, pero no pasó por la UNAM y sin embargo fue el director del Instituto de Jurídicas […] pero la que es ahora, según él, es una abogada que también se formó en el ITAM y que no pasó por la UNAM. Estamos hablando de dos periodos consecutivos…”
Me detengo en este episodio pues aquí el titular del Poder Ejecutivo se refiere directamente a personas que hoy pueden aspirar legítimamente a ocupar la rectoría. No hay que olvidar que Pedro Salazar Ugarte, exdirector del IIJ, ha sido propuesto reiteradamente para ocupar ese cargo, al grado que formó parte de la terna final que entrevistó la Junta de Gobierno cuando se decidió que Graue Wiechers continuara en el cargo por un segundo periodo.
Lo mismo puede decirse de Mónica González Contró. Ella, antes de ocupar el cargo de directora del IIJ en sustitución de Salazar, fungió como abogada general de la UNAM, por lo que tiene un profundo conocimiento de la institución. Tanto Salazar Ugarte como González Contró se formaron en el ITAM, pero por años han impartido cátedra y realizan actividades de investigación en la UNAM, lo que los acredita plenamente como universitarios. El cargo de dirección que han ejercido se decidió por los órganos colegiados de la institución con base en sus méritos académicos. Su descalificación por parte del presidente es sin duda un ejemplo de intromisión gubernamental en este proceso.
Por otra parte, como lo señalé en este mismo espacio, a raíz del plagio de una tesis de licenciatura cometido por la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel Mossa en 1987, el presidente López Obrador exigió al rector presentar una demanda judicial con el fin de determinar si procedía o no la anulación del título de la ministra que la UNAM había solicitado sin éxito a la Dirección General de Profesiones. El propósito del presidente era claro: judicializar el tema con el fin de alargar indefinidamente el proceso, lo que permitiría a la presunta plagiaria continuar favoreciendo las iniciativas del jefe del Ejecutivo en el seno de la Corte.
Contrario a los deseos presidenciales, el rector Enrique Graue, turnó el caso al Comité de Ética del Consejo Universitario, con el fin de recabar nuevas evidencias. La ministra Esquivel incursionó entonces por una pista de dos carriles: por un lado, por medio de un representante legal, acudió al Comité de Ética para entregar pruebas de su supuesta inocencia, y al mismo tiempo solicitó a la titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, un amparo con el fin de descalificar los trabajos del citado Comité e impedir que emitiera una resolución, y además que ninguna autoridad universitaria pudiera difundir información u opinar públicamente sobre este tema. Desde luego las autoridades universitarias rechazaron los términos del amparo y presentaron impugnaciones. Los recursos legales van y vienen, pero el presidente logró su propósito, pues este caso, a fin de cuentas, se judicializó.
Pero ¿qué tiene que ver esto con la elección del nuevo rector? Se ha producido un daño muy grave a principios universitarios esenciales, pues mediante una determinación judicial se intenta someter a una Comisión del Consejo Universitario, una de las máximas autoridades de la UNAM y, por otra parte, se atenta contra la libertad de expresión, uno de los mayores valores de los universitarios (aunque este segundo tema fue corregido parcialmente por un Tribunal Colegiado de Circuito).
El rector ha actuado con prudencia y en todo momento dentro de lo que le permite la legislación universitaria. No hay duda de que busca evitar que el poder presidencial produzca mayores daños a corto y mediano plazos a la institución que encabeza. Ha actuado en todo momento en defensa de la universidad y su autonomía. No obstante, en un sector muy amplio de universitarios hay la sensación de que principios claves de la Universidad Nacional están siendo vulnerados de manera impune, lo que restaría fuerza al rector y a sus colaboradores en el proceso sucesorio… Pero esta historia dista mucho de haber concluido.
En efecto, en la sesión del Consejo Universitario celebrada el 30 de marzo, se aprobaron diversas reformas al Estatuto General de la Universidad Nacional y algunos reglamentos para evitar la falta de integridad y honestidad académicas. Con lo anterior se llena un vacío pues se podrá declarar la nulidad absoluta de títulos (en caso de faltas que incluyen la originalidad de las tesis), aplicable no sólo a los estudiantes, sino también a los graduados. Surge la pregunta inevitable: ¿cuáles serán las acciones de las autoridades universitarias a la luz de las modificaciones legales señaladas una vez que el Comité de Ética concluya sus trabajos?
Desafíos
Quienes aspiren a ocupar la rectoría y especialmente la persona que resulte electa en noviembre enfrentarán grandes retos. Por una parte, tendrán que aceptar y examinar algunas de las críticas que se han hecho a la institución y deberán propiciar una amplia discusión entre los universitarios en torno a ellas. Los desafíos son grandes y seguramente cada profesor, estudiante y trabajador tiene su propio listado.
Yo voy a señalar aquí de manera sintética algunos que me parecen importantes: siendo la UNAM la más importante institución de investigación en el país debe convertirse en referente de una política de ciencia y tecnología que ponga por encima la pluralidad y las libertades de cátedra e investigación, lo que implica resistir a los intentos oficiales de limitar estos principios básicos; erradicar por completo todas las formas de violencia hacia las mujeres y convertirse en un punto de referencia a nivel nacional en la lucha por la equidad de género; poner freno a la excesiva burocratización que amenaza con invadir a prácticamente todas las tareas universitarias; impulsar decididamente el cambio generacional garantizando condiciones para el retiro digno del personal académico; crear plazas para la contratación de investigadores y profesores jóvenes para contribuir al recambio señalado y evitar la fuga de talentos; atender las demandas de los profesores de asignatura a través del mejoramiento de sus condiciones de trabajo y la asignación de plazas en los casos que corresponda. Desde luego los últimos tres puntos no dependen solamente de la propia Universidad. pues requieren de negociaciones con las autoridades hacendarias y otros niveles en el gobierno federal, pero se tendrán que hacer.
Comentario final
El próximo rector (o rectora) enfrentará un entorno político de alta complejidad, pues tendrá que resistir, luego de su nombramiento, los últimos diez meses del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde luego en ese lapso el trayecto no será en modo alguno lineal y hay que tener muy presente el calendario político. A finales de 2023 estará definido no solamente quién estará al frente de la UNAM, sino además el candidato o candidata del partido oficial a la Presidencia de la República. Al ser “destapado(a)”, de acuerdo con la lógica política tradicional, le disputará parte del poder al presidente y tendrá que hacer explícita su postura respecto a las universidades públicas y sobre la política de ciencia. También conoceremos quiénes serán las personas que competirán por la titularidad del Poder Ejecutivo desde los partidos de oposición y cuáles son sus ideas. Se desarrollarán las campañas políticas y en julio del próximo año, al conocerse los resultados de las elecciones, aparecerá una nueva figura con fuerza equivalente o mayor a la del actual mandatario: el presidente o presidenta electos.
Lo anterior significa que quien sea designado(a) por la Junta de Gobierno deberá poseer, además de una trayectoria académica incuestionable, una visión política de nivel equivalente para conducir a la institución y salvaguardar la autonomía en aguas que estarán muy agitadas.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico