El 27 de julio se dio a conocer la lista de las mejores universidades del mundo de acuerdo con los QS World University Rankings 2024. En esta evaluación, la UNAM ocupa el lugar 93, lo que la sitúa en el selecto grupo de las 100 mejores universidades del orbe.1 Este avance se ha dado en los últimos ocho años, pues al inicio de la gestión del rector Enrique Graue Wiechers, esta institución se encontraba en el sitio 160. Pero a pesar de los innegables logros académicos y del reconocimiento que ha alcanzado en el mundo entero, es actualmente la institución de enseñanza superior e investigación del país más agredida desde el poder político.
Los avances académicos y los incesantes ataques de los gobernantes forman parte del escenario en el que hoy se desarrolla el proceso para la designación de la persona que este año tomará el lugar de Graue, y aunque la selección inicia formalmente en septiembre próximo, cada día surgen nuevos elementos que buscan incidir en la decisión de la Junta de Gobierno. En un texto previo describí algunos de los factores que a mi juicio juegan un papel importante en este proceso. El propósito del presente artículo es examinar los acontecimientos más recientes en torno a la designación del rector que pueden darnos una idea sobre cómo evoluciona este fenómeno en un año de definiciones en distintos aspectos de la vida del país.
La búsqueda de transparencia
La comunidad universitaria es plural, y por lo tanto caben las distintas expresiones sobre cómo debe ser el proceso de elección de sus autoridades. Por ejemplo, hay quienes coinciden con las iniciativas surgidas desde el gobierno actual y del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que juzgan que la elección por la Junta de Gobierno es un procedimiento antidemocrático por lo que debe derogarse la actual Ley Orgánica para abrir paso a procedimientos en los que el rector y los directores puedan ser electos mediante votaciones. También hay sectores se oponen a estos métodos, pues a su juicio provocarían inestabilidad al generar un ambiente semejante al de los procesos electorales que realizan los partidos políticos, con actos proselitistas, ataques y triquiñuelas para imponer a uno u otro candidato mediante campañas que ponen en el centro las simpatías personales o ideológicas, al margen de los méritos académicos.
Pero también hay quienes consideran que, ante la imposibilidad de modificar por ahora la Ley Orgánica, deben realizarse cambios en los procedimientos que sigue la Junta de Gobierno para hacerlos más transparentes y cercanos a los universitarios; parece un planteamiento razonable que amerita la discusión. Mediante una carta dirigida a la Junta de Gobierno, proponen cinco medidas para impulsar estos cambios. En los tres primeros puntos señalan que los proyectos y currículos de los aspirantes deben ser difundidos ampliamente entre la comunidad universitaria y la sociedad. Quizás se olvida que la Junta de Gobierno ya introdujo esa modalidad, desde la convocatoria de 2015, en la que se asienta:
e) Una vez integrada la lista de las personas que serán entrevistadas, se solicitará a las autoridades de esta casa de estudios que los medios de comunicación universitarios (radio y TV) les otorguen espacio para presentar sus programas de trabajo…
Las semblanzas de los candidatos así como los programas de trabajo aparecieron publicadas ese año en la página web de la Junta. Aprovecho para compartir aquí una experiencia. Hace algunos años era frecuente que las distintas comunidades invitaran a los aspirantes a la Rectoría a presentar sus ideas en sesiones en que recibían y respondían preguntas. Así ocurrió en 2007. Recuerdo una intervención memorable del jurista Diego Valadés y las de otros candidatos, que fueron invitados por el Colegio del Personal Académico de un Instituto en una sesión en la que hubo una discusión académica del más alto nivel a la que tuve oportunidad de asistir. Experiencias de este tipo organizadas en un marco universitario de respeto muy bien podrían repetirse como iniciativas provenientes de la comunidad y no como exigencia a la Junta de Gobierno.
El resto de la propuesta es más difícil de llevar a cabo, como la transmisión de las sesiones de la Junta de Gobierno y la publicación de los resultados de las distintas rondas de votaciones. En las deliberaciones para elección del rector, las reuniones de los integrantes de la Junta son diarias; en mi opinión se corre el riesgo de que ocurran, en torno a cada una de ellas, manifestaciones para expresar acuerdos o desacuerdos con los argumentos de quienes integran ese órgano de gobierno. En fin, esta es mi opinión y seguramente habrá otras diferentes.
Si bien propuestas como las que comento resultan interesantes y ameritan ser discutidas, el principal problema es que en este caso no están respaldadas por algún universitario o grupo de la comunidad visibles. En la página de Internet desde la que se promueven no aparece ningún responsable o responsables; lo mismo sucede en su cuenta de Twitter, lo que desafortunadamente, hasta ahora, le da el carácter de propuesta anónima.
Como quiera que sea, es probable que la Junta de Gobierno esté examinado algunas opciones para acercar más a la comunidad a este proceso —como la innovación que se introdujo en 2015—, pero eso dependerá, sin duda, de las condiciones de estabilidad interna en este año.
¿Posibles candidatos?
Algunos universitarios que aspiran a la rectoría de la Universidad Nacional comienzan a asomar, aunque de manera todavía tímida, sin declarar abiertamente su interés y decisión por participar en ese proceso; sin embargo, al aceptar aparecer públicamente en espacios dedicados al tema de la sucesión en la UNAM, quiéranlo o no, están expresando esa intención.
Como lo he señalado en este mismo espacio, las listas de personas “mencionadas en los pasillos universitarios” con posibilidades de sustituir al actual rector no tienen la relevancia que adquiere el listado que hace la Junta de Gobierno luego de recibir la documentación de quienes se registran a partir de la convocatoria que se publica en el mes de septiembre. Pero recientemente apareció un listado que llama mucho la atención, pues incluye entrevistas con cinco integrantes de primer nivel del equipo del rector Enrique Graue.
Se trata de una iniciativa del periódico Excélsior, que reunió a siete universitarios a los que el diario considera con posibilidades de alcanzar la Rectoría, y que aceptaron ser entrevistados para hacer públicos sus puntos de vista acerca de la institución. En este grupo se encuentran el secretario administrativo, Luis Agustín Álvarez-Icaza Longoria; la secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dolores Dávila Aranda; el titular de la Coordinación de la Investigación Científica, William Lee Alardín; el secretario general, Leonardo Lomelí Venegas y la coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García. A esta lista el periódico agrega al director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante y al director general de Evaluación Institucional, Imanol Ordorika Sacristán.
Es importante mencionar que en las próximas semanas y meses aparecerán otros nombres. Faltan, por ejemplo, algunos directores de escuelas, facultades e institutos con méritos académicos suficientes; no hay que olvidar que en los últimos años los seleccionados para ocupar el cargo han sido directores. Quizás varios de los que aquí aparecen podrían declarar, al acercarse la fecha de la convocatoria, que aceptaron ser entrevistados pero que no participarán en la contienda por la Rectoría. En mi opinión algunos de los funcionarios que aquí se mencionan llegarán a la lista final y serán entrevistados por la Junta de Gobierno.
La presencia de cinco integrantes del equipo cercano al rector puede ser vista como una señal de arranque que atraerá sin duda expresiones en favor de otros universitarios que aspiran a ocupar la Rectoría. Es muy probable que en las próximas semanas asistamos a la multiplicación de estas menciones.
Los conflictos estudiantiles
Además de los eventos internos como los señalados, hay otros que muestran la intervención de actores externos que pretenden influir en este proceso.
Los conflictos estudiantiles en los planteles universitarios han tomado una condición especial, pues tienen como telón de fondo el inicio de la contienda por la Presidencia de la República con destapes anticipados y la proximidad de la elección del rector.
Desde luego hay problemas reales que estimulan la protesta del alumnado, como las agresiones sexuales a alumnas y la lucha por la equidad de género; las malas condiciones para el estudio en algunos planteles, la inseguridad en las instalaciones, el rechazo al porrismo, la suspensión de becas o arbitrariedades de alguna autoridad, entre otras. Pero la constante es que, a los reclamos que pueden ser muy justos y deben ser atendidos, se suma la presencia de grupos que tienen propósitos diferentes y se adueñan de estas demandas.
Ante el primer brote de descontento por causas reales o provocadas, aparecen personas con el rostro cubierto que ocupan las escuelas, organizan asambleas o se suman a las del alumnado, redactan pliegos de peticiones ampliados artificialmente que rebasan las causas originales, y declaran paros de actividades; esto es frecuente en planteles del bachillerato, en particular los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), y en algunas (pocas) facultades. Las protestas incluyen actos de violencia, destrucción de mobiliario y equipos en los planteles de origen o en la Ciudad Universitaria (CU). Recuento algunos ejemplos.
El 8 de mayo de este año, un grupo de encapuchados que partió del CCH-Sur llegó a CU enarbolando una diversidad de demandas. Asaltó la Dirección General del CCH y la Dirección General de Presupuesto, retuvo al personal que labora en esos lugares, causó destrozos, y bloqueó por varias horas la Avenida Insurgentes incluido el paso del Metrobús. En un comunicado, la UNAM informó:
Los y las encapuchadas rompieron los cristales, cortaron los cables de electricidad e internet, así como las protecciones de ventanas. Dañaron equipos de cómputo, electrónico, de fotografía, de video, y mobiliario en general de las oficinas de las dos direcciones […] En diversas ocasiones se les ofreció establecer diálogo con el propósito de conocer y atender sus demandas, lo que durante varias horas rechazaron.
Otro ejemplo reciente es el conflicto provocado por la cancelación de las “Becas Elisa Acuña de apoyo a la manutención UNAM 2023-2”; es interesante, pues los fondos provenían de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Federación suspendió los recursos para este Programa, lo que lo convierte en un asunto asociado a una causa externa. Puede tratarse de un efecto de la política de austeridad que afecta a la propia SEP, pero seguramente alguien sabía que esta suspensión podría ser terreno fértil para las protestas en la Universidad Nacional.
Por esta causa hubo paros en cuatro Facultades: Filosofía y Letras, Ciencias Políticas, Ingeniería y Economía. Un aspecto importante es que las mantas que se portaban durante los mítines se referían a temas que no eran propiamente las becas, sino que apuntaban a los mecanismos de elección del rector: exigían la desaparición de la Junta de Gobierno y la reforma a la Ley Orgánica. Finalmente, tras el anuncio de que la UNAM cubriría las becas con recursos propios, el conflicto se diluyó.
Otra protesta reciente fue protagonizada por un grupo reducido de alumnos y encapuchados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y Diseño. La protesta fue llevada a CU donde, contrario a lo que uno esperaría de un artista plástico, intentaron destruir a martillazos el relieve de David Alfaro Siqueiros ubicado en la fachada de la Torre de la Rectoría y de paso propinaron un golpe en la cabeza a un vigilante con un mazo, afortunadamente sin consecuencias graves.
Esto obliga a las autoridades universitarias a dedicar permanentemente esfuerzos para desactivar estas acciones, estableciendo canales de comunicación, mesas de diálogo y buscando soluciones a las demandas planteadas… Pero en ocasiones esto resulta inútil.
Desde luego, surge la pregunta sobre quién o quiénes están detrás de estos grupos, los alientan o financian. Es una interrogante difícil de responder, aunque algunos analistas experimentados han aportado datos según los cuales, estas acciones provienen del gobierno de la llamada Cuarta Transformación (4T). En su artículo publicado en el diario La Crónica, Rafael Cardona incluye nombres y da detalles de algunos grupos generadores de conflictos en la UNAM, vinculados con el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama y el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas. En una columna publicada en El Universal, Salvador García Soto señala: “Detrás de las campañas de golpeteo mediático, de agresiones porriles y de ataques a la UNAM y a su rector Enrique Graue, aparece la mano del vocero presidencial, Jesús Ramírez”. Añade: “Fuentes universitarias aseguran que el Gobierno de la CDMX es la mano negra detrás de los encapuchados del bloque negro universitario, que cada que quieren violentan impunemente lo que pueden dentro de la UNAM”.
Es muy probable que conforme se aproxima la fecha de la designación del rector aparezcan nuevos eventos como los señalados, los cuales pueden tomar tintes de mucha gravedad si la violencia se lleva al extremo.
Ataques al rector y a la UNAM
Citando como fuente “documentos de autoridades financieras”, Mario Maldonado publicó el 27 de abril en su columna de El Universal, que el rector Enrique Graue realizó entre 2017 y 2023 gastos por casi 80 millones de pesos destinados a la compra de “bienes de lujo y viajes”. Los números en su texto son confusos, pero destaca la enorme cifra de 463 viajes internacionales supuestamente realizados por el rector de la UNAM entre 2015 y 2020. Al día siguiente Graue respondió a las acusaciones mediante una carta dirigida a los principales directivos del periódico en el que apareció la columna, y luego durante una visita programada en la Cámara de Diputados.
En la misiva, dirigida a Juan Francisco Ealy Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración y a Juan Francisco Ealy Jr., vicepresidente de El Universal, el rector de la UNAM rechaza de manera tajante lo que califica como “infundios grotescos y falsas aseveraciones” sobre sus gastos personales y actividades propias de su cargo que “tienen la clarísima intención de desprestigiar la figura de la rectoría y confundir a la sociedad con propósitos que son difíciles de ocultar en momentos como los que vivimos”.
Graue señala en su carta que tanto sus ingresos como los viajes que ha realizado en su calidad de rector (cuyo número es inverosímil y fuera de toda realidad), están a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Unidad de Transparencia de la UNAM. Y como a su juicio el artículo de Maldonado lacera su prestigio y pone en riesgo su seguridad personal y la de su familia, se reserva el derecho de presentar una demanda.
La postura de los partidos
Como sea, los contenidos en el artículo citado ya se habían difundido ampliamente y tuvieron eco en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Luego de enviar la carta citada, Graue Wiechers respondió ese mismo día a las agresiones en su contra durante la “Entrega de los estados financieros dictaminados de la cuenta pública de la Universidad Nacional Autónoma de México correspondiente a 2022”. Acompañaron al rector el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Venegas, y el secretario administrativo, Luis Álvarez Icaza Longoria, dos de los funcionarios universitarios que, como hemos visto, han sido señalados como posibles sucesores de Graue en la Rectoría. Es importante detenerse en esta reunión entre legisladores y autoridades de la UNAM para entender en parte el origen de las imputaciones.
Después de la presentación del resumen del informe financiero a cargo del representante del Patronato Universitario, Jonathan Davis Arzac, se abrió la sesión de preguntas e intervenciones de los diputados, que mostró una división importante en las posturas de los partidos políticos frente a la UNAM y al rector; mientras legisladores del Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) les expresaron un abierto respaldo, los representantes del Partido Morena y sus aliados hicieron severas críticas a Graue y a la institución que encabeza.
Así, el presidente de la Comisión organizadora de la reunión, el priista Pablo Angulo Briseño, expresó su respaldo a la autonomía universitaria y reconoció la transparencia con que la institución maneja sus recursos. Carolina Viggiano, del mismo partido, se pronunció a favor de la autonomía, la diversidad y pluralidad que caracterizan a la UNAM. El diputado Marco Mendoza, de la misma bancada, fue más allá y expresó abiertamente el respaldo del grupo parlamentario del PRI a la UNAM. Por su parte, María Elena Pérez-Jaén, del PAN, señaló su respaldo total a la institución y el apoyo de su partido para que la Universidad vaya al fondo y se respete la legalidad en el caso de la ministra Yasmín Esquivel.
En contraste, los diputados de Morena y sus aliados, haciendo eco al artículo de Maldonado, reclamaron al rector y le pidieron explicaciones por fondos empleados supuestamente de manera anómala, así como todo un abanico de temas alejados de las finanzas universitarias —motivo de la reunión—, que iban desde cuestionar los grados académicos del rector hasta la reincorporación a la institución de los exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, pasando por la abierta defensa de la ministra Yasmín Esquivel.
Con tranquilidad y mucha firmeza, el rector de la UNAM respondió a cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron; dejó en claro lo falso y absurdo de los mismos, sin dejar uno solo sin respuesta. La sesión completa puede verse aquí.
En opinión de Nemesio Ibañez Díaz, representante de la Auditoría Superior de la Federación en la sesión citada, la UNAM dio respuesta puntual a los requerimientos de la Auditoría y al mismo tiempo, destacó el manejo transparente de los recursos por parte de la institución.
Nuevos ataques en la mañanera
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador realizada el 19 de junio, el representante de la revista Contralínea, Zósimo Camacho, acaparó por casi una hora la sección de preguntas y respuestas. Más que interrogantes, se trataba de intervenciones en las que lanzaba acusaciones a diferentes personas e instituciones, supuestamente basadas en “investigaciones periodísticas”; posteriormente, preguntaba su opinión al primer mandatario.
Los ataques los dirigió primeramente a Marcelo Ebrard, uno de los posibles candidatos a la Presidencia de la República por Morena, y al rector Enrique Graue Wiechers y a algunas dependencias de la UNAM. En los tres casos el denominador común fue el señalamiento de actos de corrupción, ante los cuales el presidente externaba sus juicios acompañándolos de largas disertaciones con sus ideas sobre la corrupción que a fuerza de su repetición se han convertido en lugares comunes. Dado que los ataques a Ebrard escapan al tema que ahora nos ocupa, sólo diré que resulta obvio que quienes le abrieron tan generosamente el espacio a Camacho en la mañanera, consideran al excanciller un enemigo de la 4T.
A Graue se le acusó esta vez de algo diferente. Ahora se trataba de la Fundación Conde de la Valenciana que él preside, diciendo que más que una organización altruista se trataba de un negocio del rector. Para ello empleó argumentos falsos, como el uso de esta institución para realizar especulaciones financieras o la transferencia de millones de pesos a Graue.
En este punto el presidente tomó una posición que tuvo un tono amenazante:
…tanto la oficina de Inteligencia Financiera de Hacienda, como el SAT, están haciendo revisiones sobre cómo operan estas fundaciones, si realmente ayudan a la gente o son mecanismos creados para evadir el pago de impuestos o para lavar dinero […] [Se debe] presentar ante la autoridad competente la denuncia, que puede ser el SAT, si se trata de una evasión en los impuestos [o] la falta de actualización en el pago de impuestos; o si es un delito, un presunto delito de lavado de dinero, a la Fiscalía de la República y luego a los jueces.
Lo primero que hay que señalar es que Graue es un médico cirujano especialista en oftalmología, que cuenta además con estudios de alta especialidad en el extranjero. Goza de gran reputación y prestigio profesional como oftalmólogo, tanto dentro como fuera de México. A pesar de los diversos cargos universitarios en los que se ha desempeñado, como el de director de la Facultad de Medicina (e incluso al inicio de su rectorado), seguía atendiendo algunos pacientes en el consultorio. Su contacto con la oftalmología y la atención de enfermos es permanente y desde 2002 preside una Fundación que brinda asistencia médica a la población que lo requiere.
Ante los ataques recibidos en la mañanera, nuevamente su respuesta fue inmediata. El 20 de junio el rector explicó cómo se obtienen los recursos de la Fundación, cómo se emplean y quiénes verifican su correcto manejo. La Fundación Conde de la Valenciana, explicó Graue en un comunicado, es una institución de asistencia privada sin fines de lucro en la que anualmente se realizan más de 355 000 consultas médicas, 92 000 estudios para el diagnóstico y 34 000 cirugías y procedimientos menores. Hasta ahora millones de mexicanos de diferentes estratos socioeconómicos se han beneficiado de estos servicios, la mayoría de ellos —agrego yo— son pobres, como muchos de los que acuden a sus unidades localizadas en el Instituto Nacional de la Nutrición o en la Cruz Roja.
Los recursos para realizar estas acciones médicas provienen de cuotas de recuperación aportadas por los pacientes de acuerdo con un estudio socioeconómico y por los donativos de personas que quieren contribuir con esta labor asistencial. Los estados financieros de la Fundación son auditados por despachos externos y por la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Graue no desempeña ninguna función administrativa y su participación se limita a coordinar las reuniones periódicas del Patronato para supervisar la marcha de la institución. En su comunicado precisa que los ingresos gravables se cubren puntualmente y pueden ser objeto de revisión por parte de las autoridades hacendarias.
En ningún momento se refirió al presidente ,y aunque se trata de un tema relacionado con una fundación privada, su comunicado está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad mexicana, pues en realidad el objetivo que se persigue es debilitar a la rectoría y a la UNAM. Como él mismo lo señaló: “Pretenden vulnerar mi reputación y honorabilidad, además de debilitar el prestigio y la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México”.
Lo anterior muestra que hay una campaña bien orquestada en contra del rector con personas dedicadas a escudriñar su vida y las actividades que realiza, buscando doblegarlo, algo que no han conseguido. Y es difícil que lo logren, pues un sector muy amplio de la comunidad universitaria entiende que se trata de un ataque que proviene del poder político en contra de la Universidad Nacional y cada día surgen más voces que expresan su respaldo al rector y cierran filas con él para defender la autonomía de la institución.
¿Descalificación de aspirantes?
En la mañanera hubo un tercer elemento relativo a la UNAM, que curiosamente esta vez no estaba dirigido al rector Graue, pero que tiene implicaciones en la elección del próximo rector. En sus reiteradas intervenciones, Zósimo Camacho habló de desfalcos millonarios en una entidad universitaria, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), mencionando por su nombre a su actual director, César Augusto Domínguez Pérez-Tejada. Señaló que hay una investigación interna cuyos resultados no se dan a conocer a la sociedad ni se informan a las autoridades competentes. A diferencia de lo que sostiene Camacho, hay una aclaración —aunque no oficial— en una entrevista publicada en una revista (Proceso, 2393. 11 de septiembre de 2022 pp. 68-71) en la que el director de la DGDC rechaza que se hayan cometido actos de corrupción en la dependencia a su cargo, y que se trata más bien de errores administrativos en los que reconoce incurrieron uno de sus colaboradores y él mismo.
No voy a profundizar por ahora en este tema. Sin embargo, es relevante, primero, porque al introducirse en la mañanera con la venia del presidente adquiere una dimensión nacional; en segundo término, porque tiene que ver con el proceso de elección del rector dado que la dependencia universitaria mencionada está adscrita a la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM, cuyo coordinador es William Lee Alardín, quien también ha sido mencionado como un posible sucesor de Graue.
En este “diálogo circular” por encargo, el presidente hizo un reconocimiento a Zósimo Camacho y a su medio:
Todo lo que tiene que ver con corrupción hay que denunciarlo, sea quien sea. Desde luego, no fabricar delitos, no perseguir a nadie, no utilizarlo como propaganda en contra de adversarios, pero no quedarnos callados. Y el trabajo que ustedes hacen de investigación es muy bueno, mucho muy bueno…
Los orígenes de los ataques al rector
Mario Maldonado es un articulista muy influyente que recibe continuamente información de diversas fuentes, por lo que las acusaciones que ahora transmitió en su texto provienen de grupos interesados en dañar al rector y a la UNAM. Estos, como veremos, poco a poco se van visibilizando.
El propio Maldonado nos da una pista en su artículo al sugerir que, en el origen, está el caso de la ministra Yasmín Esquivel:
El conflicto entre la ministra Yasmín Esquivel y el rector de la UNAM Enrique Graue, está al rojo vivo […] La ministra se ha mantenido contra la pared por el presunto plagio del que se le acusa sobre sus trabajos de titulación. Pero el boomerang de la política ha alcanzado también a Graue.
De acuerdo con esto, sería entonces la todavía ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —o quienes desean mantenerla en ese cargo a toda costa— quienes estarían en el origen de las acusaciones al rector, con la intención de impedir la difusión o influir en el contenido de las conclusiones del Comité Universitario de Ética en relación con el plagio cometido por Esquivel.
Como señalé antes, Graue envió una misiva a los directivos de El Universal y el periódico publicó la carta del rector acompañada de una respuesta de Mario Maldonado en la que éste señala que la información que incluyó en su artículo proviene de un documento oficial de las autoridades financieras que le hicieron llegar de una forma anónima, y añade un dato interesante:
Una investigación de este tipo sólo puede provenir de una autoridad, cuando una persona física o moral se encuentra bajo investigación.
Significa que hay una investigación en marcha en contra del rector, como lo ratificó el presidente en la mañanera en el caso de la Fundación Conde de la Valenciana, que estaría a cargo de la Unidad e Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Pablo Gómez Álvarez, quien fuera un destacado dirigente estudiantil y que se ha pronunciado reiteradamente por la modificación de la Ley Orgánica de la UNAM. También tiene su origen en el Sistema de Administración Tributaria (SAT). Es público que ambas instancias actúan por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de quienes considera sus adversarios, no siempre respetando el marco legal vigente.
En las agresiones a Graue, como hemos visto, también se han sumado los legisladores del partido oficial y sus aliados que actúan lastimosamente mediante la “obediencia ciega” que les ha exigido el presidente.
Aunque la revisión de los estados financieros por parte de la autoridad tiene aroma de ilegalidad, el rector se ha declarado dispuesto en todo momento a la revisión por parte de la UIF y el SAT.
Volviendo a la mañanera, en su columna publicada en Milenio el periodista Carlos Marín describe a Zósimo Camacho de esta manera:
Entre los falsos “periodistas” con asiento en las mañaneras figuran malandrines como un tal Zósimo Camacho, quien el lunes 19 ejecutó la instrucción de calumniar a Marcelo Ebrard y al rector de la UNAM, Enrique Graue.
Marín propone en su peculiar estilo dos posibles explicaciones para entender los ataques del editor de Contralínea al rector:
El infame ataque hiede: a) rastrero guiño al mandatario que ve “derechizada” a la UNAM, inscribiendo el embuste en el año (hacia finales) del proceso sucesorio de la Rectoría, o b) porril servicio a la ministra Yasmín Esquivel en su necedad por silenciar a la UNAM sobre el plagio de su tesis…
Y Raymundo Riva Palacio, quien también asocia los ataques al rector y a la UNAM con el plagio de la ministra Esquivel, señala en un artículo publicado en el periódico El Financiero:
Desde hace más de dos meses hay una campaña desde las cañerías de Palacio Nacional contra el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, para descalificarlo públicamente y desacreditar a la UNAM, sembrando la idea de que es una institución empapada en corrupción…
Contralínea es una de las publicaciones que reciben información del Centro Nacional de Inteligencia para denostar a medios y periodistas independientes, difundiendo información que tiene carácter reservado, por lo que viola la ley, pero en concordancia con la línea marcada por el jefe de la propaganda en Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, que oficialmente es vocero presidencial.
Aunque no hay manera de demostrarlo de manera directa (como ocurre con la mayoría de los actos ilegales), de acuerdo con algunos de los principales periodistas y analistas que he citado, el orígen de los ataques al rector de la UNAM y a la institución que representa, provendrían del interior del Palacio Nacional…
La elección presidencial y la UNAM
Uno de los acontecimientos con mayor presencia en torno a la designación del próximo rector o rectora de la UNAM es la coincidencia en el tiempo con el proceso para elegir al presidente de la República. A partir de junio, la actividad para la selección de los candidatos de los diferentes partidos para sustituir al actual jefe del Poder Ejecutivo se ha intensificado. Las dos principales fuerzas políticas: la coalición gobernante y el Frente opositor han definido ya los mecanismos para decidir quién será su abanderado en las elecciones del 2 de julio de 2024.2
La selección de tres de los seis precandidatos por la coalición gobernante ha sido en cierto sentido una buena noticia para la UNAM, pues Marcelo Ebrard Casaubón, Ricardo Monreal y Claudia Sheimbaun han expresado, desde antes de iniciarse esta competencia, posturas favorables hacia la UNAM que contrastan con las expresiones agresivas del presidente López Obrador hacia la máxima casa de estudios.3 Las ideas de los otros tres contendientes sobre la Universidad Nacional son aún una incógnita.
Por el lado opositor, los mecanismos para seleccionar precandidatos empezaron tardíamente y en el momento de escribir estas líneas está por definirse la lista definitiva de las personas de la que saldrá el candidato o la candidata de este grupo, pero los partidos que componen este Frente han manifestado su respaldo a la UNAM ante los continuos ataques del Jefe del Ejecutivo.
Las reglas que han decidido son diferentes en cada grupo. En el caso de la coalición oficialista, las personas seleccionadas por Morena para participar en esta carrera no podrán expresar —por decisión presidencial— sus programas de gobierno ni realizar debates, lo que reduce la posibilidad de que expongan claramente sus ideas sobre la educación superior, la ciencia y la tecnología, y desde luego sobre la UNAM. Contarán por supuesto sus antecedentes, sus ideas previas en relación con estos temas, algunas de las cuales son bien conocidas como puede verse aquí. También serán importantes las actividades que realicen por fuera de esa contienda.4
En contraste, las reglas de la coalición opositora para elegir a su candidato tienen un mayor margen de libertad. Se cuenta con una base pues, por ejemplo, los tres partidos que la integran se han manifestado en contra de la actual política de ciencia y tecnología —en coincidencia con la postura de la UNAM—, e incluso han planteado una controversia constitucional. En los próximos meses conoceremos sus ideas sobre la educación superior y la UNAM ya que el proceso acordado por este Frente sí incluye presentaciones públicas e intercambio de ideas, sobre las que habrá que estar atentos.
Como vemos, a nivel externo habrá una actividad política frenética y el calendario es muy relevante. Al iniciar septiembre quedarán definidos los candidatos a la Presidencia de la República, tanto del partido oficial y sus aliados —anunciado el 6 de septiembre— como por el Frente de partidos de oposición que lo dará a conocer unos días antes, el domingo 3 del mismo mes. Por su parte, la Junta de Gobierno de la UNAM emitirá la convocatoria para la elección del rector hasta la última semana de septiembre.
De este modo la Junta se encuentra en una posición ventajosa, pues conocerá de antemano el nombre y la postura de estos personajes respecto a la UNAM, lo cual será un insumo muy importante para la decisión final sobre quién será el rector a partir del 16 de noviembre de este año. Aunque esto es sólo una especulación, estoy convencido de que a la Junta de Gobierno le importará mucho quién pueda ser el próximo presidente o presidenta de México al tomar su decisión final.
Elementos para la discusión
La UNAM tiene como valores centrales las libertades de cátedra e investigación, y a partir de su autonomía puede definir, con base en estos principios, sus políticas para la enseñanza y la investigación tanto en las ciencias como en las humanidades. En la actualidad esta política no coincide con la que ha planteado el gobierno federal. Al tratarse de la más importante institución de educación superior e investigación en México, el examen de los procesos para la selección de sus autoridades adquiere importancia en los estudios sobre la educación y la política de ciencia y tecnología; de los resultados a los que arribe, pueden desprenderse cambios determinantes para el desarrollo de estas áreas y del país.
Los hechos examinados aquí permiten anticipar una mayor participación de los universitarios en la discusión sobre el cambio de sus autoridades y en la aparición de posibles candidatos para suceder a Graue. Estamos a escasos dos meses de que la Junta de Gobierno emita la convocatoria formal y es de esperarse que en las próximas semanas esta presencia se exprese con mayor intensidad —pero desafortunadamente no será la única. Como hemos visto predominan signos ominosos, como los ataques a la UNAM y al rector; estos, como lo ha señalado el propio Graue Wiechers, tienen: “… propósitos que son difíciles de ocultar en momentos como los que vivimos”.
¿Cuáles son los “momentos” a los que se refiere? El proceso para la elección de un nuevo rector, el dictamen ( ya concluido) del Comité Universitario de Ética sobre el plagio cometido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, así como la disputa de los partidos políticos por la Presidencia de la República. El debilitamiento de la autoridad universitaria mediante las instituciones del Estado abriría las puertas a la intromisión de fuerzas políticas externas.
En igual sentido, la generación de conflictos aparentemente estudiantiles que buscan adquirir proporciones mayúsculas mediante expresiones cada vez más violentas, tienen como propósito desviar la atención de otros temas nacionales y centrarla en la UNAM. Serviría para hacer ver a la Universidad Nacional como ingobernable, justificar la intervención externa, e influir sobre la decisión de la Junta de Gobierno, como ya ha ocurrido en el pasado.
La mejor manera de contrarrestar estas agresiones es que la comunidad universitaria, los estudiantes, profesores y trabajadores, tengan claros los orígenes de estos ataques, expresen su rechazo a la intromisión externa y cierren filas en defensa de la autonomía universitaria.
Por otra parte, resulta inevitable formular una pregunta: ¿de qué manera puede influir el nombre de un candidato o candidata a la presidencia de la República en la decisión de la Junta de Gobierno?
No estoy seguro de cuál sea la respuesta, aunque hipotéticamente, y considerando escenarios extremos, puede decirse que no es lo mismo para la UNAM actuar frente a un gobierno respetuoso de su autogobierno y con la disposición de apoyarla, a hacerlo ante uno hostil que continúe agrediéndola y amenace su autonomía. En el primer caso (que sería el ideal) cabría un rector o rectora con un perfil muy académico que podría conducir a la institución con un amplio margen de libertad y desarrollar programas de colaboración con el gobierno; en el segundo escenario deberá contar además con habilidades en otros terrenos y un equipo de colaboradores y asesores expertos que le permitan sortear las amenazas políticas que eventualmente se presenten.
Javier Flores
Profesor de la UNAM y periodista científico.
1 Al examinar los resultados por áreas, la Universidad Nacional Autónoma de México ocupa el lugar 16 del mundo en humanidades y artes; el lugar 53 en ciencias naturales; la posición 59 en ingeniería y tecnología; y el sitio 122 en ciencias de la vida y medicina. Ocupa el primer lugar en Hispanoamérica, donde le siguen la Universidad de Buenos Aires (95) y la Pontificia Universidad Católica de Chile (103). Tiene la segunda posición a nivel Iberoamericano, donde sólo es superada por la Universidad de Sao Paulo (85).
2 La coalición gobernante, integrada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México; y por otra parte el Frente opositor, formado por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional. Estos dos bloques han definido ya los mecanismos para decidir quién será su abanderado(a) en las elecciones del 2 de julio de 2024. Queda pendiente aún si el Partido Movimiento Ciudadano participará con un candidato propio o apoyará de alguna manera a alguno de los dos bloques.
3 Aunque queda duda sobre cuál será su grado de libertad al llegar a la presidencia para expresar sus propias ideas o si tendrán el compromiso de seguir por un tiempo con las actuales políticas del presidente hacia la educación superior y la ciencia.
4 Por ejemplo, Claudia Sheimbaun ha tenido mayor actividad reciente relacionada con la UNAM. Cuenta con un grupo de apoyo entre académicos y científicos de varias instituciones y de esta universidad, organizado por la exsecretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México Rosaura Ruiz, quien también fue candidata a la rectoría de la UNAM en 2015. Este grupo realiza diversas actividades que expresan aspectos de las políticas públicas para la educación y la ciencia que pudieran ser parte del gobierno de Sheinbaum en caso de resultar electa. También la exjefa de gobierno se pronunció contra la posibilidad de que Lorenzo Córdova pudiera competir por la rectoría, lo que suscitó la respuesta del exdirector del INE.