Por otro lado, las autoridades de los órganos de cultura tienen un deber adicional con la ciudadanía: proteger a los débiles, a los lectores que miran con respeto a la autoridad moral y social que se desprende de la autoría, defenderlos de la posibilidad del engaño, de las faltas al pacto de confianza entre autor y lector, defender a una persona de la apropiación injusta de ideas que originalmente pertenecían a otro ciudadano.