En su libro In Defense of Housing (Verso, 2016), David Madden y Peter Marcuse señalan que la vivienda está en crisis a nivel global. Lo sostienen al ver el creciente número de personas desalojadas y el aumento de personas sin hogar, la falta de condiciones habitables, así como la especulación y financiamiento de parques de vivienda en distintos continentes. En términos o lenguaje de derechos: la crisis se traduce en cada vez más personas teniendo condiciones precarias para disfrutar del derecho a la vivienda o, en un extremo, la imposibilidad de tener un techo.
En su informe de 2017, la relatora sobre derecho a la vivienda de Naciones Unidas dio cuenta de que las dificultades para acceder al derecho humano estaban ligadas también a la concepción extendida de la vivienda como mercancía. Una idea que prima y permite mercados de vivienda que minimizan su significado a un simple bien con el cual lucrar, desdibujando que es esencial para la vida.
¿Esta crisis de vivienda alcanzó a Ciudad de México? Es posible afirmarlo. El pasado junio, el Gobierno de la Ciudad anunció un programa piloto de vivienda para jóvenes, que tiene como objetivo brindar vivienda a bajo costo para estudiantes y profesionistas de entre 18 y 29 años. El programa responde, en gran medida, a la dificultad de las y los jóvenes de rentar —ni pensar en comprar— vivienda a precios accesibles.
Se estima que cada año salen de Ciudad de México más de 23 000 familias a causa de la imposibilidad de adquirir vivienda (según el Programa de Ordenamiento Territorial de la CDMX). En cuanto a desalojos, no hay números precisos pero, según el Poder Judicial local, se contabilizan aproximadamente 2000 órdenes de desalojo al año en expedientes abiertos, sin contar aquellos que se hacen de forma ilegal sin una orden de autoridad. Lo que pasa con las personas que salen de la Ciudad y las familias desalojadas es un misterio, por desgracia apenas se tienen estimaciones, por lo que las cifras pueden ser mayores.
La dificultad que enfrenta la población de la Ciudad de México de materializar una vivienda adecuada no es exclusiva de las personas jóvenes y se relaciona con factores como los altos costos. Basta con decir que que los precios de renta han subido 17 % en el último año y la Sociedad Hipotecaria Federal registra un aumento del 7 % del precio de los inmuebles adquiridos en 2024. Como consecuencia, en julio se anunció la propuesta de reforma al Código Civil y a la Ley de Vivienda, que busca controlar el aumento en los precios de renta, combatir la expulsión de habitantes y la gentrificación.
La propuesta, que ahora se encuentra en el Congreso local, comprende modificaciones al Código Civil —ley que se encarga de regular contratos de arrendamiento— en sus artículos 2448 D y 2448 F para establecer límites en el incremento de renta y la inscripción de contratos en un registro digital. Podemos celebrar estas medidas, pero son insuficientes frente a la gravedad del problema. Registrar contratos y limitar el aumento del costo de rentas no influye en las condiciones que elevan los precios de vivienda, no contrarresta la gentrificación ni evita pactos entre particulares fuera de la ley.
La reforma propuesta por el actual jefe de Gobierno no contempla mecanismos que aseguren contratos equitativos, tampoco señala consecuencias si algún arrendador no inscribe el contrato en el registro. Desde nuestra perspectiva, es una reforma que refleja buenas intenciones, y que debe mejorar si en verdad tiene intención de controlar precios de rentas y evitar el desplazamiento de habitantes. Una reforma comprometida con el derecho a la vivienda debe hacerse cargo, también, de contratos que equilibren al arrendador y al arrendatario, contemplar mecanismos de supervisión del arriendo y robustecer garantías judiciales para quienes enfrentan un desalojo.
La crisis actual de vivienda requiere mirar más allá de reformas cosméticas a la legislación civil para escalar el tema al derecho público y dar soluciones jurídicas integrales. Un primer paso sería dejar de pensar a la vivienda en renta como un asunto entre privados —en donde el Estado apenas interviene— y volver a verla como un asunto de derechos humanos.
Se han hecho esfuerzos para avanzar la agenda del derecho a la vivienda. Al avance de activistas, defensores populares y movimientos urbanos en lucha por la vivienda, ahora se suma el trabajo desde el ámbito universitario, con la apertura de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín”. Con esto, el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana rinde homenaje a la mujer que encabezó el primer movimiento inquilinario por una vivienda digna en el puerto de Veracruz a inicios del siglo pasado.
La Clínica “María Luisa Marín” es un espacio de defensa y aprendizaje, desde el que estudiantes de Derecho siguen casos de personas vulnerables que enfrentan una violación al derecho a la vivienda, al mismo tiempo que desarrollan habilidades jurídicas prácticas. Desde su inicio de actividades en enero de 2023, la Clínica asesora de forma gratuita casos de desalojos, incumplimiento de contratos, desplazamiento por gentrificación y cortes de servicios.
En los casos en los que se da seguimiento, la mayoría de personas enfrenta dificultades para pagar renta, o bien, las condiciones contractuales no les benefician. En otros casos, sufren cortes de agua, luz y gas por arrendadoras al mínimo retraso en el pago, sin que la autoridad investigue o atienda la irregularidad de tales prácticas, ya que considera que es un asunto que “puede resolverse entre particulares”.
Día a día son múltiples las formas en que se ve vulnerado el derecho a la vivienda, como la falta de contratos de alquiler, los obstáculos para acceder a créditos o falta de apoyos, desalojos de edificios enteros por la remodelación para convertirlos en departamentos de lujo, o las incesantes construcciones que dejan a colonias enteras sin agua, por mencionar algunas.
Para seguir creando conciencia sobre la importancia de defender el derecho a la vivienda, el Programa de Derechos Humanos, el Departamento de Arte y la Clínica de Derecho a la Vivienda colaboramos para instalar la exposición “¿Techo parejo? Derecho a la vivienda adecuada”, que, desde el arte, invita a la acción colectiva, a sensibilizar y recuperar a la vivienda como lo que es: un derecho. La exposición se inaugura el 19 de agosto, estará abierta al público en la Galería Andrea Pozzo de la Universidad Iberoamericana y se planea que visite algunas otras partes de la Ciudad.
Ya desde el arte, la academia, o la defensa judicial, los frentes para reflexionar y defender la vivienda en crisis no son suficientes: se hace urgente sumar fuerzas y hacerlo de forma colectiva, tal como hace cien años hizo María Luisa Marín, que reunió a cientos de inquilinos para organizarse y luchar por condiciones equitativas de vivienda.
Daniela Sánchez Carro
Abogada y maestra en derechos humanos por la Universidad de Essex. Coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda “María Luisa Marín” y profesora de la Universidad Iberoamericana.