La presidenta Sheinbaum ha anunciado un sinfín de planes de inversión y políticas para incentivar las asociaciones público-privadas y los flujos de capital nacional e internacional. Al mismo tiempo, ha ensayado distintos mecanismos de diálogo para fomentar la confianza del sector privado en su gobierno; incluso, ella misma se reúne personalmente con empresarios nacionales y extranjeros constantemente.
Los empresarios, por su parte, reconocen mayor apertura en el gobierno de Sheinbaum respecto al de su antecesor. También elogian a la presidenta por mostrar voluntad de colaboración con el sector privado y por “recuperar la vocación de crecimiento económico”. Además, aprueban varias políticas del gobierno actual, como la estrategia de seguridad o la seriedad con la que la administración ha asumido la revisión del T-MEC.
La inversión, sin embargo, no llega. La economía apenas crece y las prospectivas de crecimiento para los próximos años no son alentadoras. México se ha quedado congelado en lo que Gerardo Esquivel ha denominado un “estancamiento redistributivo”. Es decir, la economía nacional no crece, la base productiva del país no se extiende, México no capta grandes flujos de inversión, pero el proyecto redistributivo del gobierno —sustentado sobre todo en una política salarial progresista y en los programas sociales de entregas directas en efectivo— continúa. El propio Esquivel y otros economistas serios con visión afín al programa político de Morena temen que, sin inversión y sin crecimiento, eventualmente el proyecto redistributivo se vuelva inviable.
En otras palabras, el proyecto político morenista está en aprietos debido a la falta de inversión y crecimiento. La presidenta lo sabe. Por eso, la vemos mañana, tarde y noche intentando ganarse la confianza del sector privado y, con ello, elevar los niveles de inversión.
Me parece que la baja inversión y la desconfianza empresarial derivan, en parte, de gobernar desde la izquierda. El capital desconfía, naturalmente, de los gobiernos izquierdistas: las agendas de redistribución de la riqueza, combate a la desigualdad, derechos laborales, redes de protección social, regulación y planeación gubernamental de las actividades económicas y cuidado del medio ambiente, por obvias razones, afectan los intereses de las élites empresariales.
En todos los países del mundo el empresariado se pone en guardia cuando un partido de izquierda llega al poder. Cualquier política redistributiva es un “atentado contra la certidumbre”. Cualquier intento de dirigismo estatal de la economía es un “golpe contra el libre mercado”. Cualquier regulación laboral y ambiental es una “obstrucción a la actividad económica” o un “obstáculo a la inversión”.
Es un enorme desafío gobernar desde la izquierda y lograr altos niveles de confianza empresarial, inversión privada y crecimiento económico y, simultáneamente, conseguir una redistribución efectiva de la riqueza y una expansión real de los derechos sociales, ambientales, económicos y laborales de toda la población. La transformación neoliberal del capitalismo global intensificó la dificultad de este reto. Por un lado, las empresas pueden mover sus inversiones y operaciones de un país con un gobierno de izquierda a otra nación con un gobierno “amigable” con relativa facilidad. Por otro lado, el Estado ha perdido mecanismos para llevar a cabo políticas industriales y de desarrollo. En otras palabras, con el giro neoliberal, el capital ganó poder sobre el Estado y el trabajo desde finales del siglo pasado, y las izquierdas que llegaron al poder recientemente —como Morena— tienen que lidiar con esa realidad.
Frente a esta dificultad, la mayoría de gobiernos de izquierda en países democráticos intenta gastar sus “balas” para antagonizar con las élites empresariales nacionales y el capital internacional de manera sabia y prudente. Conscientes de que cualquier acción progresista aumentará la desconfianza natural del sector privado, los gobiernos de izquierda intentan que las políticas que “espantan la inversión” valgan la pena en términos de ganancias sociales, laborales y ambientales.
Morena ha malgastado muchas de sus balas. El cobro eficiente de impuestos a grandes empresas, los aumentos al salario mínimo, el combate al outsourcing y otras políticas laborales son excepciones; son políticas progresistas que antagonizaron con el sector privado pero valieron la pena en términos de beneficios para las clases populares. Dejo fuera de esta categoría deliberadamente los programas sociales, toda vez que el empresariado mexicano —en términos comparativos con otros países— históricamente ha sido muy poco militante contra el gasto social del gobierno y porque, como he explicado en otros foros, las ayudas directas en efectivo son un programa neoliberal y favorecen el consumo, por lo que no atentan contra los intereses de las élites empresariales.
No obstante, las políticas laborales de Morena, cuyos beneficios sociales no se deben escatimar, son ejemplificativas de lo que el partido hubiera podido lograr si hubiese gastado sus balas sabiamente. La tan necesaria reforma fiscal y el renacimiento de la política industrial, que son urgentes tanto para fortalecer al Estado mexicano como para redistribuir la riqueza y construir las bases políticas y materiales de un país más igualitario, hubieran sido posibles si Morena hubiese utilizado su legitimidad social, control político y arrastre electoral para esos fines.
En lugar de eso, Morena quemó sus balas para antagonizar con el sector privado en políticas con efectos muy magros (o en algunos casos incluso regresivos) en términos sociales, como las reformas al sistema de salud, al Poder Judicial, a la Ley de Amparo, así como los intentos de reforma electoral, la desaparición del INAI, la opacidad en decisiones relevantes para el entorno de negocios bajo el cobijo de la “seguridad nacional” y la defensa de funcionarios ineptos (90% leales y 10% capaces). Todas esas decisiones gubernamentales han “espantado” a la inversión en vano.
Desafortunadamente, pese a los esfuerzos del gobierno de la presidenta Sheinbaum, la confianza empresarial y los flujos de inversión no se recuperarán fácil ni expeditamente. El gobierno pasará los siguientes meses cortejando al sector privado para lograrlo. Sheinbaum enfrentará un dilema: ganarse la confianza de los inversionistas creando condiciones propicias para el entorno de negocios en México y ralentizando la puesta en marcha de políticas redistributivas y progresistas, o bien mantenerse en la misma tónica, intercambiando palabras bonitas con los empresarios pero sin cambiar el clima de negocios del país y priorizando su agenda redistributiva y progresista. Esto significaría mantenerse en un “estancamiento redistributivo” indefinidamente, apostando a que el modelo sea sostenible… hasta que deje de serlo.
Quizá el gobierno de Sheinbaum podría encontrar una solución a medio camino entre ambas opciones, impulsando con mayor seriedad y constancia la reactivación de las asociaciones público-privadas, encontrando mecanismos para dotar de certeza a los inversionistas en el mediano plazo (y no hablo solamente de mecanismos legales y jurídicos, sino de instrumentos políticos informales) y aprovechando el momentum de la revisión del T-MEC para estrechar los vínculos con el sector privado y atraer flujos de inversión relacionados con la relocalización de cadenas productivas.
En cualquier caso, si el proyecto político de Morena realmente quiere construir las bases políticas y materiales de un país más justo, igualitario e inclusivo —es decir, si en verdad su programa político representa algo más que una política salarial progresista, apoyos sociales en efectivo, acciones simbólicas de reivindicación social y algunos proyectos de infraestructura— tiene que encontrar la manera de crecer. La “prosperidad compartida” y el “bienestar para todos” son imposibles sin desarrollo económico. Por eso, incluso si la presidenta consigue recuperar la confianza del sector privado, Morena tendrá que gastar sus balas más sabiamente. El país no puede aguantar otro sexenio de “estancamiento redistributivo”.
Jacques Coste
Analista político, historiador y autor de Derechos humanos y política en México (Tirant lo Blanch e Instituto Mora, 2022). Cursa un doctorado en historia en la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook, donde estudia la transición democrática de México.