Trump y la fragilidad del orden político mexicano

La intervención militar estadunidense en Venezuela sentó un precedente para la nueva relación de Estados Unidos con América Latina; un cambio profundo para las élites gobernantes del continente, aún en conmoción por la reciente extracción del presidente Nicolás Maduro. El intervencionismo territorial —el imperialismo más burdo— ha vuelto a escena, y ello supone un enorme desafío para los países de la región. Para México, la nueva política exterior estadunidense representa un riesgo grave no sólo por las acciones unilaterales que violenten la soberanía nacional, sino por los potenciales actos contra la clase política mexicana inmiscuida con el crimen organizado, cuya extracción perturbaría el delicado orden político local y traería consecuencias imprevistas en el largo plazo.

El gobierno de México no parece asimilar bien las declaraciones del presidente Donald Trump. La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que la cooperación bilateral atraviesa su mejor momento y que el diálogo permanente bastará para contener los impulsos intervencionistas de nuestro vecino. Aunque es cierto que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la conducción de Omar García Harfuch, ha mostrado resultados positivos en los últimos meses (reducción de delitos de alto impacto, captura de actores criminales clave para la producción y tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos, y destrucción de laboratorios), pareciera que esos avances a marchas forzadas son insuficientes para disuadir a Trump, que privilegia siempre el efecto mediático y la demostración de fuerza por encima de la cooperación discreta y de las acciones quirúrgicas contra el crimen organizado.

Con cada nueva declaración Donald Trump manifiesta su descontento creciente con la estrategia de seguridad del gobierno mexicano. Sea por cálculo mediático o por un interés real en la seguridad transfronteriza, la perspectiva de “más decomisos y más detenciones” no satisface las ambiciones del presidente americano. Trump no confía en el gobierno de México; lo percibe débil, incapaz de atacar a los cárteles y, por tanto, un aliado para la reproducción del poder criminal. Por ello sostiene que los cárteles controlan y gobiernan este país. Y tiene razón a medias. Su diagnóstico es tosco e impreciso en términos institucionales, pero acierta al señalar el punto más frágil y complejo de nuestro sistema político: la incómoda simbiosis entre la clase política y el crimen organizado.

Aunque extraña a los ojos de nuestro vecino del norte, la relación entre poder criminal y político ha sido en ocasiones fuente de estabilidad en el contexto de un Estado moderno débil, con bajas capacidades para instaurar un Estado de Derecho convencional y, sobre todo, con enormes dificultades para regular la vida política subnacional por medio de instituciones formales. En el fondo, la demanda de Trump toca una carencia estructural del Estado mexicano. La interacción entre autoridades locales y economías criminales no es un accidente aislado ni una simple desviación moral, sino un componente del modo en que se regula el poder territorial en este país: en el acceso a recursos extraordinarios, el financiamiento informal de campañas y programas de gobierno y, en momentos críticos, en el uso de la violencia para inclinar disputas políticas o disciplinar adversarios.

Desde luego, al presidente Trump le son irrelevantes las causas históricas de esta debilidad estatal y poco le importa la compleja yuxtaposición entre los intereses políticos y criminales que México ha incubado durante décadas. Para Washington sólo importa un hecho: que el gobierno mexicano no exhibe avances sustanciales para desarticular las redes de colusión entre clase política y crimen organizado. Cumplir ese reto impuesto desde el exterior es difícil, cuando no imposible, a la velocidad que exige el vecino del norte, porque implicaría trastocar intereses internos profundamente enraizados. El gobierno mexicano puede, con esfuerzo y presión, sostener la ofensiva de decomisos y arrestos y mejorar ciertos indicadores de seguridad; pero depurar los arreglos políticos locales y las redes de protección institucional requeriría una ruptura con el pacto histórico de impunidad del que han formado parte todos los gobiernos federales desde la Revolución Mexicana, incluido el actual.

Claudia Sheinbaum gobierna una alianza amplia pero heterogénea, con facciones internas en un equilibrio tenso. A pesar de su alta aprobación y de las mayorías legislativas, la presidenta se encuentra en un lugar frágil para confrontar —como exige nuestro vecino del norte— ese pacto de impunidad. Atacarlo de manera frontal significaría antagonizar recursos y aliados, y abrir un conflicto político de gran escala contra actores que controlan engranajes locales de movilización electoral, gobernabilidad cotidiana y administración informal del conflicto. Actuar en contra de políticos señalados por sus vínculos con el crimen organizado la arriesgaría a herir la cohesión del bloque gobernante y a debilitar su ya de por sí limitado margen de maniobra.

Sin embargo, si no es el gobierno mexicano el que decida purgarse a sí mismo, Washington podría concluir que sus operativos deben dirigirse no sólo contra los miembros del crimen organizado, sino contra políticos con vínculos criminales y que constituyen piezas clave de la protección territorial de las nuevas “organizaciones terroristas” en la narrativa estadunidense. Si el gobierno estadunidense ya optó por la decisión radical de extraer a un jefe de Estado en Venezuela bajo el argumento de su asociación con redes del crimen organizado, no resulta descabellado pensar que algo similar puede ocurrir en México contra gobernadores, senadores, presidentes municipales, jefes de policía local y otros operadores que brindan protección a cárteles y mafias.

El gran problema no radica sólo en la violación de la soberanía, sino en la disrupción inmediata del orden local. Hay que insistir en un punto incómodo: los mismos políticos que mantienen vínculos con el crimen organizado también constituyen nodos de gobernabilidad local en áreas clave. Son quienes articulan coaliciones electorales y territoriales, administran redes clientelares y median entre élites económicas, corporaciones locales y grupos sociales; son ellos quienes regulan a las policías y cuerpos de seguridad, e interceden entre fuerzas estatales y actores no estatales, armados y no armados. Esos mismos políticos, hoy en la mira de Estados Unidos, contribuyen a garantizar la estabilidad local mediante arreglos de protección y control del conflicto. Por eso, aunque su poder sea corrosivo para el Estado de derecho, su ausencia abrupta podría abrir vacíos de poder con consecuencias negativas: disputas sucesorias, fragmentación de pactos, reacomodos violentos y escalamiento de conflictos que hoy se mantienen contenidos por esos polémicos intermediarios.

El gobierno federal, también partícipe de esta compleja lógica del poder informal en México, es sensible a esta realidad. De ahí que históricamente haya sido tan costoso sustituir las relaciones de impunidad por mecanismos formales de instauración del orden y de soberanía estatal. No lo lograron los gobiernos del PRI, ni las administraciones del régimen de la transición, ni desde 2018 parece intentarlo Morena. Pero la coyuntura actual exige cambios de fondo y de corto plazo o será Washington quien imponga su propio método, con consecuencias imprevistas y probablemente negativas.

La experiencia histórica del intervencionismo americano muestra que estas medidas, aunque produzcan resultados inmediatos, incuban efectos disruptivos en el mediano y largo plazo. En el plano criminal, si Estados Unidos impusiera una lógica de “descabezamiento” espectacular —golpes mediáticos contra los líderes de los cárteles— México podría sufrir una nueva fragmentación de organizaciones que se traduciría en más disputas por territorio y escaladas de violencia local. Durante los últimos veinte años hemos aprendido, a un costo enorme, que esta estrategia tiende a multiplicar conflictos y a degradar la gobernabilidad. Sin embargo, para Trump esa fórmula puede resultar atractiva por su utilidad política; por la narrativa de fuerza que produce y por el beneficio mediático que ofrece ante su electorado.

En ese horizonte político las intervenciones y extracciones de Estados Unidos contra figuras subnacionales o intermediarios del orden local podrían fracturar aún más la ya de por sí frágil coalición de Morena y abrir conflictos internos por el control político-territorial. Ahí donde persisten prácticas caciquiles y órdenes tradicionales, la ausencia súbita de esos “hombres fuertes” que coordinan arreglos informales bajo la máscara morenista podría producir vacíos de control y una competencia por el poder cada vez más violenta, en especial durante períodos electorales. La intervención no sería entonces desestabilizadora sólo por injerencista y violadora de la soberanía, sino por el acelerado reacomodo de fuerzas que impondría: el ajuste radical de nuevos pactos, jerarquías y controles, así como de nuevos incentivos para la confrontación.

Una intervención sobre México también tendría un efecto inmediato sobre la legitimidad del ejército mexicano. Engrandecido económica y políticamente en el último sexenio, quedaría expuesto a la crítica más dura. La corporación castrense encargada de resguardar la soberanía, y a la que los mexicanos hemos otorgado recursos y atribuciones extraordinarias, podría ser cuestionada (con justa razón) por su incapacidad de cumplir su papel más elemental: la protección del territorio ante la incursión de fuerzas extranjeras. En un país donde el ejército se ha presentado desde la Revolución como una columna vertebral del Estado, un golpe a su legitimidad impactaría en su conjunto al sistema político.

En cuanto a la clase política, si los alcaldes, gobernadores o incluso funcionarios federales fueran extraídos para luego ser procesados en cortes estadunidenses, ¿qué legitimidad conservarían los partidos y coaliciones electorales que los protegieron sistemáticamente? ¿Qué confianza podría sobrevivir entre la sociedad y sus gobernantes si se expusieran con evidencia los vínculos criminales que durante años se habían denunciado en México? El golpe a la autoestima nacional sería grave: un régimen y una sociedad incapaz de juzgarse a sí misma y que requiere de un poder extranjero para hacer justicia. ¿Para qué, entonces, tanta soberanía?

Esto constituye el escenario más pesimista y acaso el menos probable. No obstante, la coyuntura internacional exige reflexionar sobre el potencial desestabilizador de una intervención más intensa. México está muy integrado a la economía de América del Norte, y esa interdependencia ha funcionado como freno parcial a los impulsos intervencionistas americanos. Sin embargo, la experiencia venezolana sugiere que la administración Trump está dispuesta a sacudirse esos límites autoimpuestos, y que México corre el riesgo de ser, como Venezuela, el laboratorio de ese nuevo orden mundial, en el que los nuevos valores y prácticas de Estados Unidos parecen alejarse cada vez más del consenso liberal de la segunda posguerra.

Bajo este panorama, la vulnerabilidad que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum es doble. Por un lado, el gobierno federal enfrenta a un gobierno estadunidense dispuesto a normalizar fórmulas de intervención territorial sin pudores diplomáticos. Por el otro, enfrenta a una clase política subnacional cuyos incentivos históricos no apuntan a depurar, sino a preservar arreglos de supervivencia, y a una coalición gobernante que no es disciplinada ni leal. De ahí el dilema central: aunque la presidenta Sheinbaum cuenta con elementos competentes en materia de seguridad pública (García Harfuch) ahora potenciados gracias a la recién capturada Fiscalía General de la República (Ernestina Godoy), una depuración interna acelerada podría desgarrar a Morena, abrir disputas sucesorias y desatar conflictos locales. Además, una depuración insuficiente alimentará la narrativa de Washington de México como un Estado fallido, y dejaría abierta la puerta para que sea el vecino del norte quien decida el ritmo, los objetivos y métodos del saneamiento mexicano.

En el corto plazo, lo más plausible no es una intervención abierta contra la clase política, sino (como en Venezuela) una escalada gradual de presión contra organizaciones criminales mexicanas, en especial si Washington insiste en encuadrarlas como “terroristas” y, por tanto, como amenazas que habilitan medidas excepcionales. Sin embargo, la pregunta decisiva no es si habrá mayor persecución contra los cárteles, sino si esa persecución se trasladará al terreno político: a los actores que sostienen la economía ilícita del crimen organizado mediante protección, omisiones, complicidades y alianzas. Siquiera para evitar ese riesgo, el gobierno de México debería dar un paso histórico: abandonar la comodidad del autoengaño y desafiar por primera vez el pacto de impunidad.

Cada vez es más claro que la cooperación operativa, por sí sola, será insuficiente para satisfacer el liderazgo de Donald Trump. Por ello México requerirá darle a los Estados Unidos algo más que decomisos y capturas: deberá presentar una verdadera estrategia de Estado para desmontar (con inteligencia y un ritmo más bien veloz, aunque sin precipitar el colapso del orden político local) las redes de protección política que reproducen el poder criminal en nuestro territorio.

Emiliano Aguilar

Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Estudiante de maestría en Ciencia Política por la Central European University