Tres indocumentados y la eterna espera de un permiso

En esta crónica, la autora retrata el desasosiego y la incertidumbre en la que viven tres personas indocumentadas en Estados Unidos que actualmente se encuentran encerradas en distintas iglesias en situación de “santuario”.

Iglesia Park Hill Methodist Church. Fotografía de la autora

14 de abril de 2021. Alirio Gámez cruzó el umbral de la puerta, miró hacia arriba, y vio los rayos de luz que se filtraban entre los árboles, por primera vez en tres años y ocho meses. Acababa de recibir un documento, por medio de su abogado, en el que se leía stay of removal (derecho a suspensión de devolución) en letras mayúsculas. Lo que a primera vista no era más que una hoja blanca, impresa en tinta negra, significaba para Gámez, lo que había anhelado durante ese largo cautiverio: su libertad y el derecho a no ser deportado por las autoridades estadounidenses a la tierra donde nació, pero donde sabía que lo matarían: El Salvador.

El documento en sus manos no es más que una prórroga de un año, mientras las autoridades reconsideran su caso, pero la vida le ha enseñado a tomar cada día como viene, y hoy, después del encierro prolongado sólo quiere sentir la suave brisa que le acaricia el rostro.

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Agosto de 2020. Sobre el edificio, grande y de fachada blanca, ondea la bandera arcoíris de la diversidad sexual. No es lo primero que uno espera ver al llegar a una iglesia, pero la First Unitarian Universalist Church, sin organización jerárquica, abiertamente tolerante hacia las parejas del mismo sexo, y santuario de los inmigrantes en riesgo de deportación, no es una iglesia convencional.

Al llegar, caminé alrededor del edificio, con su amplio estacionamiento y sus impecables áreas jardinizadas y llegué a la puerta trasera, más pequeña. Toqué suavemente. En el interior, escuché un ruido, movimientos, y a través de la puerta cerrada logré sentir algo: el terror del hombre que se encontraba dentro.

—¿Alirio? Hola Alirio… No te preocupes, soy periodista. Elizabeth, de Grassroots Leadership, me habló sobre ti. ¿Puedes abrirme? Alirio, discúlpame, por favor, de verdad no quise asustarte.

Escuché unos pasos cautelosos que se acercaron a la rejilla negra de la puerta. En el rostro moreno de Alirio Gámez vi consternación. Hice mi mejor esfuerzo por tranquilizarlo.

Debí haberle avisado que venía, pensé, pero tenía un solo día en Austin, Texas, y no podía perder el tiempo en correos electrónicos, llamadas y autorizaciones.

Comencé a repetir  mi nombre y los nombres de las jóvenes voluntarias de la iglesia que él conoce muy bien, con la esperanza de que eso lo tranquilizara. A través de la rejilla, pude ver como sus ojos escudriñaban mi rostro.

Al fin logré distinguir una sonrisa, nuevamente me disculpé, y le expliqué que vine a conocerlo para platicar sobre su caso. La fluidez con la que le hablé en español le ayudó a relajarse, pero no lo suficiente para que me abriera la puerta.

En un intento para amenizar la situación, le dije que en Santa Ana comí las mejores pupusas que he comido en mi vida (el plato típico de El Salvador). Él me respondió y siguió el hilo de la conversación, pero me siguió viendo con el rabillo del ojo como si no se decidiera a confiar en mí, y todavía temía que en cualquier momento fuera a sacar una credencial de ICE para llevarlo con las manos esposadas.

Al cabo de unos diez minutos, se escucharon pasos por la vereda que rodea la iglesia y apareció Elizabeth Welliver, una joven alta, delgada con cabello castaño claro. Gámez abrió la puerta y por primera vez, desde que llegué, escuché su risa.

—Yo abrí la puerta porque llegó ella, verdá; si no, no hubiera abierto la puerta.

Gámez habla con el cantadito salvadoreño, con una “j” y una “g” que suena más como una “h” aspirada.

—Mejor no abrir la puerta nunca; me puedes llamar en cualquier momento, respondió Elizabeth, con fuerte acento anglosajón, remarcando las erres.

Mientras yo trataba de calmarlo, Gámez había mensajeado a varios de los voluntarios de la iglesia, entre ellos Elizabeth, quienes corroboraron mi identidad, pero le dijeron que no abriera hasta que llegara uno de ellos.

Una vez convencido de que yo no venía a detenerlo, la conversación comenzó a fluir y me sorprendió que un hombre que ha pasado más de tres años solo, recluido en una iglesia, sea tan jovial.

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Gámez, de 44 años, insiste que jamás lo sedujo el sueño americano. A él lo expulsó la pesadilla de haber nacido en el país que ostenta el título del más violento del mundo, fuera de los países en guerra.

La violencia pandillera en San Salvador es como un tiburón que te asedia hasta que huele sangre y se te lanza a la yugular como una presa inerme. Gámez trabajaba como repartidor en una ferretería y asegura que se sentía satisfecho con los  $230 USD que ganaba a la quincena, lo cual le alcanzaba para mantener a su esposa y dos hijos.

Pero comenzó el acoso. En dos ocasiones, sufrió un secuestro exprés, una modalidad de secuestro extorsivo rápido, con la cual los delincuentes buscan obtener una suma de dinero en pocas horas. “La primera vez, pidieron $300 USD por dejarme ir a entregar el producto con el compañero que iba conmigo. La segunda, me volvieron a detener y no me dejaban ir si la ferretería no pagaba $500 USD porque si no, me iban a matar a mí y al otro compañero. Los conductores de la ferretería sufríamos mucho”, recuerda Gámez.

En la noche, cuando llegaba a su colonia, los pandilleros lo acusaban de llevar y traer información para clicas rivales mientras repartía los productos. Lo tenían acorralado en el trabajo y en su casa, no había escapatoria.

El punto de no retorno, “cuando me tocó estar en ese extremo entre la vida y la muerte”, como lo describe él con tono sombrío, fue en 2015, cuando los pandilleros comenzaron a exigirle, bajo amenazas de muerte, que les hiciera “trabajos”: vender droga o participar en alguna operación de sicariato.

Gámez no le pagó a un coyote para que lo guiara, sino que emprendió el camino solo. Mientras cambiaba dólares por quetzales en la frontera entre El Salvador y Guatemala, y posteriormente durante sus largos trayectos en autobús, cruzando México, conoció a otros cuatro salvadoreños, quienes de alguna forma lograron identificarse unos a otros, como migrantes indocumentados, como si existiera un código tácito entre ellos. 

Los más experimentados sabían cuáles tramos podían recorrer en autobús y dónde debían bajarse y seguir a pie para evitar ser detectados por la policía mexicana.

Uno de ellos se quedó atrás, cuando cruzaban el Río Bravo, y a los cuatro restantes, entre ellos Gámez, los agarró una patrulla fronteriza. Gámez pasó 72 horas en una hielera, como llaman los migrantes a los centros de detención de corto plazo cerca de la frontera suroeste de Estados Unidos, donde son despojados de sus chamarras y encerrados en un cuarto sin camas ni servicios sanitarios adecuados, a temperaturas gélidas.

Posteriormente, fue enviado a un centro de detención en Nueva Jersey donde permaneció durante tres meses hasta que un familiar le prestó el dinero para que pudiera pagar la fianza y dirigirse a Austin, Texas, donde comenzó su batalla legal para solicitar asilo en el país: un laberinto kafkiano de apelaciones, voluminosos expedientes, cartas, citas con su abogado, audiencias en la corte, y solicitudes de apelación denegadas. Todo este esfuerzo para toparse con un muro al final del camino: la orden de deportación.

Fue en ese momento que escuchó por primera vez la palabra “santuario”, en boca de unos activistas pro-migrantes, quienes le explicaron el concepto y se lo plantearon como su última opción para evitar un vuelo de regreso a San Salvador, donde le esperaba una muerte casi segura.

Esta figura fue creada durante los años ochenta por líderes religiosos para brindar refugio a los centroamericanos que huían de las guerras civiles que azotaban a sus países, el santuario se basa en enseñanzas judeocristianas sobre el derecho al asilo político, y volvió a cobrar vida cuando arreciaron las deportaciones bajo la administración de Trump. Aunque se desconoce el número exacto de migrantes que viven en situación de santuario, ya que no todos desean que sus casos sean públicos, se calcula que durante la administración Trump llegaron a haber hasta 150.

Hoy, los días de Gámez transcurren en el encierro en la First Unitarian Universalist Church, donde los días son largos y lentos. Él se entretiene viendo la televisión o meditando. Las llamadas esporádicas a su esposa e hijos y las visitas de los feligreses, quienes le traen comida y platican con él, con gestos y un español rudimentario, es lo único que rompe la monotonía del confinamiento.

Así es como Gámez ha llegado a conocer un rostro más amable del país donde quiere forjar una nueva vida. “Afuera se dice que las personas blancas odian a los latinos, pero me he venido a dar cuenta de que no es así porque me traen de todo y me han ayudado mucho”, comenta Gámez.

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13 de enero de 2021.  Tres meses antes de que Alirio Gámez cruzara el umbral de la iglesia que le había brindado santuario en Austin, Texas, Jeannette Vizguerra salía de la iglesia First Unitarian Society of Denver, con su hija menor en brazos. A diferencia de Gámez, a ella no le han otorgado el stay of removal. Vizguerra había colocado en la balanza el riesgo de ser detenida y deportada en el momento en que pisara fuera de la iglesia para viajar a Delaware, y por otro lado, la exposición mediática que le generaría la rueda de prensa en la que le pediría al presidente electo Joe Biden que legalice a los más de 10 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

Consciente de su peso como activista y del costo político que su deportación supondría para el gobierno estadounidense, decidió jugársela, como ha hecho en más de una ocasión, y logró regresar a la iglesia. Pocas personas hubieran podido hacer lo que hizo Vizguerra.

Durante su salida furtiva de la iglesia, me reuní con Vizguerra en un hotel en Denver, Colorado. A unas cuadras de allí, en 2011, se habían reunido unos 300 manifestantes, portando pancartas exigiendo que las autoridades estadunidenses no deportaran a Vizguerra a México.

Cuesta pensar que Vizguerra, una mexicana delgada y bajita que habla quedito, pero con tono firme, sea capaz de movilizar masas, pero así lo ha hecho, durante dos décadas, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles del movimiento pro-migrante, de manera que, en 2017, la revista Time la nombró una de las 100 personas más influyentes del año.

Una trabajadora del hotel llamada Rosa, que sirve vino y canapés durante el happy hour de cortesía para los huéspedes, de inmediato reconoce a Vizguerra, se acerca y se presenta, emocionada, como si le estuviera pidiendo un autógrafo a una cantante en la alfombra roja.

—De verdad fue un placer conocerla. ¡Ay perdón! Siga con su entrevista. Mire, yo trabajo aquí en la tarde. ¿A usted qué le gusta tomar vino blanco o tinto? Le voy a regalar una botella. En Colorado ya sabe dónde quedarse, ¿eh? Aquí me va a encontrar.

Vizguerra le contesta afable, y le agradece el regalo. Si su estatus de celebridad se le ha subido a la cabeza, no lo demuestra.

Su uso de anglicismos como “biles” (bills) en vez de iniciativas de ley, o calcos directos del inglés como “someter una aplicación” (submit an application) en vez de “presentar una solicitud” dan fe de los veinticuatro años que Vizguerra lleva viviendo en suelo estadunidense.

Vizguerra llegó al país en 1997, con una hija que en ese entonces tenía cinco años, al seguir a su esposo, quien había emigrado, de forma irregular, tres meses antes. “Vinimos por seguridad porque mi esposo trabajaba manejando un autobús y en tres ocasiones sufrió un secuestro exprés. En una ocasión me tocó ir con él cuando uno lo encañonó con una pistola mientras los otros les quitaban sus pertenencias a los pasajeros. Cuando mataron a una amiga suya que también trabajaba en el transporte público dijo: yo no quiero terminar así y dejar a mi hija sin padre”.

Los indocumentados que llegan, como Vizguerra, con la ropa que llevan puesta, se ven inmersos en un entorno hostil, donde cada quien lucha por sobrevivir y se rasca con sus propias uñas, incluso a costa de sus familiares. “Nos tocó dormir en la sala de la casa que rentaba el tío de mi esposo. Antes de que yo llegara, mi esposo le daba su cheque a la esposa del tío, pero cuando llegué dije: ‘Ya estoy aquí y no tienes por qué darle el cheque a ella; hay cosas que compra que no me gustan. Habla con ella y dile que vamos a comprar por separado nuestro mandado’. Entonces sólo nos dieron tres días para sacar nuestras cosas”, recuerda Vizguerra.

Vizguerra consiguió documentos falsos y se unió a un ejército invisible de limpiadores nocturnos que llegan cuando los oficinistas se han ido a casa, para dejar los baños limpios, las alfombras aspiradas y los escritorios pulidos para la siguiente jornada en la oficina.

Saltaba de una empresa a otra, buscando cuál pagaba más por hora, y pronto se convirtió en un rostro conocido, sobre todo porque siempre instaba a sus compañeros a defender sus derechos. “Comencé a defender a los demás porque veía que había mucha injusticia con la gente: no les llegaba completo su pago, los despedían injustificadamente, la supervisora los humillaba y les faltaba el respeto”, cuenta Vizguerra.

Los sindicalistas se dieron cuenta de que Vizguerra era una organizadora nata y le ofrecieron un puesto remunerado en el sindicato. “Mi jefa inmediata también era chilanga. El primer día que llegué, me soltó un fajo [de papeles] en el escritorio y cuando pregunté qué era me dijo: pues es tu ruta wey, chútatela. Empecé a visitar cada edificio, haciendo una lista de los problemas para irlos resolviendo. No quería que, por ser organizadora, me vieran como alguien con un nivel más alto. Les decía: ‘Yo trabajé igual que ustedes, soy gente, soy raza. Mi trabajo es para ustedes, no para el sindicato’”.

En el sindicato cultivó sus cualidades de liderazgo y comenzó a forjarse la Jeannette Vizguerra que es capaz de movilizar a centenares de manifestantes, líderes políticos y religiosos para exigir que no la deporten.

Después de seis años en el sindicato, se retiró cuando se dio cuenta de que su hija, quien ya había cumplido los 11 años, estaba creciendo sola. Comenzó a trabajar con su esposo, supervisando a las limpiadoras en una pequeña compañía de mudanzas hasta que en 2009 la policía la detuvo en un retén y se dio cuenta de que llevaba papeles falsos.

Su abogado logró que la jueza redujera su sentencia, por manejar sin licencia, de seis meses a 23 días, y la fianza para su liberación de siete mil a tres mil dólares. “Creo que ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida porque mis hijos me veían con cadenas en los pies y en las manos. Yo decía: ‘¿por no tener licencia tengo que pasar por todo esto?’ Cinco minutos te cambian la vida”.

Al salir de la cárcel, inició el mismo calvario burocrático en que se encuentran inmersos Alirio Gámez y tantos otros indocumentados: preséntese ante la corte tal día, necesita más evidencia para documentar su caso, apelación denegada, le damos 30 días para abandonar el país, si quiere vuelva a apelar.

Vizguerra expuso su caso, y el de miles de migrantes, ante senadores en Washington, en foros universitarios e iglesias, de manera que cuando se llevó a cabo su audiencia de deportación, en Denver, en 2011, a unas cuadras del hotel donde nos reunimos, llegaron medios de comunicación de todo el mundo.

“Haz de cuenta que estaban esperando a una artista. Cuando doblé la esquina se dejaron venir los reporteros, todos queriendo agarrar la exclusiva y yo me quedé como: ‘guau, no me esperaba que fuera así’. Había gente que me mandaba mensajes en las redes sociales diciendo que no podían estar ahí porque tenían que ir al trabajo pero que estaban ahí en espíritu y estarían pendientes de mí”, recuerda Vizguerra.

—¿Ustedes sabían que esta mujer trabajaba con papeles de identidad falsos? preguntó la fiscal, dirigiéndose al público.

Jamás esperó que una decena de líderes de diferentes congregaciones religiosas se levantaran y dijeran al unísono: “sí, lo sabemos y es lo que cualquier madre haría para llevarle comida a sus hijos”.

La jueza, quien nunca había visto tanta gente llegar a una audiencia de deportación, y visiblemente intimidada por la presencia de la prensa, miraba fijamente el expediente que tenía frente a ella y no alzó la mirada durante todo el proceso. Finalmente, programó otra audiencia, después de la cual, Vizguerra recibió la carta que tanto temía, una notificación que debía abandonar el país en un plazo de 30 días o apelar dentro de ese plazo.

Su situación se complicó todavía más cuando, a los pocos días, su hermana la llamó, desde México, y le dijo que su madre tenía un cáncer terminal y estaba agonizando. Vizguerra, quien para entonces ya tenía tres hijos, se despidió de ellos, dejándolos con su esposo y viajó a México, pocos días antes de que su madre falleciera, y pasó siete meses en casa de su padre, ayudándolo con trámites y recolectando envases de plástico en Tepito para ganarse el sustento. Cada vez que hablaba por teléfono con su esposo discutían y él le recriminaba que lo hubiera dejado solo, a cargo de los niños.

Sus amigos en Estados Unidos, organizaron una rifa para costear el viaje. Por segunda vez, vivió el calvario de la travesía por el desierto, sedienta y con los pies ampollados, fue aprehendida por la patrulla fronteriza y enviada a un centro de detención fronterizo, donde las autoridades no sabían qué hacer con ella ya que pocas veces habían detenido en la frontera a un indocumentado que ya tuviera una orden de deportación con una apelación pendiente.

Durante los tres meses que pasó en el centro de detención, Vizguerra escribía peticiones y movilizaba a sus contactos en los sindicatos y organizaciones sociales. Tres horas antes de su deportación definitiva del país, se había resignado a perderlo todo.

Pero entonces recibió una llamada de su abogada. “Me dijo: ‘si crees en Dios y crees en tus amigos, dales las gracias porque te vas a quedar’. En ese momento sentí que mis pieses (sic) se doblaron”. Con ese recuerdo, su voz, habitualmente serena, se quiebra ligeramente. 

Regresó nuevamente a Denver, a reconstruir la tensa relación con su esposo y convencer a su hija menor, Luna, quien tenía menos de tres años, que verdaderamente era su madre. “¿Quién es? Decía. Mis otros dos hijos le respondían: es mami. Y ella decía: no, no es mami. Dije: bueno, está confundida porque la cuidaron diferentes personas y les decía mami”.

En 2017, después de una apelación tras otra y cinco stays of removal sentía nuevamente que la migra le respiraba en la nuca con la orden de deportación en la mano. Fue en ese momento que habló con los líderes religiosos en Denver, creó una coalición de iglesias y organizaciones pro-derechos del migrante y les propuso la creación de un santuario, el primero que existiría en la ciudad. “Esto no es solo para mí, es para proteger a más familias que vengan detrás de mí”, les dijo Vizguerra.

Pero en ese momento descubriría que en el mundo de las asociaciones civiles y ONGs muchas veces imperan las rivalidades, el afán de protagonismo y las disputas por recursos. Una activista estadounidense, viendo la oportunidad de saltar a la palestra, se nombró coordinadora de la coalición cuando se enteró de que otro indocumentado, también mexicano, se había acogido al santuario de la iglesia First Unitarian Society of Denver.

“‘Oh compañera, disculpa que no te hayamos dicho antes, pero Arturo ya está en santuario’, me dijo. Yo ya tenía todo listo para entrar a santuario, mi stay of removal se vencía en tres meses y no había otra iglesia. Y esta persona, que no sé quién le otorgó el título de coordinadora de la coalición, se lava las manos y se lo da a un señor que nunca se ha involucrado en nada. Por primera vez, desde que empecé mi vida como activista, sentí tristeza, decepción y resentimiento”, afirma Vizguerra.

Finalmente, la iglesia Mountainview decidió abrir sus puertas a indocumentados en riesgo de deportación y Vizguerra ingresó, por un período inicial de 10 días. Posteriormente, ingresó a la First Unitarian Society of Denver por un segundo período de 86 días y nuevamente, en marzo de 2019, por un período más prolongado, que continúa hasta la fecha y que únicamente se atrevió a romper cuando Biden ganó la presidencia y consideró que era el momento político indicado para dar una rueda de prensa.

La segunda vez que se acogió al santuario, en 2017, en plena administración de Trump, las patrullas fronterizas arreciaron los operativos contra las caravanas centroamericanas que llegaban a la frontera sur con todo y niños. A unos días de que se venciera su última prórroga, debía presentarse ante las autoridades migratorias, y su instinto le decía que el plan era detenerla. Por ello, su pastora se presentó en su lugar, mientras Vizguerra se refugiaba en la iglesia. Si daban con lugar su apelación, su pastora diría que Vizguerra iba en camino, pero estaba atorada en el tráfico; en cambio, si la rechazaban, le diría que ni se le ocurriera aparecer en la oficina.

Y así fue. La intención era arrestar a Vizguerra y demostrar que la administración de Trump podía más. Previendo un choque con los más de 400 simpatizantes que habían llegado al lugar en el momento en que fuera detenida y esposada, una fila de policías con chalecos antibalas se había plantado frente al edificio como un muro humano.

A diferencia de Alirio Gámez, a quien las horas se le hacían largas en el silencio sepulcral de la First Unitarian Universalist Church, en Austin, Texas, Vizguerra, quien hasta el día de hoy permanece recluida en la iglesia First Unitarian Society of Denver no se da abasto para atender las llamadas de medios de comunicación de Estados Unidos, Italia, México, y hasta Japón, en contestar correos electrónicos, y hablar con las organizaciones sociales que la apoyan. “Hay días en los que tengo que decirles a todos: ‘¿me permiten ir al baño un momento?’ Me pregunto: ¿cuándo me van a dejar descansar?” Con el afán de aligerarle la carga, los voluntarios de la iglesia se turnan para prepararle las comidas.

Lo narra, sin embargo, sin un tono de conmiseración. “A la prensa le he dicho siempre que no quiero que me vean con lástima ni que digan: ‘ay, pobrecita que se está teniendo que refugiar en una iglesia’ porque no soy una mujer pobrecita, soy una mujer fuerte que lucha por lo que es justo y este es un acto de resistencia pacífica en contra del sistema”.

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Araceli Velásquez y su familia. Fotografía de la autora

En los grandes salones de la iglesia Park Hill United Methodist Church, en Denver, reverbera el eco de los gritos y risas de los tres hijos, menores de 10 años, de Araceli Velásquez.

Mientras habla, los vigila, nerviosa, con el rabillo del ojo. Su encierro prolongado de casi tres años y ocho meses con tres niños rebosantes de energía, que corren, brincan y juegan a la pelota, ya la tiene desesperada.

“Lo más difícil es… No poder salir con mis hijos y mi esposo como hacía antes. Aquí es como una cárcel, no puedo salir y me toca mirar por las ventanas, pero al menos tengo a mis hijos conmigo”, afirma Velásquez, de 30 años. En ocasiones, su voz nasal es apenas audible, debido al estruendo de la pelota de los niños, rebotando en la duela de madera.

Velásquez no huyó de las maras, como Alirio Gámez, sino de la violencia conyugal. “Huí de mi expareja” se limita a decir, y agrega que no quiere hablar del tema.

Repite la misma historia que casi todos los indocumentados: salió de La Unión, El Salvador en 2010, cruzó Guatemala y México en autobús, fue detenida por la migra en Austin, Texas, y recuerda con horror, las 72 horas que pasó en la hielera. 

Sus hermanos llevan tantos años viviendo en Nueva York que se habían convertido en una fotografía vieja de la infancia, una voz en el teléfono, y la remesa periódica que enviaban al hogar paterno en El Salvador.

No obstante, los hermanos que se han convertido en extraños, reunieron los $4,000 USD de fianza para sacarla del centro de detención fronterizo donde pasó un mes y medio. Cuando salió, se dirigió a Denver, donde viven unos primos que emigraron hace más de quince años y con quienes el contacto es igual de distante.

Allí conoció a su actual esposo, Jorge, de 44 años, el hombre de semblante apacible con quien procreó a sus tres hijos. Jorge, quien también se apellida Velásquez, es uno de los 200 mil salvadoreños residentes en Estados Unidos que gozan del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un beneficio migratorio provisional otorgado a personas provenientes de ciertos países con condiciones extraordinarias y peligrosas, que les permite vivir y trabajar legalmente de forma transitoria.

De esa manera, Jorge trabaja en un diner de manera legal y puede entrar y salir de la iglesia para acompañar a su esposa y llevar a los niños a la escuela sin temor a ser detenido y deportado.

“Doy gracias porque él está conmigo”, dice Araceli, volteando la mirada a su esposo.

Pero el futuro de Jorge también es incierto ya que este régimen migratorio debía caducar en 2019 pero fue prorrogado hasta el 4 de enero de 2021, mientras se resuelven una serie de apelaciones en su contra.

Para Araceli Velásquez, la vida, desde que llegó a Denver en 2010, y su primera petición de asilo por violencia de género fue denegada, se ha convertido en un litigio interminable. “Esto es una pesadilla. En cualquier momento vienen a detenerme y año con año es estar peleando con migración en las cortes y eso no me deja vivir”, se lamenta.

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14 de abril de 2021. Horas después de salir de su encierro, Alirio Gámez y la guatemalteca Hilda Ramírez, dieron una conferencia de prensa en la sede de la Red de Santuarios de Austin. Más que dejarlos en libertad, el documento con el que salieron de sus respectivas iglesias, el stay of removal, les ha ganado tiempo. Ahora tienen un año para apelar nuevamente contra la orden de deportación y se aferran a la esperanza de que la administración Biden sea más benévola con los indocumentados que la de su antecesor y le ponga un alto a las deportaciones.

Mientras hablaba, a través de una intérprete, frente a las cámaras de Fox News y algunos medios locales que llegaron a la conferencia, Gámez lucía tranquilo. “Siento un gran alivio de que nos hayan dado un stay por un año, pero no solo queremos un año, queremos seguir luchando por algo más permanente”, dijo Gámez.

Mientras, en Denver, Araceli Velásquez, quien entró a santuario prácticamente al mismo tiempo que Alirio Gámez, se pregunta si su nombre será el siguiente en ser llamado en esta lotería llamada migración. Y pese a haberse convertido en uno de los rostros más visibles del movimiento pro-migrante en Estados Unidos, en otra iglesia de la misma ciudad, también permanece recluida Jeannette Vizguerra, a la espera de un enésimo stay of removal, que le gane tiempo, como un preso condenado a muerte.

Louisa Reynolds
Periodista y Traductora

Este trabajo fue elaborado en el marco del Programa Prensa y Democracia (Prende), de especialización en Subversión Cultural y Narrativas Queer, de la Universidad Iberoamericana. Se publica simultáneamente en perrocronico.com y nexos.