Si en México tenemos un problema grave de corrupción, incluso en tiempos de relativa calma, pensemos ahora en lo que sucede cuando enfrentamos una emergencia donde la excepcionalidad se vuelve la regla. Tan sólo recordemos lo que ocurrió tras los sismos de septiembre de 2017. Pienso en los escándalos por desvío de fondos destinados a los damnificados, pienso en el mal uso de recursos para la reconstrucción de inmuebles dañados. También me viene a la mente la opacidad en el ejercicio de donativos de los partidos políticos en pleno proceso electoral. Es previsible que con la pandemia del Covid-19 venga un reto mayúsculo para que los recursos públicos —en extremo limitados— se ejerzan con eficiencia pero también con transparencia y honestidad. Incurrir en actos de corrupción agravará aún más la perspectiva económica del país y el acceso del gobierno a más dinero para paliar los efectos económicos devastadores que se avecinan. Aún no sabemos la magnitud del golpe pero las perspectivas y proyecciones hablan de una tragedia. Considero, por ello, que estamos ante un momento ideal para fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un sistema que ha sido obstaculizado y atacado, por un lado, e ignorado y menospreciado, por el otro. Grupos políticos en el poder pertenecientes a diversas facciones e ideologías han bloqueado su cabal implementación y su buen funcionamiento. El expresidente Enrique Peña Nieto aprobó la creación del sistema solo como una forma de simulación, nunca se esforzó por institucionalizarlo. Al presidente Andrés Manuel López Obrador simplemente no le importa. Al coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, le parece que no ha funcionado y ha hecho lo posible por desmantelarlo. Los matices del desdén son varios, como vemos. Afortunadamente, la opinión pública lo tiene en buena estima —aunque a la baja—, según datos arrojados de las dos encuestas que Reforma y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción han levantado en 2019 y 2020.
Ilustración: Víctor Solís
En lugar de vivir en la irrelevancia, el SNA puede convertirse en un arma poderosa para prevenir y combatir actos de corrupción que podrían surgir por medidas extraordinarias derivadas de la pandemia del Covid-19.
Como dice Jacqueline Peschard, el SNA “es un espacio de coordinación entre autoridades públicas con responsabilidad en la prevención, detección, investigación y sanción, tanto de faltas administrativas graves y delitos de corrupción, y de enlace permanente con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, para ofrecer resultados más eficientes”.1 Se gestó en 2015 con la aprobación de una reforma constitucional y, al año siguiente, se publicaron las leyes secundarias a nivel federal. Su definición formal la establece el artículo 113 constitucional. A diferencia de las agencias anticorrupción que se han creado en países con altos índices de delitos en la materia, en México se optó por un sistema más sofisticado, inédito, cuyo éxito depende de la coordinación y colaboración de las instancias que lo conforman, así como el ejercicio de pesos y contrapesos de unas a otras. Desgraciadamente estas condiciones no se han podido institucionalizar.
Confío en que la situación de emergencia por la que atravesamos, abra los ojos a gobierno y sociedad civil para alentar el éxito del sistema. Es esperanzador escuchar aún voces que insisten en no dejarlo morir.
Con la emergencia vienen las medidas de excepción. Por lo pronto, una fundamental y sensible es la que se tomó mediante el Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado por el gobierno el 27 de marzo en el Diario Oficial de la Federación. En él se establece que la Secretaría de Salud pueda adquirir “todo tipo de bienes y servicios, a nivel nacional o internacional, entre los que se encuentran, equipo médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico y de curación y productos higiénicos, así como todo tipo de mercancías y objetos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontarla”. Subrayo: sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. El mismo decreto le otorga a la Secretaría de Salud la facultad extraordinaria de “Importar y autorizar la importación, así como la adquisición en el territorio nacional de los bienes y servicios citados en la fracción anterior, sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno, por las cantidades o conceptos necesarios para afrontar la contingencia…”. Subrayo: sin necesidad de agotar trámite administrativo alguno.
La medida es correcta. Haber permanecido impávido durante meses viendo cómo se acercaba la pandemia no permitió tomar ninguna previsión. Hoy, lo que queda es actuar rápido y preciso. Pero hay que hacerlo bien, porque el riesgo es que haya corrupción y eso cuesta caro: cuesta recursos y cuesta vidas.
El SNA puede ser un elemento clave para atajar los riesgos de corrupción en las compras gubernamentales que se harán a través de este decreto. Como no habrá licitaciones públicas ni se llevarán a cabo —probablemente— los procedimientos administrativos completos, las ventanas de oportunidad para la corrupción son mayores.
En este sentido, el SNA debe, por un lado, involucrarse proactivamente con las herramientas que le da la ley para prevenir, detectar y, en su caso, sancionar actos de corrupción que atentan contra la salud pública en época de pandemia; y, por el otro, tomar un rumbo acelerado para su consolidación. Las siguientes son algunas medidas que podrían articular la participación del SNA:
• Instalar en sesión permanente (en vía remota, desde luego) al Comité Coordinador del SNA, en el que confluyen todas las instancias que conforman el sistema.
• Articular un protocolo contingente de actuación del SNA para prevenir y detectar a tiempo actos de corrupción y de exigencia de rendición de cuentas de los tomadores de decisión en las compras gubernamentales.
• Convocar a representantes de la Secretaría de Salud y, de ser el caso, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para asistir a la sesión para informar sobre las adquisiciones que se enmarcan en el decreto.
• Retomar el acuerdo del Comité Coordinador, a iniciativa de su entonces presidenta, Jacqueline Peschard, con el fin de elaborar lineamientos que establezcan un mecanismo para seleccionar los casos de corrupción que el propio Comité Coordinador otorgue atención prioritaria. Esto va a permitir tener una herramienta clara para atraer al seno del Comité casos que se presenten durante la crisis.
• Acelerar la puesta en marcha del sistema de información pública de contrataciones de la Plataforma Nacional Digital para que la información referente a los contratos derivados del decreto sean públicos y transparentes en tiempo real.
• Acelerar el proceso de designación de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pieza clave para que el sistema tenga los dientes afilados y esté preparado para castigar actos de corrupción.
Además del decreto que da facultades extraordinarias a la Secretaría de Salud federal, se tomarán más medidas contingentes. El viernes pasado, por ejemplo, se tomó la decisión de extinguir los fideicomisos públicos para redirigirlos a áreas prioritarias en tiempos de emergencia sanitaria. El SNA tiene que jugar un rol determinante en cuidar que estos recursos no se desvíen para otros propósitos.
Los efectos de la pandemia que estamos sufriendo tiene costos en varios niveles: de salud, sociales, económicos y personales. Como mencionaba, aún no se puede dimensionar la magnitud del golpe pero sabemos que va a ser duro. Lo que sí podemos controlar son todas aquellas políticas y estrategias que tanto gobierno como sociedad habremos de implementar para enfrentar el problema y aminorar sus costos en la medida de lo posible. Una de estas políticas es el combate a la corrupción. Si le damos un papel central al SNA estaremos en una mejor posición para evitar el mal uso de recursos públicos que se ejercerán de manera contingente y excepcional.
1 Ver, Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 5 de septiembre de 2017, p. 3.