El 2 de junio México se reencontró con su historia. En su mayoría, quienes salieron a votar ese domingo avalaron de manera contundente el fin del ciclo de la llamada transición democrática, así como el retorno a los tiempos del presidencialismo centralizador y omnipresente con su partido hegemónico. El recuento de los daños y saldos pendientes del gobierno de López Obrador no fue suficiente para convencer a esa mayoría de hacer un ajuste de cuentas. La crisis en seguridad, militarización y violencia, el deterioro abismal de un sistema de salud ya de por sí insuficiente o la falta de inversión en educación pública no impidieron que los votantes aprobaran de forma mayoritaria su gestión y le dieran seis años más de gobierno a su proyecto.
Los análisis hechos hasta el momento enfatizan los indicadores de una mejora económica para amplios grupos sociales, así como las debilidades de la oposición. Se dice mucho menos de las razones que llevaron a una mayoría entre las clases medias y medias altas a aprobar con su voto lo que algunos llaman la regresión autoritaria. Quienes votaron por Morena para la Presidencia lo hicieron también en gran medida por sus candidaturas al Congreso, avalando de esa manera el proyecto de cambio de régimen que se repitió de manera insistente a lo largo de la campaña: reconfiguración del Poder Judicial, reforma para elegir a las autoridades electorales, eliminar la representación proporcional y suprimir los organismos autónomos. En suma, un cambio de rumbo que pretende dejar atrás al neoliberalismo y la transición democrática, pero en realidad trae a la memoria la época dorada del régimen priista clásico.
¿Cómo explicar entonces que un buen porcentaje de los grupos con más alto nivel educativo del país votaran por un proyecto que está reconstruyendo una ruta hegemónica que consolida al presidencialismo centralizado y la operación de un partido mayoritario con el control indiscutible del ejercicio legislativo? ¿Cómo explicar su acuerdo con la propuesta de elegir por voto popular a los integrantes del Poder Judicial, incluídos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, o a quienes organizarán las elecciones de ahora en adelante? A falta de una mejor respuesta no está por demás recurrir a la historia y buscar la explicación en los mecanismos que alimentaron el consenso en torno al viejo régimen priista del medio siglo veinte al que la mayoría de los votantes del 2 de junio parece querer regresar. Dicho en otras palabras, al “PRI bueno”, como me lo describió una votante cercana.
Un elemento central de este consenso fue la idea de un país que avanzaba por la vía del desarrollo y el progreso, y en el que la desigualdad se disimuló con un discurso de justicia social que amparaba el reparto de los beneficios indispensables para no alterar a los más ricos y mantener contentos a los pobres. En el mismo sentido, desde el reparto agrario cardenista hasta los aumentos salariales gestionados por los liderazgos obreros afines al régimen, los gobiernos del nacionalismo revolucionario alimentaron su hegemonía y se legitimaron con la noción de ser herederos de la Revolución de 1910. En comparación, el proyecto de lo que se autodenomina la Cuarta Transformación y que se asume heredero de esa gesta revolucionaria, se ganó la aprobación popular al construirse como la reivindicación del pueblo, los pobres, los traicionados por la oligarquía neoliberal, aunque la redistribución de la riqueza haya dejado intactos a los grandes capitales del país.
El consenso en torno al régimen priista se expresó también en un discurso en el que el pueblo, conducido por el presidente, recibía los beneficios de la Revolución y por tanto estaba en su derecho cuestionar, descalificar o reprimir a la minoría opositora, ya fuese a la que se acusaba de reaccionaria y clerical, o a la que se representó en el discurso oficial como sometida a los designios de Moscú. El régimen mantuvo a raya a las disidencias y oposiciones por medio del control electoral y la mayoría legislativa, el famoso “carro completo”, y aceptó su existencia sólo para legitimar su fachada democrática. No es necesario repetir, me parece, el trato despectivo que López Obrador y su aparato de propaganda utilizaron de manera cotidiana a lo largo de su gobierno en contra de los partidos de oposición, o de quienes defendieron en los espacios de la opinión pública la arquitectura de la transición democrática con el INE como emblema mayor. La construcción discursiva de un enemigo público encarnado en los “conservadores neoliberales” responsables de todos los males del país funcionó a la perfección, como puede verse en los resultados de la elección del 2 de junio.
El régimen priista aprovechó y fomentó el poco aprecio que hay en la cultura política mexicana por la legalidad. Desde su origen el apego a las leyes fue burlado en el ejercicio de la realpolitik que impuso gobernadores, protegió cacicazgos violentos, despojó a pueblos y comunidades, violentó expresiones públicas de desacuerdo, toleró si no es que premió a corruptos y siempre se justificó con el argumento de actuar por el bien común. El gobierno de López Obrador por su parte hizo de la impunidad un eje fundamental de su gobierno y demostró que es posible violentar amparos, pasar por encima de suspensiones dictadas por jueces, esconder miles de millones de pesos corruptos de la mirada pública a cambio de una demagogia repetitiva y fraudulenta de “buenos contra malos”. No, no era que los ambientalistas intentaran proteger con recursos legales al acuífero maya, en realidad eran corruptos conservadores utilizando el disfraz de ocasión.
Por último, los regímenes priistas del nacionalismo revolucionario contaron con el apoyo y complicidad de los medios de comunicación, así como con el control que ejercieron sobre la opinión pública. Habrá que analizar con detenimiento el papel que los medios contemporáneos jugaron en la reconfiguración de la opinión y en la construcción de los consensos que alimentaron una hegemonía obradorista tan parecida a la del viejo PRI. Millones de pesos invertidos en propagandistas y propaganda ocupando todos los espacios con un discurso burdo y polarizante, revistas conformadas por una nueva generación de intelectuales orgánicos que apelando al Sentido Común dejaron de lado cualquier atisbo de sentido crítico, comentaristas que orgullosos de su causa ocuparon espacios en las horas estelares de programas de opinión para repetir con mayor o menor grado de sofisticación las líneas dictadas desde el púlpito presidencial y su vocería.
Un presidente popular, demagogo y dicharachero tan parecido a algunos de sus antecesores setenteros, pudo mentir con toda impunidad ante la complacencia acrítica de los medios y la abierta justificación de su sinceridad. Difícil tarea la que vendrá ahora para quienes analizan la vida pública. La aprobación mayoritaria y el acuerdo social en torno a esas formas de hacer política complican si no es que inhiben las posibilidades de ejercer la crítica al poder.
En ese sentido uno de los fenómenos más interesantes de esta elección y de lo que está por venir es la fascinación que el nuevo régimen postransición ejerce sobre amplios grupos de académicos, universitarios y estudiantes. El rechazo a quienes fueron los intelectuales de la transición democrática se expresó sin duda avalando con el voto la mayoría del partido oficial en el Legislativo, aunque ello implicara hacer del siniestro Partido Verde la segunda fuerza partidaria en el Congreso. Para estos grupos la narrativa oficial es verdad aceptada casi acríticamente y no hay reclamo alguno a un gobierno que se negó a hacer una reforma fiscal, que cedió a las Fuerzas Armadas áreas clave del Estado a cambio de la opacidad, que ridiculizó y en el peor de los casos amedrentó a sus críticos exhibiéndolos todos los días en la conferencia de prensa presidencial. Los límites al abuso de poder que, se suponía, formaban parte de la construcción democrática quedaron borrados desde el momento en que quienes fueron expuestos por López Obrador y sus patiños (con la señora Vilchis en horario estelar) se encontraron con el escepticismo, si no es que con el rechazo o la burla cómplice, de quienes hasta el 2018 exigían límites al poder presidencial. No deja de ser paradójico que muchos de los que se asumen como herederos del movimiento estudiantil de 1968 conduzcan ahora sin ningún empacho la reivindicación en la práctica del régimen al que dijeron combatir.
Parecería entonces que en el subsuelo de la cultura política mexicana hay una añoranza por la figura que controla todo y decide por todos. La imagen de López Obrador abrazando y besando a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, a las puertas del Palacio Nacional es representativa del paternalismo autoritario que inunda todos los ámbitos de la vida política mexicana y que parece seguir fascinando a muchos. En una demostración expresa del triunfo personal que supuso designarla sucesora, hacerle la campaña y llevarla a la Presidencia, López Obrador no pudo disimular la alegría que tendría un orgulloso padre o un exigente profesor con su mejor alumna. ¿O será tan sólo que los pactos se sellan también a besos?
Si la reforma al Poder Judicial avanza como todo hace suponer, quienes han resistido al poder en estos años serán los que resientan en primera instancia sus efectos: ambientalistas, comunidades en lucha contra el despojo, organizaciones civiles, de defensa de los derechos humanos o de víctimas de la violencia, verán que los fantasmas que creímos no regresarían gozan de cabal salud y se aprestan a pasarles por encima con la complicidad de quienes vociferan a voz en cuello su mayoría, tal y como lo hicieron sus antecesores, los viejos priistas.
Elisa Servín
Dirección de Estudios Históricos, INAH
Nadie está exento del encanto autoritario. Ahí tenemos a Ortega y Bukele, Maduro y Noboa o Milei. Y antes de ellos estuvo Singapur.
Si los pesos y contrapesos no están bien diseñados, causan más daño que bien. Tenemos el caso de la fiscal general en Guatemala quien retrasó todo lo que pudo la llegada de un presidente electo democráticamente. En EEUU las negociaciones del tope presupuestario se han hecho más difíciles, haciendo peligrar la economía mundial y provocando que las agencias calificadoras redujeran levemente la calificación de los bonos del tesoro de EEUU.
Creo que en México y EEUU la gente no es que quiera un gobierno autoritario, sino un gobierno sin parálisis, que pueda llevar a cabo sus planes de gobierno; si no resultan, se cambian para la siguiente elección. Entonces, el problema es cómo crear un gobierno que tenga libertad de acción sin poner el peligro las instituciones democráticas; quizá aquí no nos ayude ver al norte (casi siempre los copiamos de manera acrítica), tienen los mismos problemas.
El error de la oposición fue criticar a obrador por la eliminación de instituciones, sin proponer alguna visión alternativa de qué cambios debían hacerse; sin darse cuenta que la población exige un cambio.
Los votantes no son tontos, aunque haya quienes dicen que hacerles caso es populismo. El uso de matemáticas no hacen que una disciplina sea una ciencia; la astrología usa matemáticas pero no es ciencia. Las estadísticas son engañosas; si yo ceno un pollo entero y mi vecino no cena nada, en promedio ambos cenamos medio pollo.
Las estadísticas dicen que la economía de EEUU está mejorando, pero la gente no siente esa mejora; lo peor son los menajes que le echan la culpa a la gente por no aceptar las medidas macroeconómicas y hacer caso a sus propias percepciones del día a día. La inflación ha disminuido, pero los precios siguen aumentando y ahora la población ya no siente que morirá rápidamente sino que tendrá una muerte lenta y dolorosa.
Los salarios en EEUU no han aumentado, aunque el desempleo ha disminuido. Los medios dicen que este fenómeno es debido a la llegada de migrantes, quienes tiran hacia abajo los salarios (poco probable que la gente acepte a los migrantes con estos mensajes). Los mismos medios aseguran que esto es bueno,que los salarios no aumenten, pues si aumentan traerán presiones inflacionarias, y que gracias a que la gente pierda poder adquisitivo es que se está controlando la inflación. Así que los medios concluyen que si la inflación baja y los empleos aumentan en número, entonces la economía tiene buena salud. Los funcionarios de la Reserva Federal han declarado públicamente que la disminución de la inflación no se debe a los bajos salarios, pero los comentaristas económicos no les hacen caso.
Al parecer Obama había dejado EEUU con buena situación económica, pero nadie se percató que, si se analizaba estado por estado (después de todo EEUU es un país federal) había estados que incluso habían disminuido 11% su PIB, y que Puerto Rico estaba en bancarrota (pero sin mecanismos legales que permitieran prestarle ayuda).
Si Biden quiere ganar, tendrá que volverse un poco «populista» y tirar un salvavidas a la población, Después de todo, la guerra comercial con china, la ley de chips y la ley de reducción de la inflación ya rompen con todas las reglas de la OMC.