Ni las amenazas de iniciar juicios políticos en contra de los ministros, ni los adjetivos de corruptos, ignorantes y traidores de la patria con los que fueron calificados por los jerarcas católicos causaron efecto. En un debate abierto, incluyente y razonado, propio de un Estado laico, la Corte decidió entrar al fondo del asunto interpretando leyes para ciudadanos y no para fieles, distinguiendo el derecho de la moral.