Al revisar la iniciativa de Ley General de Archivos, presentada al Senado el pasado 16 de noviembre, llama la atención la incongruencia que existe entre la intención de modernizar los archivos mexicanos para el siglo XXI y ciertos elementos que, por presentes o por ausentes, podrían conducir a un retroceso, no de unos cuantos años, sino quizá de un par de siglos.