- Imagen: La Jornada
Grupos de individuos armados con el rostro cubierto han decidido tomar la justicia en sus manos. Si bien su aparición se reporta en los medios de comunicación desde fines del año pasado, el fenómeno y su notoriedad parecen estar al alza. Hay quienes señalan que desde 1995 existe el fenómeno, principalmente relacionado con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Independientemente de los cerca de 20 grupos de la CRAC en Guerrero, han surgido hasta hoy más de 36 asociaciones armadas en 8 Estados más. Aún en Guerrero, donde “la Comunitaria” lleva más de 15 años hoy vemos comunidades formando grandes jurados y presentando grandes grupos de detenidos por primera vez.
Los defensores de la idea de que puede existir un “monopolio” legítimo de la fuerza, desde sus diferentes papeles, no tardan en condenar su existencia. Algunos llaman más la atención que otros. La Comisión Nacional de Derechos Humanos descarta cualquier justificación para la autodefensa comunitaria. La oposición habla de una amenaza al Estado de Derecho y exige al gobierno su desarticulación, su sociedad civil los secunda[1]. El Estado minimiza el fenómeno señalando que no es nada nuevo bajo el sol y preparan sus estrategias de negociación con el discurso de respeto a la autonomía y ataque a los problemas socio-económicos “de fondo”.
Quisiera aprovechar esta entrada para compartir con ustedes una defensa de la idea de que todo individuo tiene el derecho a armarse con el fin de la autodefensa. De manera más específica, para no parecer más fundamentalista que lo necesario: en comunidades del interior de la República que han sufrido la violencia y de la ausencia de la “garantía” estatal (que supuestamente legitima todo esto) tomar las armas y defender lo propio debe ser legítimo ante la mirada de una sociedad que pretende ser libre. Estamos ante un suceso que invita al debate y la reflexión sobre la legitimidad del monopolio de la fuerza y la autonomía indígena en México, aquí una primera invitación a la discusión.
En realidad sabemos poco de lo que sucede, pero no es de sorprender que los medios tengan dificultades para conseguir información sobre tantos eventos que en tantos lugares ocurren por primera vez. Pero a diferencia de lo que recordamos sobre aquel reclamo de justicia orquestado por encapuchados desde los Altos de Chiapas, el común denominador de estos reclamos parece ser más sencillo: la sociedad ejerce el derecho a procurar su seguridad ante la incapacidad del Estado para garantizar ese servicio. Sabemos eso, pero no sabemos cómo pretenden hacerlo ni de qué manera procurarán justicia; de entrada sería peligroso hablar de una generalidad entre las diferentes dinámicas. Una vez reconocidas mis limitantes para hablar sobre lo que en pasa específicamente en cada modelo de justicia comunitaria, comienzo su defensa.
Como punto de partida quiero diferenciar mi argumento de aquel elaborado en defensa de la autonomía indígena como crítica “fundamental” que el EZLN inspiró al multiculturalismo. El intercambio entre Luis Villoro y José Antonio Aguilar sobre su significado como crítica al sistema giraba en torno a la idea de un reclamo fundamental contra el sistema social, político y económico; si éste era legítimo o no. Aquí el debate me parece más sencillo. La gente está cansada de no contar con un marco institucional que minimice las violaciones al principio de no agresión. Lejos de las preocupaciones culturales de los multiculturalistas, o del ostracismo socio-económico que reclaman los progresistas, estas comunidades quieren garantizar su seguridad frente a grupos armados, ¿es esto legítimo o no?
Desde mi perspectiva donde existe el derecho individual a poseer armas y a la legítima autodefensa, es a todas luces legítimo. Como libertario considero que las armas no son malas per se, así que gente armada tampoco puede serlo. Los libertarios también reconocemos la imposibilidad real que enfrenta el Estado para garantizar nuestra integridad todo el tiempo (así como lo indeseable que sería un Estado policía capaz de hacerlo). En última instancia, el libertario también reclama que un arma puede posibilitar nuestra defensa cuando quienes poseen el “monopolio legítimo” de la violencia deciden violar nuestros derechos.
Por eso encuentro poco sentido en el rechazo que han tenido los grupos de autodefensa entre personas que supuestamente defienden el interés de la sociedad civil. Parece que confunden el reclamo actual con el multicultural de antes. Cuando Alejandro Martí o Maria Elena Morera, activistas en materia de seguridad declaran cosas como “si cada quien puede regirse por la ley que quiere ¿qué México podemos esperar?” olvidan que comparten la misma idea de una mejor sociedad: donde no somos impotentes ante la agresión del crimen organizado. Me pregunto si alguno de los dos, ante el contrafactual donde se arman y evitan sus respectivas tragedias, seguiría sin reconocer el derecho a la autodefensa armada.
Es difícil saber las características de cada sistema judicial comunitario, pero inclusive las agrupaciones que defienden el código de usos y costumbres adheridas a la CRAC justifican su surgimiento en la inseguridad que perjudicaba a habitantes, comerciantes y productores de la zona. De igual manera, Huamuxtitlán, Temazcaltzingo, Olinalá y otras comunidades con policías recién nacidas reclaman seguridad y justicia. No hablan de justicia social, se refieren a justicia en el sentido básico donde nadie te quita lo tuyo, tu vida, tu integridad y tu propiedad. Ese es el corazón de esta defensa y debería llamar la atención de quienes defienden la liberad e integridad humana.
En general, es legítimo que un grupo de individuos decidan tomar en sus manos la administración de seguridad y justicia del territorio donde radican. El detalle está en observar cómo se desarrollan las diversas variantes institucionales. Sobre qué hacer ante la diversidad de sistemas que podrían surgir y como tratar sus deficiencias desde la perspectiva de una sociedad libre no queda más que la comparación y el debate.
Como advertencia a los inconformes del sistema penal en México tentados en abrazar sin reservas los sistemas alternativos: los sistemas judiciales comunitarios pueden estar igual o más sujetos al error que el oficial. La preponderancia del testimonio de la víctima en él proceso, considerar la venta de droga como delito mayor (a la par del asesinato y secuestro), así como algunos esquemas de “reeducación” son algunos rasgos presentes en algunas comunidades que deben provocar debate sobre sus principios legales.
Entiendo el argumento de la posesión de armas desde una perspectiva libertaria y de la creación de cuerpos armados de personas que pretendan proteger su propiedad. Lo que no me queda muy claro es el final: ¿qué dice la perspectiva libertaria del sistema penitenciario? (Genuina duda) En un mundo libertario, en donde no hay estado que ejerza el monopolio de la fuerza, ¿quién hace el sistema carcelario?
yo se que el estado debe garantizar la seguridad en cada espacio publico pero para opinar debemos conocer los lugares donde estan surgiendo los grupos de policias comunitarios…yo soy de guerrero y vivo en un pueblo en donde existe la policia comunitaria.. dichos pueblos son pequeños que ni siquiera la policia estatal entra a brindar segurida menos la policia federal y mucho menos la marina o soldados… ya estando artos de que los criminales hicieran de las suyas se tuvo que unir el pueblo para defendernos entre nosotros mismos…yo les pregunto ¿ustedes se quedarian con las manos cruzadas despues que el mismo pueblo tenia que reunirse para dar una pequeña cooperacion y asi liberar a algun habitante secuestrado?…señores mas que criticar que si las armas, que si la seguridad, que si el estado…simple mente el pueblo se unio para decir: YA BASTA!!!
Dejar la seguridad de los ciudadanos en manos de los grupos de autodefensa me parece un disparate sin paliativos. El uso legítimo de las armas sólo es del Estado. Es a él a quien hay que exigir la protección de todos los ciudadanos.
¿Propones pedir que el Estado sea capaz de garantizar 100% nuestra integridad física en todo momento? Además de las dificultades técnicas, moralmente es para mí un disparáte exigir una tarea así a terceros.
Creo que una sociedad como la que pides es mucho peor que el problema que tratas solucionar. Si en realida no proponer un sistema de Estado policía que vigila el 100% de nuestras acciones ¿Donde queda mi legitimo derecho a defenderme (y usar un arma si quiero) cuando me agreden y el Estado no está presente?
¿Y no ha pensado que quizá tenga que defenderse de las cuadrillas de autodefensa? ¿Quien controlará a estas?
¿quién controla la fuerza que usa el gobierno? el cómo o quién vigila al vigilante, como dije ante el artículo de Leo Zuckermann , no es un problema ausente en «nuestro» modelo.
Pero al final mi argumento se trata del derecho de TODOS a portar armas, es el mejor control que puedo pensar. Algo como lo que dicen acá .
Dejar el uso de la fuerza en manos exclusivas del estado es
1.- creer que el estado es un colectivo llenos de ángeles de luz que harán todo a nuestro favor.
2.- dejar a la población a merced de los criminales y la ineficiencia del estado.
No podemos simplemente decir.- hay que exigirle al estado.- cuando hay monopolio de algún servicio, sólo puedes esperar a que el proveedor haga su trabajo según el considere bien. Cuando tienes competencia se esforzará por hacerlo bien.
Si el estado prohibe los grupos de autodefensa, entonces sería para nuestras fuerzas oficiales, la acepción de esa frase que dice: “ni picha, ni cacha, ni deja batear.”
Pues lo mismito que creer que los colectivos de las cuadrillas de autodefensa van a estar llenos de ellos.
pero si el estado es el criminal por que libera mas criminales de los que encierra ,es el estado que con recursos casi ilimitados no puede encerrar a un simple ladron no puede encerrar a un sicario ,pero eso si atrapa perros narco satanicos y libera francesas inocentes ,que esperas pedir de rodillas que trabajen?