El primero de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con el que el presidente Enrique Peña Nieto modificó el estatus de Parque Nacional al Nevado de Toluca, otorgado por Lázaro Cárdenas en 1936, al de Área de Protección de Flora y Fauna.
El decreto divide al área protegida del Nevado de Toluca, con una superficie total de 53 mil 590 hectáreas, en dos zonas: el núcleo, -de mayor importancia ecológica-, que comprende mil 941 hectáreas y que quedará restringido a actividades de conservación; y la zona de amortiguamiento, que comprende las restantes 51 mil 649 hectáreas, en donde ahora se permite realizar actividades como el aprovechamiento extractivo de vida silvestre y el manejo forestal.
Los bosques del Nevado de Toluca son esenciales para la captación y filtración de agua que provee a los acuíferos de los ríos Lerma y Balsas. Además, son una fuente vital de agua para el Valle de México y provee servicios ambientales como la captura dióxido de carbono, albergue biodiversidad y belleza escénica. El Nevado de Toluca es un área estratégica que se debe de asegurar.
Lo que la coyuntura nos permite observar es la tensión que existe entre la conservación por decreto, que se hace de leyes para lograr sus fines y la conservación que busca que la relación entre los habitantes y sus bosques sea armónica y genere medios de vida digna para ellos. También nos permite ver cómo la opinión pública entiende a los ecosistemas como entes aislados de otras realidades, en donde lo único que determina su permanencia es el tipo de estatus de protección que se le otorga.
El debate científico –como todos los debates científicos- no ha terminado. Existen fuertes evidencias que señalan que el manejo forestal genera mejores índices de conservación y fuertes evidencias que indican lo contrario. Las variables son infinitas: densidad poblacional, cercanía a ciudades, índices de marginación y desarrollo humano, claridad en los derechos de tenencia, uso y aprovechamiento, entre otros.
Lo que si podemos señalar es que en México, a diferencia de muchos otros países en el mundo, las áreas que tienen algún estatus de conservación están en manos de personas constituidas en núcleos agrarios (ejidos y bienes comunales). Y que esta realidad nos impide hacer paralelismos entre los Parques Nacionales de Estados Unidos y los de México, como una organización estadounidense indico en esta carta.
Los bosques comunitarios, como se les conoce de forma genérica en México, han demostrado ser una opción viable para lograr beneficios, ambientales, sociales y económicos en varias áreas del país. Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, demostró que ejidos y comunidades pueden aprovechar responsablemente recursos comunes mediante una administración colectiva.
La experiencia también muestra que las comunidades que cuentan con permisos de aprovechamiento forestal para extraer madera y otros bienes hacen un manejo sustentable de sus recursos. La lógica es bastante simple: si el ecosistema está generando beneficios tangibles, entonces el protegerlo también será del interés de los propietarios. Entre los núcleos agrarios que poseen terrenos forestales, alrededor de 2 mil 300 cuentan con planes de manejo forestal; más de 4 mil comunidades en los últimos seis años han puesto en marcha sus propios programas de conservación forestal y hay más de 600 mil hectáreas certificadas por buen manejo[1].
En México, se perfila muy difícil lograr la conservación de ecosistemas mediante la sola asignación de niveles de protección ya que como muestra el caso del Nevado, la figura de Parque Nacional ha sido poco efectiva en el objetivo de evitar la deforestación y degradación forestal. Lo que requerimos son esquemas de gobernanza en los bosques que aseguren que las decisiones de todos los interesados se puedan alinear para generar espacios sustentables y que puedan competir, en el mundo real, contra la agricultura y ganadería, que son su principal amenaza. Creemos que este cambio de estatus al Nevado de Toluca puede ayudar a construir esta gobernanza. No firmamos un cheque en blanco. Será de suma importancia establecer un sistema de monitoreo eficiente que permita identificar avances y retrocesos en la conservación del Nevado de Toluca y así poder tomar decisiones basadas en ciencia, sobre cual es tipo de manejo que conviene para el Nevado de Toluca y sus habitantes.
En el ámbito nacional, vale la pena pensar si la mejor forma para alcanzar la sustentabilidad de los paisajes es a través de decretos y regulaciones restrictivas que ignoran la realidad en el campo o si es a través de un marco regulatorio que permita que las personas vivan dignamente de sus bosques y en armonía con el entorno.
Eduardo Jr. Arenas, Jefe de Incidencia y José Eseverri, Coordinador de Comunicación en Reforestamos México A.C.
[1] Competitividad y Acceso a Mercados de Empresas Forestales Comunitarias en México. Programa sobre los Bosques del Banco Mundial (2013), El Sector Forestal en México; Diagnóstico, Prospectiva y Estrategia. Centro de Estudios de Competitividad del ITAM (2010).
Los autores repiten el mismo razonamiento falaz que la exposición de motivos del decreto: el régimen de parque nacional no ha prevenido la deforestación, ergo cambiemos de régimen. La pregunta obvia es por qué no ir al fondo del problema que impidió que el régimen de parque nacional haya servido los propósitos de conservación. Sin ser un experto en el tema de regímemes de propiedad forestal, cualquier persona con un mínimo de entrenamiento en ciencias querría ver evidencia de que este cambio de regimen ha tenido impacto positivo en conservación en otro contexto similar (es decir, en México) pero a una escala menor. Es decir, antes de cambiar el régimen legal de un parque nacional de la extensión del Nevado de Toluca habría que mostrar experiencias exitosas en otros parques con dimensiones menores. Los autores no citan ninguna concreta, a pesar de que apoyan la medida. Otro aspecto imporante que ignoran u omiten es que el subsecretario encargado de este tema (Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental) no tiene experiencia en el tema medio ambiental, además de haber formado parte del grupo parlamentario del Partido Verde. Esto es, forma o formó parte del mismo grupo que por años había reclamado posiciones en la SEMARNAT para poder cambiar usos de suelo y estudios de impacto ambiental a cambio de dinero. ¿De verdad los autores de este artículo le darían el beneficio de la duda a un funcionario tan cercano a Jorge Emilio González, el mismo que pidió un pago ilegal de dos millones de dólares para que ayudara en la liberación de unos terrenos protegidos cerca de la zona de Cancún?
ok se oye muy bonito el problema es el mismo, tal como se comparo con los parques de estados unidos, también se compara la población mexicana con la población de estados unidos, sabiendo que no es el mismo respeto ni por la autoridad ni por la vida.
— No puede pasar inadvertida la tremenda cantidad de indignación y de «expertos», de expertos indignados por supuesto, y del súbito interés de tantos más por la reciente re-categorización del ahora ex-parque nacional… ¿desde cuándo tanta preocupación por un sitio así, que como tantos supuestamente protegidos, es sujeto de la rapacería tan ampliamente conocida y concedida por la autoridad ambiental? ¿desde cuándo tanto «experto» al detalle diserta sobre las [des]ventajas de una categoría de protección u otra, sobre el ‘desequilibrio’ de la zonificación, y demás minucias, como si de verdad tal sapiencia fuera a hacer alguna diferencia? ¿No será esto el mero ardor que produce casi cualquier acción del gobierno que porta la etiqueta expresa del Copetín, cuando no es risa… más aún si refiere de cualquier forma al Tata? ¿No sería más útil para mitigar el enojo, si tanto indignado [experto] pudiera evidenciar a quién[es] se le está pagando una factura por la gestión pública previa en aquella entidad federativa en lugar de firmar peticiones en línea que sirven para un carajo? o mejor aún ¿situar con un mismo pero desapasionado enfoque, las perspectivas del sistema nacional de áreas naturales protegidas como un todo, por cuanto a su efectividad empezando por el cumplimiento cabal de los propósito de creación de tantas áreas y reconociendo su anacronismo en muchos de los casos ante un proceso aceleradísimo de cambio climático en marcha? en fin, meras preguntitas no más para quienes de verdad si saben del tema… ;)
¿Y que tal si lo que en el fondo se quiere es controlar el agua? ¿Y que tal que quienes lo aprovechan son las «familias» pudientes e impunes? O qué ¿ya nos olvidamos que Montiel quería hacer su centro vacacional ahí? si es así, entonces estamos ante la venta descarada de nuestro país, de su agua, su petróleo, su minería…¡ya basta!
Muy buen artículo. Estoy de acuerdo con ustedes en que lo que falta son leyes que fomenten la competitividad y la sostenibilidad de los bosques. Las legislaciones en torno a la conservación no pueden ser promotoras de una dinámica de falsa protección que lo único que hace es favorecer la pobreza de los terratienientes y por lo tanto promover el uso clandestino de recursos. Todos los días vemos en México cómo la tala clandestina avanza, destruyendo nuestro patrimonio forestal, debido a que el Estado es incapaz de vigilar todas las regiones. Por ello es mejor un esquema como el propuesto por Eduardo y José, donde se inspire en cada persona, la necesidad de conservar cada espacio porque signifique para ellos el sustento y oportunidad de progreso tanto propio como de sus familas y comunidades. ¡Felicidades!
Buen comentario en México se requiere incoorporar formas diferentes de gestión pública tales como la gobernanza. Es normal que existan ciertas resitencia a los cambios y la labor de quienes toman decisiones es dar a conocer, como en este caso, el fundamento cientifico de desiciones y evitar la distorsión de la información por falta de conociemientos y perversidad de grupos.