Tres años del #19s:
de la emergencia a la alerta ciudadana

Han pasado tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, y aunque el trauma persiste en muchas personas, sin olvidar a quienes perdieron la vida, para la mayoría la tragedia ha quedado atrás. No es el caso para las cerca de 23 500 familias afectadas, hasta ahora confirmadas.¹ A pesar del tiempo transcurrido, se ha concluido únicamente la rehabilitación o reconstrucción de 28 % de las viviendas y un 27 % se encuentra en proceso de obra.² Esto significa que un tercio de las viviendas afectadas aún no cuentan con un plan de recuperación firme, ni recursos asignados —sin considerar las 9 954 casas pendientes de revisión.

No ponemos en duda los logros que la reconstrucción ha tenido a la fecha, sin embargo, sí cuestionamos la presteza con la que ha sido implementada, a pesar del arduo trabajo del comisionado César Cravioto y su equipo. Es así que compartimos aquí cinco reflexiones gestadas por tres damnificadas a lo largo de estos años, que nos enseñan que, aunque la emergencia quedó atrás, el estado de alerta debe seguir vigente en todos los ciudadanos, tanto para seguir vigilando el proceso, que según las autoridades durará dos años más, como para prepararnos para futuros sismos.

Ilustración: Patricio Betteo

1. La grieta que dejó el sismo dejó ver que la reconstrucción también es un proceso social y legal

Una política pública de reconstrucción se justifica en el derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa, que protege nuestra Constitución (Art. 4) y la Declaración Universal de Derechos Humanos (Art. 25). Por tanto, no se trata de un acto de asistencialismo, sino de una obligación del Estado, adquirida bajo el contrato social con los ciudadanos, de garantizar este derecho, determinando las leyes necesarias y asegurando suficiencia presupuestal para ello. Es así que la actual administración promulgó una segunda Ley para la Reconstrucción en diciembre de 2018 y un Plan Integral para la Reconstrucción en febrero de 2019, estableciendo los mecanismos para recuperar las viviendas de las personas afectadas.

Por ley, una persona damnificada puede acceder a un apoyo para rehabilitar una casa o departamento de hasta 350 000 pesos, o para reconstruir una casa o departamento de hasta 65m². Estos son los cimientos del proceso de reconstrucción, pero distan de ser suficientes para poner de pie a la Ciudad de México. En realidad, el sismo abrió muchas grietas. Sin dejar de señalar la importancia de aquellas del subsuelo y los riesgos que representan, hemos aprendido que la reconstrucción no sólo consiste en erigir una infraestructura física. Paralelamente, requiere de dos procesos esenciales: comprobar la legítima propiedad de la vivienda y lograr acuerdos entre personas afectadas y autoridades.

Después del sismo, se evidenció que cerca de la mitad de las viviendas dañadas no estaban regularizadas, lo que representa uno de los obstáculos más importantes en el avance del proceso de reconstrucción. El gobierno ha otorgado diversas facilidades y suscrito convenios con el Colegio de Notarios para facilitar la regularización de la propiedad. Sin embargo, el camino legal es largo y pedregoso, y en muchos casos, las personas afectadas prefieren evitarlo, a veces, por ignorancia o por falta de documentos, pero otras, porque no pueden demostrar que son los legítimos propietarios o incluso por negligencia. 

La reconstrucción también ha resultado ser de carácter social y emocional. Requiere del consenso entre vecinos y al interior de una familia para aceptar un dictamen de daños y un plan de recuperación, además de disposición y respeto entre afectados para transitar eficientemente por todos los procesos legales, técnicos y burocráticos. Tómese como ejemplo dos de nuestros casos personales. Inicialmente una autoridad recomendó interponer demandas entre vecinos al ser edificios colindantes, y aunque fue considerado, tres años más tarde y bajo rutas distintas, hemos decidido construir con la misma empresa. Si bien se necesitan leyes y financiamiento, el éxito del proceso ha requerido de atención, sensibilidad y comunicación entre autoridades y afectados, pero también entre vecinos y familias. La reconstrucción más compleja es, sin duda, la del tejido social.

2. Que nadie robe un peso más, exijamos transparencia máxima en el uso de los recursos públicos

A pesar de las evidencias de malversación de recursos públicos destinados a la reconstrucción durante la administración anterior, los responsables no han sido sancionados. El entonces comisionado Edgar Tungüí, el titular de la Seduvi, Felipe de Jesús Gutiérrez, y el director del INVI, Raymundo Collins, se encuentran prófugos. Sobre el ejercicio fiscal 2017 Nosotrxs publicó un reporte que explicó cómo 2 584 mdp, reportados para tareas de reconstrucción en la ahora deshabilitada Plataforma CDMX, no coincidían en su totalidad con los gastos documentados.

Del ejercicio fiscal 2018 se asignaron 8 772 mdp a tareas de reconstrucción,³ de los cuales la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) ha revelado hasta ahora un uso ilícito del equivalente a 12 %. Dicho reporte demuestra irregularidades por 1,049 mdp, correspondientes al mal manejo del Fideicomiso para la Reconstrucción u otros recursos por parte de la Jefatura de Gobierno, la Comisión para la Reconstrucción, Seduvi, Sobse, Sedeco, Sibiso, INVI, Sacmex y las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco. Por ejemplo, se otorgaron apoyos en exceso, no hubo un padrón de beneficiarios, quienes recibieron ayudas no comprobaron los requisitos, no se comprobó una obra, se realizaron contratos por adjudicación directa, hubo diferencias entre cantidades ejecutadas y pagadas, se cobraron precios alzados, etc. Esto resultó en nueve denuncias administrativas y penales, además de la solicitud de fiscalizar al resto de las entidades, pues la ASCM sólo hizo una selección.

Recordemos que inicialmente la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizaba el destino específico de los recursos para la reconstrucción. También documentado por Nosotrxs, los asambleístas Leonel Luna (entonces del PRD), Mauricio Toledo (entonces del PRD) y Jorge Romero (aún del PAN) contaban con atribuciones para asignar recursos que debían destinarse a tareas de reconstrucción. Sin embargo, a principios de 2018 firmaron 47 oficios solicitando el gasto para otro tipo de tareas. Por ejemplo, en sus solicitudes para la mayoría de las delegaciones no se incluyó ningún apoyo a damnificados, mientras que para algunas dependencias (Sedeso, Sobse, Sedema, AGU y SAF) solicitaron gastos para servicios personales. Ante ello, renunciaron el primer comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra, y el subcomisionado para la transparencia, Mauricio Merino, desatando un escándalo público que resultó en una enmienda a la ley para que la asignación específica de los recursos para la reconstrucción fueran una atribución del ejecutivo. No obstante, no quedó claro si esto dejó sin efecto los oficios de los asambleístas.

Nosotrxs impulsó la creación de un fondo único que terminaría siendo el Fideicomiso para la Reconstrucción, al cual se le asignaron inicialmente 5000 mdp del presupuesto 2018 y otros 2 500 mdp provenientes del Fonaden. Como lo demostraron las auditorías de la ASCM, nunca hubo una rendición de cuentas sobre los recursos a tareas de reconstrucción por la administración pasada. El actual comisionado, César Cravioto, comenzó sus labores en diciembre de 2018, cuando el Fideicomiso contaba con 3 715 mdp de los cuales, a julio de 2020, queda un saldo por comprometer de 679 mdp:

* Principalmente para obras de rehabilitación (62 %), de reconstrucción (13 %) y demoliciones (14 %), incluye apoyos para renta

El nuevo Portal para la Reconstrucción promete rendir todas las cuentas necesarias, aunque en realidad dista de ser amigable y no documenta el gasto ejercido. Por tanto, los ciudadanos debemos exigir transparencia máxima en el uso de cada peso del erario, presionar para que se concluyan las auditorías de la cuenta pública, reclamar se asignen responsabilidades y cuando aplique, se ejerzan sanciones administrativas y penales. Además, se debe dotar al Fideicomiso de los recursos necesarios para continuar la reconstrucción hasta concluirla por completo.

3. La corrupción mata, forjemos mejores mecanismos de vigilancia, transparencia y sanción

Como resultado del sismo murieron 228 personas en la Ciudad de México (131 eran mujeres). Algunas de estas muertes son atribuibles a la corrupción inmobiliaria, como lo expuso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Tras evaluar la situación de 28 edificios dañados, la organización señaló violaciones de uso de suelo, construcciones sin licencias, autorizaciones de obra que no concuerdan con la obra realizada, modificaciones indebidas en los cálculos de ingeniería, materiales de mala calidad, edificios construidos sobre cimientos viejos que se vendieron como nuevos, documentos y planos firmados sin autentificar la información, documentos falsos, denuncias por vecinos a las que no se les dio seguimiento, entre otras irregularidades que demuestran la negligencia de autoridades y particulares.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con procesos abiertos de investigación a tres empresas que construyeron edificios afectados por el sismo,⁴ mientras que la Secretaría de la Contraloría General ha avanzado en siete investigaciones para sancionar a constructoras de otras viviendas afectadas. Si bien esto representa un avance, a tres años del sismo no se han concluido las investigaciones, aunado a que sólo representan una minoría de los casos de corrupción.

El proceso de supervisión en la reconstrucción es insuficiente para blindarnos de la corrupción inmobiliaria, pues se necesitan conocimientos técnicos, acceso a la información y documentación, además de echar a andar procesos legales. Por ello, es indispensable establecer mecanismos institucionales de vigilancia ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y sanciones en el ejercicio de recursos públicos, así como en la autorización y verificación de los trabajos de obra. En este sentido, es prometedor el trabajo que el Consejo Consultivo para la Reconstrucción realiza con la Contraloría para establecer un sistema de visorias en donde los ciudadanos validarán que las obras y aplicación de los recursos se hagan conforme a lo autorizado.

4. No dejemos a unos coludos y a otros rabones, combatamos las desigualdades y privilegios

Se diseñó un mecanismo para la reconstrucción de los edificios que atañe a 11 000 familias: el controversial esquema de redensificación. Buscando que fuese sustentable, este proceso consiste en financiar una obra con recursos del Fideicomiso y recuperarlos mediante la venta de hasta un 35 % de viviendas adicionales a las preexistentes. Esto implica que los edificios sumen departamentos cuya venta podría reintegrarse al Fideicomiso y después redirigirse a otros proyectos. En papel, esto parece viable. Sin embargo, para algunas viviendas el esquema no es óptimo. La ubicación determina el precio comercial y en muchos casos las obras requieren de cimentaciones costosas, lo que sumado imposibilita recuperar la totalidad de lo financiado inicialmente. Si bien la Comisión ha autorizado cubrir parte del diferencial con recursos públicos y esto permitirá a los damnificados recuperar hogares seguros, no se han establecido criterios que garanticen que todos los edificios cuenten con las mismas condiciones de habitabilidad. Es decir, que algunos damnificados tendrán que endeudarse para regresar a su hogar, sumado a las desventajas que implican el incremento de vecinos y la cesión de indiviso.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de su elección y en respuesta a la polémica que generaron sus antecesores, anunció su compromiso por reconstruir de manera equitativa, evitando el endeudamiento de los damnificados y prometiendo condiciones justas para todos. Sin embargo, hay diferencias indudables entre proyectos, así como falta de claridad en los criterios que determinan la asignación de recursos para una rehabilitación versus una reconstrucción o la priorización para calendarizar las obras. Por supuesto, no ignoramos que la exigencia por una vivienda se ha convertido, incluso antes del sismo, en una política clientelar y, a raíz del sismo, en bandera de grupos que buscan un beneficio mayor.

Una política justa de reconstrucción debe garantizar el derecho a la vivienda, así como el uso eficiente y equitativo de los recursos públicos y donaciones privadas aportadas por ciudadanos. Sin embargo, la Fundación Slim —a quien se agradece su compromiso con la reconstrucción, pues a junio de 2020 ha destinado 1 830 mdp— reconstruye actualmente 31 edificios (9 % de los edificios afectados) en mejores condiciones que aquellos que se reconstruyen con recursos del Fideicomiso. Los edificios de la Fundación no son sometidos al proceso de redensificación, cuentan con superficies superiores a las autorizadas en el Plan Integral, se edifican de manera más expedita e incluso en mejores condiciones de habitabilidad. Hasta ahora no se conocen los criterios para acceder a ésta que parecería una mejor alternativa.

La Fundación Slim, cuyos recursos incluyen donaciones de ciudadanos (412 mdp), pudo haber construido bajo el mismo esquema de redensificación que se aplica a los 307 edificios restantes y con ello financiar nuevos proyectos, lo que habría beneficiado a un mayor número de familias. Si el propósito de las autoridades es una reconstrucción socialmente justa, el gobierno pudo haber regulado lo público y lo privado, para garantizar la igualdad de condiciones, generando criterios claros que se apliquen sin importar quién sea el responsable de la construcción (Comisión, INVI, fundaciones, fondos mixtos), para que en efecto en la reconstrucción seamos “o todos coludos o todos rabones”, como lo expresó la jefa de Gobierno.

5. No necesitamos gritar para ser escuchados, aprendamos a construir democráticamente

Aunque la ciudadanía fue infinitamente generosa durante las primeras semanas de emergencia luego del sismo, la organización vecinal, necesaria para iniciar el proceso de reconstrucción fue, de manera general, desalentadora. Sin demeritar el trabajo y logros de casos aislados de vecinos que consiguieron hacer nacer una comunidad, la realidad demuestra agrupaciones desarticuladas, tanto al interior de un condominio como en relación con otros damnificados. En un principio fue necesario organizarse para hacerse escuchar por la administración pasada, que con negligencia minimizaba los daños y presuntamente cometió peculado. No obstante, ante las diferencias de opinión y desacuerdos sobre los métodos de presión a utilizarse, las dirigencias de las agrupaciones con mayor visibilidad mediática excluyeron a miles de damnificados que no se “alinearon”, cuando en realidad no se sentían propiamente representados.

El Plan Integral estableció la creación de una ventanilla única de atención para las personas afectadas. Sin embargo, el actual comisionado, e incluso la Jefa de Gobierno, aceptaron reuniones semanales con los líderes de dichas agrupaciones, ante la presión ejercida por el cierre de calles y toma de instalaciones. Como resultado, estos grupos de presión recibieron atención prioritaria, satisfacción a algunas de sus demandas y hasta asignaciones de recursos mayores que otros damnificados. Basta ver con detenimiento los casos de rehabilitación. En 38 edificios se muestran autorizaciones por más de 350 000 pesos por departamento, con excedentes entre 308 000 pesos y hasta 35 millones de pesos por inmueble,⁵ en donde 11 de ellos pertenecen a quienes han sido miembros de estos colectivos. En estos casos hubiera sido importante evaluar si era financieramente más responsable una demolición y reconstrucción.

En todos los casos de reconstrucción con recursos del Fideicomiso también se han autorizado montos superiores a lo indicado por el Plan Integral. Sin embargo, falta considerar lo que se recuperará con la venta de los departamentos adicionales que se construirán bajo el mecanismo de redensificación, lo que podría resultar en apoyos a fondo perdido menores a los máximos establecidos en la ley. Finalmente, un tercio de los edificios que construye la Fundación Slim, sin redensificación y en condiciones superiores de habitabilidad, pertenecen a quienes han sido miembros de las agrupaciones antes mencionadas.

Con todo esto, el mensaje de facto que las autoridades envían es que la presión informal, como el bloqueo de vialidades que genera gran visibilidad y exposición mediática, garantiza atención prioritaria y mejores condiciones de reconstrucción. Sin embargo, deja a quienes no coinciden con estas acciones, o a quienes están menos empoderados, al desamparo de su invisibilidad. Reconocemos el compromiso de la Comisión de reconstruir todas las viviendas afectadas, pero es evidente que no en todos los casos será con la misma celeridad, ni dedicando de manera equitativa y transparente los mismos recursos humanos, técnicos y financieros.

Para contribuir a un México democrático es necesario fomentar una sociedad civil que exija el cumplimiento de sus demandas mediante mecanismos institucionales, garantizados en la ley. En nuestro trabajo para Nosotrxs buscamos impulsar un análisis serio de la política de reconstrucción y de comunicación con las personas damnificadas. Está en nuestras manos, ciudadanía y gobierno, la reconstrucción justa de la Ciudad de México. Esta no sólo depende de ladrillos, varillas y concreto, además implica reforzar el tejido social, proponer políticas públicas equitativas, exigir máxima transparencia y vigilancia. Sólo así garantizaremos el derecho humano a una vivienda digna, en una ciudad que se levante con firmeza.

Hace tres años nos tocó a nosotras, pero mañana podrían ser otros y tenemos que estar preparados.

Vania Salgado, Erika García Aller y Amanda Sucar
Damnificadas, miembras del colectivo #ReconstrucciónTransparente de Nosotrxs.

Este artículo no refleja las opiniones del colectivo ni del Consejo Consultivo para la Reconstrucción, sólo las de las autoras.

¹ El censo que finalizó en octubre de 2019 identificó 7 223 casas, 370 edificios y ocho unidades habitacionales con daños, aunque a estas cifras falta sumar las viviendas que resulten dañadas de un grupo de 9 954 casas cuya revisión no ha concluido.

² Según la conferencia de prensa del 18 de agosto de 2020 y datos del Portal para la Reconstrucción.

³ Esto incluye 5000 mdp para la creación del Fideicomiso para la Reconstrucción, al que se le sumaron 2 500 mdp provenientes del Fonaden. En total se calculan 11 272 mdp asignados a tareas de reconstrucción en 2018.

⁴ Tlalpan 550, Insurgentes Norte 1260 y Zapata 56.

⁵ Según la Base Seguimiento Acuerdos en el Portal para la Reconstrucción.