La estrategia del Estado mexicano de ocultar la verdad, no sólo en el ámbito interno sino en el litigio del caso ante la Corte no prosperó, toda vez que éste se negó a remitir copia de la averiguación previa correspondiente a la desaparición de Rosendo Radilla a la Corte, lo que obligó a la misma a dar por probados los hechos denunciados en detrimento del propio Estado.