La política de seguridad de Claudia Sheinbaum muestra similitudes inquietantes con la de Felipe Calderón. Reúne los elementos necesarios para caracterizarla como una nueva guerra contra el crimen organizado: el Estado se vale de personal, lógicas y medios militares para alcanzar sus objetivos; los grupos criminales también utilizan tecnología, equipo y adiestramiento militar para combatir al Estado; las fuerzas estatales recurren a mecanismos extralegales para combatir a su enemigo; el nivel de violencia del país es peor que el de varias naciones en conflictos armados reconocidos.
Por supuesto, también hay diferencias. Para empezar, el narcotráfico de 2006 no es igual al monstruo del crimen organizado en 2026. Un contraste fundamental es el nivel de mediatización y ruido. Mientras que Calderón colocó la guerra contra el narcotráfico como pilar de su gobierno y discurso, Sheinbaum encabeza una ofensiva silenciosa y discreta. Los medios de comunicación no se cansaban de hablar de seguridad, drogas y operativos contra el crimen organizado durante el sexenio calderonista; hoy la violencia es uno de tantos temas en la agenda pública y las operaciones contra los grupos delictivos son notas pasajeras.
Este viraje responde a varias causas. Calderón buscó proyectarse como hombre fuerte y utilizó su posición como comandante supremo de las Fuerzas Armadas para legitimar su gobierno luego del conflicto postelectoral de 2006. Además, el presidente panista tenía una convicción genuina de que había que erradicar al narcotráfico de raíz, ya que las drogas tenían el potencial de romper la unidad de las familias mexicanas. Veía al crimen organizado como un enemigo del Estado de derecho y, por tanto, del proceso civilizatorio en México.
Sheinbaum, en cambio, evita contradecir de manera abierta la política “abrazos, no balazos” de López Obrador. Aunque en los hechos esa política quedó sepultada y la estrategia de seguridad de este gobierno es muy diferente, la presidenta jamás dirá que su mentor se equivocó y que el control territorial del crimen organizado creció durante su gestión. Por otro lado, la presidenta y su partido parecen tener la convicción de que el pueblo mexicano es inherentemente bueno y la participación de personas en actividades criminales responde más a factores económicos que morales. Por tanto, no es necesario presentar la batalla contra el crimen organizado como una cruzada para salvar el alma de México.
Estos factores conducen a Sheinbaum a mantener un perfil bajo para no contrariar al obradorismo duro, así como para evitar que la cobertura periodística de su gobierno se centre en el combate al crimen organizado. Por eso es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la cara visible de la estrategia de seguridad y el artífice de los golpes contra el crimen organizado. Mientras Sheinbaum habla cada tanto del tema —como uno más de su gobierno— y se concentra en presumir la reducción de los homicidios dolosos.
Los medios de comunicación también actúan diferente. Muchos celebraron los operativos de Calderón y su “determinación” para acabar con el crimen organizado durante los primeros años del sexenio. No obstante, varios analistas y periodistas se tornaron más críticos hacia 2010 o 2011, una vez que la violencia estalló, la tasa de homicidios se disparó y escándalos como el de San Fernando, Tamaulipas, salieron a la luz. Para ese momento Los Zetas mostraban un poder de fuego y un sadismo impensables, y varias regiones del país estaban en medio de conflictos armados entre distintos grupos criminales peleando por el control de plazas y entre éstos y las Fuerzas Armadas.
Además, durante el sexenio calderonista, cuadros prominentes del PAN respaldaban constante y vocalmente la política estelar del presidente. Al mismo tiempo, el PRD, el PT y Convergencia no se cansaban de denunciar las violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas del Estado en medio de la guerra contra el narcotráfico. Así, durante todo el gobierno de Calderón, los principales medios de comunicación y la clase política mantuvieron el foco de la conversación pública en la guerra contra el narcotráfico.
Con Sheinbaum la dinámica es diferente. Primero, la presidenta busca de forma deliberada que la conversación pública no tenga como centro los temas de seguridad y criminalidad. Segundo, Morena habla poco del tema para eludir el respaldo abierto a una política de combate militarizado al crimen organizado que muchos morenistas condenaron desde la oposición.
Tercero, analistas y periodistas críticos, junto con miembros de partidos políticos de oposición, condenaban en términos tan enérgicos la política de seguridad de López Obrador, que ahora aplauden con el mismo vigor el giro en la estrategia, celebrando que “se acabaron los abrazos”. Por ello no hay un clima de debate constante y dinámico sobre la estrategia de seguridad y la mejor manera de combatir al crimen organizado que caracterizó al sexenio de Calderón. Hay, más bien, un alineamiento callado de Morena y una celebración ruidosa de las oposiciones a la política de seguridad de Sheinbaum.
Otro elemento es la erosión ideológico-discursiva de los derechos humanos. Durante el sexenio calderonista, organizaciones internacionales y no gubernamentales, oposiciones partidistas y no partidistas, movimientos de víctimas y líderes de opinión usaban un lenguaje de derechos humanos para denunciar la violencia de la guerra contra las drogas y ese discurso resonaba en la esfera pública. Además, la CNDH emitía recomendaciones constantes en contra de la política de combate militarizado contra el crimen organizado.
Hoy los derechos humanos no están presentes en la conversación pública. Son un tema de nicho, que sólo las organizaciones no gubernamentales y los colectivos de víctimas utilizan. En tanto, la CNDH es una instancia de defensa de las decisiones del gobierno federal. Por si fuera poco, Morena desconfía de los derechos humanos al considerarlos parte del legado neoliberal. En suma, en el sexenio calderonista el lenguaje de derechos humanos formaba parte del repertorio político de denuncia y protesta de distintos grupos de ciudadanos. En contraste, en la administración de Sheinbaum los derechos humanos perdieron centralidad en la esfera pública y fuerza como discurso de denuncia.
Las diferencias no son triviales. El carácter silencioso de la nueva guerra contra las drogas entraña varios riesgos. El primero es que, en medio de la cobertura efímera de los grandes “golpes contra el crimen” (como la muerte del Mencho), olvidamos que la violencia persiste en varias regiones del país (como la prensa nacional ignora, en gran medida, lo que ocurre todos los días en Sinaloa).
En segundo lugar, el escrutinio público sobre la política de seguridad se redujo y ha sido sustituido por discursos celebratorios de la nueva estrategia, que no admiten matices: o se está a favor del combate militarizado al crimen organizado o se está en contra, con lo cual se es cómplice de los delincuentes. Por último, la erosión de los derechos humanos en la discusión pública implica que el foco de la cobertura mediática no se centre en las víctimas de la violencia, sino en otras cuestiones (como los efectos del abatimiento del Mencho en la relación con Estados Unidos o en la organización del Mundial).
Aunque las acciones del Estado mexicano para debilitar al crimen organizado y recuperar el control de su territorio son loables, los medios de comunicación tienen un papel fundamental que desempeñar en la cobertura de esta nueva guerra contra las drogas. El escrutinio público constante a cada decisión en materia de seguridad y a cada operativo militar, siempre poniendo a las víctimas en el centro, será clave para que los excesos, abusos y violaciones a derechos humanos de la primera guerra contra el narco no se repitan y para que no celebremos triunfos políticos construidos a costa de derrotas sociales.
Jacques Coste
Analista político, historiador y autor de Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Cursa un doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, donde estudia la transición democrática de México.