En estos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá varios casos sobre temas controvertidos, como son: «el caso anti-tabaco», «el derecho a la vida desde la concepción», y el «matrimonio entre personas del mismo sexo». En este intercambio los autores reflexionan sobre la importancia del periodismo judicial en un entorno democrático, y el papel de la difusión de las discusiones judiciales en la discusión pública.
Saúl López Noriega: En los últimos años, la opinión pública ciertamente se ha interesado más por la Suprema Corte de Justicia, ahora escudriña con mayor frecuencia varios de los aspectos que giran alrededor de su desempeño. Y no sólo cuando se presenta un asunto atractivo en términos mediáticos. Mas no hay que olvidar que este interés brota en un país donde su corte constitucional resulta una institución un tanto exótica para diversos medios de comunicación, algunos de los otros órganos estatales e, inclusive, para ciertos sectores académicos e intelectuales. Por ello, es indispensable impulsar un periodismo judicial que cumpla por lo menos con dos retos: por un lado, que traduzca de manera ágil las decisiones jurisdiccionales –así como los argumentos que las sostienen- de un lenguaje barroco y a uno mucho más accesible, lo cual permita establecer las condiciones idóneas para un escrutinio mucho más incisivo de la labor jurisdiccional y, por el otro, que refleje no sólo el impacto de la labor de la Suprema Corte en el entramado jurídico nacional sino también en su dinámica política, económica y social. Ambos aspectos, paulatinamente, coadyuvarían a fortalecer un aspecto medular en cualquier democracia contemporánea: una cultura judicial que tenga claro las posibilidades y riesgos que la Suprema Corte ofrece en la consolidación democrática del país.
Carlos Avilés Allende: Antes que nada una aclaración que me parece necesaria. El periodismo judicial se sigue confundiendo con el periodismo policiaco. Y no. La visión y la misión que tienen son distintas. El segundo se ocupa de la parte policiaca, de los ministerios públicos, de los casos, esencialmente penales, en su etapa primaria. Y al primero, al que nos referimos, le toca la parte final, la de los juicios, la de ese mundo raro de los jueces, que va desde los juzgados hasta la Corte, que no sólo tiene el poder de castigar criminales, sino de decidir sobre bienes, familias, derechos, a través de sus sentencias, que hay que escudriñar y reportar. La confusión entre ambos tipos de periodismo se origina en un hecho simple: el mundo de los jueces se sigue confundiendo con el de los policías. El desconocimiento es atribuible, en parte, a los medios de comunicación, porque pocos, realmente pocos, cuentan con reporteros especializados, que conozcan ese mundo del Poder Judicial y que den cuenta, de manera confiable, de lo que ocurre en él. Y digo en parte, porque en gran medida el desconocimiento y las confusiones generadas en torno a este mundo de la justicia son atribuibles a una mayoría de jueces y magistrados que siguen siendo reticentes a la transparencia. Y que, sobre todo, siguen empeñados en escribir sentencias sumamente técnicas y de difícil acceso para todos.
Saúl López Noriega: Estoy de acuerdo: la relevancia que han adquirido las decisiones del Poder Judicial y, en particular, de la Corte en la vida institucional del país, plantea a los medios de comunicación el reto de impulsar un periodismo judicial de calidad. Sin embargo, también les exige a nuestros jueces un compromiso con la transparencia. Al respecto, ha habido avances significativos: hoy en día, por ejemplo, a través de Internet se pueden observar las discusiones de los ministros y consultar sus resoluciones. Pero si bien es cierto que las sentencias de nuestra corte constitucional son accesibles, también lo es que en su mayoría son ininteligibles. Se trata de documentos atiborrados de inútiles reproducciones de artículos legales y de tesis jurisprudenciales, que destacan por un pobrísimo manejo del lenguaje inclusive de las reglas básicas de redacción y cuya extensión llega a ser simplemente ridícula –un botón de muestra: la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas que suma en total 1,900 páginas en hoja tamaño carta. Esto significa que transparentar y socializar plenamente las decisiones de los tribunales implica, por una parte, que los jueces aprendan a redactar, expresar y sintetizar sus argumentos y, por la otra, que los periodistas rescaten, traduzcan y difundan esta información.
Carlos Avilés Allende: Tienes razón. Y sólo agregaría tres cosas: Uno, llama la atención cómo la apertura y transparencia que se da en la Corte aún no ha permeado en los de abajo, en los juzgados y tribunales; dos, que hay que reconocer que por más claras que sean las sentencias siempre será necesario contar con reporteros especializados que las traduzcan y difundan de manera correcta. Y, tres, que mientras a los jueces y magistrados les compete única y exclusivamente a ellos, en lo individual, adoptar la decisión de sumarse o no a una cultura de transparencia y de redacción de sentencias sencillas y claras; a los reporteros, por lo general, la especialización en el ramo del periodismo judicial no depende de ellos, pues, por lo general, esta aspiración se trunca en muchos casos porque en los medios de comunicación en los que laboran no les interesa contar con especialistas en la materia. Lo más común, por cuestiones económicas, es que el reportero que se dedica a la cobertura judicial lo haga de manera temporal o al tiempo que cubre otros sectores totalmente distintos. Y mientras esta situación no cambie dentro de los mismos medios será difícil hablar de un periodismo judicial con alcances generalizados.
Saul López Noriega. Profesor de tiempo completo del Departamento de Derecho del ITAM.
Carlos Avilés Allende. Periodista del periódico El Universal especializado en el Poder Judicial.